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Petróleo en Venezuela: el país necesita inversión, reglas claras y empresa privada para convertir sus reservas en riqueza sostenible.
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El petróleo seguirá siendo durante años una pieza central de la economía y del sistema energético mundial, incluso mientras avanzan las energías renovables y cambia la matriz de consumo. Para Venezuela, esa realidad representa una oportunidad que probablemente no será infinita: aumentar la producción, recuperar infraestructura y atraer capital antes de que las transformaciones tecnológicas reduzcan progresivamente el valor estratégico de sus enormes reservas. Pero hacerlo exige mucho más que perforar nuevos pozos. Exige cambiar la forma en que el país entiende la propiedad, la inversión, el riesgo empresarial y la relación entre el Estado y quienes producen riqueza.
El debate petrolero venezolano ha girado durante décadas alrededor de una pregunta equivocada: quién debe controlar el recurso. Quizás la pregunta más útil sea otra: ¿qué sistema permite transformar ese recurso en prosperidad sostenible para la mayor cantidad posible de ciudadanos?
La experiencia venezolana obliga a reconocer que poseer petróleo no garantiza riqueza. Tampoco garantiza buenos servicios públicos, estabilidad monetaria, empleo digno ni desarrollo industrial. Un país puede tener una de las mayores reservas del planeta y, al mismo tiempo, carecer de electricidad confiable, carreteras adecuadas, hospitales suficientes y salarios competitivos.
El problema, entonces, nunca fue solamente cuánto petróleo había debajo del suelo. Fue cómo organizamos las instituciones encargadas de convertirlo en bienestar.
El petróleo todavía importa, pero el tiempo ya no es ilimitado
Durante años se anunció repetidamente el final inminente del petróleo. La expansión de los vehículos eléctricos, las metas climáticas, el desarrollo de la energía solar y eólica y las nuevas tecnologías han modificado profundamente el sector energético. Sin embargo, el hidrocarburo continúa ocupando un lugar decisivo en transporte, petroquímica, aviación, industria y generación de ingresos para numerosos países.
Eso no significa que Venezuela pueda seguir esperando.
Precisamente porque el mundo energético está cambiando, el país necesita aprovechar la ventana que todavía existe. Las reservas que permanecen bajo tierra no generan empleo, infraestructura ni impuestos. Su valor económico depende de la capacidad para producirlas competitivamente y colocarlas en mercados dispuestos a comprarlas.
Para conseguirlo hacen falta inversiones multimillonarias, tecnología, mantenimiento, servicios especializados, seguridad jurídica y acceso a mercados financieros. Ninguno de esos elementos puede sostenerse únicamente mediante discursos sobre soberanía.
La verdadera soberanía consiste en tener capacidad productiva, instituciones fuertes y ciudadanos capaces de beneficiarse de la riqueza nacional.
La nacionalización de 1976 y una discusión pendiente
La nacionalización petrolera que entró en vigor en 1976 ocupa un lugar central en la historia económica venezolana. Durante generaciones fue presentada como una de las grandes conquistas nacionales: el Estado asumía el control de la principal industria del país y la renta derivada del petróleo quedaba, en teoría, bajo administración colectiva.
La lógica tenía una poderosa fuerza política. Si el petróleo pertenecía a todos, parecía razonable que el Estado controlara directamente su explotación y evitara que grandes fortunas privadas se construyeran alrededor de un recurso nacional.
El problema apareció con el tiempo.
Cuando el Estado concentra simultáneamente la propiedad, la regulación, la operación empresarial y la distribución de la renta, aumenta la capacidad de los gobiernos para decidir quién participa, quién contrata, quién recibe recursos y quién queda fuera. El riesgo deja entonces de ser solamente que un empresario obtenga ganancias excesivas. Aparece otro mucho más difícil de controlar: que grupos conectados al poder capturen la renta sin asumir el riesgo de producirla.
La consecuencia puede ser paradójica. El sistema diseñado para impedir privilegios privados termina produciendo privilegiados cuyo principal activo no es innovar, competir ni producir mejor, sino aproximarse al Estado.
El problema no es que alguien gane dinero produciendo
Venezuela necesita revisar una desconfianza histórica hacia la ganancia empresarial. Una economía moderna no puede tratar como sospechoso al ciudadano que invierte capital, asume riesgos, crea una empresa, contrata trabajadores y obtiene beneficios si cumple la ley.
