La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 98 ONG nicaragüenses bajo el argumento de que incumplieron con sus obligaciones, con lo que suman 657 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de las 98 ONG, a petición del gobierno del presidente Daniel Ortega, se aprobó con carácter urgente por los 74 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y uno se ausentó.
Entre las organizaciones afectadas están la Asociación de Discapacitados Nicaragüenses, Asociación Red Nacional de Defensa de los Consumidores, Asociación Red de Niños y Ancianos Abandonados. Así como la Red de Comunicadores para el Abordaje del VIH y el Sida en Nicaragua, entre otras de desarrollo comunitario.
En un informe, el gobierno de Nicaragua argumentó que esas 98 ONG incumplen con sus deberes y obligaciones establecidas en la legislación que les regula, «obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones son Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación».
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