Estados Unidos prometió este miércoles sancionar a funcionarios cubanos señalados de violar los derechos humanos durante las recientes protestas en la isla, las mayores tras más de seis décadas bajo égida comunista, mientras Cuba acusó a Washington de presionar a otros países en su contra.
«Como ordenó el presidente Joe Biden, aplicaremos sanciones de gran impacto a autoridades cubanas que orquestaron estas violaciones de derechos humanos», dijo la jefa de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Julie Chung, en un tuit que firmó con sus iniciales.
Chung, secretaria adjunta para las Américas del Departamento de Estado, publicó además una foto junto a la opositora cubana Rosa María Payá, hija del fallecido activista Oswaldo Payá, con quien dijo que se reunió para conversar «sobre este momento inédito para el pueblo cubano y la urgencia de emprender acción y hacer rendir cuentas».
«Están matando a nuestros hermanos y hermanas en la isla», denunció Payá el martes durante una audiencia en el Congreso estadounidense.
Miles salieron a las calles en ciudades y municipios de toda Cuba el 11 de julio al grito de «¡Tenemos hambre!», «¡Libertad» y «¡Abajo la dictadura!», en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y el mayor incremento de los contagios y muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) describió las manifestaciones como «pacíficas» y condenó «la represión estatal y el uso de la fuerza».
Reportó al menos un fallecido y 151 personas detenidas o con paradero desconocido como consecuencia de participar en las marchas. También describió agresiones por la policía a periodistas y corresponsales.
«Nos enfocaremos en aplicar sanciones fuertes al régimen oficial responsable de la brutal represión», aseguró Chung en otra serie de tuits.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez, y homólogos europeos pidieron el miércoles «sanciones selectivas» contra todo miembro de las fuerzas del orden de Cuba «cómplice de perpetuar la represión» en la isla.
«Condenamos firmemente a las autoridades cubanas por utilizar la violencia, la intimidación y la censura para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente», señaló la declaración firmada por Menéndez y representantes del Reino Unido, República Checa, Estonia, Letonia y Lituania.
El Tesoro estudia la aplicación de sanciones contra los funcionarios «responsables de la violencia (…) contra manifestantes pacíficos en Cuba», había dicho el martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos apuntó contra varios funcionarios de alto rango del gobierno cubano, bloqueándoles acceso al sistema financiero o impidiéndoles visitar el país a ellos y a sus familiares cercanos.
En enero, cinco días antes de la investidura de Biden, el Tesoro sancionó al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. En 2020 había incluido en su lista negra a Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de de GAESA, el conglomerado empresarial militar más poderoso de la isla y exyerno del antiguo presidente Raúl Castro.
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