RadioAmericaVe.com / Editorial.
Reconstruir sin destruir exige depurar el poder sin vaciar al Estado ni romper la gobernabilidad democrática.
Reconstrucción institucional en Venezuela, justicia transicional, gobernabilidad democrática, transición institucional
Reconstruir sin destruir es una de esas tareas que suenan moderadas hasta que se entiende su verdadera dificultad. En países devastados por años de captura institucional, corrupción sistémica y deterioro del Estado de derecho, la tentación de arrasar con todo parece comprensible. Cuando el aparato público ha sido usado para perseguir, encubrir, saquear o manipular, muchos concluyen que no queda nada que salvar. Pero ahí empieza precisamente el dilema: si se destruye todo, también se destruye la poca capacidad operativa que puede sostener la transición. Y un país sin instituciones confiables, pero también sin instituciones funcionales, corre el riesgo de cambiar de mando sin salir del colapso.
Ese es el verdadero desafío venezolano de 2026. No se trata solo de relevar nombres ni de administrar una etapa posterior a la hegemonía autoritaria. Se trata de decidir cómo se recompone una república que fue desgastada desde adentro, sin convertir la reconstrucción en una demolición ciega. Porque hay una diferencia crucial entre depurar y vaciar; entre reformar y arrasar; entre hacer justicia y abrir una nueva espiral de arbitrariedad.
Venezuela necesita una cirugía institucional, no un incendio purificador. Necesita desmontar redes de impunidad, sí. Necesita corregir la arquitectura que permitió la captura del sistema judicial, electoral y administrativo, también. Pero al mismo tiempo necesita conservar capital humano, continuidad de servicios, aprendizaje técnico y capacidad de gestión. Un país no renace sobre ruinas totales. Renace cuando sabe distinguir qué debe ser removido, qué debe ser transformado y qué todavía puede servir para levantar un orden nuevo.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Hoy Venezuela necesita pensar con esa claridad: reconstruir no equivale a vengarse del edificio entero; equivale a impedir que vuelva a ser ocupado por la misma lógica de abuso.
La trampa de la tabula rasa
Toda transición arrastra una fantasía peligrosa: la idea de la página en blanco. Después de años de degradación, esa fantasía parece emocionalmente satisfactoria. El país imagina que podrá borrar las leyes contaminadas, reemplazar a todos los funcionarios, desmontar todas las estructuras y empezar de cero. El problema es que los países reales no funcionan como borradores. Los Estados no pueden suspenderse mientras se redacta una nueva legitimidad. Hay hospitales que operar, escuelas que abrir, pagos que procesar, redes que mantener, expedientes que revisar, fronteras que cuidar y servicios que rescatar.
La tabula rasa seduce porque promete limpieza rápida. Pero suele producir vacío. Y el vacío institucional rara vez se llena con virtud. Se llena con improvisación, con luchas internas por control, con nuevas cuotas de poder y, a veces, con regresiones autoritarias que se justifican diciendo que hacía falta orden. Esa es la ironía brutal de muchas transiciones mal pensadas: en nombre de extirpar un autoritarismo, terminan debilitando tanto la estructura estatal que abren la puerta para otro.
Por eso una reconstrucción seria debe ser selectiva. Debe actuar como un bisturí, no como un martillo. Tiene que identificar dónde estuvo la responsabilidad política, dónde operó la corrupción organizada, dónde se instaló la captura ideológica y dónde, en cambio, sobrevivieron capacidades técnicas que no deben ser sacrificadas por reflejo vengativo.
Instituciones enfermas no significan que todo su personal sea descartable
Uno de los errores más comunes en procesos de cambio es confundir institución cooptada con plantilla completamente inútil. No es lo mismo la cúpula política que instrumentalizó un ministerio que el técnico que mantuvo un sistema funcionando en condiciones adversas; No es lo mismo el operador judicial que firmó arbitrariedades que el funcionario administrativo que sostuvo procedimientos mínimos dentro del deterioro. No es lo mismo el propagandista que puso el aparato al servicio del abuso que el trabajador público que resistió calladamente desde dentro del sistema.
