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La OFAC retira sanciones a Jorge Rodríguez mientras la justicia de Nueva York amplía los cargos contra Maduro y Cilia Flores.
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Estados Unidos retiró las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, mientras la justicia federal de Nueva York avanza con una acusación ampliada contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presunta conspiración para cometer tortura. Las decisiones, adoptadas en momentos distintos pero dentro de una misma coyuntura política, reflejan dos dimensiones de la relación de Washington con Venezuela: apertura hacia los interlocutores del proceso de transición y continuidad de la persecución penal contra la antigua cúpula gobernante.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, confirmó el 14 de octubre de 2026 la eliminación de Jorge Jesús Rodríguez Gómez de su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas. La decisión coincidió con una nueva ronda de negociaciones entre representantes del Gobierno venezolano y de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
En paralelo, Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan una acusación sustitutiva presentada el 8 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El nuevo expediente incorpora el delito de conspiración para cometer tortura, además de las imputaciones relacionadas con narcoterrorismo, importación de cocaína y armas. Para este 15 de octubre estaba prevista una comparecencia judicial de ambos ante el tribunal federal de Manhattan.
La simultaneidad política de ambos acontecimientos plantea una cuestión decisiva: hasta dónde puede avanzar la normalización de relaciones con los actuales dirigentes venezolanos mientras la justicia estadounidense investiga presuntos delitos cometidos durante la etapa anterior.
Jorge Rodríguez sale de la lista de sancionados
La decisión de la OFAC constituye un cambio significativo en el tratamiento estadounidense hacia una figura central del chavismo. Jorge Rodríguez había estado sometido a sanciones desde 2018 y, durante los últimos meses, asumió un papel destacado en las conversaciones destinadas a reorganizar las instituciones venezolanas.
El anuncio oficial puede consultarse en el registro de medidas publicado por el Departamento del Tesoro estadounidense.
La exclusión de la lista implica que Rodríguez deja de estar sujeto a las restricciones derivadas específicamente de esa designación. Sin embargo, no significa inmunidad judicial ni eliminación automática de otras normas o requisitos legales que pudieran afectar determinadas operaciones internacionales.
Desde el punto de vista diplomático, la medida facilita su actuación como interlocutor de Washington en un proceso negociador que intenta avanzar hacia una renovación del Tribunal Supremo de Justicia, reformas electorales y garantías de participación política.
La decisión también fortalece indirectamente la posición de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, cuyo Gobierno ha profundizado la cooperación con Estados Unidos en asuntos energéticos y económicos desde comienzos de 2026.
La negociación venezolana entra en una fase decisiva
El levantamiento de las sanciones ocurre mientras las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera desarrollan una nueva etapa de conversaciones políticas en Caracas, respaldadas por Washington.
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia aparece como uno de los asuntos principales. La discusión no se limita a sustituir magistrados, sino que plantea la necesidad de construir un sistema judicial capaz de garantizar independencia, revisar controversias electorales y ofrecer protección efectiva a los derechos ciudadanos.
El problema es que todavía persisten interrogantes sobre los mecanismos de selección, la participación de la sociedad civil y la transparencia de las postulaciones. Las elecciones presidenciales tampoco cuentan con una fecha formalmente establecida.
La agenda institucional presenta varios desafíos:
- Definir criterios públicos y verificables para la selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
- Establecer mecanismos de evaluación e impugnación de candidaturas judiciales.
- Avanzar hacia la renovación del Consejo Nacional Electoral.
- Garantizar participación de los distintos sectores políticos, incluidos aquellos que no forman parte de la mesa.
- Proteger la libertad de expresión, organización y movilización ciudadana.
- Construir un cronograma electoral verificable, acompañado de garantías nacionales e internacionales.
La retirada de sanciones a Rodríguez puede facilitar las conversaciones, pero no representa por sí sola un acuerdo definitivo sobre esos asuntos. El resultado dependerá de decisiones institucionales concretas y de su cumplimiento.
