RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela no puede convertir campamentos, subsidios y ruinas en normalidad. La reconstrucción debe devolver autonomía y futuro.
Normalización de la emergencia, provisionalidad permanente, reconstrucción y dependencia, crisis convertida en sistema
Una emergencia deja de ser emergencia cuando el poder aprende a convivir con ella. Ese es el peligro que Venezuela enfrenta hoy: que las carpas se vuelvan paisaje, que los subsidios sustituyan al trabajo, que la ayuda humanitaria reemplace la política pública y que la reconstrucción deje de ser una meta para convertirse en una promesa administrada sin fecha. La provisionalidad puede salvar vidas durante semanas. Convertida en sistema, empieza a consumir la dignidad de quienes debía proteger.
La diferencia entre gobernar una catástrofe y administrarla indefinidamente es moral, política y práctica. Gobernar significa reducir cada mes la cantidad de familias en refugios, acelerar la remoción de escombros, recuperar escuelas, devolver servicios, construir viviendas y reconstruir capacidad productiva. Administrar significa organizar mejor la espera.
La tesis de este editorial es inequívoca: Venezuela no puede normalizar la ruina como método de gobierno. Ninguna transición será legítima si utiliza la emergencia para justificar estructuras provisionales permanentes, opacidad presupuestaria o dependencia social. La reconstrucción debe conducir hacia autonomía. Todo lo que no avance en esa dirección corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de control.
Cuando lo provisional pierde fecha de salida
El balance humano continúa siendo devastador. El registro documentado mantiene 6.509 fallecidos y persiste la incertidumbre sobre más de 29.500 personas reportadas como desaparecidas. Mientras el Estado reconoce que todavía no existe un cómputo global definitivo, miles de familias continúan esperando respuestas.
La emergencia habitacional tampoco ha desaparecido. Un total de 18.437 personas permanece alojado en 94 campamentos transitorios y 17.907 ciudadanos figuran dentro del universo de damnificados que necesita soluciones estables.
La palabra decisiva es “transitorios”.
Un campamento puede ser una solución humanitaria. Lo que no puede ser es una forma de ciudad.
Cuando las tiendas de campaña comienzan a funcionar como residencia indefinida, cuando la provisión de alimentos reemplaza al empleo y cuando la vida comunitaria se reorganiza alrededor de mecanismos extraordinarios, la emergencia empieza a institucionalizarse.
Ese proceso es silencioso. No ocurre mediante un decreto. Ocurre por acumulación de retrasos.
La inercia también construye un país
Con aproximadamente 600.790 toneladas de escombros retiradas, equivalentes apenas al 28,61 % del volumen estimado, la mayor parte de la destrucción física continúa pendiente de remoción.
Frente a una necesidad calculada en unas 25.000 viviendas, el reporte de apenas 335 soluciones entregadas muestra una distancia demasiado grande entre la promesa de reconstrucción y el ritmo real.
La lentitud también produce arquitectura.
Produce barrios paralizados, familias que posponen decisiones, escuelas que no pueden reabrir y ciudadanos que comienzan a organizar su vida alrededor de la excepción.
Cuando el retraso se prolonga, lo temporal empieza a adquirir apariencia de permanencia.
La cronificación de la emergencia puede reconocerse cuando:
- los campamentos dejan de tener fechas verificables de cierre;
- los subsidios no poseen rutas claras hacia la autonomía;
- las viviendas prometidas avanzan mucho más lentamente que la necesidad;
- las escuelas permanecen subordinadas a funciones extraordinarias;
- la ayuda alimentaria sustituye progresivamente al ingreso familiar;
- los presupuestos de emergencia se vuelven opacos y difíciles de auditar.
Cuando esas condiciones se acumulan, ya no estamos únicamente ante una respuesta insuficiente. Estamos ante el riesgo de crear una nueva normalidad.
La escuela no puede ser refugio para siempre
Septiembre debería estar marcado por el regreso a las aulas. Sin embargo, parte de la infraestructura educativa municipal continúa destruida, restringida o absorbida por la contingencia.
Una escuela convertida durante semanas en refugio puede ser necesaria. Una escuela convertida indefinidamente en refugio representa un fracaso de planificación.
