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Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
La ONU advierte que el aparato represivo sigue intacto y listo para actuar en Venezuela.
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La advertencia de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela cae como una piedra sobre el relato de la normalización: hay señales de apertura, sí, pero el aparato represivo sigue intacto. Dicho sin anestesia: pueden cambiar los nombres, suavizar el tono, desbloquear algunos espacios, abrir alguna rendija y posar para la foto del diálogo, pero si las estructuras que persiguieron, encarcelaron, intimidaron y aplastaron a la sociedad siguen en pie, lo que tenemos no es una transición completa. Es una escenografía con barrotes detrás.
La Misión de la ONU ha sido clara al señalar que, pese a algunas mejoras limitadas, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad permanecen operativas en Venezuela. También ha advertido que las leyes usadas para controlar a la sociedad civil y criminalizar la disidencia siguen vigentes, y que las estructuras de seguridad conservan capacidad para restringir libertades si las autoridades así lo deciden.
Ese es el punto central. No basta con que el poder afloje algunos nudos. Hay que cortar la cuerda.
Cosmética no es cambio
La presidenta de la Comisión Internacional de la ONU para Venezuela, Sofía Macher, resumió el problema con una frase que debería estar sobre la mesa de cada negociación: los cambios son “cosméticos” porque, en la realidad, el aparato está listo para reprimir si alguien se sale de la raya. Esa afirmación no es una exageración de activistas ni un comentario de oposición partidista. Es una advertencia de una instancia internacional que ha documentado patrones de represión, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución contra opositores, periodistas y actores de la sociedad civil.
La palabra “cosmético” importa. Describe lo que se ve por fuera, no lo que cambió por dentro. El maquillaje puede tapar una grieta, pero no refuerza la columna. Puede mejorar la fotografía, pero no cambia la estructura. Puede servir para ganar tiempo, seducir interlocutores internacionales o aliviar presiones momentáneas, pero no desmonta el poder que causó el daño.
En Venezuela hemos visto demasiadas veces ese método. Una excarcelación parcial, pero no justicia. Un gesto de diálogo, pero no garantías. Un permiso temporal, pero no derechos plenos. Un desbloqueo aquí, una declaración allá, una promesa más adelante. La maquinaria se adapta, se disfraza, se modera cuando conviene, pero conserva la capacidad de volver a cerrar la mano.
Doce nombres y un mismo problema
Uno de los datos más graves del informe es la identificación de al menos 12 personas señaladas en investigaciones previas por su presunta participación en violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad que, según la Misión, siguen desempeñando cargos públicos o permanecen en posiciones clave de poder.
Ese dato destruye cualquier narrativa cómoda. Si las personas vinculadas al funcionamiento represivo siguen en puestos de influencia, entonces la pregunta no es si hubo cambios en la superficie. La pregunta es quién conserva la capacidad real de decidir, ejecutar, intimidar, archivar, perseguir o activar expedientes.
Una transición seria no puede limitarse a cambiar la música de fondo mientras deja a los mismos operadores cuidando las llaves del sótano. Tampoco puede hablar de reconciliación mientras quienes participaron o avalaron abusos continúan cerca de los mecanismos que hicieron posible la persecución.
El problema no es solo moral. Es práctico. Un aparato represivo intacto puede sabotear cualquier avance político. Puede intimidar testigos; Puede condicionar periodistas; Puede presionar activistas; Puede mantener a excarcelados bajo amenaza; Puede controlar territorios. Puede fabricar casos; Puede recordarle a la sociedad que, aunque cambien los discursos, el miedo sigue teniendo oficina.
Leyes para controlar, no para proteger
La Misión también ha insistido en que siguen vigentes leyes destinadas a controlar a la sociedad civil y que pueden usarse para neutralizar a la oposición. Ese punto es decisivo. La represión no funciona solo con armas, cárceles o funcionarios. Funciona también con leyes hechas para parecer institucionales mientras convierten derechos en riesgos.
Cuando una ley sirve para vigilar organizaciones civiles, perseguir financiamiento legítimo, castigar opiniones, criminalizar la crítica o intimidar a quienes documentan abusos, no estamos ante un marco jurídico democrático. Estamos ante un sistema de control con apariencia legal.
