Criminalización de protestas enardece a movimientos sociales en Argentina

El "protocolo de orden público" que presentó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, es considerada como una medida que criminalizar la protesta social y violenta derechos constitucionales, denuncian organizaciones y dirigentes políticos.

 "Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social. Lo hizo en medio de un ajuste brutal con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las oficiales”, anunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más importantes del país sudamericano.

"Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías. Todo esto está prohibido por el derecho internacional, que son normas incorporadas a nuestra Constitución (…) Cortar las calles no es delito", agregó el centro.