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Venezuela enfrenta una prueba decisiva: reconstruir con memoria, ingeniería, transparencia y responsabilidades verificables.
Reconstrucción transparente de Venezuela; memoria del desastre; reconstrucción sin impunidad; seguridad y reconstrucción nacional
Reconstruir no consiste en conseguir que las ruinas desaparezcan de la fotografía. Consiste en comprender por qué se produjeron determinadas fallas, preservar la evidencia necesaria, identificar responsabilidades cuando existan y levantar de nuevo bajo reglas capaces de impedir que los mismos errores regresen disfrazados de normalidad. Venezuela necesita viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y servicios. Pero la reconstrucción será incompleta si el concreto nuevo termina colocado sobre las mismas prácticas institucionales que debieron ser corregidas.
De allí surge la idea central de este editorial: la memoria del desastre debe convertirse en una norma técnica. Recordar no significa prolongar el dolor ni repartir culpabilidades anticipadas. Significa transformar la experiencia acumulada en mejores inspecciones, contratos rastreables, materiales certificados, archivos públicos, peritajes rigurosos y consecuencias legales cuando los tribunales determinen responsabilidades.
El último balance oficial ampliamente documentado situó en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Para el 25 de agosto también se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, mientras el número de viviendas nuevas entregadas se mantenía en 335; adicionalmente, las autoridades informaron la recuperación de 1.001 viviendas. Más de 25.000 personas habían necesitado alojamiento temporal desde la catástrofe.
Estas cifras no describen solamente la magnitud de una tragedia. También permiten dimensionar la extraordinaria operación económica, administrativa y técnica que comienza alrededor de ella.
La memoria empieza antes de adjudicar el próximo contrato
La reconstrucción habitacional mueve terrenos, ingeniería, cemento, acero, permisos, urbanismo, redes eléctricas, agua, transporte y millones de dólares en contratación. Cada una de esas etapas puede convertirse en una oportunidad de recuperación o en un nuevo punto de vulnerabilidad.
La experiencia previa de una empresa, sus propietarios reales, su capacidad financiera, su personal técnico y sus antecedentes contractuales no son detalles secundarios. Son información indispensable cuando se trata de construir estructuras destinadas a proteger vidas.
Un sistema de reconstrucción verdaderamente verificable permitiría conocer:
- quiénes son los beneficiarios finales de cada compañía contratada;
- qué experiencia técnica comprobable posee;
- qué obra recibió, por qué monto y mediante qué procedimiento;
- qué ingenieros y profesionales responden por el proyecto;
- qué materiales y especificaciones estructurales fueron aprobados;
- qué modificaciones posteriores sufrió el diseño;
- cuánto dinero ha sido desembolsado y cuál es el avance físico real;
- y quién certificó finalmente la seguridad de la obra.
Esto también exige una distinción fundamental entre sospecha y responsabilidad. Una empresa o funcionario investigado no puede presentarse automáticamente como culpable. Cuando exista una sentencia firme o una sanción administrativa válida, el Estado puede aplicar las consecuencias previstas por la ley. Cuando exista solamente una denuncia, corresponde investigar, preservar evidencia y garantizar el debido proceso.
La memoria pierde su valor si se convierte en revancha. También lo pierde si termina convertida en amnesia.
Las cifras también necesitan memoria
Una reconstrucción rigurosa empieza por contar correctamente. Venezuela dispone de un balance oficial de 6.509 fallecidos, pero la información pública sobre desaparecidos ha sido mucho menos consolidada. Distintas plataformas ciudadanas han manejado números considerablemente superiores, mientras fuentes periodísticas documentaron que el Gobierno no había presentado un cómputo nacional definitivo; DW informó, por ejemplo, de 1.579 desaparecidos reportados solamente en La Guaira hasta el 4 de agosto. Esa diferencia impide tratar como cifra forense oficial cualquier estimación ciudadana nacional que no haya sido validada mediante un registro consolidado.
