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Normalizar los escombros y los campamentos sería renunciar al país. Venezuela necesita urgencia, control ciudadano y reconstrucción.
Normalización de la crisis, reconstrucción de Venezuela, campamentos permanentes, ciudadanía vigilante
El riesgo de normalizar la ruina comienza cuando el escombro deja de indignar, la lona deja de parecer provisional y la precariedad empieza a confundirse con una nueva forma de estabilidad. Una sociedad no se rinde solamente cuando abandona una batalla. También se rinde cuando incorpora el desastre a su paisaje cotidiano, aprende a caminar alrededor de los edificios destruidos y acepta que miles de familias vivan indefinidamente bajo refugios levantados para durar apenas unas semanas. En ese momento, la emergencia deja de ser una circunstancia y se convierte en un sistema.
Venezuela enfrenta hoy ese peligro. Los edificios colapsados, las viviendas destruidas y los campamentos transitorios no pueden ser asimilados como una extensión inevitable del país que ya conocíamos. Normalizar la ruina significaría aceptar que el deterioro venció, que la reconstrucción puede esperar y que la administración de la necesidad es una política pública suficiente. Sería la forma más silenciosa de claudicar.
La tesis de este editorial es clara: la inercia es ahora una amenaza tan grave como la falta de recursos. El país necesita mantener un sentido permanente de urgencia, no para vivir en estado de alarma, sino para impedir que la burocracia convierta lo provisional en definitivo. Cada refugio debe tener fecha de salida. Cada familia, una solución verificable. Cada obra, un responsable. Cada fondo, una auditoría. Lo contrario sería levantar sobre la tragedia una nueva arquitectura de resignación.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela debe decidir que la ruina no será paisaje, identidad ni destino.
Cuando el desastre empieza a parecer normal
La normalización no ocurre de un día para otro. Se instala lentamente. Primero se acepta una calle cerrada porque todavía hay escombros. Luego se tolera que continúe cerrada porque falta maquinaria. Más tarde deja de preguntarse cuándo será despejada. Lo mismo sucede con los campamentos: nacen como respuesta urgente, se prolongan por dificultades administrativas y terminan arraigándose porque nadie enfrenta el costo político, técnico y financiero de cerrarlos.
Ese proceso es especialmente peligroso en un país acostumbrado a convivir con servicios deficientes, construcciones vulnerables y respuestas estatales incompletas. La sociedad desarrolla mecanismos de adaptación admirables para sobrevivir, pero esa misma capacidad puede convertirse en una trampa. Adaptarse no siempre significa superar. A veces significa aprender a soportar lo que nunca debió aceptarse.
Las lonas plásticas no pueden convertirse en los techos permanentes de nuevas barriadas. Los centros de asistencia no pueden reemplazar el comercio, la vivienda, la escuela y el trabajo. Los escombros no pueden permanecer como monumentos involuntarios a la ineficiencia. Una República que se acostumbra a sus ruinas termina perdiendo la capacidad moral de reconstruirse.
Las primeras señales de normalización deben encender alarmas
- campamentos que operan sin fecha pública de desmantelamiento,
- familias que desconocen cuál será su solución habitacional definitiva,
- obras paralizadas sin explicación técnica ni administrativa,
- censos que cambian sin transparencia o permanecen desactualizados,
- servicios temporales que sustituyen indefinidamente las obligaciones del Estado.
Lo provisional necesita plazos. Sin ellos, se convierte en abandono con apariencia de gestión.
La política no puede incendiar la reconstrucción
El país atraviesa una etapa de cooperación internacional excepcional, marcada por necesidades financieras, técnicas y logísticas que Venezuela no puede cubrir por sí sola en el corto plazo. Ese esquema es frágil. Depende de confianza, coordinación y una mínima estabilidad institucional. Convertir la emergencia en escenario de radicalización ideológica sería una irresponsabilidad de consecuencias materiales inmediatas.
La reconstrucción no puede quedar rehén de quienes intentan reactivar viejas confrontaciones para obtener ventajas políticas. Quemar símbolos, agitar resentimientos o presentar la cooperación técnica como traición puede resultar útil para movilizar emociones, pero no remueve una tonelada de concreto, no construye una vivienda y no devuelve el agua a una comunidad.
