Ecuador desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para garantizar la seguridad tras la crisis carcelaria. La información la dio a conocer el viernes la ministra de gobierno, Alexandra Vela, tras un amotinamiento de presos que deja 118 muertos.
La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil el martes. El conflicto deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados. Además se suman 86 heridos.
En esa prisión hay con 8.500 personas con un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales.
El motín se desató por un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.
Las Fuerzas Armadas señalaron por su parte que se realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los Centros de Rehabilitación Social. Para tal fin se emplean medios terrestres, fluviales y aéreos.
En la rueda de prensa también estuvo el director de prisiones, Bolívar Garzón. Él indicó que Ecuador planea otorgar indulto a unos 2.000 reclusos de más de 65 años de edad y con enfermedades o discapacidades.
Además, evalúa de repatriar a extranjeros con condena para que terminen de cumplirlas en su nación.
10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.
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