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El caso Víctor Quero expone las contradicciones del régimen y revive el drama de los presos políticos en Venezuela.
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Hay historias que destruyen cualquier intento de maquillaje político. Historias que atraviesan discursos, slogans, cadenas de televisión y estrategias diplomáticas. El caso de Víctor Quero es una de ellas. No porque sea aislado, sino precisamente porque representa algo mucho más profundo: la persistencia de un aparato de represión que sigue funcionando mientras algunos intentan vender la idea de una supuesta transición hacia la normalidad.
Víctor Quero fue secuestrado y desaparecido por la Dgcim bajo el régimen de Nicolás Maduro. Murió bajo custodia del Estado. Esa es la realidad brutal, desnuda y definitiva. Murió cuando Maduro seguía en Miraflores, cuando Vladimir Padrino López dirigía el Ministerio de la Defensa y cuando Tarek William Saab ocupaba la Fiscalía del régimen.
Pero la cadena de responsabilidades no termina allí. Durante todo ese período, Delcy Rodríguez fue vicepresidenta ejecutiva y, según sus propias palabras recientes, se mantuvo leal hasta el último minuto. Diosdado Cabello ocupaba el Ministerio del Interior. Julio García Zerpa controlaba el sistema penitenciario. Todos sabían que Carmen Navas buscaba desesperadamente a su hijo. Todos conocían el dolor de una madre que preguntaba, insistía y esperaba respuestas. Y aun así, optaron por el silencio.
Ese silencio no fue administrativo. Fue político. Fue deliberado.
La desaparición como método
Lo más aterrador de este caso no es solamente la muerte de Víctor Quero. Lo verdaderamente devastador es la normalización del horror. La desaparición forzada dejó de ser un hecho excepcional para convertirse en un mecanismo de poder.
En Venezuela, demasiadas veces el ciudadano detenido desaparece del mapa institucional. Nadie responde. Nadie informa. Nadie asume responsabilidades. Las familias quedan atrapadas entre rumores, amenazas y oficinas cerradas.
Por eso este caso trasciende a una sola víctima. Lo que está en discusión no es únicamente un crimen, sino el funcionamiento completo de una estructura.
La cadena de mando está demasiado clara como para fingir confusión:
- Las detenciones políticas no ocurrían al margen del poder.
- Los centros de reclusión no operaban de manera autónoma.
- Las desapariciones no eran accidentes burocráticos.
- El silencio institucional fue parte del mecanismo de control.
Intentar ahora desvincular a ciertos actores del aparato represivo resulta políticamente insostenible y moralmente obsceno.
El “nuevo momento político” frente a su prueba más difícil
El discurso oficial insiste en hablar de reconciliación, estabilización y recuperación. Se habla de una nueva etapa, de entendimientos internacionales y de reconstrucción institucional. Pero ningún proceso serio puede sostenerse sobre cadáveres ocultos ni sobre presos políticos invisibilizados.
El caso de Víctor Quero aparece justamente en el peor momento para quienes intentan proyectar moderación. Porque obliga a responder preguntas concretas.
¿Qué significa realmente reconciliación si todavía hay familias buscando verdad?
¿Cómo se puede hablar de normalidad democrática mientras más de 500 presos políticos siguen tras las rejas?
¿Cómo encaja este crimen dentro de la narrativa de apertura política que algunos intentan vender hacia el exterior?
La contradicción es demasiado evidente.
Mientras desde algunos sectores se intenta construir una imagen de institucionalidad renovada, la realidad sigue mostrando cárceles, persecución y miedo. El Helicoide continúa siendo símbolo de terror. El Rodeo sigue acumulando denuncias. Las familias de los detenidos continúan viviendo entre la incertidumbre y el agotamiento emocional.
Y frente a eso, el silencio oficial pesa más que cualquier comunicado.
La responsabilidad no prescribe políticamente
Hay algo especialmente inquietante en la manera como ciertos actores pretenden presentarse ahora como administradores pragmáticos de una nueva etapa, olvidando convenientemente el papel que jugaron durante los años más oscuros de la represión.
La responsabilidad política no desaparece porque cambie el discurso. Tampoco porque algunos sustituyan el uniforme ideológico por un lenguaje más diplomático.
Los venezolanos no olvidan tan fácilmente.
Y menos aún quienes pasaron años buscando a sus familiares desaparecidos, recorriendo cuarteles, prisiones y morgues.
Quizás allí está uno de los mayores errores del poder: creer que la narrativa puede imponerse sobre la memoria colectiva. Pensar que basta con modificar el tono para borrar lo ocurrido.
Pero la memoria siempre vuelve.
Y vuelve con nombres concretos, con madres concretas y con responsabilidades concretas.
El problema internacional también existe
Este caso además abre una discusión incómoda para quienes respaldan o supervisan políticamente el actual proceso venezolano desde el exterior.
Porque si verdaderamente existe una nueva etapa bajo acompañamiento internacional, entonces resulta imposible mirar hacia otro lado frente a hechos de esta gravedad.
Lejos estamos de pensar que un crimen así cuente con respaldo de Washington. Pero precisamente por eso el caso se vuelve todavía más delicado.
Porque si el régimen continúa actuando con total autonomía represiva mientras se habla de acuerdos y estabilización, entonces el mensaje que recibe la sociedad venezolana es devastador: nada ha cambiado realmente.
Y esa percepción destruye confianza política, credibilidad institucional y cualquier posibilidad seria de reconciliación nacional.
Como dijo alguna vez Víctor Escalona: “La reconciliación sin verdad termina siendo apenas un pacto para esconder la culpa”.
Eso explica por qué este caso no puede tratarse como un episodio aislado ni como un daño colateral del pasado reciente.
Los presos políticos siguen allí
La pregunta más inquietante sigue suspendida sobre Venezuela: ¿qué ocurrirá con quienes todavía permanecen presos?
Porque detrás del caso Víctor Quero hay cientos de historias atrapadas en la oscuridad. Hombres y mujeres que continúan detenidos mientras el país escucha discursos sobre recuperación política.
Sus familiares siguen esperando:
- libertades plenas,
- garantías judiciales reales,
- información transparente,
- y el fin definitivo de la persecución política.
Negar la existencia de presos políticos no elimina el problema. Solo profundiza el descrédito institucional.
Y cada día que pasa sin respuestas aumenta la sensación de impunidad.
La tragedia de Víctor Quero obliga a Venezuela a mirar de frente una verdad incómoda: ningún proyecto político puede aspirar a legitimidad mientras existan desapariciones, torturas, silencios oficiales y familias destruidas por el aparato del Estado.
Por eso este momento exige mucho más que declaraciones diplomáticas o promesas de reconciliación. Exige verdad. Exige justicia. Exige responsabilidades.
Y exige también que el país no permita que el cansancio termine convirtiéndose en resignación.
El periodismo independiente sigue siendo indispensable precisamente para impedir que estas historias desaparezcan bajo el peso de la propaganda y el miedo.
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