Los abogados del ex ministro, ex vicepresidente y ex presidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, denunciaron que su defendido ha sido objeto de una desaparición forzada, indicando que no tienen información sobre su paradero desde el 29 de agosto, cuando su esposa fue a visitarlo en la cárcel Rodeo I y le informaron que su visita había sido suspendida sin más explicaciones.
Desde su última visita, los abogados denuncian haber recorrido varios centros de reclusión sin éxito en obtener información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación, según dijeron, por su estado de salud y derechos humanos.
La defensa de Tareck El
Aissami denunció su desaparición forzada luego de que el 29 de agosto se le
negara la visita familiar a su esposa en el centro penitenciario Rodeo I.
La abogada Mercedes
Berthé informó que realizaron recorridos por recintos como el anexo de la
cárcel de La Planta, en El Paraíso), el Fuerte Guaicaipuro y la Policía Militar
en Fuerte Tiuna, donde los funcionarios omitieron datos y remitieron al
Ministerio para Servicio Penitenciario.
Los abogados entregaron
escritos los días 31 de agosto y 9 de septiembre sin obtener respuesta sobre la
ubicación física del procesado. Asimismo, alertaron que El Aissami requiere
intervenciones quirúrgicas y tratamiento médico especializado debido al
deterioro de su salud durante la reclusión.
La representación legal
solicitó la intervención de la defensora del Pueblo, Eglée González, mediante
una petición entregada el 10 de septiembre para ubicar al ex funcionario y
restablecer sus derechos.
También requirieron al
ministro para Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, información oficial
sobre el lugar de confinamiento y la restitución de las visitas familiares y
legales, argumentando el incumplimiento del artículo 45 constitucional que prohíbe
la desaparición forzada.
El Aissami se encuentra
procesado por la jueza Alejandra Romero Castillo en el caso Pdvsa-Cripto,
investigación referida al desvío de divisas mediante criptoactivos en ventas
petroleras por montos de entre 5 mil 550 y 23 mil millones de dólares.
En la causa figuran 64
acusados, de los cuales cinco fallecieron bajo custodia y uno permanece
prófugo.
Hasta el momento, 20
personas han declarado en la fase de comparecencias previas a la revisión de
pruebas.
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