RadioAmericaVe.com / Opinión.
Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Si cae el aparato judicial del PSUV, no habrá forma de justificar el encierro político.
- Liberación de presos políticos
- TSJ en Venezuela
- Transición democrática venezolana
- Estado de derecho en Venezuela
Los presos políticos en Venezuela tendrán que salir, no porque el poder se haya vuelto generoso de repente, sino porque ya no hay forma moral, jurídica ni política de justificar su encierro. Ciertamente, el país está cansado de promesas. Nadie sensato debería celebrar anuncios antes de ver hechos concretos. Pero si de verdad se avanza hacia una modificación profunda del TSJ, si se desmontan leyes represivas como la llamada Ley contra el Odio y si se empieza a mutilar el aparato legal construido por el PSUV para castigar al ciudadano, entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿con qué argumento van a seguir presos quienes fueron encarcelados por razones políticas?
El encarcelamiento político no se sostiene solo con barrotes. Se sostiene con tribunales obedientes, expedientes fabricados, fiscales alineados, jueces temerosos, leyes hechas para intimidar y una arquitectura institucional que convierte la justicia en mecanismo de persecución. Por eso el problema de los presos políticos no puede resolverse como un gesto humanitario aislado. Debe resolverse como parte del desmontaje del sistema que los encarceló.
Y allí el TSJ ocupa un lugar central.
El TSJ como columna vertebral del abuso
En cualquier sistema republicano, el Poder Judicial debería ser el último refugio del ciudadano frente al abuso. En Venezuela, durante demasiados años, ha funcionado al revés: como una columna vertebral del aparato de control. Cuando el poder quiso revestir de legalidad decisiones políticas, acudió a tribunales; Cuando quiso neutralizar adversarios, aparecieron expedientes. Cuando quiso prolongar detenciones, se archivaron causas, se difirieron audiencias o se mantuvo a la gente presa sin justicia real.
No es casualidad que, después del 28 de julio de 2024, el poder buscara respaldo en la Sala Electoral del TSJ. Allí donde debía haber control judicial independiente, hubo blindaje político; Allí donde debía examinarse la verdad electoral, se consolidó la coartada. Allí donde debía defenderse la soberanía popular, se protegió al aparato.
Por eso decir que el primer problema es el CNE puede ser una lectura incompleta. El CNE ejecuta, administra y proclama. Pero cuando el atropello necesita una apariencia definitiva, cuando el golpe contra el voto requiere una toga, cuando el abuso necesita sentencia, el poder acude al TSJ. El tribunal termina siendo la pieza que convierte la maniobra política en supuesta verdad institucional.
Sin justicia capturada, el encierro político se queda desnudo
Si el TSJ cambia de verdad, si deja de ser una extensión del PSUV, si se desmontan leyes hechas para perseguir y si se revisan causas fabricadas o contaminadas por motivación política, los presos políticos se convierten en la evidencia más visible de la vieja maquinaria. Su permanencia en prisión sería incompatible con cualquier intento serio de transición, normalización institucional o recuperación del Estado de derecho.
El poder puede intentar disfrazar el problema, pero la lógica es sencilla:
- Si las leyes usadas para perseguir fueron instrumentos políticos, las causas deben revisarse.
- Si los tribunales actuaron bajo presión o subordinación, las decisiones deben examinarse.
- Si hubo presos sin garantías reales, su libertad debe ser inmediata.
- Si se habla de transición democrática, no puede haber ciudadanos encarcelados por razones políticas.
- Si se quiere credibilidad internacional, los presos políticos no pueden seguir siendo moneda de cambio.
La libertad de los presos políticos no debería depender de una concesión. Debería ser consecuencia natural de la recuperación mínima de la justicia. Nadie puede hablar seriamente de República mientras mantiene tras las rejas a quienes fueron castigados por disentir, protestar, informar, organizarse o representar una incomodidad para el poder.
Sin AN legítima y sin TSJ obediente, quedan guindando de la brocha
El aparato que sostuvo al chavismo durante años se apoyó en una combinación conocida: control electoral, control judicial, control parlamentario, control militar, control comunicacional y control territorial. Pero cuando algunas de esas columnas empiezan a ceder, el edificio pierde estabilidad. Si no hay una Asamblea Nacional legítima que pueda darle barniz político al abuso y si el TSJ deja de servir como escudo jurídico del poder, los operadores del viejo sistema quedan, como se dice popularmente, guindando de la brocha.
Por eso la discusión sobre los presos políticos no es un asunto marginal. Es una prueba de fuego. Un cambio real se verá allí primero. En la libertad de quienes nunca debieron estar presos; En la revisión de expedientes; En la devolución de derechos; En la eliminación de normas represivas. En la separación concreta entre justicia y partido.
