RadioAmericaVe.com / Editorial.
El sismo redibujó el poder en Venezuela: logística, ayuda exterior, reconstrucción y ciudadanía definen ahora la autoridad real.
Poder territorial en Venezuela, co-gobernanza de la emergencia, reconstrucción y soberanía, ciudadanía vigilante
El mapa del poder después del sismo ya no se dibuja únicamente en ministerios, cuarteles, partidos o embajadas. Se dibuja sobre el terreno: en la maquinaria capaz de remover concreto, en la institución que controla los recursos, en la autoridad que organiza un campamento y en la comunidad que puede exigir cuentas. La emergencia demolió algo más que viviendas y edificios. También derribó la ficción de un Estado centralizado que conservaba intacta la capacidad de decidir y ejecutar sobre todo el territorio. Hoy, el poder real pertenece, en buena medida, a quien puede reconstruir.
Las zonas más golpeadas del litoral central y de Caracas se han convertido en el nuevo centro político del país. Allí se comprueba quién dispone de logística, quién controla el financiamiento, quién administra los suministros, quién decide las prioridades urbanas y quién responde cuando una familia pregunta cuándo podrá abandonar el refugio. La autoridad ya no puede medirse por la solemnidad de un cargo. Debe medirse por la capacidad de devolver seguridad, vivienda, servicios y horizonte.
Esa es la tesis de este editorial: el sismo fragmentó el poder y trasladó su centro de gravedad hacia la reconstrucción material. En ese nuevo escenario, la soberanía se prueba en la capacidad de coordinar ayuda sin quedar subordinado a ella; la legitimidad se gana resolviendo y rindiendo cuentas; y la ciudadanía adquiere poder cuando deja de esperar decisiones y comienza a fiscalizarlas.
Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Venezuela debe decidir que el poder no seguirá siendo una abstracción administrada desde arriba. Tendrá que convertirse en responsabilidad visible sobre el suelo herido.
El territorio volvió a definir quién manda
Durante años, el poder venezolano pudo sostenerse mediante controles institucionales, disciplina partidista, distribución de recursos y dominio del relato público. La catástrofe alteró esa estructura. Cuando una comunidad necesita que se retire un edificio inestable, se restablezca el agua o se construya una vivienda segura, las proclamaciones pierden importancia frente a la capacidad operativa.
Gobernar ahora significa conocer el territorio, disponer de equipos técnicos, coordinar maquinaria, verificar suelos, asegurar materiales y convertir planes en resultados. También significa establecer prioridades difíciles: qué estructura debe demolerse, qué zona no puede volver a ocuparse y qué familias deben ser reubicadas primero.
Ese poder territorial no admite improvisación. Una decisión equivocada puede prolongar la emergencia o trasladar el riesgo hacia el futuro. Tampoco permite esconder la ineficiencia detrás de discursos ideológicos. El concreto no responde a consignas. La estabilidad de una estructura depende de cálculos, normas, inspecciones y responsabilidades perfectamente identificables.
La autoridad efectiva se mide hoy por capacidades concretas
- retirar escombros y estabilizar estructuras sin generar nuevos riesgos,
- mantener servicios esenciales en zonas afectadas y refugios temporales,
- producir censos confiables y rutas habitacionales verificables,
- administrar fondos y materiales con transparencia pública,
- coordinar actores nacionales e internacionales sin perder la dirección civil.
El vacío operacional aparece cuando el Estado conserva los símbolos del mando, pero otros actores poseen los recursos, la logística o la capacidad técnica para ejecutar. Ese desequilibrio redefine silenciosamente la soberanía.
La co-gobernanza de la emergencia
La reconstrucción ha consolidado una arquitectura de poder compartido. Washington influye sobre el acceso a financiamiento y asistencia multilateral, mientras equipos extranjeros participan en la coordinación logística y de ingeniería pesada. La administración venezolana, debilitada materialmente, se ve obligada a cohabitar con una estructura internacional que aporta recursos decisivos para mantener en marcha la recuperación.
Negar esa realidad no la modifica. La cooperación exterior es necesaria porque el país no dispone por sí solo de toda la maquinaria, el capital y la capacidad especializada que exige una reconstrucción de esta magnitud. Pero aceptar su necesidad no significa renunciar a examinar sus consecuencias.