La educación no puede esperar a que termine la burocracia presupuestaria.
Cada municipio afectado necesita saber qué escuelas pueden repararse, cuáles deben sustituirse, cuánto costará hacerlo y cuál es el calendario real de ejecución. Ese diagnóstico debe ser público.
Un país que normaliza la pérdida de clases normaliza también una forma menos visible de destrucción.
La ayuda debe disminuir a medida que aumenta la autonomía
La asistencia humanitaria sigue siendo indispensable. Mientras existan familias sin ingresos, vivienda o acceso estable a servicios, retirar abruptamente alimentos o subsidios sería irresponsable.
Pero tan irresponsable como retirar la ayuda demasiado pronto sería convertirla en permanente.
La ayuda debe tener una dirección: hacia el trabajo, la vivienda y la autonomía.
El indicador de éxito no puede ser cuántas raciones se distribuyen cada mes, sino cuántas familias dejan de necesitarlas porque recuperaron empleo, vivienda y servicios.
La reconstrucción ofrece precisamente esa posibilidad.
Las obras necesitan albañiles, electricistas, operadores de maquinaria, transportistas, técnicos, ingenieros, enfermeros y trabajadores de múltiples oficios. Parte de la población damnificada puede participar directamente en ese proceso mediante capacitación y contratación transparente.
La emergencia puede convertirse en una oportunidad productiva si los recursos se utilizan para crear capacidad en lugar de administrar dependencia.
El presupuesto extraordinario necesita controles extraordinarios
La recuperación venezolana se sostiene mediante una arquitectura financiera excepcional vinculada a ingresos petroleros, cooperación exterior y mecanismos extraordinarios de financiamiento.
Precisamente por eso cada dólar debe poder rastrearse.
La reconstrucción no puede convertirse en una caja opaca donde la urgencia sirva de excusa para debilitar controles.
Todo presupuesto de emergencia debería mostrar:
- cuánto dinero ingresó;
- de dónde proviene;
- qué institución lo administra;
- qué municipio o proyecto lo recibe;
- qué empresa ejecuta la obra;
- cuánto se ha gastado;
- qué avance físico puede verificarse.
La corrupción disfrazada de ayuda es particularmente destructiva porque no solo roba dinero: roba tiempo.
Una obra retrasada puede mantener una escuela cerrada. Un contrato mal adjudicado puede prolongar la permanencia de una familia en un campamento. Un fondo desviado puede convertirse en otro mes de dependencia.
El apagón de la responsabilidad no puede normalizarse
Las crisis eléctricas muestran cómo la excepcionalidad puede transformarse en costumbre.
Cuando una falla grave se explica mediante acusaciones de sabotaje, el Estado tiene derecho y obligación de investigar. Pero también tiene el deber de demostrar mantenimiento, inversión, prevención y capacidad de respuesta.
Ninguna explicación externa puede sustituir la responsabilidad operativa.
Un país que acepta apagones permanentes como parte del paisaje termina normalizando también hospitales bajo generadores, sistemas de agua vulnerables y pequeños negocios incapaces de trabajar.
La emergencia eléctrica debe ser resuelta, no simplemente explicada.
El periodismo independiente tiene la obligación de resistir la normalización de lo excepcional. RadioAmericaVe.com y Vierne5 consideran que seguir los plazos, contrastar cifras y preguntar cuándo termina una medida provisional ayuda a impedir que la emergencia se convierta silenciosamente en sistema de gobierno.
La ciudadanía vigilante debe preguntar cuándo termina
Una sociedad que solo pregunta cuánto recibió corre el riesgo de convertirse en beneficiaria. Una sociedad que pregunta cuándo dejará de necesitarlo empieza a reconstruirse como ciudadanía.
La contraloría social debe cambiar el foco.
No basta con comprobar que llegó un cargamento. Hay que saber cuánto tiempo más será necesario. No basta con celebrar una vivienda entregada. Hay que comparar esa entrega con las miles que siguen pendientes.
Los datos abiertos son esenciales porque permiten distinguir entre progreso real y administración de la espera.
En cada campamento debería publicar cuántas familias permanecen allí, cuántas salieron y cuál es la ruta de solución para las restantes
Cada municipio debería informar cuántas escuelas siguen cerradas y cuándo podrán reabrir.
Cada programa de subsidios debería explicar cuál es su estrategia de salida.
El reloj del CNE tampoco puede vivir dentro de una burbuja
Mientras la emergencia continúa, la comisión técnica de seis representantes encabezada por Dinorah Figuera mantiene conversaciones sobre la renovación del CNE con la referencia institucional de diciembre de 2026.
Ese proceso puede ser importante. Pero será insuficiente si ocurre desconectado del país material.
Un nuevo CNE no puede construir confianza sobre una sociedad atrapada en campamentos, servicios inestables y datos incompletos.
La legitimidad electoral no depende únicamente de quiénes ocupen las rectorías. También depende de que el ciudadano pueda participar sin miedo, sin dependencia clientelar y con derechos garantizados.
La existencia de 382 personas detenidas por motivos políticos y las denuncias de abusos en controles viales recuerdan que la institucionalidad no puede reducirse a un calendario de elecciones.
La democracia requiere libertad cotidiana.
La emergencia también puede utilizarse para repartir poder
Las crisis crean estructuras excepcionales. Comisiones, fondos, organismos temporales y procedimientos abreviados aparecen para responder con rapidez.
El problema comienza cuando quienes administran esas estructuras descubren que la provisionalidad también produce poder.
Controlar alimentos, viviendas, contratos y permisos extraordinarios otorga influencia sobre ciudadanos vulnerables.
Por eso la emergencia necesita límites institucionales estrictos.
Ninguna ayuda debe convertirse en mecanismo de fidelidad política. Ninguna vivienda debe depender de afiliación. Ningún contrato debe asignarse por proximidad partidista.
La reconstrucción tiene que ampliar ciudadanía, no clientelas.
Las instituciones deben reconocer cómo llegamos hasta aquí
La normalización de la ruina también se combate reconociendo responsabilidades.
Si existieron construcciones deficientes, inspecciones insuficientes, planificación urbana negligente o corrupción, las instituciones deben decirlo.
La naturaleza puede provocar una catástrofe. La vulnerabilidad previa tiene responsables humanos.
El Estado necesita aprender a pedir perdón institucionalmente, investigar fallas y cambiar procedimientos.
No hacerlo significa reconstruir sobre la misma cultura que permitió el desastre.
La tutela exterior crecerá mientras la emergencia no termine
Las restricciones internacionales que condicionan la transición muestran una realidad incómoda: Venezuela todavía no ha recuperado plenamente su capacidad para gobernarse sin tutela extraordinaria.
Mientras el país continúe dependiendo de ayuda exterior, financiamiento especial y supervisión internacional para funcionar, ese espacio de autonomía seguirá limitado.
La respuesta no puede ser rechazar la cooperación.
Debe ser hacerla cada vez menos necesaria.
Un país recupera soberanía cuando sus hospitales funcionan, sus municipios pueden ejecutar presupuestos, sus instituciones rinden cuentas y sus ciudadanos no dependen permanentemente de estructuras de emergencia.
La emergencia debe tener fecha de vencimiento
Cuando la emergencia se vuelve sistema, la provisionalidad deja de proteger y empieza a gobernar.
Ese es el punto que Venezuela debe evitar.
Las carpas deben desaparecer.
Los campamentos deben cerrarse.
Los subsidios deben conducir hacia ingresos.
La ayuda alimentaria debe disminuir a medida que aumenta el empleo.
Las escuelas deben volver a ser escuelas.
Los hospitales deben abandonar la contingencia.
Las viviendas deben salir del anuncio y convertirse en hogares.
La normalidad no consiste en aprender a vivir entre las ruinas. Consiste en dejar de necesitarlas como referencia.
El país provisional puede ser inevitable durante un tiempo. Lo imperdonable sería convertirlo en proyecto político.
La indignación social que exige un “cambio de raíz” no se apagará mediante una mejor administración de la espera. Se responderá con resultados.
El reloj corre. Y cada día que la emergencia permanece sin una salida clara aumenta el riesgo de que aquello que debía durar meses termine definiendo una generación.
Venezuela necesita salir del sistema de la emergencia antes de que la emergencia termine convirtiéndose en el sistema de Venezuela.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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