Escoltas en Venezuela: el privilegio que paga el pueblo

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Escoltas en Venezuela: quiénes los tienen, cuánto cuestan y por qué su abuso revela un modelo de poder alejado del ciudadano.

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Uno lo sospechaba, pero verlo confirmado indigna de otra manera: los escoltas de Mario Silva eran pagados con dinero del Estado venezolano. No con dinero privado. No con recursos propios. No como resultado de una contratación personal asumida por quien considera necesitar protección. Eran escoltas pagados por todos. Y esa precisión importa, porque en un país donde la mayoría sobrevive entre salarios demolidos, servicios rotos y miedo cotidiano, cada privilegio financiado por el Estado adquiere una dimensión moral más grave.

Ahora bien, tampoco conviene ilusionarse demasiado. Que se los hayan quitado no significa que ese gasto desapareció. Lo más probable es que esos mismos escoltas pasen a custodiar a otro personaje del nuevo-viejo elenco del poder. Cambia el beneficiario, no el sistema. Cambia el nombre, no la factura. Seguiremos pagándola, como siempre, a través del Estado.

Y ahí está el centro del problema. El caso de Mario Silva no escandaliza solo por él. Escandaliza porque deja entrever una estructura mayor, opaca y probablemente descomunal: un ejército de escoltas cuya magnitud real nadie conoce, cuya nómina es difusa y cuyo sentido democrático casi nunca se discute. ¿Quiénes son? ¿A quién cuidan? ¿Cuánto ganan? ¿Bajo qué criterios se asignan? ¿Qué controles existen? Hoy, todo eso sigue siendo un misterio.

El privilegio que se normalizó

Venezuela tiene una habilidad peligrosa para acostumbrarse a lo anormal. Primero se tolera lo excepcional. Luego se racionaliza. Finalmente se incorpora al paisaje. Eso pasó con los escoltas oficiales. Lo que en una república sana debería ser una medida restringida, excepcional y auditada, terminó convertida en parte del decorado del poder.

No se trata de negar que algunos funcionarios puedan necesitar protección. Eso sería ingenuo. Hay cargos que, por su naturaleza, exponen a quienes los ejercen a amenazas reales. Pero una cosa es admitir esa necesidad en casos puntuales y otra muy distinta es aceptar la proliferación silenciosa de aparatos de seguridad personales financiados por un país empobrecido.

El problema no es la existencia de escoltas. El problema es la inflación del privilegio.

Cuando demasiadas personas del poder viven como si fueran objetivo permanente de atentados, lo que se revela no es tanto un país ingobernable como una élite acostumbrada a verse por encima del resto. Y en Venezuela eso tiene una traducción muy concreta: cada escolta remunerado por el Estado es menos dinero para servicios públicos para todos. O más inflación. O las dos cosas.

La pregunta que una democracia debe hacerse

Quizás la discusión más útil no es quién perdió sus escoltas, sino quién debería tenerlos en una sociedad democrática. Esa conversación sigue pendiente en Venezuela y no es menor. Habla del tipo de Estado que queremos reconstruir y del tipo de relación que aspiramos a establecer entre poder y ciudadanía.

Si se quiere abordar el tema con seriedad, habría que partir de principios simples:

• Los escoltas pagados por el Estado deben reservarse a un grupo muy reducido de funcionarios.
• Su asignación debe responder a riesgos objetivos, no a caprichos, jerarquías informales o vanidad política.
• Su costo debe ser transparente y auditable.
• Su duración debe ser revisable, no indefinida.
• Su existencia no puede convertirse en un símbolo ornamental del poder.

En una democracia madura, la seguridad oficial no es un premio ni una extensión del estatus. Es una herramienta excepcional al servicio del funcionamiento del Estado. Y justamente por eso debe estar sometida a reglas públicas.

Un país pobre pagando la sensación de importancia de otros

Hay una obscenidad silenciosa en todo esto. En un país donde el ciudadano común se desplaza solo, se cuida solo y se enfrenta solo a la inseguridad, el poder se rodea de capas y capas de protección financiadas con recursos públicos. Es difícil encontrar una imagen más precisa de la desigualdad política venezolana.

