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Steve Hanke plantea eliminar legalmente el bolívar y adoptar el dólar como moneda de curso legal.
- Plan Hanke para Venezuela
- Eliminación del bolívar
- Dólar como moneda legal
- Reforma monetaria venezolana
El economista estadounidense Steve Hanke entregó a la administración de Donald Trump una propuesta para dolarizar oficialmente la economía venezolana, un plan que plantea eliminar legalmente el bolívar y adoptar el dólar estadounidense como única moneda de curso legal. La iniciativa abre una discusión decisiva sobre inflación, salarios, subsidios, reconstrucción nacional y soberanía monetaria en una Venezuela todavía marcada por la emergencia institucional y social.
La propuesta no equivale a una reforma monetaria convencional ni a una simple formalización del uso cotidiano del dólar que ya existe en buena parte de la economía. El llamado “Plan Hanke” busca retirar al Banco Central de Venezuela la capacidad de emitir dinero de forma discrecional y cerrar, por vía legal, el ciclo de devaluación que durante años pulverizó salarios, ahorros, contratos y capacidad de planificación familiar.
El debate llega en un momento particularmente sensible. Venezuela intenta estabilizar su economía mientras negocia reformas institucionales, administra una reconstrucción posterior al doble sismo del 24 de junio y mantiene una relación cada vez más estrecha con Washington por la vía petrolera, financiera y logística. En ese contexto, dolarizar ya no aparece solo como una medida técnica: se convierte en una decisión política de alto impacto nacional.
Qué plantea el plan de Hanke
La propuesta de Hanke parte de una premisa contundente: mientras exista una moneda nacional sometida a emisión política, el riesgo de inflación y devaluación seguirá presente. Por eso, su planteamiento no se limita a anclar el bolívar al dólar ni a crear una caja de conversión. La idea central es sustituir el bolívar como moneda de curso legal y establecer el dólar como referencia única para pagos, salarios, contratos, precios, impuestos y obligaciones públicas.
En términos prácticos, una dolarización oficial significaría que el Estado ya no podría financiar déficits mediante impresión monetaria. El presupuesto tendría que sostenerse con ingresos reales, crédito transparente o recortes verificables. Para una economía acostumbrada a cubrir desequilibrios con emisión, controles y devaluaciones sucesivas, el cambio sería profundo.
Los objetivos declarados de una dolarización formal serían claros:
- eliminar el riesgo de devaluación del bolívar;
- contener la inflación al quitar poder de emisión discrecional;
- dar estabilidad a salarios, pensiones, alquileres y contratos;
- reducir la incertidumbre para empresas, trabajadores e inversionistas;
- obligar al Estado a operar con disciplina fiscal;
- convertir el uso del dólar en una regla legal, no en una práctica informal.
La diferencia entre dolarización de facto y dolarización oficial
Venezuela ya vive desde hace años una dolarización parcial de facto. Muchos precios se calculan en dólares, una parte del comercio opera en divisas y numerosas familias protegen sus ingresos recurriendo al efectivo extranjero o a plataformas de pago vinculadas a moneda dura. Pero esa realidad convive con bolívares, tipos de cambio variables, restricciones operativas, pagos públicos en moneda local y una incertidumbre permanente sobre el valor real del dinero.
La dolarización oficial cambiaría esa estructura. Ya no se trataría de que el ciudadano use dólares para defenderse del desorden monetario, sino de que el Estado reconozca legalmente al dólar como moneda central de la economía. Ese salto puede ofrecer estabilidad, pero también exige reservas, coordinación bancaria, reglas fiscales y capacidad institucional para ejecutar el canje sin generar caos de liquidez.
La pregunta técnica es cómo convertir la masa monetaria remanente sin castigar a los sectores más vulnerables. La pregunta política es quién garantiza que la transición no sea usada para proteger intereses financieros, licuar responsabilidades o trasladar costos a trabajadores, pensionados y familias desplazadas.
El petróleo como garantía material
La viabilidad de una dolarización formal depende de algo más que voluntad política. Requiere dólares suficientes para respaldar el proceso, ordenar el sistema financiero y evitar una crisis de liquidez durante la transición. Allí entra el componente energético de la relación entre Caracas y Washington.
En los últimos días, reportes internacionales han descrito un acuerdo petrolero de gran escala entre Estados Unidos y Venezuela, con participación estadounidense en reservas y operaciones estratégicas. Reuters informó que la administración Trump busca ampliar el papel de empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano, mientras la Casa Blanca ha dado detalles de un pacto vinculado a North American Blue Energy Partners.
Ese flujo petrolero puede convertirse en el soporte material de una reforma monetaria. Si Venezuela recibe ingresos estables en dólares, administra créditos con transparencia y reconstruye infraestructura energética bajo reglas claras, el país podría tener una base más sólida para ejecutar un cambio de moneda. Pero si esos recursos se manejan con opacidad, la dolarización correría el riesgo de convertirse en una promesa técnica sobre una estructura fiscal frágil.
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Salarios, subsidios y campamentos
El impacto social de la dolarización sería inmediato. Para familias que han perdido poder adquisitivo durante años, cobrar en una moneda estable puede significar recuperar capacidad básica de planificación. Un salario, una pensión o un subsidio de alquiler en dólares no se evapora de la misma manera que una transferencia pagada en moneda devaluada.