El problema aparece cuando la riqueza depende de una concesión arbitraria, de una relación política, de un contrato diseñado para favorecer a un grupo o de una barrera construida para impedir la competencia.
Hay una diferencia esencial entre capitalismo y capitalismo de amigotes.
- En una economía de mercado, las empresas compiten, invierten, fracasan o prosperan bajo reglas conocidas.
- En el capitalismo de amigotes, la conexión política vale más que la productividad.
- En un mercado competitivo, el Estado establece reglas y las hace cumplir.
- En un sistema clientelar, el Estado decide discrecionalmente quién puede hacer negocios.
- En una economía abierta, la innovación crea valor.
- En una economía capturada, la cercanía al poder captura rentas.
Venezuela conoce demasiado bien la segunda versión. Por eso abrir la industria petrolera al sector privado sin instituciones sólidas sería insuficiente. Podría sustituir el monopolio estatal por un sistema de privilegios privados vinculados al poder político.
La apertura que necesita el país debe ir acompañada de competencia, transparencia y Estado de derecho.
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Venezuela necesita empresarios petroleros venezolanos
Uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa será evitar que la apertura petrolera dependa exclusivamente de gigantes internacionales. Venezuela necesita capital extranjero, tecnología global y empresas con capacidad para movilizar enormes inversiones. Sería absurdo renunciar a ellas.
Pero también necesita desarrollar una verdadera clase empresarial venezolana alrededor de la energía.
No se trata solamente de propietarios de grandes campos. Existe un ecosistema enorme alrededor del petróleo: ingeniería, mantenimiento, transporte, perforación, software, automatización, construcción, servicios ambientales, procesamiento, petroquímica, logística y generación eléctrica.
Cada uno de esos sectores puede producir empresas venezolanas capaces de competir dentro y fuera del país.
El objetivo debería ser que dentro de veinte años existan compañías nacionales que hayan crecido gracias a conocimiento, productividad y riesgo empresarial, no porque recibieron un contrato por cercanía con algún ministro.
Eso sería una transformación mucho más profunda que simplemente elevar la producción de crudo.
PDVSA tampoco puede seguir siendo un Estado dentro del Estado
La discusión inevitablemente conduce a PDVSA. La empresa puede continuar desempeñando una función estratégica, pero la recuperación petrolera exige revisar qué tareas debe realizar y cuáles deberían estar abiertas a operadores privados.
Durante demasiado tiempo se confundió la fortaleza de PDVSA con la fortaleza del país. No son exactamente lo mismo.
El objetivo de una política energética no debería ser maximizar el tamaño de una empresa estatal, sino maximizar la capacidad productiva de Venezuela bajo reglas transparentes y competitivas.
Eso implica preguntarse si el Estado debe operar directamente cada campo, controlar cada asociación, participar obligatoriamente en cada proyecto o decidir comercialmente actividades que podrían asumir empresas especializadas.
También implica separar funciones. Quien regula no debería tener incentivos para favorecer a la empresa estatal que compite con compañías privadas.
Una industria moderna requiere árbitros, operadores y propietarios con responsabilidades claramente diferenciadas.
Generar riqueza antes de repartirla
La discusión petrolera suele quedar atrapada entre dos extremos. Unos plantean que cualquier participación privada significa entregar la riqueza nacional. Otros sugieren que basta con privatizar para que aparezca automáticamente la prosperidad.
Ninguna de las dos posiciones resuelve el problema.
El país necesita inversión privada y, al mismo tiempo, necesita cobrar impuestos, regalías y contribuciones razonables. Necesita empresarios capaces de obtener beneficios, pero también instituciones capaces de impedir monopolios, corrupción y daños ambientales.
Sobre todo, Venezuela necesita comprender una secuencia económica elemental: antes de distribuir riqueza hay que producirla.
Escuelas, hospitales, jubilaciones dignas, transporte público, carreteras y universidades necesitan recursos. Esos recursos no aparecen mediante decretos. Provienen de una economía capaz de generar valor, empleos, empresas e impuestos.
Limitar de antemano la creación de riqueza con el argumento de evitar desigualdad puede terminar reduciendo precisamente los recursos disponibles para combatirla.
Qué marco necesita una verdadera apertura petrolera
Una apertura seria debería evitar tanto el viejo monopolio estatal como una nueva repartición entre grupos privilegiados. Para ello hacen falta algunas condiciones fundamentales:
- Seguridad jurídica: contratos que sobrevivan a los cambios de gobierno y tribunales capaces de hacerlos cumplir.
