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Kit Miyamoto advierte fallas estructurales y pide auditoría técnica tras los terremotos en Venezuela.
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El ingeniero japonés Kit Miyamoto, director de Miyamoto International, calificó la catástrofe sísmica venezolana como “uno de los peores desastres” que ha visto en los últimos 20 años, tras recorrer los epicentros más golpeados por los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2. Su diagnóstico coloca el evento entre los más complejos a escala global en dos décadas y abre una discusión urgente sobre construcción, fiscalización, corrupción y reconstrucción segura en Venezuela.
La evaluación del especialista no se limita al impacto visible de los edificios colapsados. Su lectura apunta a un problema más profundo: Venezuela cuenta con normas de construcción sismorresistente apropiadas y con profesionales capaces, pero la magnitud del derrumbe revela fallas graves en la ejecución de obras, supervisión técnica insuficiente y ausencia de controles efectivos en zonas donde convivían edificaciones formales e informales.
El señalamiento importa porque llega en un momento decisivo. El país no solo debe remover escombros, recuperar cuerpos y atender damnificados. También debe decidir cómo reconstruir ciudades enteras sin repetir las mismas vulnerabilidades que multiplicaron la tragedia en la línea costera de La Guaira, en Caracas y en las laderas donde miles de familias siguen viviendo entre grietas, miedo y órdenes de desalojo.
Un diagnóstico que cambia el foco de la emergencia
Tras recorrer las áreas críticas, Miyamoto situó formalmente el desastre venezolano como el tercer evento geológico más complejo a nivel global en los últimos 20 años. La afirmación pesa porque proviene de un experto con experiencia internacional en evaluación de daños, ingeniería estructural y reconstrucción posterior a terremotos.
La destrucción, según el diagnóstico técnico, se concentró de manera especialmente severa en dos espacios: la línea costera de La Guaira y las zonas altas de ladera. En ambos territorios convergen factores de riesgo conocidos: densidad urbana, estructuras antiguas, construcciones informales, pendientes inestables, ampliaciones sin control y edificaciones que, aunque parecían firmes desde afuera, quedaron comprometidas por dentro.
Ese último punto es una de las advertencias más graves. Muchas viviendas y edificios de ladera pueden lucir intactos exteriormente, pero las inspecciones internas han detectado fracturas severas en paredes y elementos estructurales. En una emergencia sísmica, lo que no se ve puede ser tan peligroso como el colapso visible. Una fachada en pie no garantiza habitabilidad.
El peligro invisible en las laderas
La prioridad inmediata para las autoridades y equipos técnicos es identificar qué estructuras pueden seguir ocupadas, cuáles requieren reparación y cuáles deben ser desalojadas de forma urgente. Esa clasificación no puede depender de presión vecinal, intereses políticos o necesidades de cupo en albergues. Debe responder a criterios técnicos verificables.
En las laderas, el riesgo se multiplica porque el daño estructural puede combinarse con inestabilidad del terreno. Las réplicas, las lluvias, las filtraciones y el peso de edificaciones improvisadas pueden profundizar fallas ya existentes. Para una familia que no tiene adónde ir, abandonar su vivienda es una decisión traumática; para un país golpeado por miles de damnificados, permitir retornos inseguros puede ser una nueva tragedia en cámara lenta.
Por eso, el diagnóstico de Miyamoto desplaza la discusión desde la simple reconstrucción física hacia una pregunta institucional más exigente: quién certifica la seguridad, con qué metodología, bajo qué transparencia y con qué garantías para las familias afectadas.
Normas adecuadas, ejecución deficiente
Uno de los elementos más duros del análisis es la contradicción entre capacidad técnica y desastre material. Venezuela dispone de reglamentos de construcción sismorresistente apropiados, como las Normas COVENIN, y cuenta con ingenieros, arquitectos y especialistas formados para diseñar estructuras capaces de resistir eventos sísmicos importantes. El problema, según el diagnóstico, no estaría en la falta de conocimiento, sino en la brecha entre la norma escrita y la obra ejecutada.
Las inspecciones han detectado fallas que no corresponden a un debate sofisticado de ingeniería, sino a errores básicos y graves: longitudes de acero insuficientes, mal encaje de estribos y cabillas en columnas de concreto, detalles constructivos omitidos y elementos que debieron ser fiscalizados antes de que una edificación recibiera aprobación o fuera habitada.
En términos simples, el sismo expuso lo que durante años pudo quedar oculto dentro del concreto. La naturaleza activó la emergencia, pero la negligencia, la mala ejecución y la falta de supervisión pudieron haber ampliado el número de víctimas y el nivel de destrucción.
- Construcciones que no habrían cumplido detalles esenciales de ingeniería.
- Fiscalización insuficiente durante la ejecución de obras.
- Edificaciones aparentemente sanas con fracturas internas graves.
- Zonas de ladera con riesgos combinados de estructura y terreno.
- Necesidad de clasificar viviendas con criterios técnicos, no políticos.
Reconstruir no puede ser levantar rápido
La reconstrucción venezolana no puede partir de la urgencia como único criterio. Levantar viviendas, escuelas, hospitales y edificios públicos será indispensable, pero hacerlo sin auditoría técnica equivaldría a sembrar la próxima tragedia. Miyamoto ha insistido en que construir de forma segura es técnicamente viable, incluso en zonas sísmicas, siempre que se respeten normas, materiales, inspecciones y responsabilidades profesionales.
