RadioAmericaVe.com / Opinión.
Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Sin liberar presos políticos, ningún acuerdo puede venderse como reconciliación real.
- Liberación de presos políticos
- Acuerdo del siglo Venezuela
- Reconciliación nacional Venezuela
- Estabilización política venezolana
Resulta escandaloso que, a estas alturas, a ocho meses del 3 de enero y en medio de los anuncios del llamado “acuerdo del siglo”, Venezuela siga cargando con el expediente más vergonzoso del poder: cientos de inocentes encarcelados por razones políticas, sometidos al capricho de Maduro, de sus cómplices y de quienes heredaron, administran o toleran la misma maquinaria de arbitrariedad. No hay acuerdo petrolero, promesa de estabilización ni discurso de reconciliación que pueda ocultar esa verdad elemental: mientras haya presos políticos, el país sigue viviendo bajo una forma de secuestro.
Ninguna excusa puede justificarlo. Ni la transición, ni la prudencia diplomática, ni la necesidad de evitar sobresaltos, ni los cálculos de Washington, ni las maniobras del rodrigato, ni el miedo de los operadores que todavía controlan tribunales, cárceles, expedientes y cuerpos represivos. Una persona encarcelada injustamente no es una ficha de negociación. Una familia esperando noticias no es un detalle administrativo. Un preso político no es una variable que pueda dejarse para después porque primero hay que cuadrar petróleo, licencias, inversiones o estabilidad.
Si la reconciliación nacional es algo más que una palabra bonita para decorar comunicados, debe empezar por abrir las puertas de las cárceles a quienes nunca debieron estar allí.
La reconciliación no se decreta con presos en las celdas
Un país no se reconcilia sobre el sufrimiento administrado. No se estabiliza sobre expedientes fabricados. No recupera confianza mientras mantiene encarcelados a ciudadanos por protestar, disentir, informar, militar, opinar o simplemente resultar incómodos para el poder. La reconciliación no puede ser una fotografía entre dirigentes mientras las víctimas continúan esperando justicia.
La prolongación de esta práctica aberrante del chavismo afecta cualquier indicador serio de éxito. Si el plan anunciado prometía una fase de reconciliación y estabilización, entonces la liberación de todos los presos políticos debía ser un punto básico, urgente y verificable. No un gesto simbólico. No una excarcelación parcial. No una lista administrada con gotero. No un canje de nombres para aliviar presión internacional. Todos significa todos.
Lo demás es propaganda.
Porque en política hay señales que pesan más que mil discursos. Y la señal de mantener presos políticos en medio de una supuesta transición es devastadora: indica que el aparato represivo sigue intacto, que los tribunales siguen obedeciendo, que las cárceles siguen siendo herramientas de control y que la libertad todavía depende de quienes la quitaron arbitrariamente.
El compromiso que no puede quedar en el aire
Nada explica el incumplimiento del compromiso público atribuido al presidente Trump y a sus funcionarios, según el cual todos los presos políticos serían liberados como parte de la fase de reconciliación y estabilización. Si ese compromiso fue asumido, debe cumplirse. Si fue anunciado, debe verificarse. Si formaba parte de la hoja de ruta, debe aparecer en hechos concretos y no perderse entre comunicados ambiguos, reuniones reservadas y promesas de próxima etapa.
La credibilidad de cualquier proceso no se mide por la grandilocuencia del nombre que le pongan, sino por su capacidad de corregir injusticias concretas. Y pocas injusticias son tan concretas como una celda cerrada sobre un inocente.
Washington no puede presentarse como garante de una transición mientras mira de lado la continuidad del encierro político. Y Caracas no puede vender normalización si conserva el viejo método de intimidar a la sociedad mediante presos ejemplarizantes. El poder sabe perfectamente lo que hace cuando encarcela a un ciudadano por razones políticas: no castiga solo a una persona, envía un mensaje a millones.
Ese mensaje es simple y brutal: “Esto puede pasarte a ti”.
La cárcel como herencia del chavismo
El chavismo no solo destruyó instituciones, arruinó la economía, expulsó a millones de venezolanos y convirtió la justicia en un brazo del partido. También normalizó una pedagogía del miedo: el expediente como amenaza, la prisión como advertencia, el tribunal como oficina política, el funcionario armado como recordatorio de quién manda.
