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Jorge Millán advierte que no habrá avances en la designación del TSJ hasta reanudar la mesa de diálogo.
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- Garantías institucionales en Venezuela
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia sigue sin mostrar avances concretos a casi un mes del primer acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo. Jorge Millán, integrante de la delegación opositora, no estima que haya progreso real en el proceso de designación del máximo juzgado del país hasta que las conversaciones se reanuden a partir del 15 de septiembre.
La advertencia introduce una pausa sensible en uno de los puntos más delicados de la transición institucional venezolana. El TSJ no es una pieza secundaria: es el órgano llamado a resolver controversias constitucionales, electorales, administrativas y penales en un país que intenta reconstruir garantías después de años de desconfianza, politización judicial y uso discrecional del poder público.
El retraso también afecta la discusión sobre el nuevo Consejo Nacional Electoral. Desde el acuerdo inicial, distintos voceros opositores han defendido la idea de que cambiar el TSJ es una condición previa para que una renovación del CNE tenga verdadero sentido. El argumento es simple: un árbitro electoral renovado puede quedar neutralizado si el máximo tribunal conserva capacidad de bloquear candidaturas, intervenir partidos, validar inhabilitaciones o alterar decisiones electorales.
Un acuerdo que todavía espera ejecución
El primer acuerdo de la mesa de diálogo abrió expectativas sobre una renovación total del TSJ. La ruta planteada incluía revisar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales y avanzar hacia un mecanismo de evaluación de méritos para seleccionar nuevos magistrados antes de finalizar el año.
Sin embargo, el tiempo transcurrido comienza a pesar. A casi un mes de aquel primer entendimiento, la ausencia de avances visibles alimenta dudas sobre la capacidad de las partes para convertir los anuncios en decisiones verificables. La reanudación de la mesa a partir del 15 de septiembre aparece ahora como el próximo punto de prueba.
El problema no es solo de calendario. En un proceso de transición, los plazos son parte de la confianza pública. Cada semana sin información clara aumenta el escepticismo de una ciudadanía acostumbrada a acuerdos que se anuncian con solemnidad y luego se diluyen entre demoras, disputas internas o cálculos de poder.
Por qué el TSJ es el primer examen institucional
La renovación del TSJ se ha convertido en el primer examen visible de la mesa de diálogo porque permite medir si la negociación está dispuesta a tocar estructuras reales de poder. Cambiar el máximo tribunal no significa únicamente sustituir nombres. Implica revisar la relación entre justicia, política, derechos ciudadanos y control del Estado.
Un TSJ independiente tendría impacto directo en al menos cuatro áreas sensibles:
- Garantías electorales: protección de candidaturas, partidos, resultados, auditorías e impugnaciones.
- Derechos humanos: revisión de expedientes, presos políticos, debido proceso y medidas de protección.
- Seguridad jurídica: confianza para ciudadanos, empresas, inversionistas y comunidades afectadas por decisiones públicas.
- Control del poder: capacidad de frenar abusos administrativos, corrupción, arbitrariedades y capturas institucionales.
Por eso, el proceso no puede manejarse como un asunto reservado entre delegaciones. La ciudadanía necesita conocer criterios, plazos, perfiles, mecanismos de selección y garantías contra el reparto de cuotas.
El vínculo con el nuevo CNE
La discusión sobre el TSJ está directamente conectada con la renovación del CNE. En Venezuela, una elección no depende únicamente del organismo que organiza el voto. También depende del tribunal que puede validar, revisar o revertir decisiones electorales.
Si el TSJ continúa siendo percibido como un poder subordinado a intereses políticos, cualquier CNE renovado nacerá bajo sospecha. El país podría tener un nuevo árbitro, nuevos rectores y un nuevo cronograma, pero seguir expuesto a decisiones judiciales capaces de vaciar de contenido la voluntad popular.
Ese es el fondo del debate. El CNE puede administrar el proceso; el TSJ puede blindarlo o destruirlo. Por eso, la reforma judicial no es una discusión paralela, sino una garantía previa para cualquier salida electoral creíble.
Lo que debe aclararse a partir del 15 de septiembre
La reanudación de la mesa deberá producir algo más que declaraciones generales. Si el proceso pretende mantener credibilidad, las delegaciones tendrán que explicar qué se ha hecho, qué falta y cuáles serán los próximos pasos. La ciudadanía no necesita promesas abstractas, sino una ruta concreta.
- cuál será el calendario real para reformar la Ley Orgánica del TSJ;
- cómo se ampliará el Comité de Postulaciones Judiciales;
- quiénes podrán participar en la evaluación de aspirantes;
- qué criterios se usarán para certificar méritos, independencia y trayectoria;
- cómo se evitará que la selección responda a cuotas partidistas;
- qué mecanismos públicos permitirán impugnar perfiles cuestionados;
- cuándo se espera tener nuevos magistrados designados;
- qué garantías internacionales o nacionales verificarán el cumplimiento del acuerdo.
Sin esas respuestas, el proceso corre el riesgo de quedar atrapado en la misma lógica que ha debilitado negociaciones anteriores: mucho anuncio, poca ejecución y escasa rendición de cuentas.