Ese punto es clave para no caer en el fatalismo. El mensaje técnico no es que Venezuela esté condenada a vivir entre ruinas, sino que la seguridad depende de disciplina constructiva, contraloría, transparencia y erradicación de la corrupción en licitaciones, materiales y permisos. En zonas sísmicas del mundo se levantan rascacielos, puentes y comunidades completas con criterios modernos. El problema no es construir; el problema es construir mal y sin control.
La discusión también alcanza al mercado de materiales. Si la reconstrucción abre una etapa de contrataciones masivas, el país necesitará garantías sobre la calidad del acero, el cemento, los agregados, los diseños, los estudios de suelo y la supervisión de obra. Un edificio seguro no se decreta. Se calcula, se ejecuta, se inspecciona y se mantiene.
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Una plataforma para auditar viviendas
Como parte de la respuesta técnica, Miyamoto International trabajará junto a un centenar de ingenieros locales en una plataforma tecnológica para auditar estructuralmente viviendas y edificaciones. La herramienta utilizará un código de colores semafórico para clasificar la habitabilidad y el nivel de riesgo de cada inmueble evaluado.
Ese sistema puede convertirse en una pieza central de la reconstrucción si se aplica con independencia, datos verificables y acceso ciudadano. Un semáforo estructural bien diseñado puede ayudar a decidir qué viviendas se pueden ocupar, cuáles requieren intervención y cuáles deben ser desalojadas. Pero si se usa sin controles, también podría convertirse en un instrumento de presión, exclusión o clientelismo.
La clasificación de habitabilidad tendrá consecuencias directas sobre la vida de miles de familias. De ella dependerá quién vuelve a su casa, quién recibe refugio temporal, quién puede acceder a reparación y qué sectores serán demolidos o reurbanizados. Por eso, el blindaje técnico de ese censo no es un detalle administrativo: es una garantía de justicia.
Qué debe garantizar el censo estructural
Para que la plataforma no sea capturada por intereses políticos o económicos, el país necesitará reglas claras desde el inicio. La evaluación de daños debe ser pública en su metodología, protegida frente a manipulaciones y revisable por especialistas independientes.
- criterios técnicos uniformes para clasificar edificaciones;
- participación de ingenieros certificados y equipos multidisciplinarios;
- registro digital verificable de cada inspección;
- derecho de las familias a conocer el resultado y la explicación técnica;
- mecanismos de apelación o segunda revisión en casos dudosos;
- protección contra el uso político de albergues, desalojos o reparaciones;
- auditoría ciudadana y profesional sobre las decisiones de reconstrucción.
Sin estos resguardos, la reconstrucción podría repetir viejas prácticas de opacidad. Con ellos, en cambio, Venezuela tendría una oportunidad real de transformar el desastre en una política nacional de seguridad estructural.
La tragedia como prueba institucional
Miyamoto ha defendido la idea de que las tragedias pueden hacer naciones más fuertes. En Venezuela, esa posibilidad dependerá menos de la retórica y más de la capacidad de aplicar controles que durante años fueron débiles o inexistentes. La reconstrucción no será solo una obra pública; será una prueba de gobernabilidad.
El país tendrá que decidir si permite que la urgencia justifique nuevos atajos o si convierte el dolor en una reforma profunda de permisos, inspecciones, licitaciones, normas urbanas y responsabilidad profesional. La diferencia entre ambas rutas puede medirse en vidas.
También será necesario proteger a los profesionales venezolanos que participen en las evaluaciones. Ingenieros, arquitectos, bomberos, urbanistas y especialistas locales conocen el territorio, pero necesitarán respaldo institucional, independencia técnica y seguridad para emitir diagnósticos que pueden incomodar a propietarios, autoridades o contratistas.
Una reconstrucción bajo vigilancia ciudadana
El diagnóstico internacional deja una responsabilidad clara: reconstruir no puede significar volver exactamente al punto anterior. La tragedia reveló fallas acumuladas en edificaciones, laderas, permisos, materiales y fiscalización. Si esos factores no se corrigen, el país estará levantando paredes sobre la misma fragilidad.
La vigilancia ciudadana será indispensable. Las comunidades deben tener acceso a información sobre riesgos, cronogramas, reasentamientos y obras. Las universidades, gremios profesionales y organizaciones civiles pueden cumplir un papel clave en la revisión independiente del proceso. En una emergencia nacional, la transparencia no retrasa la reconstrucción; la protege.
Para miles de familias, la pregunta urgente sigue siendo dónde dormirán mañana. Para el país, la pregunta de fondo es qué tipo de ciudades se levantarán después de esta catástrofe. Ambas respuestas deben avanzar juntas: asistencia inmediata para los damnificados y una reconstrucción técnica, limpia y verificable.
Preguntas frecuentes
¿Qué advirtió Kit Miyamoto tras recorrer las zonas afectadas?
Advirtió que el desastre venezolano está entre los más complejos de las últimas dos décadas y que muchas estructuras aparentemente intactas presentan daños internos severos.
¿Por qué colapsaron tantas edificaciones si existen normas sismorresistentes?
El diagnóstico apunta a fallas en la ejecución, omisión de detalles de ingeniería y falta de fiscalización efectiva, más que a la inexistencia de normas técnicas.
¿Para qué servirá la plataforma de colores?
Servirá para clasificar viviendas y edificaciones según su nivel de riesgo, orientar desalojos, reparaciones o retornos, y ordenar la reconstrucción con criterios técnicos.
En esta etapa, el periodismo independiente debe acompañar la reconstrucción con preguntas incómodas, datos verificables y atención sostenida sobre quienes más riesgo enfrentan. Venezuela necesita levantar viviendas, pero también confianza pública. Sin transparencia, ninguna estructura será completamente segura.
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