Nueva York mantiene la presión judicial sobre Maduro y Flores
Mientras el diálogo avanza en Caracas, la Fiscalía federal de Manhattan profundiza el proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos desde enero de 2026.
El Departamento de Justicia informó el 8 de octubre que una acusación sustitutiva incorporó el cargo de conspiración para cometer tortura. La Fiscalía sostiene que ambos habrían participado durante años en una estructura destinada a perseguir y someter a abusos a opositores políticos y otras personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, las acusaciones incluyen conductas presuntamente ejecutadas mediante organismos de seguridad e inteligencia durante el período investigado.
La conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Otros cargos del expediente mantienen sanciones potencialmente más elevadas, incluidas penas de cadena perpetua en determinados supuestos.
Es indispensable distinguir entre acusaciones y hechos judicialmente demostrados. Maduro y Flores conservan la presunción de inocencia y tienen derecho a impugnar las pruebas, presentar su defensa y cuestionar los cargos ante el tribunal competente. Ambos habían rechazado las acusaciones anteriores.
El inicio del juicio está previsto para el 1 de junio de 2027, aunque las decisiones procesales pueden modificar el calendario.
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Dos decisiones distintas, una misma coyuntura política
La eliminación de sanciones contra Jorge Rodríguez y el avance de la causa penal contra Maduro y Flores pertenecen a procedimientos diferentes. La primera es una decisión administrativa del Departamento del Tesoro. La segunda corresponde a la actuación de fiscales federales y tribunales estadounidenses.
No existe fundamento para afirmar que una decisión judicial fue adoptada como condición directa de la flexibilización de sanciones. Sin embargo, ambas forman parte de un escenario en el que Washington combina cooperación con los actuales dirigentes venezolanos y continuidad de las acciones penales iniciadas contra figuras de la administración anterior.
Esta combinación permite identificar dos líneas de actuación:
- Flexibilización selectiva: retiro de restricciones financieras a dirigentes que participan en negociaciones y acuerdos institucionales.
- Cooperación económica: apertura de oportunidades para inversiones y operaciones energéticas bajo las condiciones establecidas por Washington.
- Presión judicial: mantenimiento de procesos penales relacionados con presunto narcotráfico, narcoterrorismo, armas y tortura.
- Condicionalidad política: expectativas de reformas judiciales, electorales y democráticas como parte de la transición venezolana.
La estrategia puede ofrecer incentivos a sectores dispuestos a negociar, pero también genera interrogantes sobre la coherencia de la política estadounidense y los criterios utilizados para distinguir entre cooperación diplomática y responsabilidades pendientes.
El dilema del nuevo liderazgo venezolano
Para Delcy Rodríguez y el grupo político que permanece al frente de las instituciones, las decisiones estadounidenses plantean una situación compleja.
Por una parte, la normalización financiera y energética puede facilitar inversiones, ampliar ingresos públicos y mejorar las perspectivas económicas. Por otra, el proceso judicial contra Maduro y Flores mantiene abierto un capítulo especialmente sensible para quienes compartieron responsabilidades políticas durante años.
La cuestión no consiste necesariamente en escoger entre lealtades personales y cooperación económica. El desafío institucional es determinar si las nuevas autoridades están dispuestas a establecer reglas que limiten el poder, garanticen responsabilidades individuales y reduzcan la dependencia del sistema político respecto de dirigentes específicos.
La renovación del TSJ constituye una prueba importante. Si el proceso desemboca únicamente en un nuevo reparto de posiciones entre grupos políticos, difícilmente contribuirá a recuperar la confianza ciudadana.
En cambio, una selección transparente y sustentada en méritos profesionales podría fortalecer la seguridad jurídica y abrir condiciones más favorables para una futura competencia electoral.