Algo semejante ocurre con los campamentos. Los 18.437 residentes en 94 campamentos corresponden a un balance de julio, no a una fotografía de finales de septiembre. El 17 de julio ya se informaba de 21.235 personas en 107 campamentos, y el balance de agosto señalaba que más de 25.000 venezolanos habían requerido alojamiento temporal desde los terremotos.
Actualizar esos números no debilita la denuncia sobre la emergencia. La hace más precisa.
Una estadística responsable necesita siempre tres apellidos: fuente, fecha y metodología. Sin ellos, incluso una cifra que fue correcta puede terminar describiendo mal la realidad semanas después.
Los escombros no son solamente basura
Las 600.790 toneladas retiradas representaban alrededor del 28 % del volumen calculado de escombros a finales de agosto.
Limpiar calles y zonas afectadas es indispensable. Pero la remoción también debe convivir con la investigación técnica. Allí donde existan indicios razonables de fallas constructivas, alteraciones, incumplimientos o responsabilidades, determinados restos pueden contener información relevante sobre materiales, columnas, conexiones, patrones de falla y secuencia de colapso.
La velocidad de la reconstrucción no debería eliminar la posibilidad de aprender técnicamente del derrumbe.
El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos. El 47 % correspondió a edificios residenciales, el 27 % a infraestructura y el 26 % a inmuebles no residenciales. La institución advirtió además que el ritmo de la reconstrucción será determinante para las consecuencias económicas y sociales del desastre.
Ese volumen transforma la reconstrucción en una de las grandes operaciones económicas del país. Y cuanto mayor sea la cantidad de recursos movilizados, mayor debe ser la capacidad de seguirlos desde el presupuesto hasta la obra terminada.
El periodismo independiente también forma parte de la memoria pública. Comparar balances, seguir contratos, revisar quién ejecuta una obra y corregir una cifra cuando aparece información más reciente no obstaculiza la reconstrucción: contribuye a que pueda ser comprobada.
La reconstrucción internacional también necesita trazabilidad
Venezuela atraviesa simultáneamente una recomposición de sus relaciones financieras y diplomáticas. Durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la delegación encabezada por Delcy Rodríguez mantuvo conversaciones relacionadas con energía, deuda, minería y recuperación económica. Reuters informó de contactos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y señaló que las conversaciones con el FMI incluyeron la recuperación posterior a los terremotos.
Conviene separar aquí los hechos comprobados de afirmaciones que no cuentan con respaldo documental suficiente. No existe evidencia pública sólida para afirmar que los créditos del Banco Mundial destinados a la recuperación estén administrados operativamente por el Comando Sur de Estados Unidos. Cooperación militar, influencia diplomática y financiamiento multilateral pueden coexistir, pero no constituyen automáticamente una sola cadena de administración.
La transparencia debe aplicarse en ambas direcciones. Los organismos externos necesitan explicar los mecanismos que utilizan, y las instituciones venezolanas necesitan mostrar qué ocurre con cada recurso una vez que entra al país.
Una transferencia destinada a recuperación debería poder terminar vinculada a un proyecto concreto: una escuela rehabilitada, una vivienda certificada, una tubería, una carretera, un hospital o empleo directamente relacionado con la reconstrucción.
La diplomacia puede facilitar financiamiento. La rendición de cuentas determina su resultado.
Reconstruir instituciones también significa recordar
La recuperación física coincide con otro proceso: la negociación para reformar instituciones políticas y judiciales. El diálogo entre representantes del Gobierno y la oposición, auspiciado por Estados Unidos, se reanudó el 17 de septiembre. Entre octubre y noviembre se prevé avanzar en la discusión de un nuevo Consejo Nacional Electoral, dentro de un proceso que también aborda reforma judicial, derechos constitucionales e inhabilitaciones políticas. Dinorah Figuera encabeza la delegación opositora en esas conversaciones.
Eso coloca frente al país dos reconstrucciones distintas pero conectadas: la de edificios y la de instituciones.
La segunda también necesita datos actualizados. El balance más reciente localizado de Foro Penal, con corte al 14 de septiembre de 2026, registró 344 personas que la organización clasifica como presos políticos: 330 hombres y 14 mujeres. Esa caracterización pertenece a Foro Penal y debe ser atribuida a la organización, no presentada como una clasificación aceptada por todas las partes.
