RadioAmericaVe.com / Editorial.
Venezuela mide su transición entre instituciones, escombros, escuelas, viviendas y una ciudadanía que exige resultados verificables.
Reconstrucción institucional de Venezuela; legitimidad política y reconstrucción; transición venezolana; CNE y reconstrucción nacional
La política venezolana vuelve a hablar de instituciones, rectores, tribunales, garantías y elecciones. Pero la legitimidad que intenta reconstruir no se decidirá solamente alrededor de una mesa en Caracas ni en una negociación observada desde Washington. Se medirá mucho más abajo: en el suelo removido, en la escuela que vuelve a abrir, en la familia que abandona un campamento, en la vivienda que finalmente se entrega y en la comunidad que puede comprobar qué se hizo con el dinero destinado a levantarla. Ese es el verdadero regreso de la política al suelo.
La negociación institucional ha entrado en una nueva fase. El diálogo retomado esta semana aborda, entre otros asuntos, la reforma judicial, la restitución de derechos políticos y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Informaciones publicadas sobre el proceso sitúan entre octubre y noviembre la posibilidad de avances en la designación del CNE, mientras Vierne5 ha venido siguiendo una comisión técnica de seis representantes que trabaja con diciembre de 2026 como referencia institucional.
Ese calendario importa. Pero existe otro reloj que no admite reuniones aplazadas ni acuerdos administrados con parsimonia: el de una emergencia nacional cuyas consecuencias materiales continúan abiertas. La cuestión decisiva no es escoger entre reconstrucción institucional y reconstrucción física. Es comprender que una pierde legitimidad cuando avanza de espaldas a la otra.
La legitimidad también se mide entre escombros
Los números explican por qué resulta imposible separar ambos procesos. El balance publicado por Vierne5 mantiene en 6.509 el número de fallecidos documentados por la catástrofe. El medio también ha venido registrando más de 29.500 personas reportadas como desaparecidas, al tiempo que advierte que sigue faltando un cómputo oficial global y definitivo que permita dimensionar plenamente esa tragedia.
En el terreno habitacional, la distancia entre necesidad y respuesta sigue siendo enorme. Vierne5 ha reportado 17.907 damnificados y 18.437 personas alojadas en 94 campamentos transitorios. La proyección técnica habla de unas 25.000 soluciones habitacionales necesarias, mientras el balance más reciente utilizado por el medio contabiliza apenas 335 viviendas entregadas.
La remoción de escombros ofrece otra medida de la magnitud pendiente: unas 600.790 toneladas retiradas representan aproximadamente el 28,61 % del volumen calculado. Más allá de la cifra, el dato importa porque remover ruinas no significa únicamente despejar una calle. También condiciona búsqueda, peritajes, estudios del terreno, recuperación de servicios y comienzo de nuevas obras.
Ese es el suelo sobre el cual tendrá que asentarse cualquier arquitectura institucional nueva. Un CNE técnicamente solvente puede ser indispensable, pero la confianza pública no nace únicamente de currículos correctos, reglamentos bien redactados o equilibrios entre sectores. También depende de que el ciudadano vuelva a comprobar que las instituciones producen resultados en su vida cotidiana.
La política no puede vivir por encima del territorio
La reconstrucción obliga a revisar una vieja deformación venezolana: creer que el país puede dirigirse exclusivamente desde el centro. Una catástrofe demuestra exactamente lo contrario. El daño tiene dirección, parroquia, municipio, escuela, hospital y calle.
Por eso el debate sobre recursos no debería reducirse a cuánto dinero entra, sino a cómo se ejecuta y cómo puede verificarse. La administración central posee responsabilidades de coordinación y estándares nacionales; los municipios conocen con mayor precisión dónde falta agua, qué plantel continúa cerrado, qué vialidad impide llegar a un hospital y qué familias permanecen desplazadas. La discusión seria está en encontrar mecanismos que combinen capacidad local con auditoría rigurosa, evitando tanto el centralismo opaco como la fragmentación sin controles.
La reconstrucción venezolana ocurre, además, en un escenario de fuerte intervención económica y diplomática exterior. Estados Unidos ha ampliado su influencia sobre el sector petrolero venezolano y los mecanismos relacionados con determinados ingresos y activos, mientras existe creciente escrutinio en Washington sobre la transparencia con la que se administran algunos de esos recursos.
Eso aumenta, no reduce, la importancia de la rendición de cuentas interna. Cuanto mayor sea el flujo de recursos extraordinarios, mayor debe ser la posibilidad de rastrear presupuestos, contratos, adjudicaciones, cronogramas y resultados.
- cuánto dinero recibió cada programa de reconstrucción;
- qué organismo lo administra;
- qué municipio o comunidad recibirá la inversión;
- qué obra específica será ejecutada;
- qué empresa o institución es responsable;
- qué plazo contractual existe;
- y qué evidencia pública demostrará que la obra fue terminada.
Sin esa trazabilidad, la emergencia puede convertirse en una gigantesca zona gris donde todos administran y pocos responden.
El periodismo independiente también tiene una responsabilidad en la reconstrucción: comparar cifras, revisar cronogramas, seguir recursos y preguntar por aquello que todavía no tiene respuesta. Cuando el poder maneja presupuestos extraordinarios y decisiones excepcionales, la vigilancia pública deja de ser una incomodidad y se convierte en una garantía democrática.
