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viernes, 31 de julio de 2026

No es negociación: es una mesa de trabajo

RadioAmericaVe.com  / Opinión. / Matías Ricardo Escalona Cardinale.

 

La mesa del 1 de agosto no parece diseñada para debatirlo todo, sino para aprobar lo urgente.

  • Transición en Venezuela
  • Agenda de trabajo Venezuela
  • Seguridad jurídica Venezuela
  • Negociación política venezolana

No es una mesa de negociación. Es una mesa de trabajo. La diferencia no es semántica, ni menor, ni decorativa. Una mesa de negociación supone que los actores llegan a discutir, ceder, intercambiar, medir fuerzas y construir acuerdos desde posiciones todavía abiertas. Una mesa de trabajo, en cambio, puede ser otra cosa: un espacio para ejecutar una agenda previamente definida, aprobar lo urgente, ordenar lo indispensable y dejar para después la discusión interminable que suele devorarlo todo.

Por eso la pregunta de fondo no es si el 1 de agosto se reunirán unos actores venezolanos a conversar. La pregunta real es otra: ¿llegará esa mesa con una agenda enviada, inducida o condicionada desde Washington? ¿Llegará Trump con sus puntos centrales ya marcados? ¿Llegará la reunión con margen real para discutir lo esencial o con una lista de disposiciones que deberán ser aprobadas en pocas horas para que el plan económico y político pueda comenzar a moverse?

En Venezuela, donde cada palabra se usa para tapar otra, conviene mirar menos el nombre de la mesa y más la función que cumplirá.

El tiempo es demasiado corto para jugar al teatro

La transición venezolana no puede perderse en una coreografía de discursos. El país viene de una crisis institucional profunda, una economía devastada, una emergencia humanitaria, un fraude electoral todavía abierto en la memoria ciudadana y una tragedia nacional que terminó de mostrar la fragilidad del Estado. En ese contexto, el tiempo político y económico no es infinito. Cada día sin reglas claras aumenta la desconfianza. Cada semana sin seguridad jurídica posterga inversiones. Cada mes sin decisiones concretas convierte la reconstrucción en una promesa más.

Si de verdad existe un plan económico para Venezuela, ese plan necesita condiciones previas. No bastan las buenas intenciones ni las fotos de los participantes. Para que empresas, bancos, fondos, organismos multilaterales e inversionistas puedan actuar con mínima tranquilidad, hacen falta reglas básicas: propiedad protegida, tribunales confiables, garantías contractuales, respeto a los acuerdos, transparencia administrativa, estabilidad normativa y un marco político que no cambie por capricho de una facción.

Eso no se improvisa en una conversación abierta donde cada grupo llega a defender su pedazo. Por eso cuesta creer que Trump, o cualquier actor con poder real sobre el proceso, vaya a dejar las disposiciones urgentes en manos de un grupito condenado a no ponerse de acuerdo en casi nada.

La agenda que importa

La política venezolana tiene una capacidad infinita para enredarse en palabras. Se discute el nombre de la comisión, el orden de los voceros, el equilibrio de las sillas, la foto, el comunicado, la interpretación del comunicado y la reacción al comunicado. Mientras tanto, el país espera electricidad, agua, hospitales, seguridad, empleo, justicia, inversión y elecciones limpias.

Si la mesa del 1 de agosto tiene sentido, debería concentrarse en lo que no puede esperar. No en resolver toda la historia venezolana en una tarde, sino en aprobar una base mínima para que la transición no nazca paralizada.

Una agenda seria tendría que tocar, al menos, varios puntos urgentes:

  • Garantías jurídicas inmediatas para inversión, reconstrucción y recuperación productiva.
  • Reglas claras para cooperación internacional, financiamiento y supervisión de recursos.
  • Compromisos verificables sobre transparencia institucional y rendición de cuentas.
  • Condiciones electorales mínimas para avanzar hacia una consulta presidencial legítima.
  • Respeto a la participación de los liderazgos democráticos reales del país.
  • Mecanismos de control para impedir que la transición se convierta en reparto de impunidad.

Todo lo demás puede discutirse después, con más calma, con más amplitud y con más actores. Pero sin esos cimientos, el edificio nace torcido.

El riesgo es demasiado grande

El riesgo de dejar la transición venezolana en manos del desgaste interno es enorme. El régimen y sus operadores conocen el arte de dilatar. Han vivido de eso durante años: crear comisiones, abrir diálogos, administrar tiempos, dividir oposiciones, convertir urgencias en procedimientos y procedimientos en pantanos. Cada retraso les permite reorganizarse, proteger intereses, buscar oxígeno y trasladar el costo del fracaso a otros.

