Las instituciones también deben pedir perdón

RadioAmericaVe.com  / La Voz Del NIN.

 

Venezuela necesita instituciones que asuman culpa, reparen daños y reconstruyan legitimidad con justicia y transparencia.

Perdón institucional en Venezuela
Responsabilidad pública venezolana
Instituciones y culpa histórica
Reconstrucción ética del Estado

Las instituciones también deben pedir perdón porque una República adulta no puede reconstruirse sobre la mentira cómoda de que nadie fue responsable. El perdón institucional no es un gesto débil, religioso o decorativo. Es el primer requisito técnico de la legitimidad. Cuando un Estado permite que el país se derrumbe entre permisos falsos, inspecciones simuladas, obras inseguras, tribunales mudos, presos políticos y fondos opacos, la reconstrucción no puede empezar con discursos de continuidad. Debe empezar con una confesión pública: fallamos, permitimos, encubrimos, miramos hacia otro lado y ahora debemos reparar.

Las vidas perdidas, los edificios colapsados, los campamentos transitorios y las familias condenadas a la intemperie no son solo marcas de una tragedia natural. Son también el expediente moral de un Estado que dejó de proteger. Venezuela no puede aceptar que las nuevas instituciones nazcan hablando de futuro sin reconocer el cementerio urbano del pasado. Un nuevo CNE, un nuevo TSJ o cualquier arquitectura pública que pretenda pedir confianza debe comenzar asumiendo culpa, abriendo expedientes, liberando injustamente detenidos, sancionando mafias y sometiéndose a transparencia radical.

Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Hoy esa decisión consiste en dejar de venerar instituciones por su nombre y empezar a exigirles responsabilidad por sus actos. Una institución que no reconoce su deuda con la ciudadanía no puede pedir obediencia democrática.

El perdón institucional no es retórica

Pedir perdón, en política, no puede ser una frase para bajar tensiones ni una ceremonia de reconciliación vacía. El perdón institucional solo tiene valor si produce consecuencias. Debe abrir archivos, remover responsables, publicar decisiones, revisar sentencias, activar investigaciones y reparar a las víctimas. De lo contrario, se convierte en otro mecanismo de simulación: una palabra noble puesta al servicio de la impunidad.

Venezuela ha sufrido demasiado por la infalibilidad burocrática. Durante años, las instituciones actuaron como si no tuvieran que explicar nada. El funcionario firmaba, el tribunal callaba, la autoridad electoral decidía, el municipio otorgaba permisos, el inspector miraba sin ver y el ciudadano quedaba obligado a creer o resignarse. Esa cultura destruyó la fe pública. Por eso, las instituciones nuevas no pueden pedir confianza como si nada hubiera ocurrido. Deben ganarla.

El reconocimiento de la culpa no debilita al Estado. Lo humaniza, lo obliga a corregir y lo somete a estándares. Una institución que admite sus fallas puede empezar a repararlas. Una institución que niega todo está condenada a repetirlo.

Las ruinas también son un acta de acusación

Cada edificio colapsado por negligencia, cada vivienda levantada sin rigor, cada permiso concedido sin estudio suficiente y cada inspección omitida componen una acusación contra el viejo modo de gobernar. Las ruinas no son mudas. Hablan de corrupción, abandono, improvisación y complicidades. Hablan de una relación enferma entre poder, negocio y vida ciudadana.

Por eso, el perdón institucional exige identificar responsabilidades. No basta con lamentar víctimas. Hay que saber quién autorizó, quién construyó, quién fiscalizó, quién certificó, quién cobró, quién omitió y quién encubrió. La compasión sin justicia termina siendo una segunda ofensa contra los afectados.

La reconstrucción no puede convertirse en una amnistía de cemento. Si las mismas prácticas que permitieron levantar trampas mortales siguen intactas, el país no estará reconstruyendo: estará preparando la próxima tragedia. El Estado debe pedir perdón con obras seguras, expedientes abiertos y sanciones reales.

El nuevo TSJ debe empezar por reparar

Un Tribunal Supremo renovado no puede nacer como resultado de cuotas repartidas en una oficina. Debe nacer como una respuesta ética al fracaso judicial del país. Su primera tarea no es ceremonial. Es concreta: demostrar que la ley puede tocar a quienes antes parecían intocables y proteger a quienes antes fueron aplastados por el abuso.

La existencia de presos políticos, la persecución ideológica y la opacidad de expedientes sensibles contradicen cualquier discurso de reconciliación. No puede hablarse de justicia adulta mientras ciudadanos permanezcan confinados por razones políticas y mientras las víctimas de la negligencia urbana esperan respuestas. El perdón institucional exige abrir rejas injustas y abrir causas penales contra quienes se lucraron del desgobierno.

Un perdón institucional verdadero exige acciones verificables

• Revisión inmediata de detenciones políticas, con criterios públicos, expedientes accesibles y garantías de debido proceso.
• Investigación penal de mafias inmobiliarias, constructoras corruptas, inspectores negligentes y funcionarios permisivos.
• Publicación de expedientes relevantes vinculados a permisos, obras, censos, adjudicaciones y fondos de reconstrucción.
• Selección meritocrática de magistrados, sin reparto partidista ni acuerdos de protección cruzada.
• Reparación a víctimas, con reconocimiento, indemnización cuando corresponda y garantías de no repetición.