Si una transición no distingue entre esas realidades, se condena a sí misma a perder capital humano valioso. Y Venezuela no puede darse ese lujo. Después de años de emigración masiva, descapitalización profesional y destrucción del mérito, el país necesita recuperar capacidad técnica, no expulsarla por impulso. La reconstrucción institucional dependerá tanto de nuevas reglas como de personas capaces de hacerlas funcionar.
La reconstrucción inteligente exige diferenciar con rigor
- entre responsabilidad política y función técnica,
- entre aparato de control y estructura administrativa necesaria,
- entre lealtad ideológica al abuso y supervivencia laboral dentro del sistema,
- entre cuadros comprometidos con la captura del Estado y servidores que pueden integrarse a una reforma creíble,
- entre depuración necesaria y purga indiscriminada.
La transición fracasa cuando trata a todo el Estado como enemigo abstracto. Pero también fracasa cuando no se atreve a separar a quienes hicieron del Estado una herramienta de dominación.
Justicia sin venganza, memoria sin demolición moral
Reconstruir sin destruir también obliga a pensar la justicia transicional con madurez. Un país que ha sufrido violaciones de derechos, corrupción institucionalizada y arbitrariedad sistemática no puede avanzar sobre el olvido. La reconciliación sin verdad es apenas un maquillaje. La paz sin memoria suele terminar siendo una tregua construida sobre resentimientos intactos. Sin embargo, tampoco se trata de convertir la transición en un ajuste de cuentas donde toda diferencia política se trate como delito y toda participación previa en el sistema se vuelva motivo de exclusión permanente.
La justicia transicional exige una línea difícil, pero indispensable. Debe reconocer a las víctimas, documentar daños, establecer responsabilidades, garantizar reparaciones y ofrecer señales claras de no repetición. Pero al mismo tiempo debe evitar que la sed de castigo desordene la reconstrucción institucional. Si la justicia se confunde con revancha, pierde legitimidad. Si la reconciliación se confunde con impunidad, también la pierde.
El dilema no se resuelve eligiendo entre justicia o gobernabilidad. Se resuelve entendiendo que la gobernabilidad democrática solo será sostenible si tiene una base moral visible. Un país que no hace justicia se pudre por dentro. Pero un país que usa la justicia como arma de facción corre el riesgo de prolongar el conflicto bajo otros nombres.
La reconstrucción no puede depender del ánimo de un nuevo liderazgo
En toda transición aparece otro peligro: el voluntarismo. La sociedad, agotada por la devastación anterior, deposita esperanza en la energía de un nuevo liderazgo, en la honestidad de un equipo distinto o en la voluntad reformista de quienes llegan. Esa esperanza puede ser necesaria, pero es insuficiente. Ningún país se recompone de manera duradera si todo depende del talante del nuevo gobernante o de la buena fe del grupo en turno.
La salida venezolana no puede consistir en reemplazar un personalismo por otro, aunque uno se presente con mejores modales y lenguaje más democrático. La verdadera reconstrucción exige instituciones que sobrevivan a sus administradores. Reglas que limiten al poder incluso cuando el poder parece bienintencionado. Mecanismos que impidan que la próxima crisis vuelva a concentrar en pocas manos lo que debería estar distribuido bajo controles.
Ese es uno de los aprendizajes que más cuesta asumir: la transición no puede enamorarse de su propio liderazgo. Debe enamorarse de la institucionalidad. Debe invertir su energía no en fabricar unanimidades emocionales, sino en construir procedimientos, contrapesos, profesionalización y transparencia. De lo contrario, la refundación se vuelve un paréntesis vulnerable entre dos ciclos de concentración.
El periodismo independiente tiene una responsabilidad decisiva en este momento histórico: impedir que la palabra “reconstrucción” se convierta en un eslogan vacío o en una cortina de humo para nuevos abusos. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que la transición necesita algo más que entusiasmo: necesita vigilancia, memoria, contexto y una conversación pública honesta sobre costos, límites y prioridades. Cada aporte, incluso desde 1 €, ayuda a sostener una voz que no aplaude por reflejo ni destruye por impulso, sino que acompaña críticamente el nacimiento de una institucionalidad creíble.