Si la mesa del 1 de agosto se convierte en una negociación convencional, larga, confusa y sin mandato claro, el país puede quedar atrapado otra vez en el viejo laberinto. Y Venezuela no está para laberintos. Venezuela necesita definiciones.

Por eso la hipótesis de una agenda externa, rígida y prioritaria no es descabellada. Puede incomodar, claro. Puede sonar poco soberana. Puede despertar legítimas alarmas. Pero también responde a una realidad práctica: nadie que quiera activar un plan económico serio dejaría sus piezas centrales al azar de una discusión interminable entre actores que desconfían profundamente unos de otros.

El punto no es celebrar esa posibilidad. El punto es entenderla y exigir que, si existe, no se use para recortar derechos políticos ni para imponer arreglos que humillen la voluntad popular venezolana.

Trabajo no significa obediencia ciega

Que una mesa sea de trabajo no significa que deba ser una mesa de obediencia. Allí está la línea delicada. Una cosa es llegar con una agenda urgente de reconstrucción, seguridad jurídica y transición institucional. Otra es convertir a los venezolanos en simples firmantes de un documento ya decidido fuera del país.

La ayuda internacional puede ser decisiva. La presión de Estados Unidos puede acelerar procesos que internamente estarían bloqueados. Pero la legitimidad no puede fabricarse en Washington ni imponerse por calendario diplomático. La legitimidad debe venir del respeto a la voluntad ciudadana y de un camino transparente hacia elecciones libres, competitivas y observadas.

Si Trump envía una agenda para desbloquear la economía, ordenar normas y crear condiciones de inversión, esa agenda debe ser evaluada con criterio venezolano. Si sirve para abrir el país, proteger a los ciudadanos y acercar elecciones reales, merece atención. Si sirve para congelar cuotas de poder, blindar responsables o sustituir el mandato popular por conveniencias financieras, debe ser rechazada.

Negocios sí. Reconstrucción sí. Seguridad jurídica sí. Pero no a costa de la soberanía democrática.

Game over para la improvisación

Hay algo que sí debería terminar el 1 de agosto: la improvisación. Game over para la retórica vacía. Game over para las reuniones eternas que no producen resultados. Game over para los comunicados que dicen mucho y obligan poco. Game over para el uso de la palabra transición como anestesia del país.

Venezuela necesita una mesa que produzca hechos. No una mesa para que cada actor interprete su papel ante las cámaras. El país necesita saber qué se aprueba, quién se compromete, cómo se verifica, en qué plazos se ejecuta y qué consecuencias habrá si alguien incumple. Sin eso, todo será otra puesta en escena.

Como suele decir Víctor Escalona, “un país en ruinas no necesita más diagnósticos brillantes; necesita decisiones que empiecen a levantar paredes”. Esa frase resume el dilema de esta hora: ya sabemos demasiado sobre el desastre. Ahora falta saber quién está dispuesto a hacer lo necesario para salir de él sin traicionar la democracia.

Lo que no puede quedar fuera

La mesa puede ser técnica, política, económica o institucional. Puede tener el nombre que quieran darle. Pero hay asuntos que no pueden quedar fuera sin vaciarla de sentido. No puede quedar fuera el mandato ciudadano expresado contra el régimen. No puede quedar fuera el liderazgo democrático real del país. No puede quedar fuera la necesidad de elecciones presidenciales libres. No puede quedar fuera la seguridad jurídica. No puede quedar fuera la supervisión internacional. No puede quedar fuera la memoria de las víctimas ni el costo humano de seguir postergando decisiones.

En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe mirar estas mesas con atención, sin ingenuidad y sin obediencia automática a ningún poder. Preguntar no es sabotear. Dudar no es traicionar. Exigir claridad no es ponerse del lado del régimen. Es hacer lo que una sociedad libre debe hacer cuando otros pretenden decidir su destino. 

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No es una mesa de negociación si lo urgente ya llega marcado. Es una mesa de trabajo si su función es aprobar rápido lo indispensable para que Venezuela pueda avanzar. Pero también será una mesa bajo sospecha si convierte la urgencia económica en excusa para recortar democracia. El país necesita decisiones, sí; pero decisiones que abran futuro, no que maquillen el pasado. 

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