Figuera: no hay condiciones para presidenciales

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Dinorah Figuera afirma que antes de una elección presidencial debe reestructurarse el CNE y las leyes electorales.

• Condiciones electorales en Venezuela
• Reestructuración del CNE
• Ruta electoral venezolana
• Asamblea Nacional de 2015

Dinorah Figuera afirmó que hoy no existen en Venezuela condiciones para una elección presidencial y sostuvo que la ruta debe comenzar por la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y la revisión de las leyes que regulan el voto. La dirigente vinculó cualquier salida electoral creíble con la recuperación de garantías institucionales, la protección de la voluntad popular y el papel de la Asamblea Nacional electa en 2015 como instancia llamada a definir la ruta política de agosto.

La declaración se produce en un momento de alta presión nacional. Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria y territorial tras los sismos, una reconstrucción todavía incierta y una discusión política marcada por la exigencia de avanzar hacia una transición con soporte institucional. En ese contexto, Figuera plantea que convocar una elección presidencial sin corregir previamente el árbitro, las reglas y los mecanismos de protección del voto sería repetir un esquema sin garantías suficientes.

Su planteamiento no se limita a una objeción política. Apunta al corazón del problema electoral venezolano: la confianza. Para que una elección presidencial sea aceptada dentro y fuera del país, no basta con fijar una fecha. Deben existir condiciones mínimas para que los ciudadanos voten, los partidos compitan, los resultados sean auditables y la voluntad popular sea respetada sin presiones ni atajos.

La ruta de agosto y el peso de la AN de 2015

Figuera señaló que el trabajo político busca avanzar desde el primero de agosto en la definición de miembros, mecanismos y propuestas orientadas a asegurar “un voto poderoso” que sea respetado y protegido. También afirmó que la última palabra en esa ruta recae sobre la Asamblea Nacional electa en 2015, un punto que vuelve a colocar a esa instancia en el centro de la discusión institucional.

La referencia a la AN de 2015 tiene una carga política evidente. Para un sector de la oposición y para actores internacionales que aún la reconocen como referencia legítima, esa Asamblea conserva valor como plataforma institucional frente al deterioro del sistema electoral y el control de los poderes públicos. Para otros sectores, en cambio, su capacidad real de conducción depende de que logre articular consensos, no solo invocar legitimidad de origen.

La discusión de agosto, por tanto, no será meramente procedimental. Allí se cruzan preguntas de fondo: quién propone los nuevos miembros del CNE, con qué criterios, bajo qué garantías, cómo se reforman las normas electorales, cómo se protege el voto y qué papel tendrán los partidos, la sociedad civil, los observadores y la comunidad internacional.

Qué significa reestructurar el CNE

Hablar de reestructurar el Consejo Nacional Electoral implica revisar el equilibrio político, técnico y operativo del árbitro. En un país donde la desconfianza electoral se ha acumulado durante años, el CNE no es una institución más: es el punto de partida para cualquier intento de recomponer la convivencia democrática.

Una reestructuración seria tendría que mirar varios frentes al mismo tiempo:

• designación de rectores con credibilidad pública y perfil técnico verificable;
• reglas claras para el registro electoral dentro y fuera del país;
• garantías para la participación de partidos y candidatos;
• auditorías transparentes del sistema de votación;
• observación nacional e internacional con acceso real;
• mecanismos de reclamo y revisión de resultados;
• protección efectiva del elector frente a presiones o represalias.

La dificultad está en que cada uno de esos puntos exige negociación, voluntad política y capacidad de cumplimiento. No se trata únicamente de cambiar nombres en una institución. Se trata de reconstruir la confianza en el proceso completo, desde la inscripción de votantes hasta la proclamación de resultados.

Las leyes electorales como terreno de disputa

Figuera también puso sobre la mesa la necesidad de revisar las leyes. Ese punto es clave porque el problema electoral venezolano no se agota en la composición del CNE. Las normas que regulan partidos, candidaturas, campañas, observación, financiamiento, inhabilitaciones y recursos administrativos pueden determinar si una elección es competitiva o solo formal.

Una elección presidencial necesita reglas comprensibles, estables y aplicables por igual. Si los actores no saben con certeza quién puede competir, cómo se inscribe, qué recursos tiene para defenderse o quién decide una impugnación, el proceso nace debilitado. Por eso, la discusión legal es inseparable de la discusión política.

El desafío será evitar que la reforma de leyes se convierta en un laberinto diseñado para ganar tiempo o bloquear candidaturas. También será necesario impedir que la urgencia por votar lleve a aceptar normas insuficientes. Entre el inmovilismo y la prisa, el país necesita una ruta verificable.

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Una postura institucional en medio de la presión política

Figuera insistió en que su actuación busca mantenerse en una postura institucional, “ajena a una militancia política”, para contribuir a la resolución de la crisis nacional. La frase intenta marcar distancia frente a la lógica de facciones y ubicar la discusión en un plano de garantías, no de cuotas partidistas.

