Fuerza pública sin culto al uniforme

RadioAmericaVe.com / La Voz Del NIN.

 

Venezuela necesita una fuerza pública profesional, subordinada a la ley civil, sin culto militar ni politización.

Fuerza pública democrática
Supremacía civil en Venezuela
Seguridad civil venezolana
FANB sin politización

Fuerza pública sin culto al uniforme es una condición indispensable para que Venezuela pueda reconstruirse como República adulta y no como territorio tutelado por símbolos, jerarquías o nostalgias autoritarias. La seguridad nacional ya no puede medirse en consignas político-militares, desfiles, obediencias ciegas o privilegios corporativos. Debe medirse en capacidad técnica para proteger la ley civil, resguardar a los ciudadanos, cooperar en la reconstrucción de las zonas heridas y someterse, sin excusas, a controles democráticos. El uniforme debe volver a ser instrumento de servicio, no certificado de superioridad sobre la sociedad.

Durante demasiados años, el país confundió autoridad con militarización, orden con subordinación política y defensa nacional con presencia de uniformados en áreas que debían pertenecer a técnicos, civiles, jueces, ingenieros, administradores y comunidades organizadas. Esa confusión tuvo consecuencias profundas. Cuando la infraestructura colapsó, cuando los campamentos se multiplicaron, cuando las familias quedaron entre ruinas y cuando la emergencia exigió eficiencia, quedó al descubierto que el culto al estamento armado no había construido un Estado fuerte. Había producido un poder hipertrofiado, opaco y muchas veces distante de la vida real del ciudadano.

Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Hoy esa decisión consiste en dejar de venerar el uniforme y empezar a exigirle responsabilidad. Una República democrática no necesita cuerpos armados deliberantes ni oficiales convertidos en comisarios políticos. Necesita fuerza pública profesional, subordinada a la Constitución, formada para proteger al ciudadano y controlada por instituciones civiles legítimas.

El uniforme debe servir, no tutelar

La Fuerza Armada y los cuerpos policiales de una República adulta no existen para administrar empresas, custodiar intereses de facciones, intimidar disidencias, repartir beneficios, decidir la orientación política del país o sustituir a las autoridades civiles. Existen para cumplir funciones específicas dentro del Estado de derecho: defender la soberanía, proteger el orden constitucional, prevenir delitos, resguardar vidas, apoyar emergencias y garantizar que la ley pueda ejecutarse sin convertirse en instrumento de abuso.

El problema comienza cuando el uniforme deja de ser una función y se convierte en identidad de poder. Allí nace el pretorianismo: la idea peligrosa de que quien porta armas tiene una autoridad moral superior sobre quien vota, trabaja, produce, protesta, exige o fiscaliza. Ese vicio ha contaminado la historia venezolana. Ha permitido que la obediencia debida se confunda con impunidad, que el mando se convierta en privilegio y que la seguridad se use como argumento para callar al ciudadano.

Despolitizar la fuerza pública no significa debilitarla. Significa profesionalizarla. Significa devolverle prestigio a través de mérito, transparencia, disciplina técnica y subordinación civil. Un militar o policía profesional no necesita culto. Necesita reglas claras, formación moderna, carrera limpia, control institucional y conciencia de que su poder existe porque la ciudadanía se lo delega bajo límites.

Seguridad civil y justicia sin dobles raseros

El nuevo orden civil que Venezuela necesita exige cuerpos de seguridad capaces de actuar como brazo operativo de la ley, no como escudo de impunidad. La fuerza pública debe cooperar con un sistema judicial independiente en la protección de las libertades, el procesamiento de delitos reales y el desmantelamiento de redes que han saqueado o puesto en riesgo la vida nacional.

Eso implica abandonar los dobles raseros. No puede haber fuerza pública seria si se persigue al ciudadano incómodo mientras se protege al corrupto útil; No puede haber seguridad democrática si los cuerpos armados custodian silencios, expedientes cerrados o privilegios de cúpulas. No puede haber autoridad legítima si la institución armada tolera presos políticos, extorsión burocrática, abusos de control o complicidades con mafias que hicieron de la emergencia un negocio.

