RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela no puede reconstruir su democracia sin recuperar hospitales, agua, salud pública y capacidad institucional.
Reconstrucción sanitaria de Venezuela, crisis hospitalaria y transición, salud pública y democracia, hospitales después del sismo
No hay transición sobre hospitales colapsados. No existe acuerdo político capaz de sustituir una sala de emergencia, ninguna mesa de negociación puede detener una infección y ningún calendario electoral compensa la ausencia de medicamentos cuando una vida depende de ellos. Venezuela puede discutir quién integrará el próximo Consejo Nacional Electoral, cómo debe renovarse el Tribunal Supremo de Justicia y cuándo estarán dadas las condiciones para volver a las urnas. Pero mientras hospitales, servicios de agua y redes sanitarias permanezcan bajo presión extrema, la primera prueba de legitimidad seguirá siendo mucho más elemental: mantener con vida a los ciudadanos.
El balance de la catástrofe impone silencio ante cualquier frivolidad. La información consolidada para esta jornada sitúa en 6.128 las víctimas fatales, 16.740 los lesionados, 6.462 las personas rescatadas y 17.907 los damnificados. Más de 900 edificios quedaron destruidos y 38 centros asistenciales están severamente comprometidos. A ello se suma la sucesión de réplicas que mantiene al territorio bajo una tensión permanente y multiplica las dificultades de una red hospitalaria que ya operaba con enormes limitaciones.
Esas cifras convierten la salud pública en una cuestión de Estado y también en una condición de la democracia. Porque la transición no es únicamente el reemplazo de funcionarios ni la creación de nuevos acuerdos institucionales. Es la recuperación de la capacidad pública para garantizar derechos elementales. Y ninguno es más elemental que el derecho a recibir atención cuando la vida está en peligro.
La tesis de este editorial es inequívoca: antes de pedir confianza política, el Estado debe demostrar capacidad sanitaria. Antes de repartir cuotas institucionales, debe reconstruir hospitales. Antes de normalizar una conversación electoral, debe impedir que la emergencia médica se convierta en otra forma permanente de precariedad. La República comienza donde una ambulancia puede llegar, un quirófano puede funcionar y un paciente puede recibir atención sin depender de influencias, caridad o improvisación.
La salud pública es una frontera de legitimidad
Durante demasiado tiempo, Venezuela aprendió a discutir la institucionalidad como si existiera en un espacio separado de la vida cotidiana. Se hablaba de poderes públicos, leyes, elecciones y acuerdos mientras hospitales operaban con carencias, familias buscaban medicamentos por su cuenta y profesionales sanitarios intentaban sostener servicios debilitados.
El sismo terminó de romper esa separación artificial. Ahora resulta imposible hablar seriamente de gobernabilidad sin hablar de camas, quirófanos, agua potable, medicamentos, electricidad, ambulancias y personal médico.
Un Estado puede conservar ministerios, sellos y funcionarios, pero si pierde la capacidad de prestar atención sanitaria en una catástrofe, su autoridad material se reduce. Y cuando esa capacidad depende decisivamente de hospitales de campaña y asistencia externa, aparece una pregunta incómoda que ninguna propaganda puede borrar: ¿quién está ejerciendo realmente las funciones esenciales del Estado?
La emergencia obliga a responder sin complejos. Aceptar apoyo extranjero no es una vergüenza. Lo sería convertir esa asistencia extraordinaria en sustituto indefinido de la responsabilidad nacional.
La reconstrucción sanitaria debe establecer prioridades inmediatas
- recuperar y certificar estructuralmente los centros hospitalarios afectados,
- garantizar inventarios públicos de medicamentos e insumos esenciales,
- asegurar agua potable, energía continua y saneamiento en hospitales y refugios,
- proteger y reforzar al personal sanitario que trabaja bajo presión extraordinaria,
- establecer un sistema transparente para distribuir pacientes entre centros operativos.
La salud no puede seguir tratándose como una consecuencia secundaria de la reconstrucción. Es una de sus columnas principales.
Cuando la logística exterior salva vidas, la soberanía debe aprender
La presencia de hospitales de campaña, puentes médicos y asistencia internacional evidencia la profundidad del vacío operacional que enfrenta el país. En circunstancias excepcionales, esa cooperación es indispensable. Sería irresponsable rechazarla cuando existen ciudadanos que necesitan atención inmediata.