Las escuelas explican mejor la transición que muchos discursos
Septiembre ha colocado otra urgencia en primer plano. Escuelas y liceos dañados o utilizados para atender la emergencia no pueden permanecer indefinidamente atrapados en esa función. Vierne5 ha documentado cómo parte de la infraestructura educativa continúa condicionada por los campamentos y las consecuencias del desastre.
La escuela representa mucho más que un edificio. Es rutina después del trauma, organización familiar, espacio civil y continuidad de una generación. Cuando un plantel vuelve a abrir, no solamente regresan estudiantes: también empieza a retroceder la excepcionalidad.
Además, muchas escuelas han servido históricamente como centros electorales. Eso conecta de manera concreta la recuperación educativa con cualquier eventual calendario democrático. Las elecciones ocurren en lugares físicos, con ciudadanos que necesitan transporte, servicios, registros actualizados y centros accesibles. La reconstrucción electoral no puede tratar el desastre como si fuera un expediente separado.
Derechos antes de normalidad aparente
La reconstrucción institucional tampoco puede reducirse al nombramiento del CNE o a la reforma del Tribunal Supremo. El problema de los derechos continúa abierto. Vierne5 reportó en agosto 382 personas detenidas por motivos políticos; en septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a cinco personas privadas de libertad en Venezuela al considerar que sus derechos a la vida, integridad y salud enfrentaban un riesgo grave y urgente.
Un informe reciente de expertos respaldados por Naciones Unidas también advirtió que, pese a excarcelaciones y determinadas medidas adoptadas durante 2026, continúan estructuras y prácticas represivas que requieren reformas más profundas.
Esos hechos ayudan a definir qué significa realmente reconstruir institucionalidad. No basta con sustituir funcionarios. La prueba es si cambian los procedimientos, si desaparecen los abusos, si existe control civil efectivo, si las decisiones pueden ser recurridas y si un ciudadano puede relacionarse con el Estado sin depender de contactos, miedo o arbitrariedad.
La confianza electoral, en ese sentido, empieza mucho antes de votar.
La ciudadanía necesita datos, no confianza ciega
La próxima etapa institucional puede ofrecer una oportunidad para introducir algo que históricamente ha escaseado: información pública diseñada para ser comprobada.
Las negociaciones sobre CNE, justicia y garantías políticas podrían ser evaluadas con criterios verificables: procedimientos conocidos, trayectorias públicas de los aspirantes, razones de cada designación, declaraciones patrimoniales cuando corresponda, reglas de incompatibilidad y decisiones explicadas. Del mismo modo, la reconstrucción necesita censos auditables, contratos consultables, mapas de obras y tableros municipales de ejecución.
La transparencia no resuelve por sí sola los problemas. Pero cambia la relación entre ciudadano e institución: obliga al poder a demostrar en lugar de pedir fe.
En julio y nuevamente en septiembre, Donald Trump afirmó públicamente que Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque habló de avances y expresó la expectativa de que puedan realizarse más adelante. Esa es la posición de la Administración estadounidense, no una certificación objetiva ni definitiva sobre las condiciones democráticas del país. Pero muestra hasta qué punto el calendario venezolano continúa condicionado por factores externos.
Al mismo tiempo, Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos y un juez federal de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo de su juicio y el de Cilia Flores por cargos relacionados con narcotráfico; ambos se han declarado no culpables.
Todo ello confirma que Venezuela atraviesa una transición en la que los tiempos nacionales, judiciales, económicos y geopolíticos se superponen. Precisamente por eso, convertir la reconstrucción doméstica en una política verificable adquiere mayor importancia: es uno de los pocos espacios donde el desempeño puede medirse directamente sobre el terreno.
La política vuelve al lugar donde siempre debió estar
El regreso de la política al suelo no significa despreciar las instituciones ni sustituirlas por la administración de obras. Significa recordar para qué existen.
El CNE tiene sentido porque existen ciudadanos. El tribunal tiene sentido porque existen derechos. El presupuesto tiene sentido porque existen necesidades públicas. La negociación tiene sentido cuando produce reglas capaces de sobrevivir a quienes la negociaron.
La transición venezolana será evaluada, en último término, mediante hechos mucho menos abstractos que los grandes discursos: cuántas familias salieron de los campamentos, cuántas escuelas abrieron, cuántas viviendas seguras fueron entregadas, cuánto territorio recuperó servicios estables, cuánto dinero pudo auditarse y cuánto espacio ganó el ciudadano frente a la arbitrariedad.
Allí coinciden los dos relojes que hoy corren sobre Venezuela. Uno cuenta los días de la negociación institucional. El otro cuenta las noches de quienes todavía viven la emergencia.
Ninguno puede ignorar al otro.
Porque una República no recupera legitimidad simplemente cuando cambia los nombres escritos en una nómina. La recupera cuando las instituciones vuelven a tocar el suelo, responden ante ciudadanos concretos y pueden demostrar, con datos y resultados, que el país dejó de administrar provisionalidades y comenzó verdaderamente a reconstruirse.
El reloj corre.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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