RadioAmericaVe.com / Opinión.
Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
La Misión ONU advierte que la represión en Venezuela no desapareció: se sofisticó.
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- Tortura y represión política
La frase de Eloísa Quintero, integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, debería cortar de raíz cualquier intento de vender normalidad: la metodología de torturas en el país se ha hecho “más atroz”. No estamos hablando de un exceso aislado, ni de un resto incómodo del pasado, ni de una sombra que desaparece con discursos de reconciliación. Estamos hablando de una maquinaria que no ha entrado en transición: ha aprendido a sobrevivir, a ocultarse mejor y a producir miedo con métodos cada vez más refinados.
Según reseñas sobre el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el documento cubre el periodo entre septiembre de 2025 y finales de agosto de 2026, y registra 53 casos de tortura, 37 de ellos ocurridos durante ese lapso. La propia Quintero ha advertido que, aunque puedan presentarse cambios políticos, el aparato represivo mantiene capacidad de daño y la metodología de tortura se ha vuelto más cruel o más atroz.
Ese dato no puede ser tratado como una nota más en el ruido venezolano. Es un dictamen forense contra la felicidad decretada. Mientras algunos atriles internacionales hablan de pacificación, acuerdos, reconstrucción y estabilidad, la ONU vuelve a señalar que bajo la superficie sobreviven sótanos, expedientes, aislamiento, asfixia, violencia psicológica y castigos diseñados para quebrar el cuerpo y la conciencia.
La transición no puede tener calabozos
Una transición democrática no puede convivir con una metodología de tortura más atroz. No puede pedir confianza mientras mantiene vivo el miedo; No puede hablar de nuevo país si conserva los instrumentos del viejo horror. No puede pedir inversión, normalización y reconocimiento internacional si, al mismo tiempo, permite que ciudadanos sigan siendo tratados como enemigos a destruir.
Ese es el quiebre ético del momento venezolano. Se habla de conversaciones, nuevo CNE, reinstitucionalización, apertura petrolera y reformas. Todo eso puede ser necesario. Pero nada de eso tendrá legitimidad plena si no se desmonta primero la capacidad represiva del Estado.
Porque el problema no es solo que haya presos políticos. El problema es que existe una arquitectura capaz de producir presos políticos, de fabricar expedientes, de intimidar familias, de silenciar defensores, de vigilar a periodistas y de torturar cuando necesita enviar un mensaje. Esa arquitectura es incompatible con cualquier democracia.
La represión se sofisticó, no desapareció
El poder autoritario rara vez se suicida. Se adapta. Cambia de lenguaje, modera gestos, abre una puerta mientras cierra otra, libera a algunos mientras mantiene a otros como advertencia, permite una visita internacional mientras conserva intacta la capacidad de castigo.
La Misión de la ONU ha venido alertando que, pese a cambios políticos limitados, el aparato represivo del país permanece intacto. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Misión destacó preocupación por lo documentado en centros como Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentran recluidas numerosas personas detenidas por motivos políticos.
El mensaje es devastador: no basta con mover piezas en la superficie. Si las leyes, los cuerpos, los funcionarios, las cárceles, los expedientes y los métodos permanecen disponibles, el sistema sigue listo para actuar. Puede estar en pausa; Puede estar midiendo costos. Puede estar administrando tiempos. Pero sigue allí.
Una transición verdadera no es la que maquilla al represor. Es la que le quita las llaves.
El informe incomoda porque destruye el relato
La denuncia de torturas más atroces incomoda porque aparece justo cuando algunos actores quieren instalar la idea de que Venezuela ya entró en una etapa de normalización. Esa narrativa necesita fotografías, reuniones, anuncios económicos, cifras de reconstrucción, promesas electorales y lenguaje diplomático. Pero la ONU coloca otra imagen sobre la mesa: la de ciudadanos sometidos a métodos crueles mientras el poder busca vender estabilidad.
No hay estabilidad posible si la dignidad humana sigue siendo negociable; No hay pacificación real si el Estado conserva la tortura como herramienta; No hay reconciliación si las víctimas siguen esperando verdad y justicia. No hay nuevo comienzo si el aparato que produjo el horror sigue decidiendo quién respira y quién teme.
