RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela debe convertir sus ruinas en prioridad nacional: ingeniería, vivienda, verdad, auditoría y ciudadanía antes que retórica.
Reconstrucción urbana de Venezuela, agenda nacional de reconstrucción, ciudades heridas y transición, planificación sismorresistente
La ciudad herida no puede seguir siendo un telón de fondo para la política: debe convertirse en la política. Venezuela entra en la última parte de 2026 con una realidad que ninguna negociación, consigna ni disputa de oficina debería atreverse a desplazar del centro de la agenda nacional. Las ruinas no son paisaje. Son mandato. Los barrios destruidos, los hospitales colapsados, las familias desplazadas y las toneladas de escombros pendientes de remoción están diciendo, con una claridad que la burocracia parece resistirse a escuchar, cuál debe ser la prioridad del país.
La destrucción de 16.309 viviendas y el colapso de más de 900 edificios modificaron para siempre la discusión sobre poder, territorio y gobernabilidad. Ya no basta con administrar lo que quedó. Venezuela necesita rediseñar ciudades enteras bajo criterios de ingeniería, seguridad, movilidad, servicios y transparencia. Continuar atendiendo la crisis mediante carpas, subsidios y remiendos sería convertir la provisionalidad en doctrina de Estado.
La tesis de este editorial es inequívoca: la reconstrucción urbana debe convertirse en la principal agenda nacional del bienio 2026-2027. Todo lo demás —la negociación política, el manejo de los recursos extraordinarios, la reorganización institucional y el debate electoral— debe medirse también por su capacidad para producir resultados concretos sobre un territorio herido.
Las ruinas también son un mapa político
La geografía del desastre ha cambiado la geografía del poder. Allí donde desapareció una vivienda, un hospital o una vía, apareció una nueva obligación del Estado. Allí donde una familia fue desplazada, nació una responsabilidad que no puede ser administrada indefinidamente mediante asistencia de emergencia.
El balance técnico mantiene 6.509 víctimas fatales documentadas. El propio Estado provisional admite que todavía no existe un cómputo global oficial de desaparecidos, mientras las denuncias comunitarias sitúan en decenas de miles las personas no localizadas. Esa ausencia de una cifra consolidada no reduce la tragedia; la vuelve más grave.
La remoción de escombros también revela cuánto queda por hacer. Se han retirado aproximadamente 600.790 toneladas, apenas el 28,61 % del total estimado. Más de siete décimas partes permanecen todavía pendientes.
Mientras tanto, 16.740 personas figuran como heridas, 17.907 como damnificadas y 18.437 continúan alojadas en 94 campamentos transitorios. Frente a la necesidad de unas 25.000 soluciones habitacionales, la entrega de apenas 335 viviendas exhibe una brecha demasiado grande entre la dimensión del problema y la velocidad de respuesta.
Estos números no pueden convertirse en una rutina informativa. Son el verdadero presupuesto moral del país.
Administrar desplazados no es reconstruir ciudades
Una emergencia puede justificar estructuras provisionales. Lo que no puede justificar es que pierdan su condición de provisionales.
Las carpas cumplen una función. Los subsidios cumplen una función. La asistencia alimentaria cumple una función. Pero ninguna de ellas puede sustituir la vivienda, el trabajo y la recuperación de servicios.
El Estado que se limita a distribuir raciones administra la vulnerabilidad. El Estado que construye barrios seguros reduce esa vulnerabilidad.
La diferencia es esencial.
Una reconstrucción seria necesita pensar en comunidades completas y no únicamente en unidades habitacionales. Cada nueva urbanización debe contemplar suelo seguro, códigos sismorresistentes, agua, electricidad, drenaje, escuelas, transporte, centros de salud y oportunidades laborales.