La soberanía no se defiende saboteando el acceso a créditos, maquinaria o asistencia especializada. Se defiende estableciendo reglas claras, fiscalizando contratos y preservando la dirección civil del proceso. Tampoco debe permitirse que la ayuda exterior sea utilizada para imponer agendas incompatibles con el interés nacional. La posición sensata no está en el rechazo automático ni en la obediencia silenciosa, sino en la cooperación vigilada.
La tensión política puede congelar las obras si los actores responsables confunden la reconstrucción con un campo de batalla simbólico. Quienes alimenten esa parálisis tendrán que responder ante las familias que continúan esperando una vivienda, no ante las consignas de sus propias facciones.
La opacidad domestica la miseria
La ruina también se normaliza cuando la ayuda se limita a sostener la supervivencia sin transformar las condiciones que produjeron la emergencia. Alimentar, alojar y atender a los damnificados es indispensable. Pero si esos mecanismos se administran de forma opaca y sin una estrategia de salida, terminan domesticando la pobreza en lugar de erradicarla.
El flujo de recursos destinado a construir nuevas soluciones habitacionales debe someterse a una contraloría abierta, digital y comprensible. Cada ciudadano debería poder saber cuánto dinero llegó, qué organismo lo aportó, qué empresa fue contratada, cuánto costará la obra, cuál es su plazo y qué comunidad será beneficiada.
La emergencia no puede convertirse en excusa para adjudicar contratos sin competencia, comprar materiales con sobreprecios o favorecer a empresas carentes de experiencia. La improvisación administrativa es el terreno ideal para que redes inmobiliarias y burocráticas encuentren oportunidades donde el resto del país solo ve dolor.
Una reconstrucción transparente debería mostrar públicamente
- los fondos disponibles y las condiciones asociadas a cada financiamiento,
- los contratos, proveedores y beneficiarios finales de las empresas adjudicatarias,
- los costos unitarios de viviendas, materiales y servicios,
- los plazos de ejecución y el avance físico de cada proyecto,
- los informes de calidad, auditoría y recepción de las obras.
La rendición de cuentas no es una formalidad posterior. Es la estructura que impide que la reconstrucción sea capturada antes de comenzar.
El periodismo independiente ayuda a impedir que la emergencia desaparezca de la conversación pública antes de ser resuelta. Vierne5 cree que vigilar fondos, documentar retrasos, escuchar a las comunidades y exigir responsabilidades es una forma de combatir la resignación. La ruina se normaliza cuando deja de ser noticia y nadie pregunta quién debía haber actuado.
Del ciudadano asistido al ciudadano responsable
La sociedad civil debe comprender que la reconstrucción no llegará como un decreto mágico ni como una concesión automática de gobiernos extranjeros. El ciudadano tiene derecho a recibir ayuda, pero también debe ejercer su responsabilidad como contralor y participante del proceso. La condición de damnificado no puede convertirse en una identidad política permanente.
Los campamentos necesitan comités autónomos de auditoría urbana, seguridad, salud, educación y seguimiento habitacional. Las comunidades pueden revisar los censos, confirmar que los suministros lleguen completos, vigilar la distribución de alimentos y verificar que los mapas de riesgo sean respetados.
La organización ciudadana también puede contribuir a labores comunitarias seguras, siempre bajo dirección profesional, y participar en la identificación de necesidades, prioridades y riesgos. No se trata de sustituir a las autoridades ni de exponer a la población a tareas peligrosas. Se trata de evitar que el ciudadano permanezca reducido al papel de receptor pasivo mientras otros deciden por él.
La pasividad prolongada tiene un costo político. Quien depende enteramente de una lista, un subsidio o una entrega discrecional queda más expuesto al control partidista y al chantaje. En cambio, una comunidad organizada comparte información, exige criterios y reduce el margen para la manipulación.
La ciudadanía vigilante puede impedir la normalización mediante acciones concretas
- exigir cronogramas verificables de vivienda y reasentamiento,
- validar los censos de familias afectadas y denunciar duplicaciones o exclusiones,
- vigilar inventarios, servicios y distribución de suministros,
- documentar obras paralizadas, riesgos ignorados y promesas incumplidas,
- participar en comités independientes sin subordinación partidista.