Por eso mantener presos políticos no es una falla menor del proceso. Es la continuidad del método. Es la prueba de que debajo de la nueva escenografía todavía respira la vieja maquinaria. Pueden cambiar los interlocutores, los comunicados, los aliados externos, los contratos petroleros o las palabras de moda. Pero si la cárcel política sigue funcionando, el sistema no ha cambiado en lo esencial.
Un país que quiera reconstruirse debe romper con esa herencia de manera clara. Y la ruptura pasa por medidas concretas:
- Liberación inmediata de todos los presos políticos.
- Revisión pública y transparente de los expedientes contaminados por motivación política.
- Restitución de derechos civiles y políticos a quienes fueron perseguidos.
- Garantías reales de no repetición para víctimas y familiares.
- Responsabilidad institucional para quienes fabricaron causas, ordenaron abusos o encubrieron arbitrariedades.
Sin eso, cualquier discurso de reconciliación queda reducido a una ceremonia vacía.
La dignidad de las familias también está presa
Cuando se habla de presos políticos, muchas veces se piensa únicamente en quien está tras las rejas. Pero cada detenido arrastra consigo a una familia entera. Madres que esperan llamadas. Hijos que crecen con miedo. Esposas, esposos, hermanos y padres que viven entre trámites, humillaciones, traslados, silencios, promesas rotas y noches sin descanso.
La prisión política no castiga solo al preso. Castiga a su entorno, busca quebrar afectos, agotar recursos, imponer culpa, sembrar desesperanza. Ese es uno de sus aspectos más crueles: convierte la incertidumbre en castigo permanente.
Por eso ninguna negociación seria puede tratar este tema como capítulo secundario. Cada día adicional de encierro es una nueva violación. Cada demora es una decisión. Cada silencio es una forma de complicidad. La dignidad humana no puede esperar a que se ordenen las carpetas del acuerdo petrolero, ni a que los técnicos terminen de calcular inversiones, ni a que los operadores políticos decidan cuánta libertad conviene liberar sin molestar demasiado al aparato.
El acuerdo del siglo no puede nacer con esta mancha
El llamado “acuerdo del siglo” puede prometer petróleo, recursos, estabilización, inversiones, reconstrucción y oxígeno económico. Pero si nace con presos políticos todavía encerrados, nace manchado. Si busca confianza internacional mientras tolera cárceles políticas, nace incompleto. Si pretende inaugurar una etapa distinta sin desmontar la práctica más abusiva del régimen, nace moralmente torcido.
La confianza no se decreta. Se construye. Y se construye con hechos verificables. El primer hecho debería ser la libertad. El segundo, la garantía. El tercero, la justicia.
Venezuela no puede aceptar que los derechos humanos sean negociados como anexos de un contrato. No puede aceptar que la libertad dependa del ritmo de una mesa. No puede aceptar que la reconciliación sea administrada por quienes todavía tienen miedo de liberar a sus víctimas.
Como suele decir Víctor Escalona, “una transición con presos políticos no es transición: es el viejo miedo usando traje nuevo”. Esa frase resume la gravedad del momento. No basta con cambiar el lenguaje. No basta con hablar de fases, hojas de ruta o estabilización. La libertad de los presos políticos es el termómetro moral del proceso.
Sin libertad no hay confianza
La prolongación de esta aberrante práctica no solo lastima a las víctimas. También resta confianza a toda la hoja de ruta. Multiplica las dudas sobre lo que realmente ocurre en Venezuela más allá de las promesas, los anuncios y la propaganda. ¿Quién manda realmente? ¿Quién bloquea las liberaciones? ¿Quién teme que salgan? ¿Qué expedientes quieren ocultar? ¿Qué costo político intentan administrar? ¿Qué clase de reconciliación se está diseñando si todavía no se atreven a corregir lo más obvio?
El país tiene derecho a esas preguntas. Y el periodismo independiente tiene el deber de insistir en ellas, aunque incomoden. En Vierne5 creemos que ninguna estabilización merece ese nombre si deja por fuera la dignidad de los ciudadanos encarcelados injustamente. Acompañar una transición no significa aplaudirla sin condiciones. Significa exigir que sea humana, verificable y democrática.
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Los presos políticos no pueden seguir esperando a que el poder decida cuándo le conviene parecer decente. Su libertad debe ser inmediata porque su encierro nunca debió existir. Si el acuerdo pretende abrir una nueva etapa, que empiece por allí: por devolverle la libertad a los inocentes, la dignidad a sus familias y la confianza mínima a un país que ya no soporta más promesas sin hechos.
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