La justicia que llega tarde en Venezuela

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

La justicia que llega tarde en Venezuela no corrige abusos: los prolonga y convierte el proceso en castigo anticipado.

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La justicia que llega tarde no llega tarde por accidente. En Venezuela, demasiadas veces, llega tarde porque así conviene. El tiempo dejó de ser una variable neutral del proceso y se convirtió en un instrumento de castigo. Audiencias diferidas, expedientes congelados, tribunales que aplazan, fiscales que dilatan y ciudadanos que envejecen esperando una resolución conforman una maquinaria perversa donde el reloj actúa como verdugo antes que la sentencia. Allí se rompe la promesa mínima del Estado de derecho: que el proceso sirva para esclarecer, no para destruir.

Hay una crueldad especialmente refinada en esa lógica. No necesita condena firme para producir dolor. No necesita sentencia definitiva para arruinar reputaciones, desarmar familias, quebrar patrimonios y sembrar miedo. Basta con dejar a una persona suspendida en el limbo judicial durante meses o años; Basta con convertir la prisión preventiva en costumbre. Basta con usar el diferimiento como rutina; Basta, en suma, con permitir que el proceso mismo se vuelva pena. Y cuando eso ocurre, la presunción de inocencia deja de existir en la práctica, aunque sobreviva como frase en los textos legales.

Este es uno de los nudos morales más profundos de la crisis venezolana. Porque una justicia que se demora no es solo una justicia ineficiente. Puede ser, en realidad, una justicia funcional al abuso. El retraso ya no opera como falla administrativa, sino como forma sofisticada de impunidad y de control. Castiga a quien disiente, agota a quien reclama, intimida a quien observa y enseña a todos los demás que, frente al poder, el tiempo puede ser más destructivo que un fallo adverso.

Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela necesita pensar precisamente esto con una lucidez incómoda: cuando el Estado hace del tiempo un arma, no administra justicia, administra sometimiento.

El proceso penal convertido en castigo anticipado

El primer escándalo consiste en aceptar como normal que alguien pase largos períodos tras las rejas sin sentencia firme. Se habla de prisión preventiva como si fuera una herramienta excepcional destinada a proteger el proceso, evitar fugas o impedir interferencias graves. Pero en la práctica venezolana, esa excepcionalidad hace tiempo perdió su contorno. En demasiados casos, la medida cautelar devora al juicio y termina sustituyéndolo.

Allí aparece la inversión más peligrosa del orden jurídico: el proceso deja de conducir hacia una verdad judicial y se convierte en un castigo autónomo. La cárcel preventiva ya no preserva la justicia; la reemplaza. Los diferimientos reiterados ya no son incidentes corregibles; forman parte del modo de operar. Y el ciudadano deja de ser alguien cuyo caso debe resolverse en plazo razonable para convertirse en alguien cuya espera sirve, en sí misma, como advertencia para los demás.

Ese mecanismo degrada no solo a la víctima directa, sino a la cultura jurídica entera. Enseña que el tribunal puede ser escenario de castigo sin condena. Enseña que la libertad puede depender más del humor institucional que de la prueba. Y enseña, además, que el sufrimiento previo a la sentencia puede administrarse sin que el sistema sienta verdadera urgencia por corregirlo.

Los presos políticos y de conciencia padecen el tiempo como segunda celda

En el caso de los presos políticos, activistas y detenidos vinculados a ciclos de protesta, esta realidad adquiere una gravedad aún más obscena. Porque allí la dilación no solo castiga: también busca desmoralizar. Los expedientes se enfrían, las audiencias se posponen, los regímenes de presentación se alargan y las causas quedan suspendidas en una especie de congelamiento útil para el poder. No se trata solamente de descuido burocrático. En muchos casos, el letargo judicial funciona como estrategia de desgaste.

El mensaje es brutal y muy claro. No hace falta condenarte rápidamente si el proceso puede desordenarte la vida durante un tiempo indefinido. No hace falta resolver con prontitud si la espera misma produce miedo, empobrecimiento, desmovilización y olvido social. De ese modo, la justicia no solo falla en proteger al disidente. Se convierte en cómplice del propósito de disciplinarlo.

Hay algo profundamente perverso en congelar un caso para que el ciudadano quede suspendido entre la amenaza y el cansancio. La prisión prolongada, el régimen de presentación sin cierre, la incertidumbre permanente y la imposibilidad de rehacer plenamente la vida forman parte de una misma pedagogía del miedo. Y esa pedagogía no se combate con tecnicismos. Se combate nombrando su naturaleza política y moral.

El ciudadano común también está atrapado en el pantano judicial

Sería un error reducir esta tragedia al ámbito de la persecución política. La justicia tardía golpea también, y con fuerza demoledora, al venezolano de a pie. Al que enfrenta un conflicto laboral y descubre que reclamar cuesta más de lo que probablemente recuperará; Al que litiga por una propiedad y ve pasar años entre papeles, favores y maniobras oscuras. Al que intenta defenderse en materia penal sin dinero suficiente para lubricar el sistema ni influencias para acelerarlo; Al que entra al laberinto y entiende, demasiado tarde, que no hay salida limpia.

Ese ciudadano común sufre el retardo procesal como una forma de expropiación silenciosa. Le quitan tiempo, recursos, estabilidad y salud emocional. Lo empujan a negociar desde la debilidad, a abandonar la reclamación o a aceptar arreglos desventajosos con tal de salir del túnel. La corrupción encuentra allí un ecosistema ideal: mientras más lento y opaco es el sistema, más valen las llaves informales que prometen destrabarlo.