En materia de derechos humanos, María Eloísa Quintero, integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmó después de la presentación de su informe más reciente que persistía una continuidad de determinadas prácticas represivas y señaló que en algunos casos documentados la metodología de tortura se había vuelto “más atroz”. El informe abarca desde septiembre de 2025 hasta finales de agosto de 2026 y documenta 53 casos de tortura, 37 ocurridos durante ese período.
Son señalamientos graves que requieren investigación, garantías y respuestas institucionales. Su relevancia para la reconstrucción es directa: un Estado no recupera credibilidad solamente reemplazando concreto; también debe demostrar que sus procedimientos permiten investigar abusos, proteger derechos y exigir responsabilidades.
La nueva arquitectura del país puede comenzar con datos abiertos
La reconstrucción ofrece una posibilidad concreta de transformar la relación entre administración y ciudadanía.
Cada municipio afectado podría disponer de un expediente público de las obras realizadas: presupuesto asignado, contratista, propietarios reales, ingeniero responsable, cronograma, modificaciones, pagos y porcentaje de ejecución. Cada escuela rehabilitada puede conservar una certificación estructural. Cada vivienda nueva, un expediente técnico. Cada ampliación presupuestaria, su justificación.
No se trata de añadir papeles por añadirlos. Se trata de impedir que la información desaparezca precisamente cuando comienza la responsabilidad.
RadioAmericaVe.com y Vierne5 han planteado esta misma exigencia desde otros ángulos: en una reconstrucción de esta magnitud, los contratos, los municipios y la ayuda humanitaria necesitan trazabilidad pública porque la opacidad aumenta el riesgo de desperdicio, favoritismo y corrupción. Los precedentes editoriales del medio sobre ayuda, reconstrucción municipal y fondos de emergencia forman parte de esa discusión.
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Recordar sirve únicamente si cambia la siguiente decisión
Donald Trump declaró en julio que, desde la perspectiva de su Administración, Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque sostuvo que el país había registrado avances. Esa declaración describe la posición política de la Casa Blanca; no constituye por sí misma una certificación jurídica sobre cuándo Venezuela puede o debe votar.
Al mismo tiempo, los ritmos externos continúan avanzando. Nicolás Maduro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron junio de 2027 como fecha para iniciar su juicio penal en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico. Maduro y Cilia Flores se han declarado no culpables.
En el terreno económico, Steve Hanke ha redactado y promovido una propuesta de dolarización oficial para Venezuela que limitaría la capacidad del Banco Central para aplicar política monetaria discrecional. Sigue siendo una propuesta en discusión y no una política adoptada por Venezuela.
Estos procesos muestran cuánto de la transición venezolana se discute también fuera de sus fronteras. Pero ninguna negociación internacional, reforma monetaria o decisión judicial extranjera puede sustituir aquello que solo las instituciones nacionales pueden construir: reglas capaces de aprender de las consecuencias.
Las familias que perdieron su vivienda necesitan casas seguras, no ceremonias. Los niños afectados necesitan escuelas confiables. Los trabajadores necesitan infraestructura funcional. Los ciudadanos necesitan saber quién administra el dinero y bajo qué controles.
Y cuando una investigación independiente y un tribunal competente determinen que alguien incurrió en corrupción, fraude, incumplimiento constructivo u otro delito, la respuesta debe surgir de la ley y del debido proceso.
Esa es la diferencia entre memoria y revancha.
Reconstruir con memoria significa preguntarse no solamente cuánto puede levantarse, sino quién lo construirá, bajo qué normas, quién lo supervisará, cuánto costará, dónde estarán los documentos y qué ocurrirá si esas reglas vuelven a ser vulneradas.
Las ciudades pueden levantarse nuevamente con concreto.
La confianza necesita algo más difícil: evidencia, memoria y responsabilidad.
Porque volver a construir aquello que cayó sin aprender de aquello que falló no sería reconstrucción. Sería dejar preparado el próximo derrumbe.
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Victor Julio Escalona
Editor.
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