El calendario no reconstruye la República

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Un nuevo TSJ y CNE no bastan: Venezuela necesita verdad, servicios, justicia, mérito y control ciudadano antes de normalizar la transición.

Cronograma político de Venezuela; reconstrucción institucional venezolana; nuevo CNE y TSJ; transición y poder ciudadano

Venezuela corre el riesgo de cometer un error conocido: confundir un calendario con una transición. Fijar fechas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, discutir un nuevo Consejo Nacional Electoral y organizar futuras elecciones puede ordenar el proceso político. Pero ningún cronograma reconstruye viviendas, devuelve la electricidad, esclarece desapariciones ni convierte automáticamente una institución desacreditada en una institución legítima. La República no se reconstruirá porque llegue diciembre. Se reconstruirá cuando aquello que se acuerda arriba pueda comprobarse abajo.

Ese es el desafío que comienza a hacerse más evidente. Washington presiona para sustituir una infraestructura electoral que considera incapaz de garantizar comicios confiables. La mesa de negociación avanza con su propio ritmo. El Comité de Postulaciones Judiciales tiene previsto presentar el 11 de diciembre la lista de candidatos al nuevo Tribunal Supremo. Dinorah Figuera ha explicado que para diciembre habrá también un “entregable” sobre el Consejo Nacional Electoral, sin que eso signifique necesariamente que exista para entonces un nuevo CNE completamente constituido ni, mucho menos, una fecha definitiva para las presidenciales.

El problema no es que exista una secuencia. El problema sería convertirla en una ficción de normalidad.

Un árbitro electoral no puede flotar sobre un país quebrado

Marco Rubio declaró esta semana que Venezuela necesita reemplazar su infraestructura electoral antes de celebrar elecciones legítimas. El secretario de Estado expresó optimismo sobre la posibilidad de contar con un nuevo Tribunal Supremo antes de finalizar el año y avanzar después hacia una nueva autoridad electoral, pero no fijó fecha para los comicios.

La precisión importa.

No existe todavía un calendario presidencial cerrado.

Y tampoco debería fabricarse uno únicamente para satisfacer la ansiedad política.

La legitimidad electoral requiere un CNE creíble, pero también un Estado capaz de garantizar libertades, justicia, información pública y condiciones materiales mínimas para que el ciudadano no dependa del favor institucional para ejercer sus derechos.

Un árbitro electoral profesional es indispensable.

Pero el árbitro no puede ser la única institución que funcione.

El suelo continúa imponiendo otra agenda

El último balance oficial nacional detallado ampliamente disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Las autoridades habían inspeccionado 60.785 viviendas: 35.545 fueron consideradas habitables, 14.239 quedaron bajo restricciones y 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo.

Para finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, equivalentes entonces al 28,61 % del total estimado, y se habían entregado apenas 335 viviendas nuevas.

La reconstrucción, por tanto, no es un telón de fondo del debate político. Es parte del debate político.

Una familia que no sabe si puede volver a su vivienda participa de la transición desde una posición distinta a quien negocia un cronograma en Caracas. Una escuela que no puede abrir, una fábrica detenida por cortes eléctricos o un municipio sin capacidad financiera experimentan otra definición de institucionalidad.

Por eso la política tiene que regresar al suelo.

Las cifras antiguas no pueden gobernar la emergencia presente

También es necesario abandonar la costumbre de repetir números sin fecha.

La cifra de 18.437 personas en 94 campamentos corresponde a julio. No puede presentarse como fotografía de finales de octubre. Posteriormente aumentó la cantidad de venezolanos que necesitaron alojamiento temporal y, a finales de agosto, el Gobierno indicaba que más de 25.000 personas habían requerido refugio desde los terremotos.

El mismo rigor debe aplicarse a los desaparecidos.

Una iniciativa ciudadana llegó a recopilar alrededor de 29.500 reportes de personas con las que familiares no habían podido establecer contacto. Esa cifra refleja una crisis humana de enorme gravedad, pero no equivale a un censo forense oficial de personas sepultadas bajo los escombros.

