La oposición y la presión social obligaron a que el presidente de
Argentina, Javier Milei, cediera múltiples cambios a su polémica 'ley
ómnibus' con la intención de que sea aprobada en el Congreso, en medio
de un clima de fuerte tensión política.
A pesar de que el
mandatario insistió en que el proyecto debía pasar sin modificaciones
para terminar con "la decadencia" argentina y evitar "una catástrofe de
proporciones bíblicas", al final tuvo que transigir porque, de lo
contrario, el proyecto corría riesgo de ser rechazado por completo.
Por
eso, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los
Argentinos que presentó a principios de enero y que, por sus
dimensiones, fue bautizada como 'ley ómnibus', se redujo de 664 a 523
artículos.
Varios capítulos quedaron fuera gracias a las protestas de los sectores
que eran perjudicados y que se movilizaron, ya fuera en reuniones con
funcionarios del Gobierno, en audiencias en la Cámara de Diputados o en
manifestaciones en las calles.
Fue el caso, por ejemplo, de las
industrias de la pesca, hidrocarburos y biocombustibles, que lograron
eliminar los artículos que los afectaban, ya que se pretendía desregular
estas actividades.
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