La consecuencia es devastadora para la idea misma de ciudadanía. Quien no puede acceder a una justicia razonablemente pronta deja de sentirse sujeto de derechos y empieza a sentirse rehén de trámites, favores y esperas. En ese punto, la justicia deja de ser institución pública y se parece más a una burocracia parasitaria que administra desesperación.

El retardo procesal destruye mucho más que expedientes

• erosiona la presunción de inocencia y vacía de sentido el debido proceso,
• quiebra económicamente a familias que sostienen defensas prolongadas,
• desmoviliza a los ciudadanos que ven inútil reclamar,
• convierte la incertidumbre en herramienta de control político y social,
• normaliza la corrupción como único atajo frente a la parálisis institucional.

Por eso la demora judicial no es una simple falla de ritmo. Es una lesión directa a la dignidad del ciudadano.

Cuando la justicia interna se inmoviliza, el país empuja a las víctimas hacia afuera

El contraste con las instancias internacionales resulta cada vez más revelador. Mientras los tribunales internos se consumen en demoras, diferimientos y expedientes que no avanzan, muchas víctimas han tenido que mirar hacia organismos internacionales en busca de escucha, presión o reconocimiento. Esa búsqueda no es caprichosa. Es la consecuencia lógica de un sistema doméstico que ha renunciado a ofrecer respuestas suficientes.

Y aquí aparece una paradoja incómoda para el poder venezolano. Cada caso congelado, cada causa sin sentencia, cada audiencia aplazada sin justificación sólida no solo lastima a la víctima inmediata; también confirma ante el mundo la ausencia de mecanismos internos creíbles de reparación y sanción. La inercia del sistema judicial nacional no protege la soberanía. La desacredita. Porque le dice a la comunidad internacional que dentro del país no existe capacidad, ni voluntad, ni urgencia para corregir el abuso.

Así, el retardo procesal se convierte también en prueba. Prueba de que la justicia local no está cumpliendo su tarea. Prueba de que el Estado ha aceptado convivir con una forma crónica de impunidad. Y prueba, además, de que la dilación no es neutral: favorece siempre al más fuerte, al más conectado o al más interesado en que el tiempo entierre la verdad.

El periodismo independiente tiene el deber de impedir que ese reloj del abuso funcione en silencio. Nombrar la demora, documentar la arbitrariedad y recordar que detrás de cada expediente hay una vida suspendida es una forma de resistencia cívica. Vierne5 cree que la justicia no puede seguir tratándose como un trámite abstracto cuando, en realidad, define la libertad, el patrimonio, la memoria y la dignidad de miles de ciudadanos. Cada aporte, incluso desde 1 €, ayuda a sostener una voz que no deja que el tiempo del poder se imponga al derecho de la sociedad a saber y exigir.

La injusticia del reloj ha podrido la confianza cívica

Quizá el daño más profundo de esta justicia tardía no sea visible a primera vista. No siempre se mide en estadísticas ni se refleja de inmediato en titulares. Se instala, más bien, en la conciencia social. Un país al que se le enseña que litigar es una condena, que esperar equivale a perder y que los tribunales rara vez alivian empieza a romper su vínculo emocional con la ley. Ya no la ve como protección. La ve como amenaza o como pérdida de tiempo.

Allí se pudre el pacto social. Porque la confianza en la justicia no depende solo de que existan jueces, códigos o edificios. Depende de que el ciudadano crea, con razones, que acudir al sistema puede servir para algo distinto del agotamiento. Cuando esa expectativa muere, la sociedad entra en un estado de cinismo defensivo: se deja de reclamar, se buscan atajos, se naturaliza la corrupción y el poder queda aún más liberado de controles.

La justicia tardía, en ese sentido, no solo posterga la verdad. También destruye la pedagogía republicana. Enseña que el derecho no resuelve. Enseña que la espera castiga más que la mentira; Enseña que la fuerza del Estado no está en impartir justicia, sino en administrar el tiempo de los otros.

Venezuela no será institucional mientras el tiempo siga siendo arma del opresor

La tesis final de este editorial debe ser dicha sin rodeos: una justicia que llega tarde no es justicia; es una forma refinada de impunidad. No corrige el abuso, lo prolonga; No protege al inocente, lo agota. No clausura el miedo, lo administra. Y cuando el Estado utiliza el tiempo para congelar la verdad, suspender la reparación y desgastar al ciudadano, lo que destruye no es solo un expediente: destruye la última pizca de confianza social en la promesa de vivir bajo reglas.

Venezuela no podrá avanzar hacia una verdadera institucionalidad mientras el reloj siga siendo el arma favorita del opresor. No habrá República seria donde la prisión preventiva sustituya la sentencia, donde los diferimientos se vuelvan costumbre y donde la ciudadanía aprenda a temerle más a la espera que al fallo. La reconstrucción del país exigirá algo más que nuevos discursos sobre justicia. Exigirá una ruptura frontal con esta cultura del letargo como castigo.

Porque no hay orden democrático posible cuando el tiempo trabaja para la arbitrariedad. Y no habrá paz cívica mientras el ciudadano sienta que, frente al tribunal, no comparece ante un árbitro, sino ante una maquinaria que aprendió a condenar sin decidir. 

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Victor Julio Escalona

Editor.