La responsabilidad del Estado consiste precisamente en llenar ese vacío con un registro público capaz de distinguir denuncias iniciales, personas localizadas posteriormente, víctimas identificadas y casos todavía pendientes.

Una democracia no recupera confianza ocultando incertidumbre.

La recupera explicándola.

El 11 de diciembre no puede convertirse en una repartición de sillas

El cronograma del Comité de Postulaciones Judiciales contempla recibir candidaturas desde finales de octubre, revisar expedientes, realizar entrevistas y entregar el 11 de diciembre a la Asamblea Nacional los nombres seleccionados para la renovación del Tribunal Supremo.

Eso ofrece una oportunidad y un riesgo.

La oportunidad es construir un Poder Judicial con mayor independencia.

El riesgo es utilizar un procedimiento formalmente ordenado para producir el mismo resultado político de siempre: una distribución negociada de espacios entre grupos con capacidad de veto.

El nuevo TSJ no debería medirse por el equilibrio partidista de sus integrantes, sino por criterios comprobables:

• trayectoria profesional;
• independencia respecto de partidos y grupos económicos;
• ausencia de conflictos de interés;
• experiencia jurídica verificable;
• publicidad de antecedentes;
• audiencias y mecanismos de impugnación;
• y compromiso con la publicación íntegra y oportuna de las decisiones judiciales.

La emergencia larga requiere instituciones con memoria más larga que los acuerdos que las originan.

Los presos políticos son una prueba que ningún CNE puede esconder

María Corina Machado, de regreso en Venezuela después de diez meses fuera del país, se reunió esta semana con familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos. Allí sostuvo que Venezuela no será verdaderamente libre mientras permanezca un solo preso político.

La afirmación pertenece a su posición política, pero señala un problema institucional que trasciende a una dirigente.

El último balance público localizado de Foro Penal contabiliza 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos, con corte al 5 de octubre: 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares.

Por tanto, la cifra de 382 corresponde a un balance anterior y no debe seguir utilizándose como dato vigente.

La corrección no reduce la gravedad de la situación.

La hace verificable.

Un nuevo CNE difícilmente podrá producir confianza plena si persisten detenciones cuestionadas, restricciones políticas y procesos sin resolver. La libertad electoral no empieza cuando se imprime una boleta. Empieza cuando el ciudadano sabe que disentir no constituye por sí mismo un riesgo.

La Ley contra el Odio sigue poniendo a prueba la apertura

La Sala Constitucional declaró conforme con la Constitución el proyecto de reforma parcial de la denominada Ley contra el Odio, lo que permite que la Asamblea Nacional continúe su discusión.

La reforma puede abrir una oportunidad para desmontar mecanismos que organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han denunciado durante años como instrumentos contra la libertad de expresión.

Pero reformar no significa necesariamente resolver.

El criterio debe ser sencillo: ninguna legislación democrática debería permitir convertir una crítica legítima al poder en delito mediante conceptos vagos o interpretaciones políticamente selectivas.

El nuevo Estado de derecho no se construirá únicamente creando instituciones.

También tendrá que revisar aquellas normas que hicieron posible el abuso institucional.

El petróleo avanza más rápido que la arquitectura democrática

Mientras Caracas discute instituciones, la relación energética con Estados Unidos acelera.

Donald Trump anunció esta semana la llegada a Texas de un cargamento de aproximadamente un millón de barriles de crudo venezolano dentro de los nuevos acuerdos energéticos. Washington ha presentado el envío como una señal del nuevo vínculo petrolero con Venezuela.

El hecho confirma algo difícil de ignorar: la integración energética está avanzando mientras la arquitectura institucional sigue en construcción.

Eso no es necesariamente negativo.

Puede generar inversión, ingresos y recuperación productiva.

Pero aumenta la obligación de transparencia.

El ciudadano venezolano debería conocer:

• qué contratos regulan los nuevos flujos de crudo;
• qué precio recibe Venezuela;
• qué empresas intervienen;
• qué compromisos de inversión existen;
• qué impuestos e ingresos públicos se generan;
• y qué parte de esa recuperación energética termina fortaleciendo servicios e infraestructura nacionales.