Ese punto adquiere mayor importancia en los 94 campamentos transitorios y entre las familias afectadas por el doble sismo. Con miles de personas desplazadas, desaparecidos aún bajo investigación y una demanda masiva de viviendas, cualquier política de asistencia necesita estabilidad monetaria para ser creíble. Un subsidio que pierde valor en semanas no reconstruye vida: prolonga dependencia.
Pero la dolarización también obligaría a enfrentar una verdad incómoda. No puede sostenerse con déficit fiscal crónico, subsidios opacos ni gasto público usado como mecanismo de control político. Adoptar el dólar implica renunciar a la ilusión de financiar promesas con emisión. El Estado tendría que priorizar, auditar y explicar.
Del asistencialismo a la reinserción productiva
La discusión monetaria toca directamente el modelo social. Si el país adopta el dólar, los programas de ayuda deberán moverse hacia transferencias claras, temporales y auditables, vinculadas a reinserción productiva, reconstrucción de viviendas, empleo local y servicios básicos.
La reconstrucción de 25.000 viviendas necesarias no puede apoyarse solo en anuncios. Requiere contratos, cooperativas, materiales, supervisión técnica, pagos puntuales y control ciudadano. En ese escenario, pagar en dólares reales puede permitir planificación, reducir corrupción cambiaria y atraer mano de obra. Pero solo funcionará si hay reglas limpias.
El cambio monetario debería conectarse con una política de productividad:
- contratar cooperativas locales para obras de reconstrucción;
- pagar salarios y servicios en moneda estable;
- auditar subsidios de alquiler y ayudas temporales;
- evitar intermediarios políticos en la entrega de recursos;
- priorizar empleo comunitario en zonas afectadas;
- publicar costos, avances y responsables de cada obra.
Los riesgos de una dolarización sin instituciones
Dolarizar puede estabilizar precios, pero no corrige por sí sola corrupción, abuso de poder, impunidad ni captura institucional. El dólar puede impedir que el Banco Central emita dinero sin respaldo, pero no impide que se adjudiquen contratos opacos, se manipulen censos, se repartan cargos o se protejan mafias inmobiliarias.
Por eso, la estabilidad económica exige un Estado de derecho con ética sismorresistente. Mientras la comisión técnica liderada por Dinorah Figuera negocia un nuevo CNE y un nuevo TSJ hacia diciembre de 2026, la ciudadanía debe exigir que la reforma económica no se use como sustituto de la reforma institucional.
Un país dolarizado, pero con tribunales débiles, presos políticos, alcabalas extorsivas y contratos cerrados, no será una república estable. Será apenas una economía con mejor moneda y viejas grietas morales.
Qué debe vigilar la ciudadanía
La propuesta de Hanke puede abrir una oportunidad histórica, pero solo si se acompaña de vigilancia pública. La ciudadanía, los gremios, universidades, trabajadores, empresarios, comunidades y medios deben exigir información clara antes de que una reforma de esta magnitud avance.
- cuál será la tasa de conversión y cómo se definirá;
- qué pasará con depósitos, créditos, salarios, pensiones e impuestos;
- cuántas reservas líquidas existen para respaldar el canje;
- qué papel tendrá el Banco Central después de la reforma;
- cómo se evitará que la transición beneficie a grupos privilegiados;
- qué protección recibirán trabajadores, jubilados y damnificados;
- cómo se auditarán los ingresos petroleros y créditos internacionales;
- qué controles impedirá la corrupción en la reconstrucción.
Sin respuestas públicas, una dolarización puede generar expectativas peligrosas. Con información, reglas y vigilancia, puede convertirse en una herramienta de estabilidad.
El calendario político detrás del dólar
La propuesta también se mueve dentro de un calendario político complejo. El juicio a Nicolás Maduro en Nueva York, fijado para junio de 2027, la presión electoral hacia diciembre de 2026, la supervisión estadounidense y las reformas del CNE y el TSJ forman parte de un mismo tablero. La economía no avanza separada de la transición.
La administración Trump puede ver la dolarización como una forma de ampliar la influencia del dólar, asegurar estabilidad para inversiones petroleras y consolidar una arquitectura económica favorable a Washington. Para Venezuela, el desafío es distinto: usar esa ventana sin entregar la soberanía institucional ni permitir que la reconstrucción se convierta en un reparto de cuotas.
Preguntas frecuentes
¿Qué propone Steve Hanke para Venezuela?
Propone una dolarización oficial que elimine legalmente el bolívar y adopte el dólar estadounidense como única moneda de curso legal.
¿La dolarización acabaría automáticamente con la crisis?
No. Puede reducir inflación y devaluación, pero necesita disciplina fiscal, reservas, transparencia, Estado de derecho y protección social para funcionar.
¿A quién afectaría primero?
A trabajadores, pensionados, comerciantes, bancos, empresas, damnificados y beneficiarios de subsidios, porque cambiaría la forma de pagar, ahorrar, contratar y fijar precios.
El plan de Hanke coloca a Venezuela frente a una decisión de fondo: seguir administrando una moneda debilitada o asumir una reforma radical que obligue al Estado a vivir con dinero real. Pero adoptar el dólar oficialmente será estéril si el nuevo andamiaje institucional nace con las mismas grietas del pasado.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe acompañar este debate con preguntas claras y vigilancia sostenida. La estabilidad no puede ser una consigna ni una imposición externa: debe convertirse en una herramienta para reconstruir barrios, proteger familias, liberar la economía productiva y exigir instituciones que no vuelvan a fabricar pobreza con billetes devaluados.
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