La economía necesita estabilidad, pero también instituciones
El acercamiento entre Washington y Caracas ha adquirido especial importancia por los acuerdos relacionados con petróleo, minería y energía. La recuperación de estos sectores puede generar ingresos y atraer capital extranjero, pero sus beneficios no están garantizados de manera automática.
La seguridad jurídica constituye una condición esencial para inversiones sostenibles. Las empresas requieren contratos verificables, mecanismos imparciales de resolución de disputas y reglas fiscales estables.
Los ciudadanos, por su parte, necesitan que la recuperación se traduzca en mejores servicios, empleo formal, crédito productivo y protección social.
La flexibilización de sanciones a determinadas personas tampoco equivale a una normalización integral del sistema financiero venezolano. Las operaciones internacionales continúan sujetas a regulaciones bancarias, procedimientos de cumplimiento y otras restricciones que puedan permanecer vigentes.
Por eso, la economía y la reconstrucción institucional no pueden examinarse como asuntos separados. La inversión necesita confianza, y la confianza depende también del funcionamiento de los tribunales, la administración pública y los mecanismos de control.
Justicia y derechos humanos: una agenda que sigue abierta
La ampliación de la causa contra Maduro y Flores vuelve a colocar las denuncias de tortura y persecución política en el centro del debate venezolano.
Organizaciones de derechos humanos han insistido durante años en la necesidad de investigar abusos, proteger a las víctimas y establecer garantías de no repetición. La persecución de determinados delitos ante tribunales estadounidenses puede tener relevancia internacional, pero no sustituye la obligación de Venezuela de investigar violaciones ocurridas en su territorio.
La transición deberá responder a cuestiones que continúan pendientes: el destino de los presos políticos, la independencia judicial, la protección de testigos y víctimas, las responsabilidades de funcionarios públicos y el futuro de los cuerpos de seguridad involucrados en denuncias de abusos.
También será necesario garantizar que cualquier investigación respete el debido proceso. La justicia no puede convertirse en una herramienta de revancha política ni en un mecanismo de impunidad negociada.
Las preguntas que deja la estrategia estadounidense
El escenario abierto en octubre presenta interrogantes que deberán resolverse con decisiones concretas:
- ¿La exclusión de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados facilitará acuerdos verificables en la mesa de diálogo?
- ¿La renovación del TSJ contará con procedimientos transparentes y participación ciudadana?
- ¿Cuándo podrá establecerse un calendario electoral con garantías reales?
- ¿La cooperación energética estará acompañada de controles institucionales y rendición de cuentas?
- ¿Cómo se abordarán las denuncias de violaciones de derechos humanos dentro del sistema judicial venezolano?
- ¿Qué garantías tendrán los sectores políticos que permanecen fuera de la negociación?
Las respuestas permitirán determinar si la flexibilización de sanciones es parte de una apertura institucional sostenible o simplemente una herramienta de entendimiento entre gobiernos.
La legitimidad dependerá de los resultados
La decisión de Washington de retirar las sanciones a Jorge Rodríguez constituye un respaldo práctico a su papel como interlocutor político. No obstante, ese reconocimiento funcional no reemplaza la legitimidad que deben aportar las instituciones y, finalmente, los ciudadanos mediante elecciones competitivas.
Al mismo tiempo, la acusación ampliada contra Maduro y Flores recuerda que los acuerdos diplomáticos y comerciales no necesariamente extinguen procedimientos penales en curso.
Venezuela atraviesa una etapa en la que las relaciones internacionales pueden abrir oportunidades importantes. Pero la consolidación democrática dependerá de algo más exigente: justicia independiente, transparencia, garantías políticas y un sistema institucional capaz de funcionar sin subordinación personal.
El periodismo independiente tiene la responsabilidad de seguir cada una de estas decisiones, contrastar los anuncios con sus resultados y exigir claridad sobre sus consecuencias para la población. La reconstrucción nacional necesita información verificable, control ciudadano y espacios abiertos para el debate público.
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