Cuando los créditos, las prioridades y la logística dependen de actores externos, la soberanía se vuelve una negociación cotidiana. El riesgo es que el Estado venezolano termine reducido a una función administrativa secundaria: tramitar decisiones, legitimar operaciones y contener tensiones sociales, mientras otros determinan la viabilidad fiscal y material de los proyectos.
La respuesta responsable no es rechazar la cooperación ni convertirla en objeto de propaganda nacionalista. Es imponerle reglas, responsabilidades y límites. Cada proyecto debe fortalecer capacidades nacionales, formar profesionales venezolanos y dejar instituciones capaces de continuar cuando termine la asistencia extraordinaria.
La cooperación debe ser sometida a condiciones públicas
- los fondos y créditos deben revelar su origen, costo y obligaciones futuras,
- las prioridades territoriales deben definirse con participación nacional y comunitaria,
- los contratistas extranjeros deben cumplir las normas y auditorías aplicables,
- todo proyecto debe incluir transferencia tecnológica y formación local,
- la dirección política y civil de la reconstrucción debe permanecer claramente identificada.
La ayuda fortalece la soberanía cuando aumenta la capacidad del país. La debilita cuando sustituye indefinidamente las funciones que el Estado debería recuperar.
El refugio no puede convertirse en territorio de obediencia
La fragmentación del poder también se observa en los campamentos transitorios. Allí, el acceso a alimentos, subsidios, atención médica, seguridad y promesas de vivienda puede convertirse en una forma silenciosa de control. Quien administra la supervivencia cotidiana adquiere influencia directa sobre familias que han perdido casi todo.
Los subsidios de alquiler y las raciones humanitarias son indispensables durante la emergencia. Pero necesitan fechas, condiciones y una estrategia de salida. Sin esos elementos, la ayuda deja de ser un puente hacia la recuperación y se convierte en una estructura permanente de dependencia.
La institucionalización del refugio produce una ciudadanía debilitada. La persona deja de planificar su vida y comienza a esperar la siguiente entrega, la próxima lista o la decisión de una oficina. Esa incertidumbre facilita el clientelismo, la subordinación partidista y la penetración de redes criminales que aprovechan la precariedad para imponer sus propias reglas.
La reconstrucción debe devolver autonomía. Cada familia necesita conocer su situación censal, la solución habitacional que le corresponde y el plazo estimado para acceder a ella. Los programas temporales deben vincularse con empleo, formación y reactivación económica. Un campamento no puede ser el final del proceso ni una forma de gobierno.
El periodismo independiente permite observar cómo se redistribuye el poder cuando las instituciones se debilitan. Vierne5 cree que seguir los fondos, examinar los campamentos, contrastar las promesas y escuchar a las comunidades es una forma de proteger la reconstrucción frente a la opacidad, la dependencia y el abuso.
Dos carriles políticos y una misma calle
El nuevo mapa del poder también muestra una tensión dentro de la representación civil. Por un lado, avanza un proceso negociador técnico concentrado en la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro, crece una movilización social que exige transformaciones más profundas y desconfía de las soluciones construidas exclusivamente en despachos.
Ambos carriles responden a necesidades reales. El país requiere acuerdos institucionales que permitan establecer reglas y autoridades confiables. También necesita que esos acuerdos no ignoren a una sociedad golpeada, indignada y cansada de arreglos entre élites.
El peligro es que la negociación se convierta en un reparto de cuotas mientras la calle reclama un cambio sustancial. Una renovación institucional basada únicamente en equilibrios partidistas reproduciría el mismo modelo que la reconstrucción física intenta superar: distribuir posiciones entre actores con capacidad de presión, en lugar de seleccionar a quienes posean mérito, independencia y competencia.
La sociedad civil debe actuar como contrapeso de ambos carriles. Debe vigilar las negociaciones institucionales y, al mismo tiempo, impedir que la indignación popular sea utilizada para destruir los espacios donde aún pueden construirse acuerdos democráticos.