- Competencia: procesos abiertos para asignar áreas, proyectos y concesiones.
- Transparencia: publicación de contratos, regalías, impuestos y beneficiarios finales.
- Regulación independiente: organismos técnicos separados de los operadores.
- Acceso al capital: condiciones que permitan financiar proyectos de largo plazo.
- Participación empresarial venezolana: oportunidades reales para pequeñas, medianas y grandes compañías nacionales.
- Protección ambiental: reglas claras y responsabilidades exigibles por daños.
- Estabilidad tributaria: evitar que cada necesidad fiscal cambie unilateralmente las condiciones de inversión.
Ese marco permitiría que la industria deje de ser una extensión de la política y vuelva a convertirse fundamentalmente en una actividad económica.
La oportunidad puede ser enorme, pero también puede desperdiciarse otra vez
Venezuela dispone todavía de recursos, experiencia técnica, ubicación geográfica, infraestructura recuperable y una tradición petrolera de más de un siglo. También existe interés internacional en participar en la recuperación de su sector energético.
Pero ninguna de esas ventajas garantiza el éxito.
El país podría cometer nuevamente el error de convertir la apertura en una distribución de parcelas entre grupos cercanos al gobierno. Podría diseñar contratos poco transparentes, mantener inseguridad jurídica o exigir niveles de control estatal que ahuyenten a los inversionistas más serios.
También podría elegir otro camino: crear un mercado energético competitivo donde capital venezolano y extranjero puedan participar bajo las mismas reglas.
La diferencia entre ambos escenarios no será ideológica. Será institucional.
El petróleo debe financiar el futuro, no capturarlo
Existe además una lección que trasciende la estructura empresarial. Venezuela no debe volver a construir toda su vida económica alrededor de la renta petrolera.
Utilizar mejor el petróleo significa aprovechar sus ingresos para crear condiciones que permitan desarrollar sectores que eventualmente puedan competir con él: industria, agricultura, tecnología, turismo, servicios, logística y conocimiento.
La paradoja de una política petrolera exitosa debería ser que, con el tiempo, el país dependa menos del petróleo precisamente porque utilizó bien los recursos que obtuvo de él.
Eso exige disciplina fiscal, ahorro, inversión en infraestructura y capital humano. También exige impedir que cada aumento del precio del crudo se transforme automáticamente en una expansión descontrolada del gasto público.
El petróleo puede ser un motor. No debe volver a ser una forma de vida política.
La nueva Venezuela tendrá que reconciliarse con la creación de riqueza
El debate más importante, finalmente, no ocurre en los pozos sino en la mentalidad nacional. Durante demasiado tiempo se instaló la idea de que la riqueza de unos necesariamente implicaba la pobreza de otros. Esa visión alimentó políticas orientadas a controlar, repartir y limitar antes de producir.
Una nueva etapa requiere comprender que una sociedad puede defender derechos sociales y, al mismo tiempo, estimular al máximo la iniciativa privada. No existe contradicción inevitable entre empresas prósperas y buenos hospitales. La verdadera pregunta es si existen instituciones capaces de convertir crecimiento económico en oportunidades, impuestos y servicios públicos eficientes.
Venezuela necesita capitalismo, pero capitalismo bajo la ley. Capitalismo competitivo; Capitalismo donde el contacto en un ministerio valga menos que una buena idea. Capitalismo donde enriquecerse produciendo no sea delito y enriquecerse robando al Estado sí tenga consecuencias.
Ese cambio probablemente sea tan importante como recuperar cualquier campo petrolero.
El periodismo independiente debe vigilar esta transformación porque la apertura económica también puede ser capturada por intereses políticos. Seguir contratos, inversiones y reformas legales será indispensable para distinguir una economía de mercado de una nueva versión del viejo reparto. Las contribuciones desde 1 € permiten que RadioAmericaVe.com y Vierne5 mantengan esa vigilancia sin depender de los actores económicos y políticos que debe examinar.
Venezuela todavía tiene petróleo y todavía tiene tiempo. Lo que ya no tiene es margen para repetir los mismos errores.
La oportunidad no consiste únicamente en volver a producir millones de barriles. Consiste en construir una sociedad donde esos barriles ayuden a generar millones de oportunidades.
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