La agenda urbana debe exigir como mínimo
- mapas públicos de riesgo geológico y estructural;
- planes maestros por municipio y zona afectada;
- códigos sismorresistentes de cumplimiento obligatorio;
- auditorías independientes de diseño, materiales y ejecución;
- cronogramas públicos de vivienda y cierre de campamentos;
- integración entre vivienda, empleo, transporte y servicios.
Levantar edificios sin reconstruir ciudad sería repetir el error con una fachada nueva.
La verdad estadística también forma parte de la reconstrucción
La ciudad herida no puede planificarse sobre cifras administradas políticamente.
Un país que todavía no puede ofrecer un registro consolidado de desaparecidos enfrenta una deuda institucional grave. Lo mismo ocurre con la información sobre damnificados, viviendas restringidas, edificios de alto riesgo y personas desplazadas.
La opacidad impide planificar correctamente y, al mismo tiempo, abre espacio para la corrupción. Si nadie conoce con certeza cuántas familias necesitan vivienda, cuántas siguen en campamentos y qué zonas permanecen peligrosas, resulta mucho más fácil distorsionar presupuestos o repartir recursos mediante criterios arbitrarios.
La verdad del censo y la verdad del territorio deben convertirse en política pública permanente.
El ciudadano necesita poder comparar lo prometido con lo ejecutado.
Los recursos del subsuelo deben reconstruir la superficie
La recuperación venezolana se desarrolla dentro de un entramado económico y geopolítico excepcional. Los ingresos petroleros, los créditos multilaterales y la participación internacional en logística e ingeniería han creado una arquitectura de co-gobernanza que obliga a elevar, no a reducir, los estándares de transparencia.
Los recursos extraordinarios no pueden desaparecer dentro de partidas burocráticas opacas.
Cada dólar que ingresa debe mostrar su destino; Cada crédito debe vincularse con una obra; Cada obra debe mostrar su avance. Cada empresa debe revelar quiénes son sus propietarios y qué experiencia posee.
La reconstrucción no necesita únicamente dinero. Necesita confianza verificable.
Todo flujo extraordinario debería permitir conocer
- su origen y condiciones financieras;
- la institución que lo administra;
- la obra o programa al que está destinado;
- el contratista responsable;
- el nivel de ejecución física y presupuestaria;
- las auditorías y correcciones realizadas.
Los recursos derivados del petróleo y la cooperación exterior deben traducirse en hospitales, viviendas, vías y capacidades nacionales. De lo contrario, la dependencia financiera simplemente cambiará de nombre.
La asistencia tiene que producir autonomía
El auxilio alimentario es indispensable mientras existan familias que no pueden garantizar por sí mismas sus necesidades básicas. Pero un programa humanitario exitoso debe reducir progresivamente el número de personas que dependen de él.
La ayuda no puede convertirse en una forma permanente de administración social.
La reconstrucción necesita conectar subsidios con reinserción productiva. Muchas de las personas desplazadas poseen oficios y experiencia que pueden incorporarse a las obras. Otras requieren capacitación.
Crear cooperativas o mecanismos transparentes de contratación local puede transformar una parte del gasto humanitario en capacidad productiva.
El dinero extraordinario debe reconstruir edificios, pero también trabajadores, empresas y comunidades.
El periodismo independiente también forma parte de la reconstrucción de una ciudad herida. Vierne5 cree que contrastar cifras, seguir contratos, exigir datos abiertos y preguntar quién responde permite impedir que los escombros materiales terminen cubiertos por nuevos escombros de opacidad.
La política no puede vivir de espaldas al territorio
Mientras las ciudades continúan tratando de recuperar normalidad, Caracas discute la renovación del CNE y del TSJ con miras a diciembre de 2026.
Ese proceso puede ser necesario. Pero sería políticamente frívolo tratarlo como si existiera en un país distinto del que todavía tiene campamentos, desaparecidos, hospitales dañados y enormes cantidades de escombros pendientes.
Una transición democrática no se legitimará únicamente mediante nuevos nombres en instituciones antiguas. Tendrá que demostrar que puede responder a la realidad material de la ciudadanía.