Pero el verdadero objetivo de esa cooperación debe ser reconstruir capacidad venezolana. Cada hospital provisional tiene que ser un puente hacia un hospital nacional nuevamente operativo; Cada médico extranjero debe trabajar junto a profesionales locales. Cada equipo importado debería dejar conocimientos, procedimientos y capacidad instalada.
La soberanía no consiste en fingir autosuficiencia mientras otros sostienen servicios esenciales. Consiste en utilizar el apoyo disponible para recuperar autonomía.
También exige transparencia absoluta sobre el financiamiento multilateral. Si organismos internacionales y gobiernos extranjeros están aportando recursos para recuperar la red sanitaria, la ciudadanía debe conocer cuánto dinero se recibe, qué obras se financiarán, quién administra esos recursos y qué resultados deberán obtenerse.
Los hospitales no pueden convertirse en otra zona de contratación opaca. La urgencia médica no puede justificar sobreprecios, intermediarios innecesarios ni adjudicaciones políticas.
Los refugios también son una emergencia sanitaria
La discusión hospitalaria no termina en las puertas de los centros asistenciales. Continúa dentro de los campamentos transitorios, donde 18.437 personas permanecen alojadas provisionalmente. El hacinamiento, la precariedad sanitaria y las dificultades de acceso constante al agua potable pueden transformar rápidamente una emergencia sísmica en una crisis de salud pública mucho más amplia.
Por eso los refugios necesitan vigilancia epidemiológica, saneamiento, atención primaria, acceso a medicamentos para enfermedades crónicas y mecanismos claros para detectar y aislar brotes. No basta con repartir alimentos y esperar.
Las brigadas internacionales y la asistencia humanitaria deben operar bajo criterios sanitarios y censales transparentes. Una persona diabética, hipertensa, embarazada, anciana o con discapacidad no puede depender de la casualidad para recibir atención. Los censos digitalizados tienen que incorporar necesidades médicas y permitir que cada campamento conozca qué recursos fueron asignados.
La gestión sanitaria de los refugios debe garantizar
- registro médico actualizado de la población albergada,
- agua potable y saneamiento como prioridades absolutas,
- atención permanente a enfermedades crónicas y grupos vulnerables,
- inventarios auditables de medicamentos e insumos,
- protocolos claros para trasladar pacientes hacia centros de mayor complejidad.
La ayuda humanitaria pierde sentido cuando quien recibe una ración de alimentos sigue expuesto a enfermar por falta de agua segura o atención básica.
El periodismo independiente también protege la salud pública cuando pregunta dónde están los recursos y quién responde por ellos. RadioAmericaVe.com y Vierne5 creen que vigilar hospitales, contratos, inventarios y promesas de reconstrucción es una forma de defender al ciudadano frente a la opacidad. En una emergencia de esta magnitud, informar con independencia también puede salvar instituciones.
Asistencia sí, dependencia sanitaria no
La emergencia vuelve inevitable el subsidio. Hay familias que no pueden costear medicamentos, consultas, alquileres ni transportes. Pretender retirar esa protección abruptamente sería cruel e irresponsable.
Pero también en salud debe existir una ruta de reinserción. Una población no puede permanecer indefinidamente dependiendo de operativos extraordinarios, brigadas temporales y centros provisionales. El objetivo debe ser recuperar la atención primaria, reconstruir hospitales, reactivar empleos sanitarios y devolver a las comunidades una red permanente de servicios.
El mismo principio que debe regir los refugios debe aplicarse a la medicina de emergencia: lo provisional debe tener fecha de caducidad.
Una sociedad permanentemente atendida mediante operativos humanitarios no ha reconstruido su sistema sanitario. Apenas ha aprendido a sobrevivir a su ausencia.
La ciudadanía debe auditar también la salud
La contraloría social no puede limitarse a viviendas y alimentos. Debe entrar en la reconstrucción hospitalaria. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo se reparará un hospital, cuánto costará, qué empresa ejecutará la obra, qué equipos serán comprados y cuándo estarán disponibles.