Sin esos pasos, cualquier disculpa será apenas una frase sobre los escombros.

La soberanía empieza por auditarse a sí misma

Venezuela vive una etapa condicionada por fuerzas externas, ayuda financiera, coordinación internacional, tutela logística y decisiones geopolíticas que pesan sobre el calendario interno. Esa realidad no puede ocultarse bajo gritos nacionalistas ni negarse con orgullo herido. Pero precisamente por eso la dignidad nacional debe demostrarse con madurez institucional.

La soberanía no se recupera solo reclamando espacio frente a actores internacionales. Se recupera demostrando que el país puede auditar sus fondos, publicar sus contratos, sancionar a sus corruptos, proteger a sus ciudadanos y organizar instituciones confiables. Un Estado incapaz de corregirse queda expuesto a que otros pretendan administrarlo.

Pedir perdón también es un acto de soberanía. Significa que las instituciones venezolanas reconocen su fracaso, asumen su deuda y se comprometen a repararla sin esperar que una autoridad exterior venga a imponerles disciplina. La tutela externa se vuelve más probable cuando el orden interno no se atreve a rendir cuentas. 

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Los campamentos no pueden ser administrados como resignación

El perdón institucional también debe llegar a los campamentos transitorios. Allí donde miles de personas sobreviven entre precariedad, asistencia y espera, el Estado debe reconocer que la ayuda no puede convertirse en una forma permanente de administración social. Una carpa puede proteger momentáneamente, pero no puede reemplazar vivienda segura, derecho verificable, censo transparente y plan de salida.

El mayor peligro es normalizar la ruina. Cuando la emergencia se prolonga sin reglas claras, la precariedad puede transformarse en dependencia; Cuando la asistencia se entrega sin auditoría, puede convertirse en mecanismo de control. Cuando las viviendas futuras se asignan sin criterios públicos, la tragedia puede ser capturada por mafias de adjudicación.

Los comités vecinales autónomos deben asumir el nuevo poder moral de la ciudadanía vigilante. No para suplantar al Estado, sino para obligarlo a cumplir. Cada censo debe ser público, cada prioridad debe justificarse, cada familia debe tener expediente claro, cada asignación debe poder revisarse y cada denuncia debe tener respuesta. El perdón institucional se demuestra permitiendo que la ciudadanía controle la reparación.

De la culpa a la reconstrucción moral

Una nación no madura cuando finge que todo empezó ayer. Madura cuando reconoce la cadena de decisiones que la llevó al desastre. La reconstrucción física debe ir acompañada de reconstrucción moral. No basta levantar paredes si las instituciones siguen funcionando con la misma arrogancia, la misma opacidad y la misma lógica de reparto.

El nuevo CNE debe pedir perdón no con palabras, sino aceptando auditoría total, software verificable, actas abiertas y selección técnica de sus autoridades. El nuevo TSJ debe pedir perdón revisando causas injustas, procesando corrupción estructural y cerrando la puerta a magistrados de cuota. Los municipios deben pedir perdón publicando permisos, identificando fiscalizadores y sometiendo los planes urbanos a control ciudadano. El Estado entero debe pedir perdón dejando de tratar a la sociedad como menor de edad.

La reparación institucional debe apoyarse en cinco principios

• Verdad pública: sin expedientes abiertos no hay memoria institucional.
• Responsabilidad penal: sin sanción, el perdón se convierte en impunidad elegante.
• Meritocracia absoluta: sin perfiles independientes, las instituciones nacen contaminadas.
• Transparencia radical: sin datos abiertos, la confianza vuelve a ser fe ciega.
• Contraloría ciudadana: sin vigilancia social, la reparación queda en manos del mismo poder que falló.

Solo así el perdón deja de ser gesto y se convierte en cimiento.

La verdad como último refugio

La renovación de los poderes públicos hacia el cierre de 2026 será una prueba decisiva. Si se reduce a una simulación institucional donde nadie asume culpa por el cementerio urbano del país, el diálogo nacerá muerto; Si el proceso se convierte en un reparto de influencias, la transición quedará atrapada en la misma enfermedad que pretende superar. Si las víctimas son usadas como paisaje emocional mientras las cúpulas negocian cuotas, la sociedad terminará entendiendo que nada cambió.

Estar listos para el mañana exige otra conducta. Exige la ley en la conciencia, la lupa sobre la mesa de negociación y la pala en la calle. La ley para recordar que ningún poder está por encima del ciudadano. La lupa para auditar nombramientos, fondos, sentencias y expedientes. La pala para levantar barrios, viviendas, escuelas y servicios antes que discursos.

Las instituciones también deben pedir perdón porque la República no puede construirse sobre arrogancia. Deben pedir perdón a los muertos, a los presos, a los damnificados, a las familias desplazadas, a los ciudadanos engañados, a quienes esperaron justicia y a quienes descubrieron demasiado tarde que el Estado no estaba allí para protegerlos.

Pero ese perdón solo será digno si viene acompañado de verdad, reparación, sanción y garantías de no repetición. Venezuela no necesita lágrimas oficiales. Necesita instituciones capaces de mirarse al espejo, admitir su fracaso y someterse al control ciudadano.

El reloj corre. Y esta vez la verdad es el único refugio que nos queda. Porque un país puede sobrevivir a una tragedia natural; lo que no puede sobrevivir otra vez es a instituciones que nunca aprendieron a pedir perdón. 

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