La seguridad civil exige proteger al ciudadano de a pie: al damnificado que espera vivienda, al vecino que denuncia desvíos, al trabajador que cruza una zona insegura, al técnico que inspecciona una obra, al periodista que pregunta, al testigo que documenta y al comité comunitario que audita. El uniforme que intimida a la sociedad se degrada. El uniforme que protege derechos recupera legitimidad.

La fuerza pública también debe rendir cuentas

Durante décadas, una parte de la cultura política venezolana trató los asuntos militares y policiales como zonas cerradas al escrutinio civil. Ese modelo no puede continuar. El monopolio legítimo de la fuerza solo es democrático cuando está rodeado de controles. Sin auditoría, la seguridad puede transformarse en negocio; Sin transparencia, la disciplina puede cubrir abusos. Sin justicia, la obediencia puede convertirse en coartada.

Una fuerza pública democrática debe cumplir cinco principios

• Subordinación civil absoluta, sin deliberación política ni tutelaje sobre las decisiones republicanas.
• Meritocracia profesional, con ascensos, mandos y responsabilidades basados en capacidad, formación y conducta ética.
• Transparencia administrativa, especialmente en compras, logística, seguridad de campamentos y apoyo a la reconstrucción.
• Control judicial independiente, para investigar abusos, corrupción, violaciones de derechos y redes de protección interna.
• Protección del ciudadano como centro de toda operación, por encima de lealtades partidistas o corporativas.

La fuerza pública no pierde autoridad cuando rinde cuentas. La pierde cuando cree que no debe rendirlas.

Cooperación logística sin retórica patriotera

Venezuela atraviesa una etapa excepcional de reconstrucción, presión internacional, dependencia financiera, zonas militarizadas y cooperación logística externa. Esa realidad obliga a una lectura madura. La soberanía no se defiende gritando consignas mientras el territorio necesita ingeniería, orden, seguridad, alimentos, agua, vivienda y servicios. Se defiende demostrando que las instituciones nacionales pueden actuar con competencia, transparencia y disciplina.

Frente a la tutela externa de facto, los uniformados venezolanos deben asumir un rol técnico de cooperación logística bajo auditoría civil. No se les necesita como actores de propaganda ni como custodios de narrativas patrioteras. Se les necesita organizando corredores seguros, protegiendo maquinaria, evitando saqueos, resguardando cuadrantes de reconstrucción, apoyando evacuaciones, garantizando orden en zonas vulnerables y sometiendo cada operación a controles públicos.

La nueva seguridad nacional debe ser menos teatral y más eficaz. Menos uniforme como símbolo de mando y más uniforme como herramienta de servicio. Menos discurso de cuartel y más respeto a la ley. Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €

Apoyar a RadioAmericaVe.com y Vierne5 es sostener un periodismo libre que defiende la supremacía civil, la transparencia institucional y el derecho ciudadano a vigilar cualquier forma de poder. La democracia necesita medios capaces de decir que ninguna República se salva adorando uniformes.

Los campamentos no pueden ser territorios de control

Los campamentos transitorios son una prueba moral para la fuerza pública. Allí donde miles de personas dependen de ayuda, censos, listas, seguridad y promesas de vivienda, el uniforme puede cumplir dos papeles opuestos: proteger derechos o administrar dependencia. La República debe exigir lo primero y prohibir lo segundo.

La seguridad en los refugios no puede convertirse en mecanismo de extorsión, vigilancia política, control social o encubrimiento de irregularidades. Los cuerpos policiales y militares no están para administrar caridad internacional ni para maquillar cifras. Están para proteger a las familias, prevenir delitos, evitar mafias de adjudicación, resguardar suministros y garantizar que los comités comunitarios puedan fiscalizar sin miedo.

La ciudadanía vigilante debe ser el primer supervisor civil de la seguridad en la post-emergencia. Las juntas vecinales y comités autónomos deben documentar abusos, registrar incidentes, denunciar cobros ilegales, vigilar la entrega de ayuda y exigir que cada operativo tenga responsables identificables. La seguridad sin control ciudadano puede degenerar en dominación. La seguridad con control civil puede convertirse en garantía.