Porque la escolta, en estos casos, no solo protege cuerpos. También protege jerarquías. Fabrica distancia. Convierte a ciertos personajes en seres separados del resto, como si ocuparan una categoría distinta dentro de la nación. Y cuando el Estado paga esa escenografía, lo que hace es institucionalizar la idea de que hay vidas más importantes que otras.

Tal vez por eso el tema provoca tanta irritación. No es un simple gasto. Es una declaración moral.

Como escribió alguna vez Víctor Escalona, en una frase que viene bien para este momento, “el poder revela su verdadera escala en los privilegios que considera normales.” En Venezuela, demasiados privilegios han sido tratados como si fueran parte natural de la administración pública. No lo son. Son una deformación del Estado.

Un lujo que las sociedades cohesionadas pueden reducir

Solo sociedades muy desarrolladas, cohesionadas y estables pueden darse el lujo de reducir a la mínima expresión la seguridad de sus altos funcionarios. Allí, la distancia entre gobernante y gobernado es menor. La legitimidad es más sólida. La confianza institucional funciona como primera barrera de protección.

Venezuela está lejos de ese punto. Muy lejos. Nos tomará décadas acercarnos a un modelo donde un ministro, un magistrado o un presidente puedan vivir con esquemas de seguridad discretos y mínimos. Pero que ese ideal esté lejos no significa que sea inalcanzable. Significa, más bien, que debe servir como norte.

El riesgo está en resignarse a lo contrario: aceptar como permanente un aparato de protección hipertrofiado que drena recursos y profundiza la separación entre quienes mandan y quienes pagan.

El verdadero debate no es policial, sino republicano

Conviene insistir en esto: el asunto de los escoltas no es solo administrativo ni policial. Es republicano. Obliga a responder preguntas de fondo sobre el uso del dinero público, la transparencia del poder y el tipo de cultura política que Venezuela ha tolerado durante años.

El tema toca varias fibras a la vez:

1. La opacidad, porque nadie sabe con precisión cuántos escoltas existen ni cuánto cuestan.
2. La inequidad, porque el ciudadano financia con sus carencias la seguridad personalizada de figuras del poder.
3. La impunidad, porque estos esquemas rara vez se revisan o se justifican públicamente.
4. La cultura del privilegio, porque se asume que ciertos entornos merecen protección especial por definición.

Ese conjunto de factores explica por qué el caso irrita tanto más allá del personaje involucrado. Mario Silva puede ser apenas un ejemplo visible de algo mucho más extendido.

La transición también tendrá que pasar por aquí

Cuando se habla de reconstrucción democrática en Venezuela, casi siempre se piensa en elecciones, justicia, derechos humanos, institucionalidad y economía. Todo eso es fundamental. Pero la transición también deberá tocar zonas menos grandilocuentes y, sin embargo, muy reveladoras: los pequeños y grandes mecanismos de privilegio cotidiano que deformaron al Estado.

El ejército de escoltas es uno de esos mecanismos. No el único, claro, pero sí uno muy expresivo. Porque combina dinero, opacidad, jerarquía, miedo y teatralidad del poder. Desmontarlo no resolverá por sí solo la crisis venezolana. Pero sería una señal nítida de que el país empezó a corregir la relación perversa entre poder y ciudadanía.

El verdadero cambio llegará cuando la inmensa mayoría de ese aparato de escoltas tenga que buscarse la vida como cualquier venezolano: trabajando. No como extensión ambulante del privilegio de otros, sino como parte de una sociedad donde el empleo productivo pese más que la cercanía al poder.

La seguridad que importa

Al final, la pregunta más seria no es cuántos escoltas necesita tal o cual figura. La pregunta es qué seguridad merece el país entero. Porque mientras el debate público se concentra en la protección de unos pocos, millones de venezolanos siguen sin la seguridad básica que de verdad importa: la de tener calles transitables, transporte funcional, ingresos que alcancen, hospitales que atiendan y un Estado que no despilfarre recursos en castas de protección privada con uniforme público.

Ahí es donde el tema deja de ser anecdótico y se vuelve nacional.

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Por ahora sabemos con alivio que a Mario Silva le quitaron los escoltas. Pero también sabemos que no se esfumaron. Solo cambiaron de jefe. El país seguirá pagando esa cuenta mientras no se dé la discusión de fondo. Y esa discusión, aunque menos épica que otras, dice mucho sobre la Venezuela que existe y sobre la Venezuela que deberíamos aspirar a construir.

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