La misma sociedad que exige vivienda segura también debe exigir instituciones seguras.
Meritocracia, independencia y transparencia deben aplicarse tanto a un proyecto de ingeniería como a la designación de un magistrado o un rector electoral.
La ciudadanía vigilante debe convertirse en política pública
La reconstrucción no puede quedar encerrada entre autoridades, contratistas y organismos internacionales.
Las comunidades necesitan acceso a información suficiente para auditar obras y censos. Las universidades pueden ofrecer conocimiento. Los colegios profesionales pueden contribuir a evaluar proyectos. Los medios pueden contrastar avances y presupuestos.
Ese “pueblo constructor” no es un sustituto del Estado, sino un contrapeso contra su captura.
Una ciudadanía madura no recibe pasivamente una obra: pregunta cuánto cuesta, cuándo termina y quién certifica su seguridad.
También exige respuestas ante prácticas de corrupción cotidiana y abuso de autoridad. No puede hablarse de reconstrucción institucional mientras persisten estructuras que convierten controles públicos en mecanismos de extorsión o privilegio.
La fuerza pública debe regresar a una función civilista: proteger derechos, no imponer miedo ni reproducir un culto al uniforme incompatible con una República democrática.
La ciudad herida necesita instituciones capaces de pedir perdón
La reconstrucción también exige reconocimiento de responsabilidades.
Las instituciones que fallaron en supervisar construcciones, controlar materiales, garantizar servicios o prevenir riesgos deben explicarlo. No basta con anunciar nuevas políticas como si el pasado no existiera.
Pedir perdón institucionalmente no significa humillarse. Significa aceptar que hubo fallas y establecer mecanismos para que no se repitan.
Un Estado que aprende de sus errores se fortalece. Uno que los esconde vuelve a construir sobre terreno débil.
La transición se juega también sobre el concreto
Las restricciones internacionales sobre el proceso político venezolano recuerdan una verdad incómoda: el país sigue bajo una capacidad limitada para definir plenamente sus propios tiempos.
La mejor respuesta a esa tutela no es la retórica. Es recuperar capacidad institucional.
Venezuela se acercará a una verdadera autonomía cuando pueda financiar obras, administrar fondos con transparencia, garantizar seguridad, organizar elecciones confiables y ofrecer respuestas a sus ciudadanos sin depender permanentemente de estructuras extraordinarias.
La soberanía también se mide en la capacidad de reconstruir una calle.
Primero la ciudad, después el discurso
La ciudad herida como agenda nacional significa ordenar las prioridades de acuerdo con la realidad y no con la comodidad de las élites.
Primero hay que retirar los escombros. Buscar a quienes faltan. Asegurar viviendas. Recuperar hospitales. Construir barrios. Crear empleo. Abrir los datos. Auditar los fondos.
Después vendrán los discursos sobre normalidad.
Porque ningún país está realmente normalizado mientras miles de familias continúan viviendo dentro de la excepción.
La política puede negociar calendarios. La tierra no negocia. Los edificios inseguros tampoco. Las familias que esperan vivienda mucho menos.
Si la dirigencia continúa concentrada en salas de negociación mientras el 71 % aproximado de los escombros sigue pendiente de remoción, la transición terminará siendo una construcción institucional suspendida sobre un país materialmente fracturado.
Venezuela no necesita una agenda paralela para la reconstrucción. La reconstrucción debe ser la agenda.
La ciudad herida es hoy el espejo más exacto del Estado. Allí puede verse cuánto funciona, cuánto falla, cuánto se oculta y cuánto queda por construir.
El reloj corre sobre un suelo inestable. Cada barrio recuperado acerca al país a la normalidad. Cada día perdido prolonga la provisionalidad.
Levantar la ciudad antes que los discursos no es una consigna. Es la única jerarquía responsable para un país que todavía intenta salir de entre sus propios escombros.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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