En ese sentido, el informe no solo denuncia abusos. También obliga a revisar la calidad moral de las negociaciones en marcha. ¿Puede construirse un nuevo CNE mientras se documentan torturas atroces?; ¿Puede hablarse de Estado de derecho si los responsables siguen protegidos por redes de poder? ¿Puede una mesa política producir confianza si no exige, desde el primer minuto, garantías verificables para presos, excarcelados, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes?
Ningún CNE se construye sobre cimientos de sangre
La discusión sobre un nuevo CNE es importante, pero no puede divorciarse de la discusión sobre justicia. Un árbitro electoral no servirá de mucho si el ciudadano vota con miedo, si los activistas viven bajo amenaza, si los testigos electorales son intimidables, si los periodistas no pueden cubrir libremente y si el aparato represivo conserva la capacidad de activar expedientes contra cualquiera.
Ningún CNE se construye sobre cimientos de sangre. Ningún TSJ meritocrático puede nacer de un reparto burocrático a puerta cerrada. Ninguna institucionalidad democrática será confiable si no reconoce primero que el país necesita verdad, reparación, responsabilidad y garantías de no repetición.
La transición no puede ser un cambio de fachada. Debe ser una ruptura con el método que convirtió al Estado en una maquinaria contra la sociedad.
- Debe haber liberación plena de presos políticos y cierre de causas fabricadas.
- Debe investigarse a quienes ordenaron, ejecutaron o encubrieron torturas.
- Debe desmontarse la legislación usada para controlar sociedad civil y perseguir disidencia.
- Debe garantizarse acceso permanente a organismos internacionales de derechos humanos.
- Debe protegerse a víctimas, familiares, periodistas, defensores y testigos.
- Debe quedar claro que ningún acuerdo político puede comprar impunidad.
La economía no puede lavar la tortura
Venezuela necesita reconstrucción, inversión, petróleo produciendo, servicios públicos, escuelas abiertas, hospitales funcionando y barrios levantándose del abandono. Pero ninguna urgencia económica puede servir para lavar un aparato torturador. La ayuda financiera, la apertura petrolera o los acuerdos internacionales deben estar condicionados a reformas reales, no a promesas de buena conducta.
Human Rights Watch ha advertido recientemente que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sigue siendo una herramienta esencial para investigar graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y mantener escrutinio internacional sobre el país.
Esa vigilancia no puede debilitarse justo cuando más se necesita. Al contrario: debe reforzarse. Si el país está en una nueva etapa, esa etapa debe demostrar que puede mirar los sótanos de frente. Porque no hay reconstrucción material sin reconstrucción moral. No hay futuro sobre calabozos. No hay mercado, inversión ni plan económico capaz de sustituir la obligación de proteger la vida y la dignidad humana.
El nuevo poder moral de la ciudadanía
El pueblo venezolano no puede quedar reducido a espectador de mesas, comisiones, anuncios y repartos institucionales. La ciudadanía tiene que convertirse en poder moral vigilante. Debe auditar a quienes negocian; Debe exigir resultados verificables. Debe preguntar por los presos, por los torturados, por los desaparecidos, por los expedientes, por los responsables y por las garantías.
La Misión de la ONU hace su trabajo cuando documenta. Pero el país debe hacer el suyo cuando no permite que esos documentos terminen archivados bajo la alfombra de la conveniencia política.
Como suele decir Víctor Escalona, “una República no se reconstruye escondiendo sus calabozos; se reconstruye abriéndolos, nombrando a las víctimas y quitándole poder a los verdugos”. Esa frase resume el desafío. No se trata solo de denunciar. Se trata de impedir que la transición sea administrada por los mismos reflejos que hicieron posible la barbarie.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe insistir en lo que el poder quiere volver incómodo: derechos humanos, tortura, justicia, presos políticos y responsabilidad. No hay tema más urgente que ese. Porque una sociedad puede sobrevivir a la pobreza, a los apagones, a los escombros y a la mentira oficial. Pero no puede llamarse libre si acepta la tortura como costo administrativo de una negociación.
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La advertencia de Eloísa Quintero debe tomarse como una línea roja: si la metodología de torturas se ha hecho más atroz, entonces la transición no puede seguir hablando como si el problema fuera solo electoral, económico o institucional. El centro moral de Venezuela está en sus víctimas. Y mientras ellas no tengan verdad, libertad y justicia, cualquier nueva etapa será incompleta.
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