Por eso cualquier avance real debe incluir reformas concretas, no simples promesas. No basta con decir que habrá más apertura. Hay que derogar, modificar o neutralizar los instrumentos que permiten cerrar esa apertura al día siguiente.
Una transición con leyes represivas intactas es como una puerta abierta con candado en la mano del carcelero.
La represión de baja intensidad también reprime
Algunos reportes señalan que ha disminuido la intensidad de ciertos abusos y que se han producido excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos, además de un margen algo mayor para protestas y actividades de la sociedad civil. Ese dato debe reconocerse. Pero reconocerlo no obliga a confundir alivio con cambio estructural.
La represión de baja intensidad también reprime. Una detención breve puede intimidar tanto como una larga. Una amenaza puede paralizar una comunidad. Un expediente abierto puede silenciar a una familia. Una medida cautelar puede convertir la calle en prisión invisible. Un funcionario que llama, vigila o advierte puede imponer miedo sin necesidad de titulares.
La Misión ha documentado precisamente ese patrón de arrestos arbitrarios de corta duración, orientados a intimidar a activistas, periodistas y actores de la sociedad civil tras los cambios políticos de enero.
Ese tipo de represión tiene una función clara: recordar que el poder observa. Que permite algo, pero no todo. Que tolera mientras le conviene. Que conserva intacto el botón rojo.
Sin desmontaje no hay garantías
Si la comunidad internacional, Estados Unidos, la AN2015, el gobierno interino o cualquier actor con capacidad de influencia quiere hablar en serio de normalización, debe asumir una verdad incómoda: no hay garantías democráticas mientras el aparato represivo siga operativo.
La Misión ha pedido a Estados Unidos y a otros actores influyentes intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos y asegurarse de que sus políticas no contribuyan a nuevas violaciones ni faciliten crímenes internacionales. Esa advertencia no puede quedar como nota al pie. Debe convertirse en condición política.
Los cambios reales deberían medirse con criterios verificables:
- derogación o reforma de leyes usadas para controlar a la sociedad civil y criminalizar la disidencia;
- separación de cargos de funcionarios señalados por abusos y revisión independiente de sus responsabilidades;
- liberación plena de presos políticos y eliminación de medidas cautelares usadas como chantaje;
- garantías para periodistas, defensores de derechos humanos, sindicatos, partidos y organizaciones sociales;
- desmantelamiento de estructuras parapoliciales o colectivos usados para intimidar;
- supervisión internacional efectiva, con acceso a víctimas, expedientes, centros de detención y autoridades.
Lo demás será lenguaje diplomático sobre una máquina que sigue encendida.
La pregunta que no puede esquivarse
La gran pregunta es sencilla: ¿quién desarma el aparato? Porque la apertura no se sostiene si quienes diseñaron, ejecutaron o justificaron la represión conservan los instrumentos para reactivarla. No basta con pedir buena conducta. Hay que quitar capacidad de daño.
Venezuela no puede seguir viviendo bajo una espada de Damocles. No puede depender de que el poder decida, según su conveniencia, cuándo tolera y cuándo castiga. No puede aceptar que el derecho a expresarse, organizarse o competir políticamente sea administrado como permiso revocable.
Como suele decir Víctor Escalona, “una sociedad no es libre porque el carcelero sonría; es libre cuando el carcelero pierde las llaves”. Esa frase resume el momento. El desafío no es suavizar el rostro del sistema. Es desmontarlo.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe insistir precisamente allí donde la propaganda quiere pasar la página demasiado rápido. Sí, hay que reconocer cualquier mejora. Sí, hay que apoyar toda apertura verificable. Pero también hay que decir que un país no sale de la represión con maquillaje institucional. Sale con garantías, justicia, verdad, reformas y control ciudadano.
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La Comisión de la ONU no está diciendo algo menor. Está advirtiendo que el aparato sigue allí, listo para actuar si el poder lo ordena. Y esa advertencia debe tomarse como una señal de alarma, no como otro informe para archivar. Venezuela necesita cambios reales, no cosméticos; garantías, no permisos; libertad, no tolerancia condicionada.
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