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Una ciudadanía cansada de esperar
El escepticismo ciudadano no surge de la nada. Venezuela ha atravesado años de negociaciones, promesas de apertura, acuerdos parciales y reformas anunciadas que no siempre se tradujeron en cambios reales. Por eso, la pausa actual en el proceso del TSJ puede tener un costo político mayor que el que imaginan los negociadores.
La población no evalúa la mesa solo por sus comunicados. La evalúa por resultados. Quiere saber si habrá jueces independientes, si se revisarán abusos, si los presos políticos tendrán justicia, si las víctimas del poder podrán reclamar sin miedo y si una futura elección tendrá defensa institucional real.
En ese contexto, el 15 de septiembre no debería ser solo una fecha administrativa. Debería marcar el comienzo de una etapa de ejecución verificable. La mesa necesita demostrar que no está administrando tiempos para diluir expectativas, sino construyendo una arquitectura judicial capaz de sostener la transición.
El peso de los presos políticos y los derechos humanos
La renovación del TSJ también será observada desde la situación de los presos políticos. Mientras existan personas detenidas por motivos políticos, expedientes cuestionados, denuncias de aislamiento, problemas de atención médica o restricciones al debido proceso, la reforma judicial tendrá una prueba inmediata.
Un tribunal renovado no puede limitarse a garantizar futuras elecciones. Debe revisar el presente. La legitimidad del nuevo TSJ dependerá de su capacidad para actuar frente a casos sensibles, ordenar medidas de protección, corregir abusos y demostrar independencia allí donde el poder político preferiría silencio.
La justicia no puede esperar a que todo el calendario electoral esté listo. Si la mesa habla de garantías institucionales, esas garantías deben alcanzar también a las familias que hoy reclaman libertad, atención médica, revisión de expedientes y derecho a la defensa.
La transición no puede ser una sala de espera
La demora en la renovación del TSJ muestra uno de los mayores riesgos de la transición venezolana: convertir los acuerdos en una sala de espera permanente. El país enfrenta urgencias simultáneas en materia institucional, económica, social y humanitaria. En ese contexto, postergar decisiones clave puede convertirse en una forma de mantener intactas estructuras de poder.
El TSJ no puede seguir siendo una promesa para después. Si el máximo tribunal es la llave para dar sentido al nuevo CNE, proteger garantías políticas y reconstruir seguridad jurídica, su reforma debe avanzar con prioridad. No hay reconstrucción democrática posible sobre un poder judicial sin credibilidad.
La mesa de diálogo tiene derecho a negociar tiempos, fórmulas y mecanismos. Pero no tiene derecho a exigir confianza ciega. La confianza debe ganarse con actos concretos, documentos públicos, cronogramas verificables y participación ciudadana.
Qué está en juego
La renovación del TSJ afecta mucho más que a abogados, magistrados o partidos. Sus consecuencias alcanzan a toda la sociedad. Un tribunal confiable puede ayudar a ordenar conflictos, proteger derechos, atraer inversión, controlar abusos y dar soporte jurídico a una transición electoral. Un tribunal capturado puede bloquear reformas, perseguir disidencias, validar arbitrariedades y mantener al país en incertidumbre.
Los sectores más afectados por el resultado de este proceso son:
- ciudadanos que necesitan garantías frente al abuso del Estado;
- partidos y candidatos que requieren reglas judiciales imparciales;
- familiares de presos políticos que esperan revisión de expedientes;
- empresas e inversionistas que necesitan seguridad jurídica;
- comunidades damnificadas que requieren protección frente a corrupción y discrecionalidad;
- organizaciones civiles que reclaman participación y control ciudadano.
El TSJ será, en buena medida, el instrumento que determine si la transición avanza hacia un Estado de derecho o si se queda en una recomposición superficial del poder.
Preguntas frecuentes
¿Qué dijo Jorge Millán sobre la renovación del TSJ?
Millán no estima que haya avances concretos en el proceso de designación del máximo juzgado del país hasta que la mesa de diálogo se reanude a partir del 15 de septiembre.
¿Por qué importa renovar el TSJ antes del CNE?
Porque el TSJ puede revisar, bloquear o validar decisiones electorales. Sin un tribunal independiente, un nuevo CNE podría quedar sin protección institucional real.
¿Qué debería ocurrir cuando se reanude la mesa?
Las delegaciones deberían presentar un calendario claro, criterios públicos de selección, mecanismos de evaluación de méritos y garantías contra el reparto de cuotas.
A casi un mes del primer acuerdo, la renovación del TSJ sigue esperando señales concretas. La reanudación de la mesa a partir del 15 de septiembre será una prueba de seriedad para las partes: o el proceso entra en fase de ejecución, o comenzará a parecer otra promesa atrapada en la vieja cultura de la demora.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe seguir cada paso de esta reforma: los plazos, los nombres, los méritos, los pactos y las omisiones. La justicia venezolana no puede reconstruirse en silencio. Si el TSJ será la garantía previa para un nuevo CNE, entonces su renovación debe ser pública, meritocrática y vigilada por la ciudadanía.
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