Los anuncios pueden sonar bien. Pero Venezuela ya no está para anuncios. Está para hechos.
La frontera, Colombia y el problema que se mueve
Hay otro elemento que no debería pasar por debajo de la mesa: el movimiento regional alrededor de Colombia, Estados Unidos, guerrilla y narcotráfico. Si se fortalecen acuerdos militares para enfrentar estructuras armadas y criminales en territorio colombiano, la pregunta venezolana aparece de inmediato: ¿hacia dónde se desplazan esas estructuras cuando sienten presión?
La frontera venezolana ha sido durante años un espacio vulnerable, marcado por control irregular, economías ilícitas, abandono estatal, presencia de grupos armados y complicidades difíciles de desmontar. Si Colombia aumenta la presión con respaldo estadounidense, Venezuela puede convertirse en refugio, corredor o zona de repliegue para actores criminales que ya han hecho demasiado daño a comunidades fronterizas.
En ese escenario, cualquier plan de estabilización serio tendría que mirar la frontera no como una nota secundaria, sino como una prioridad estratégica. Porque no hay Estado de derecho posible si en parte del territorio mandan grupos armados, mafias, guerrillas o estructuras protegidas por intereses oscuros.
La estabilización no se logra solo con acuerdos políticos en salones cerrados. Se logra también recuperando el territorio para los ciudadanos.
Auditorías, petróleo y reglas claras
También se habla de auditorías en áreas sensibles como el Seniat, PDVSA y el Banco Central. Si eso está ocurriendo, o si llegara a ocurrir de manera seria, allí podría aparecer una parte clave del mapa de la corrupción, del saqueo y de los mecanismos que permitieron destruir la economía venezolana mientras una élite administraba privilegios.
Pero conviene no confundirse. Las auditorías pueden revelar información, ordenar cuentas y abrir rutas de control. No sustituyen el Estado de derecho. Venezuela no va a recuperar producción petrolera, gasífera o minera de manera sólida únicamente por firmar acuerdos de intención o producir ruido diplomático. Las grandes inversiones no llegarán de verdad mientras no existan reglas claras, seguridad jurídica, respeto contractual, justicia independiente y garantías de estabilidad.
Nadie serio arriesga capital estratégico en un país donde el poder puede cambiar reglas, perseguir socios, manipular tribunales o usar instituciones como armas políticas. Por eso la liberación de presos políticos, la reforma judicial, la eliminación de leyes represivas y la seguridad jurídica forman parte de un mismo rompecabezas.
No hay inversión sin confianza. Y no hay confianza sin justicia.
La mesa no puede nacer muerta
Si Estados Unidos insiste en sostener un interinato o una mesa que no representa al liderazgo real del país, el riesgo será enorme. Una estructura impuesta, sin legitimidad ciudadana, sin reconocimiento del mandato democrático y sin resultados rápidos puede morir al nacer. Y si muere, no será por falta de discursos, sino por falta de credibilidad.
La mesa necesita demostrar, y pronto, que no es solo un mecanismo para administrar la crisis en beneficio de actores internos y externos. Debe demostrar que puede producir resultados concretos: presos políticos libres, desmontaje legal de la represión, revisión judicial, garantías electorales, transparencia institucional y una ruta clara hacia una Venezuela democrática.
Si no lo hace, la calle volverá a convertirse en salida. No por romanticismo, sino por agotamiento. Los pueblos soportan mucho, pero no soportan indefinidamente que les pidan paciencia mientras se negocia su futuro a espaldas de su voluntad.
Como suele decir Víctor Escalona, “una transición que no libera a los presos políticos no está abriendo la puerta de la democracia; apenas está cambiando la cerradura”. Esa frase resume el punto central: la libertad de los presos no es un gesto accesorio. Es el primer examen de seriedad.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe insistir en lo verificable. No basta con anunciar cambios. Hay que verlos. No basta con hablar de justicia. Hay que liberar a quienes fueron presos por razones políticas. No basta con prometer Estado de derecho. Hay que empezar por desmontar el tribunal, las leyes y los expedientes que hicieron posible el abuso.
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Los presos políticos saldrán si la transición es verdadera. Saldrán porque su encierro no puede justificarse dentro de un país que pretenda reconstruir justicia, atraer inversión, estabilizar fronteras y recuperar credibilidad. Pero debe ocurrir, no solo anunciarse. Venezuela necesita hechos concretos, rápidos y verificables. Amanecerá y veremos, con el favor y la gracia de Dios, si esta vez la mesa nace para abrir puertas o para volver a cerrarlas con otro nombre.
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