El reto más difícil: reconstruir la confianza
Quizá la dimensión más profunda del dilema institucional no sea jurídica ni administrativa, sino emocional y cívica. Después de décadas de promesas rotas, capturas partidistas, simulaciones electorales y deterioro moral del Estado, la ciudadanía no solo desconfía de ciertas personas. Desconfía de la política misma; Desconfía del lenguaje institucional. Desconfía del anuncio de reformas; Desconfía, incluso, de la idea de que el poder pueda actuar alguna vez con límites.
Esa fatiga no se corrige con discursos. Ni siquiera se corrige solo con resultados económicos iniciales, aunque sean importantes. La confianza pública se reconstruye cuando el ciudadano empieza a ver consistencia entre lo que se promete y lo que se hace; entre la ley y su aplicación; entre la sanción al corrupto y la protección al técnico honesto; entre la memoria de las víctimas y la arquitectura de no repetición. En otras palabras, la confianza no vuelve porque se la pida. Vuelve cuando encuentra razones para hacerlo.
La transición venezolana tendrá que entender que la legitimidad no se hereda ni se decreta. Se construye. Y se construye lentamente, con decisiones institucionales que parezcan justas no solo para los aliados del nuevo poder, sino para el país entero.
Diáspora, técnicos y país real: sin ellos no habrá reconstrucción posible
Hablar de reconstrucción institucional sin hablar del capital humano sería una forma de fantasía. Venezuela perdió durante años una parte enorme de su músculo profesional y técnico. Miles de ciudadanos se fueron; otros se quedaron sosteniendo con enorme precariedad sectores estratégicos; muchos alternan hoy entre agotamiento, escepticismo y deseo de contribuir si aparece una oportunidad seria. Cualquier proceso de reconstrucción que ignore esa realidad estará condenado a la insuficiencia.
El país necesita a su diáspora, pero no como símbolo sentimental. La necesita como reserva de conocimiento, conexión internacional, experiencia comparada y capacidad profesional. Y necesita también a quienes permanecieron dentro, porque conocen las rutinas, las fallas, las inercias y los puntos donde todavía es posible intervenir con eficacia. La transición inteligente no enfrenta a unos con otros. Los articula.
Prioridades mínimas para reconstruir sin destruir
- depurar las cúpulas responsables de captura y corrupción,
- preservar y profesionalizar el capital técnico recuperable,
- crear un marco legal creíble para la justicia transicional,
- fortalecer instituciones por encima de liderazgos personales,
- reconstruir confianza ciudadana mediante transparencia verificable,
- integrar a la diáspora y a los profesionales que resistieron en el país.
Sin ese equilibrio, la palabra reconstrucción será solo otra promesa más en una historia ya demasiado saturada de promesas.
La transición debe elegir entre refundar la república o administrar la inercia
En el fondo, ese es el dilema institucional venezolano. No solo cómo salir de un ciclo autoritario, sino cómo evitar que la salida se reduzca a administrar con otro lenguaje la misma fragilidad estructural. Reconstruir sin destruir implica aceptar que hay piezas que deben caer, responsabilidades que deben ser esclarecidas y mecanismos que deben desaparecer. Pero también implica entender que un Estado ya debilitado no soporta un colapso adicional sin poner en riesgo la gobernabilidad democrática que se quiere construir.
La transición no será un evento redentor. Será un proceso largo, conflictivo, lleno de tensiones morales, jurídicas y administrativas. Y precisamente por eso necesita menos consignas y más diseño institucional. Menos hambre de borrón total y más inteligencia para distinguir. Menos épica de demolición y más ética de reconstrucción.
Venezuela no necesita conservar lo irreformable. Pero tampoco puede darse el lujo de confundir justicia con ruina operativa. El país necesita un nuevo marco legal, nuevas garantías, nuevas prácticas y nuevas élites públicas sometidas a límites. Pero todo eso será inútil si, en nombre de destruir lo viejo, se pulveriza también la posibilidad de hacer funcionar lo nuevo.
El reto, entonces, no es sentimental ni retórico. Es civilizatorio. Reconstruir sin destruir significa comprender que la república no se salva arrasando indiscriminadamente, sino decidiendo con lucidez qué debe caer, qué debe responder y qué todavía puede servir al país.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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