Del pueblo vigilado al pueblo protegido

El cambio cultural más profundo consiste en pasar de un Estado que vigila al ciudadano a una fuerza pública que lo protege. En una República democrática, el ciudadano no es sospechoso por organizarse, preguntar, protestar, exigir datos, fiscalizar censos o denunciar corrupción. Es precisamente ese ciudadano quien sostiene la legitimidad del orden público.

Por eso, la fuerza pública debe abandonar cualquier reflejo de persecución contra la organización civil. La comunidad que audita una obra no es enemiga. El vecino que denuncia una lista manipulada no es agitador. El periodista que pregunta por fondos no es adversario. El damnificado que exige criterios claros no es problema de orden público. El verdadero problema de seguridad son las mafias, la corrupción, la delincuencia, la extorsión, el abuso de poder y la impunidad.

Cuando el uniforme se coloca del lado del ciudadano, la República empieza a sanar. Cuando se coloca del lado de la facción, la transición se pudre.

Instituciones armadas para una República adulta

La transición venezolana no puede limitarse a discutir CNE, TSJ, viviendas o calendarios electorales sin abordar la naturaleza de la fuerza pública. Un país que mantiene intacto el culto al uniforme conserva una puerta abierta al tutelaje, al chantaje institucional y a la parálisis democrática. La supremacía civil debe ser parte del nuevo pacto nacional.

La reforma de seguridad debe avanzar en cinco direcciones

• Separación estricta entre armas y partido, prohibiendo estructuras de obediencia política dentro de cuerpos armados.
• Retiro de militares de funciones empresariales o administrativas que correspondan a civiles especializados.
• Formación en derechos humanos y gestión de emergencias, con estándares evaluables y sanciones por incumplimiento.
• Supervisión parlamentaria y ciudadana de presupuestos, compras, despliegues y actuación en zonas sensibles.
• Cooperación con justicia independiente para procesar delitos, proteger víctimas y desmontar redes de impunidad.

No se trata de humillar al uniforme. Se trata de devolverle su lugar correcto: bajo la ley, al servicio de todos.

Subordinar las bayonetas a la ley justa

El proceso negociador que busca ordenar la transición cometería un error histórico si reduce el cambio a un reparto burocrático y deja intacta la politización de las armas. No habrá República adulta si los cuerpos armados siguen actuando como poder autónomo, árbitro silencioso o reserva corporativa de privilegios. La democracia no puede ser custodiada por instituciones que no aceptan ser controladas por ella.

Estar listos para el futuro exige imponer la supremacía civil, la ciencia urbana, la excelencia institucional y la subordinación de la fuerza al Estado de derecho. Las soluciones de fondo no vendrán mágicamente del extranjero ni de un calendario judicial internacional. Se construyen en el terreno, protegiendo barrios, garantizando seguridad, auditando mandos, reformando cuerpos y recordando que la autoridad legítima no nace del fusil, sino de la ley.

Levantar el país desde el subsuelo exige deponer discursos de tarima, tomar la lupa de la auditoría y colocar el poder armado donde corresponde: al servicio de la ciudadanía. La fuerza pública debe cuidar, no mandar; proteger, no intimidar; servir, no tutelar. Una República que adora uniformes termina obedeciendo sombras. Una República que subordina las bayonetas a la ley justa puede volver a llamarse libre.

El reloj de la transición real corre sobre una tierra que aún tiembla. Y esta vez, Venezuela debe comprender que la seguridad democrática empieza cuando el uniforme deja de ser culto y vuelve a ser deber.  

Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €

Comparte este artículo, suscríbete y participa en la conversación pública. Venezuela necesita una fuerza pública profesional, transparente, subordinada a la ley civil y dedicada a proteger al ciudadano.

¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.

Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.

También te puede interesar

• FANB: La reserva moral del uniforme retirado
• La ley como refugio del ciudadano
• Meritocracia o fracaso: el dilema del nuevo Estado

RadioAmericaVe.com / La Voz Del NIN.