El ciudadano responsable no espera en silencio a que la provisionalidad se vuelva destino.
Reconstruir barrios antes que discursos
La urgencia nacional no puede medirse por la intensidad de los discursos, sino por el ritmo de las obras y la calidad de sus resultados. Un país no avanza porque sus dirigentes anuncien grandes planes, sino porque las familias empiezan a salir de los refugios, los servicios vuelven a funcionar y las comunidades recuperan seguridad y autonomía.
La política venezolana ha dedicado demasiado tiempo a disputar relatos mientras el deterioro material seguía avanzando. La tragedia debería haber cerrado esa etapa. Cada hora empleada en reavivar confrontaciones estériles es una hora perdida para coordinar maquinaria, revisar suelos, adjudicar obras transparentemente y construir soluciones habitacionales.
Reconstruir barrios antes que discursos significa colocar la vida cotidiana por encima de la propaganda. Significa entender que una escuela abierta, una calle despejada y una vivienda segura producen más legitimidad que cualquier declaración solemne. La autoridad que necesita el país será reconocida por su capacidad de resolver, no por su habilidad para ocupar pantallas.
La democracia también necesita un suelo habitable
El calendario político continúa avanzando mientras el territorio permanece herido. Las negociaciones institucionales, la renovación del árbitro electoral y las presiones para acelerar la transición no pueden separarse de la situación material en la que viven miles de ciudadanos.
No habrá democracia plenamente legítima sobre un cementerio urbano desatendido ni sobre un país convertido en una red permanente de campamentos. Un ciudadano que depende de una autoridad para recibir alimentos, alojamiento o acceso a una lista de viviendas se encuentra en una posición de vulnerabilidad incompatible con una competencia política limpia.
Por eso la reconstrucción física es una precondición de la reinstitucionalización. No porque las reformas democráticas deban posponerse hasta que desaparezca el último escombro, sino porque ambas tareas deben avanzar juntas. La transparencia necesaria para adjudicar una vivienda es la misma que se necesita para organizar elecciones. La confianza que exige una institución electoral también se construye cuando el Estado cumple sus compromisos cotidianos.
Si la dirigencia utiliza la emergencia para congelar decisiones políticas, la transición perderá credibilidad. Si intenta acelerar el calendario sin responder a la realidad social, perderá legitimidad. El desafío consiste en reconstruir el suelo y las instituciones con el mismo sentido de urgencia.
La ruina no puede convertirse en identidad nacional
Venezuela ha sobrevivido demasiado tiempo mediante la adaptación. Ha aprendido a convivir con fallas eléctricas, servicios intermitentes, infraestructura deteriorada y respuestas incompletas. Esa resistencia ha permitido sostener la vida, pero también ha facilitado que lo intolerable se vuelva cotidiano.
El desastre abre una oportunidad dolorosa para romper ese ciclo. No se trata de reconstruir exactamente lo que existía, sino de corregir las condiciones que hicieron vulnerable al país. La nueva vivienda debe ser más segura. La nueva obra pública, más transparente. La nueva relación entre Estado y comunidad, más exigente. La cooperación internacional, más vigilada. La ciudadanía, menos dependiente.
Normalizar la ruina sería aceptar que Venezuela solo puede aspirar a administrar su deterioro. Rechazarla exige una disciplina colectiva: mantener la emergencia visible hasta resolverla, reclamar resultados, sostener la presión pública y negarse a confundir la supervivencia con la recuperación.
El tiempo corre sobre un suelo todavía inestable. Cada día sin planificación aumenta el costo de la reconstrucción. Cada campamento sin fecha de salida fortalece la inercia. Cada fondo sin auditoría alimenta la sospecha. Cada disputa ideológica que paraliza una obra prolonga el sufrimiento de una familia.
La República será viable si logra transformar el escombro en planificación, la ayuda en capacidad nacional y la indignación en ciudadanía organizada. La ruina no puede aceptarse como paisaje permanente. Debe ser tratada como una obligación pendiente que ningún gobierno, partido o institución tiene derecho a archivar.
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Victor Julio Escalona
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