El contrapeso ciudadano debe exigir
- criterios meritocráticos y públicos para renovar el CNE y el TSJ,
- información verificable sobre las discusiones y los compromisos alcanzados,
- independencia frente a cuotas partidistas y presiones externas,
- investigación penal de las redes responsables de corrupción inmobiliaria,
- vinculación entre reconstrucción material, justicia y reinstitucionalización.
La protesta puede abrir una puerta. La institucionalidad debe evitar que esa puerta conduzca nuevamente al reparto.
La ciudadanía vigilante es un actor de poder
El pueblo constructor no es una figura retórica. Es una forma concreta de redistribuir poder hacia la sociedad. Aparece cuando las comunidades auditan los censos, verifican entregas, documentan obras paralizadas y exigen que los mapas de riesgo sean respetados.
Una ciudadanía organizada puede reducir el margen para que la ayuda sea utilizada políticamente. También puede detectar irregularidades antes de que se conviertan en escándalos irreversibles. No necesita reemplazar a los ingenieros, auditores o funcionarios. Necesita conocer quiénes son, qué deben hacer y cómo se evaluarán sus resultados.
La contraloría social es especialmente importante en un escenario de co-gobernanza. Si participan organismos multilaterales, autoridades venezolanas, equipos extranjeros, municipios y contratistas, la multiplicación de actores puede diluir responsabilidades. La vigilancia ciudadana devuelve claridad: pregunta quién decidió, quién pagó, quién ejecutó y quién responderá.
Ese poder moral debe extenderse desde el campamento hasta las negociaciones institucionales. El ciudadano que exige transparencia en una lista de viviendas también puede exigir transparencia en la selección de magistrados y rectores electorales. En ambos casos, se enfrenta a la misma deformación: el poder administrado sin suficiente escrutinio.
El reloj político depende del suelo
La advertencia de que Venezuela aún no está preparada para unas elecciones coloca la reconstrucción material en el centro del calendario político. La afirmación puede ser utilizada para justificar retrasos indefinidos, pero también contiene una realidad que no debe ignorarse: una competencia democrática difícilmente será legítima mientras amplios sectores de la población dependan de refugios, subsidios y decisiones discrecionales.
La respuesta no puede ser congelar la democracia hasta que desaparezca el último escombro. Debe ser avanzar simultáneamente en la recuperación física y en la construcción de garantías institucionales. El país necesita viviendas seguras y un árbitro electoral confiable. Necesita servicios públicos y justicia independiente. Necesita estabilidad material y libertad política.
El calendario de diciembre de 2026 será una prueba decisiva. Si la renovación institucional termina convertida en otro reparto de influencias, la transición perderá credibilidad antes de consolidarse. Si se retrasa indefinidamente utilizando la catástrofe como excusa, la provisionalidad se convertirá en régimen.
El proceso judicial previsto en Nueva York para 2027 tampoco ofrece una solución inmediata a los problemas internos. La República no puede esperar que un acontecimiento exterior resuelva lo que debe reconstruirse en su propio territorio. El tiempo político corre al ritmo de los barrios, las obras y la confianza pública.
El poder que quedará después de la emergencia
Toda catástrofe reorganiza jerarquías. Algunos actores pierden autoridad porque no pueden responder. Otros la ganan porque poseen recursos, conocimiento o capacidad operativa. La pregunta decisiva es qué ocurrirá cuando termine la etapa extraordinaria.
Venezuela no puede aceptar que la tutela logística exterior, los campamentos y la administración fragmentada de recursos se conviertan en estructuras permanentes. Tampoco puede regresar al centralismo ineficiente que existía antes del sismo. Necesita construir un poder distinto: descentralizado en su ejecución, coordinado en sus objetivos, transparente en sus cuentas y controlado por ciudadanos activos.
El mapa del poder después del sismo muestra una nación donde la autoridad ya no se sostiene solo por decreto. Se sostiene cuando una vivienda se entrega con seguridad, una obra puede auditarse, una comunidad conoce sus derechos y una institución merece confianza.
La República se salvará si convierte la cooperación en capacidad nacional, los subsidios en autonomía, la indignación en contraloría y la negociación política en instituciones meritocráticas. Levantar los barrios antes que los discursos no es una consigna menor: es la única manera de devolver el poder al país y evitar que quede repartido entre tutelas externas, burocracias internas y redes de dependencia.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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