Ese matiz importa porque la oposición venezolana ha enfrentado durante años tensiones internas sobre liderazgo, estrategia, negociación y participación electoral. La reconstrucción de una ruta común dependerá de que los actores logren separar dos planos que suelen confundirse: la legítima competencia política y la necesidad de reglas aceptadas por todos.

Una postura institucional no significa neutralidad frente a la crisis. Significa que la prioridad debe ser crear condiciones para que el país decida con garantías, no simplemente favorecer a una corriente. En ese sentido, el debate sobre el CNE y las leyes puede convertirse en una prueba de madurez política para todos los sectores.

Por qué importa para los ciudadanos

La discusión puede parecer lejana para una población marcada por la emergencia económica, la migración, los servicios públicos, la inseguridad y ahora los efectos de los sismos. Sin embargo, las condiciones electorales afectan directamente la vida cotidiana. Un proceso creíble puede abrir espacios de estabilidad, reconocimiento internacional, reconstrucción institucional y recuperación económica. Un proceso cuestionado, en cambio, puede prolongar el conflicto y cerrar puertas de cooperación.

Para los venezolanos dentro del país, la calidad del sistema electoral define si el voto tiene capacidad real de producir cambio. Para la diáspora, abre o cierra la posibilidad de participar en una decisión que también afecta a familias dispersas por América Latina, España, Estados Unidos, Canadá y Europa. Para la comunidad internacional, marca el nivel de confianza con el que podría acompañar una transición, aliviar sanciones, apoyar reconstrucción o reconocer autoridades.

Por eso, la pregunta no es solo cuándo votar. Es bajo qué condiciones, con qué árbitro y con qué garantías para que el resultado sea aceptado como expresión legítima de la voluntad popular.

El dilema entre urgencia y garantías

Venezuela vive una tensión conocida: una parte del país exige una salida rápida, mientras otra advierte que una elección sin condiciones puede profundizar el problema. Figuera se ubica en esta segunda línea al afirmar que hoy no hay condiciones para una presidencial y que el orden debe ser primero institucionalizar, luego votar.

El dilema no es menor. Posponer indefinidamente una elección puede alimentar frustración y desmovilización. Pero convocarla sin garantías suficientes puede producir un resultado cuestionado desde el primer día. La clave está en construir una secuencia capaz de combinar urgencia democrática con seriedad institucional.

Esa secuencia debería responder a preguntas concretas:

• cuándo se presentará una propuesta formal de reestructuración del CNE;
• quiénes participarán en la evaluación de los nuevos miembros;
• qué leyes deben modificarse antes de una presidencial;
• cómo se garantizará la observación independiente;
• qué mecanismos protegerán el voto dentro y fuera del país;
• cómo se evitará que la ruta sea capturada por intereses partidistas.

Una agenda institucional bajo emergencia nacional

El planteamiento de Figuera llega mientras Venezuela todavía enfrenta los efectos materiales y humanos de los terremotos. Esa realidad añade complejidad al debate. No se puede discutir una elección presidencial como si el país estuviera en condiciones normales, pero tampoco puede usarse la emergencia como excusa para suspender indefinidamente la reconstrucción institucional.

La crisis sísmica, la recuperación de víctimas, el drama de los desplazados y la reconstrucción de zonas afectadas obligan a que cualquier ruta política incorpore una dimensión humanitaria. Un CNE reestructurado y unas leyes más confiables no resolverán por sí solos la emergencia, pero pueden ayudar a crear un marco de legitimidad para tomar decisiones difíciles en los próximos años.

En esa intersección entre desastre, transición e institucionalidad se juega buena parte del segundo semestre de 2026. La política venezolana ya no podrá limitarse a declaraciones. Tendrá que producir mecanismos concretos, calendarios verificables y acuerdos que la ciudadanía pueda entender y evaluar.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo Dinorah Figuera sobre la elección presidencial?

Afirmó que actualmente no hay condiciones para una elección presidencial en Venezuela y que antes debe reestructurarse el CNE y revisarse el marco legal electoral.

¿Qué papel tendría la AN de 2015?

Según Figuera, la última palabra sobre la ruta de agosto recae en la Asamblea Nacional electa en 2015, como instancia llamada a definir la propuesta institucional.

¿Por qué importa cambiar el CNE antes de votar?

Porque el árbitro electoral es clave para garantizar confianza, participación, auditorías, protección del voto y aceptación de resultados.

La afirmación de Figuera vuelve a colocar el debate electoral en su punto esencial: sin confianza institucional, una elección presidencial puede convertirse en otro episodio de disputa; con reglas claras, árbitro creíble y protección del voto, podría abrir una ruta de reconocimiento y recomposición nacional.

En esta etapa, el periodismo independiente debe seguir de cerca cada propuesta, cada negociación y cada intento de convertir la urgencia del país en una decisión transparente. Venezuela necesita votar, pero necesita hacerlo con garantías que devuelvan sentido real al voto.

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