También deben existir mecanismos para denunciar desvíos de medicamentos, favoritismos en la atención y ausencia injustificada de suministros. La vulnerabilidad médica no puede convertirse en herramienta de subordinación política.
La ciudadanía vigilante debe comprender que exigir una caja de medicamentos correctamente inventariada tiene la misma dimensión moral que exigir una elección transparente. En ambos casos se está defendiendo el derecho de la persona frente al poder arbitrario.
Un país adulto no pide confianza ciega. Construye sistemas que permiten verificar.
La política no puede caminar más rápido que las ambulancias
Mientras la emergencia sanitaria continúa, Caracas avanza por otro carril. El proceso de negociación busca renovar el CNE y el TSJ de cara a diciembre de 2026. Al mismo tiempo, desde las comunidades aumenta la presión por transformaciones más profundas.
Ambos procesos necesitan escuchar el mismo mensaje proveniente de los hospitales y de los refugios: ninguna transición puede construirse a espaldas de las condiciones materiales de la población.
Esto no significa renunciar a la institucionalización. Significa hacerla creíble. El próximo CNE deberá nacer de criterios meritocráticos y transparentes. El nuevo TSJ deberá demostrar que puede investigar y sancionar a quienes hayan incurrido en corrupción, negligencia o fraude en obras que terminaron poniendo vidas en riesgo.
No habrá confianza electoral duradera si la justicia continúa protegiendo a quienes convirtieron permisos, materiales y contratos en negocios privados. Tampoco habrá autoridad moral para pedir paciencia a las víctimas si el sistema político utiliza la negociación como un nuevo reparto entre élites.
La reconstrucción sanitaria y la reconstrucción institucional deben avanzar paralelamente. Una devuelve capacidad al Estado. La otra debe devolverle legitimidad.
Primero la vida, luego la normalidad
La advertencia de que Venezuela todavía no está preparada para unas elecciones rápidas debe interpretarse con enorme cuidado. La catástrofe no puede convertirse en excusa para suspender indefinidamente la democracia. Pero tampoco puede fingirse una normalidad inexistente.
La preparación democrática no depende exclusivamente de máquinas electorales y cronogramas. También exige ciudadanos en condiciones de ejercer derechos sin depender de una bolsa de alimentos, una cama hospitalaria administrada discrecionalmente o una promesa de vivienda.
El verdadero desafío es evitar las dos trampas: utilizar el desastre para congelar la transición o utilizar la transición para ignorar el desastre.
Diciembre de 2026 debe encontrar a Venezuela avanzando en ambos frentes. Hospitales recuperándose, campamentos reduciéndose, viviendas construyéndose, instituciones renovándose y ciudadanos con mayor capacidad para vigilar al poder.
Los tiempos judiciales externos tampoco resolverán la emergencia venezolana. Las decisiones que ocurran fuera del país seguirán sus propios calendarios. Los pacientes que hoy necesitan atención no pueden esperar a 2027. Los damnificados tampoco.
La República comienza en una sala de emergencia
No hay transición sobre hospitales colapsados porque ninguna República puede construirse sobre la indiferencia frente a la vida. La política necesita instituciones; pero antes necesita ciudadanos vivos, sanos y libres de la dependencia absoluta.
Reconstruir un hospital es reconstruir gobernabilidad. Garantizar agua potable en un refugio es reconstruir dignidad. Auditar una compra de medicamentos es reconstruir confianza. Investigar la corrupción que produjo edificaciones inseguras es reconstruir justicia.
El país debe abandonar la falsa elección entre resolver la emergencia o reconstruir la democracia. Ambas tareas pertenecen al mismo proceso. Un Estado que aprende a mantener abierto un hospital, rendir cuentas por cada insumo y responder ante sus ciudadanos está aprendiendo también a ser democrático.
La prioridad moral es sencilla: primero la vida. Después, sobre esa base, todo lo demás.
El tiempo corre sobre un suelo todavía inestable. No permitamos que también corra contra quienes esperan una cama, un medicamento o una oportunidad de sobrevivir.
Comparte este editorial, suscríbete a RadioAmericaVe.com y Vierne5 y participa en esta conversación sobre salud, reconstrucción y responsabilidad pública.
¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.
Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €
Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.
RadioAmericaVe.com / Editorial.
Victor Julio Escalona
Editor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario