RadioAmericaVe.com / Editorial.
La emergencia exige contratos abiertos, auditoría y resultados: el caos no puede convertirse en modelo permanente de gestión.
Corrupción en la reconstrucción; opacidad en fondos de emergencia; reconstrucción de Venezuela; transparencia en la emergencia.
El caos empieza a convertirse en negocio cuando resulta más rentable administrar la emergencia que terminarla. No hace falta demostrar una conspiración para advertir el peligro: basta con observar qué ocurre cuando presupuestos extraordinarios, contratación acelerada, controles debilitados y necesidades humanas urgentes coinciden durante demasiado tiempo. La reconstrucción venezolana enfrenta precisamente esa prueba. Si cada escombro retirado, cada vivienda entregada y cada dólar utilizado no pueden ser comprobados, la tragedia abre un espacio donde la ineficiencia y la corrupción pueden prosperar juntas.
Ese es el sentido de hablar de el negocio del caos. No es atribuir sin pruebas una intención criminal colectiva ni afirmar que toda demora responde a intereses económicos. Es señalar un riesgo institucional concreto: una emergencia prolongada produce contratos, intermediarios, autorizaciones excepcionales, compras urgentes y márgenes de discrecionalidad que requieren controles todavía más estrictos que los de tiempos normales.
Venezuela llega a finales de septiembre con una herida material inmensa. El último balance oficial ampliamente documentado elevó a 6.509 las muertes provocadas por los terremotos del 24 de junio. En ese mismo balance se informó que habían sido recogidas 600.790 toneladas de escombros y que solamente 335 viviendas nuevas habían sido entregadas, aunque también se habían recuperado otras 1.001 casas. El Gobierno había estimado previamente que serían necesarias alrededor de 25.000 nuevas soluciones habitacionales.
Las cifras deben servir para controlar el poder
Existe un dato particularmente sensible que obliga a mantener rigor. Iniciativas ciudadanas han reportado más de 29.000 personas sin localizar después de los terremotos, pero esa cifra no dispone de un registro público oficial que la respalde. Provea denunció en agosto que la cifra gubernamental de desaparecidos se había quedado congelada en 157 desde el 25 de junio. Por tanto, presentar los más de 29.000 casos como una cifra oficial de desaparecidos confirmados sería incorrecto.
Esta precisión no reduce la dimensión humana del problema. Al contrario: demuestra por qué una reconstrucción seria necesita un registro unificado, actualizable y auditable de fallecidos, desaparecidos, damnificados, viviendas afectadas y personas alojadas temporalmente. La ausencia de datos consolidados facilita errores administrativos, duplicaciones y decisiones imposibles de fiscalizar.
También obliga a corregir otra fotografía congelada en el tiempo. Los 18.437 residentes en 94 campamentos correspondieron a un balance de julio, no a una medición nacional actual de finales de septiembre. Días después, los reportes ya registraban más de 21.000 personas en 107 campamentos, y posteriormente las cifras volvieron a variar. El Gobierno informó en agosto que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal desde el desastre.
La transparencia comienza precisamente ahí: las cifras deben tener fecha, fuente y metodología. Una estadística antigua puede ser verdadera para el día en que fue publicada y engañosa si se utiliza meses después como si describiera el presente.
600.790 toneladas retiradas todavía no significan reconstrucción
El Gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimaron inicialmente unos 2,106 millones de toneladas de escombros. Frente a ese volumen, las 600.790 toneladas retiradas equivalían a aproximadamente el 28 % del total calculado a finales de agosto.
La cifra refleja trabajo ejecutado, pero también muestra todo lo pendiente. Remover escombros no equivale automáticamente a reconstruir. Después vienen estudios del terreno, demolición segura, rediseño urbano, redes de agua y electricidad, escuelas, vialidad, permisos, viviendas y mecanismos de reasentamiento.
El Banco Mundial calculó en julio daños físicos directos por 19.600 millones de dólares y advirtió que la rapidez de la reconstrucción tendría consecuencias decisivas sobre la recuperación económica y social del país.
Un volumen financiero de esa magnitud exige una arquitectura de control proporcional al riesgo. La urgencia nunca debería convertirse en permiso para contratar sin trazabilidad.
- cada contrato debe identificar al beneficiario real de la empresa adjudicataria;
- cada obra debe publicar monto, plazo, ubicación y responsable técnico;
- cada modificación presupuestaria debe dejar una huella documental accesible;
- cada municipio debe informar cuánto recibió y qué ejecutó;
- cada vivienda entregada debe poder contrastarse con registros verificables;
- y las auditorías deben realizarse durante la ejecución, no años después de consumido el dinero.
La emergencia no puede crear empresarios invisibles
La experiencia internacional demuestra que las catástrofes concentran dos condiciones peligrosas: una enorme necesidad de gastar rápidamente y una disminución práctica del tiempo disponible para controlar. No significa que todo contratista sea sospechoso. Significa que el sistema debe diseñarse suponiendo que alguien intentará aprovecharse de la excepción.
Por eso la prevención de corrupción no puede descansar únicamente en declaraciones de honestidad. Necesita registros empresariales, competencia real cuando sea posible, publicación de contratos, incompatibilidades claras, fiscalización ciudadana y mecanismos para detectar compañías sin capacidad técnica suficiente.
El problema de una empresa de maletín no es ideológico. Es material. Si recibe un contrato para reconstruir viviendas sin experiencia, capital, personal o maquinaria, el riesgo lo termina pagando una familia que necesita un techo seguro.
RadioAmericaVe.com y Vierne5 han advertido anteriormente que desviar recursos durante una reconstrucción no solo implica perder dinero público: puede significar viviendas más débiles, hospitales que esperan equipos o comunidades que permanecen más tiempo desplazadas. Esa advertencia conserva toda su vigencia.
El periodismo independiente debe seguir el dinero además de contar la tragedia. Publicar cifras, revisar contratos, comparar promesas con obras terminadas y corregir datos cuando cambian es parte de la defensa de una reconstrucción transparente. Una emergencia necesita solidaridad, pero también necesita preguntas incómodas.
El petróleo aumenta la responsabilidad de rendir cuentas
La reconstrucción ocurre mientras cambia profundamente la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos. La Casa Blanca anunció a comienzos de septiembre un acuerdo que otorga al Gobierno estadounidense derechos económicos y de gobernanza sobre una nueva estructura vinculada a más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. Reuters ha informado que el acuerdo incluye participación estatal estadounidense y derechos sobre parte de la producción.
Al mismo tiempo, existe presión en Washington para aclarar cómo se están administrando ingresos petroleros venezolanos bajo el nuevo esquema. El Financial Times informó recientemente que legisladores estadounidenses han reclamado mayor transparencia y acceso a auditorías sobre miles de millones de dólares recaudados desde que Washington amplió su control sobre las exportaciones venezolanas.
Estos elementos no prueban que los recursos hayan sido desviados hacia la reconstrucción ni que exista una trama específica de corrupción. Sí refuerzan una conclusión institucional: cuando la soberanía económica, los ingresos petroleros y la reconstrucción se cruzan en mecanismos extraordinarios, la rendición de cuentas debe ser extraordinariamente clara.
Delcy Rodríguez se encuentra además en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde su delegación ha sostenido conversaciones sobre energía, deuda, recuperación económica y relaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y el BID.
La diplomacia puede conseguir financiamiento y abrir mercados. Lo que no puede hacer es reemplazar una política doméstica de transparencia.
Los municipios son necesarios, pero también deben ser auditados
Transferir capacidad de ejecución hacia alcaldías y gobiernos municipales puede acercar las decisiones a las comunidades afectadas. Un municipio conoce mejor qué calle continúa bloqueada, qué escuela necesita reparación y dónde una comunidad lleva semanas esperando agua.
Pero descentralizar no significa entregar cheques sin controles. La opacidad también puede existir a escala local. La salida razonable consiste en combinar descentralización operativa con estándares nacionales de publicación, compras y auditoría.
Vierne5 ha defendido que la reconstrucción se comprueba en barrios y municipios, porque es allí donde el ciudadano puede verificar si una obra prometida realmente existe.
Un tablero público por municipio permitiría mostrar en tiempo casi real recursos recibidos, contratos adjudicados, porcentaje de ejecución, número de viviendas, planteles intervenidos y obras terminadas. No requiere esperar una sofisticada reforma constitucional. Requiere voluntad administrativa y datos estructurados.
La reconstrucción institucional también está bajo examen
Mientras se discuten escombros y viviendas, Venezuela mantiene abierto otro proceso: la negociación sobre derechos políticos, justicia y renovación del Consejo Nacional Electoral. Dinorah Figuera ha señalado diciembre de 2026 como referencia para la entrega del trabajo relacionado con el nuevo CNE dentro de la mesa de diálogo.
La discusión electoral no debe confundirse con la gestión de la reconstrucción, pero ambas comparten una exigencia: instituciones cuya actuación pueda comprobarse.
En derechos humanos persisten señales que impiden hablar de una normalización completa. Foro Penal registraba 382 personas a las que calificaba como presos políticos con corte al 3 de agosto. Esa clasificación corresponde a la organización y ha sido históricamente discutida por las autoridades venezolanas. La CIDH, por su parte, otorgó medidas cautelares a cinco personas privadas de libertad al considerar que enfrentaban riesgos graves y urgentes para su vida, integridad y salud.
También la misión internacional de investigación respaldada por Naciones Unidas sostuvo este mes que continuaban estructuras y prácticas represivas pese a algunas liberaciones y cambios políticos.
Estos hechos forman parte del contexto en que se reconstruye la confianza pública. Un país no sale de una emergencia únicamente reparando concreto. También necesita procedimientos confiables, derechos garantizados y autoridades capaces de explicar sus decisiones.
El caos deja de ser negocio cuando cada resultado puede comprobarse
Donald Trump ha dicho públicamente que, en su opinión, Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque también ha señalado que espera que puedan realizarse pronto. Esa declaración representa la posición de su Administración; no constituye por sí sola una medición objetiva ni una autorización jurídica necesaria para que Venezuela celebre comicios.
La capacidad democrática venezolana no debería reducirse a la opinión de Washington ni de ninguna capital extranjera. Pero tampoco puede reconstruirse mediante opacidad doméstica.
La prueba más concreta está frente al país: transformar recursos extraordinarios en resultados ordinarios y verificables. Viviendas. Escuelas. Hospitales. Agua. Electricidad. Calles. Información pública.
Ese es el antídoto contra el negocio del caos.
No presumir culpabilidades sin pruebas. No convertir la denuncia en espectáculo. No aceptar tampoco que la emergencia justifique zonas oscuras en las cuentas públicas.
Reconstruir sin robar debe ser un principio elemental. Reconstruir con datos abiertos, ingeniería competente, competencia empresarial, auditoría independiente y ciudadanía vigilante es la forma de convertirlo en política de Estado.
Porque el verdadero final de una catástrofe no llega cuando dejan de caer edificios. Llega cuando desaparecen las razones para administrar indefinidamente la excepción.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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