Los generales de división, vicealmirantes y tenientes generales que desempeñaron el cargo de ministro, jefe del comando conjunto y comandante general de las Fuerzas Armadas de Perú, manifestaron preocupación por la situación de «inestabilidad y razonable cuestionamiento» al proceso electoral para elegir al presidente de esa nación.
En un comunicado, los exaltos mandos de las Fuerzas Armadas mostraron alarma por la serie de denuncias a través de las cuales se vienen difundiendo «flagrantes alteraciones del debido proceso de elaboración de actas, recolección, digitación y conteo, los mismos que han seguido parcialmente un proceso administrativo que por la magnitud de casos no se ha realizado diligentemente y en forma completa, lo que viene produciendo una percepción ciudadana mayoritaria de un proceso poco transparente, irregular y pasible de fraude».
«Finalidad que está por encima de procedimientos administrativos y legales que, incluso, de manera inaceptable e incomprensible se han aprobado y desaprobado el mismo día, sin tener en cuenta si estos contribuyen al cumplimiento de este mandato constitucional que es lo que debe primar sobre cualquier consideración», agrega.
Consideran asimismo que la situación en Perú es muy grave en las actuales circunstancias, donde existen dudas razonables sobre la manipulación de la documentación electoral y donde se requieren acciones decididas y firmes por parte del JNE para velar por el cumplimiento irrestricto del citado mandato, es decir, «establecer la verdad de la voluntad ciudadana y para cuyo propósito, la Constitución y las leyes establecen claramente que es el JNE, y solo este organismo, quien tiene competencia para administrar justicia en materia electoral y de manera particular en hechos inéditos y excepcionales, como los que vienen sucediendo, donde no existe jurisprudencia previa; no hacerlo, deslegitimizaría el accionar de estos organismos y sus titulares, quienes tendrán que asumir las consecuencias de ello».Llamado de neutralidad
El ex-alto mando peruano llama a la neutralidad del gobierno transitorio e insta nuevamente a los entes electorales para que adopten las medidas necesarias, en el marco de sus atribuciones constitucionales, «para alcanzar las condiciones del más amplio y transparente proceso de evaluación que garantice que toda circunstancia anómala sea convenientemente revisada antes de cualquier pronunciamiento, no solo por la polarización existente que viene generando una situación de inestabilidad social, sino para evitar que los actos finales puedan ser considerados fuera de la necesaria legitimidad que requiere el próximo presidente de la República y que ocasionaría graves consecuencias para nuestro país, como las que hemos experimentado en los últimos 5 años», concluye.
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