Caracas / Bajo el lema de: “La libertad agoniza”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), exigió este martes, en un documento, “no la reforma”, sino “#la derogación de la llamada “Ley contra el Odio”, que fabricó la actual administración, ahora presidida por Delcy Rodríguez.
La libertad de expresión en Venezuela sigue enfrentando desafíos significativos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa se pronunció enérgicamente tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre su solicitud a la Asamblea Nacional para modificar la Ley contra el Odio. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el sindicato dijo que la simple despenalización de esta ley no es suficiente.
Según el SNTP, si bien la eliminación de las penas de
prisión representa un avance notable, el mantenimiento de sanciones que
permiten el cierre de emisoras, el bloqueo de portales y la orden de retirar
contenidos, perpetúa mecanismos de censura que afectan a periodistas y medios
de comunicación. "Despenalizar no puede significar simplemente eliminar
las penas de prisión y conservar el resto de su estructura restrictiva",
enfatizó el sindicato.
La propuesta de reforma parcial presentada por Rodríguez
a su hermano, aunque reconoce la necesidad de cambiar una ley que ha sido
cuestionada desde su aprobación por su impacto negativo en derechos
fundamentales, debe ir más allá.
El SNTP sostiene que esta revisión es una reivindicación
que ha sido exigida por periodistas, organizaciones de la sociedad civil y
defensores de derechos humanos desde 2017, y recoge planteamientos que han sido
discutidos en mesas de diálogo con la oposición.
El sindicato menciona, por ejemplo, que el artículo 20 de
la ley, establece penas de 10 a 20 años de prisión por promoción o incitación
al odio, y éste debe ser eliminado o modificado sustancialmente. La existencia
de tales sanciones permite que expresiones protegidas por la Constitución sean
criminalizadas bajo conceptos amplios y sujetos a interpretaciones
discrecionales.
En Venezuela basta con que un funcionario “le siembre” un
señalamiento o una acusación referente a cualquiera de los términos expresados
en el contenido de esta ley, para que cualquier ciudadano o periodista sea
encerrado por diez y hasta veinte años por incurrir en el odio, sin poca
posibilidad de defensa.
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puede obtener más información sobre éste y otros materiales en
https://www.vierne5.com, https://www.radioamericave.com y
[email protected]
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