España decidió suspender las importaciones de petróleo venezolano incluso antes de fecha límite de sanciones, revelaron fuentes especializadas.
En efecto, España no registró importaciones de crudo procedente de Venezuela ya desde el mes de abril, en medio de la cuenta regresiva hacia el vencimiento de una licencia clave impuesta por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la agencia Reuters.
La principal empresa petrolera española, Repsol, figura
entre las compañías extranjeras que operan en territorio venezolano cuyas
autorizaciones para exportar petróleo desde ese país fueron revocadas por
Washington. Según las condiciones impuestas, Repsol debía cesar sus actividades
en Venezuela a más tardar el 27 de mayo, pero dejó de hacerlo antes.
Hasta entonces, la firma española recibía cargamentos de
crudo por parte de la estatal Petróleos de Venezuela S.A, como parte del pago
de deudas acumuladas, bajo el amparo de un permiso especial otorgado
previamente por el gobierno estadounidense.
La interrupción de las importaciones en abril contrastó
con el fuerte incremento de compras registrado a lo largo de 2024 y en los
primeros meses del presente año, de acuerdo con cifras publicadas este viernes
por Cores, el organismo español encargado de la supervisión energética,
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En un intento por mantener su presencia en el país
sudamericano, Repsol ha sostenido conversaciones con representantes del gobierno
de Estados Unidos. A comienzos de esta semana, el director ejecutivo de la
petrolera, Josu Jon Imaz, sostuvo una reunión con el secretario de Energía
estadounidense, Chris Wright.
La revocatoria de las licencias para operar con crudo
venezolano se produjo luego de que en marzo el presidente Trump firmara una
orden ejecutiva que impone un arancel del 25 por ciento a las transacciones
comerciales con Estados Unidos a cualquier nación que adquiera petróleo o gas
proveniente de Venezuela.
Nicolás Maduro y su administración han rechazado de forma
categórica estas medidas coercitivas, calificándolas como ilegítimas y como
parte de una "guerra económica" destinada a asfixiar al país.
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