Una economía petrolera opaca puede crecer y seguir debilitando ciudadanía al mismo tiempo.

La Licencia General 60A no es una licencia petrolera

También conviene evitar otra confusión.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos emitió originalmente en junio la Licencia General 60 y la actualizó el 16 de octubre mediante la Licencia General 60A.

Su finalidad es autorizar determinadas transacciones vinculadas con los esfuerzos de socorro por los terremotos.

No es la licencia que gobierna de manera general las operaciones petroleras entre Estados Unidos y Venezuela.

OFAC mantiene otras licencias específicas para petróleo, gas, PDVSA y actividades relacionadas.

Separar esas categorías no es un tecnicismo.

Es fundamental para poder seguir el dinero.

La transparencia comienza cuando cada dólar conserva su identidad. Ayuda humanitaria, ingresos petroleros, inversión extranjera, préstamos multilaterales y presupuesto nacional no deben mezclarse en una narrativa general de “recursos para Venezuela”. Cada flujo necesita origen, administrador, destino y resultado verificable.

La electricidad sigue siendo el referéndum cotidiano del Estado

A finales de septiembre, Reuters informó que alrededor del 40 % de los aproximadamente 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada se encontraba disponible.

Eso no significa que el 60 % de Venezuela esté permanentemente sin luz. Significa que una gran proporción de la capacidad nominal de generación no estaba disponible, una diferencia técnica que conviene preservar.

Pero políticamente el problema sigue siendo enorme.

Sin electricidad estable no existe recuperación industrial.

No existe sistema hospitalario confiable.

No existe escuela digital.

No existe bombeo de agua sostenible.

No existe inversión productiva capaz de planificar.

Por eso la política energética no puede reducirse al número de barriles que salen del país.

La prueba final está en la energía que llega al ciudadano.

Del subsidio al salario

La reconstrucción también necesita cambiar la relación entre emergencia y trabajo.

La ayuda humanitaria fue indispensable y seguirá siéndolo mientras existan familias sin medios suficientes. Pero mantener indefinidamente a una población dentro de un sistema asistencial no puede convertirse en la estrategia económica de la transición.

La recuperación necesita electricistas, constructores, técnicos, soldadores, conductores, operadores de maquinaria, ingenieros y trabajadores de mantenimiento.

Una parte de los recursos extraordinarios debería utilizarse para formar y contratar capital humano local.

Eso permitiría transformar la reconstrucción en empleo formal y salarios dignos.

La política correcta no es retirar ayuda arbitrariamente.

Es construir una salida de la ayuda.

Washington puede poner condiciones; Venezuela tiene que producir legitimidad

Donald Trump afirmó en julio que Venezuela todavía no estaba preparada para unas elecciones. Marco Rubio ha reforzado ahora esa lógica al señalar que la infraestructura electoral debe ser sustituida antes de una votación legítima.

Son posiciones relevantes porque Estados Unidos posee un peso extraordinario sobre el actual proceso venezolano.

Pero Washington no puede convertirse en la fuente definitiva de legitimidad de la República.

Un proceso electoral no será legítimo simplemente porque la Casa Blanca lo considere oportuno.

Será legítimo si los venezolanos pueden comprobar que:

• el árbitro es independiente;
• el registro electoral es confiable;
• las reglas son conocidas;
• los partidos pueden competir;
• la libertad de expresión está protegida;
• la justicia funciona;
• y los resultados pueden ser auditados.

La soberanía democrática moderna no consiste en ignorar la presión exterior.

Consiste en construir instituciones suficientemente confiables para no depender permanentemente de ella.

El calendario debe servir a la República, no sustituirla

El 11 de diciembre será importante.

Diciembre será importante para el debate sobre el CNE.

El eventual calendario electoral también lo será.

Pero ninguna fecha puede convertirse en fetiche.

Venezuela necesita algo más difícil que cumplir hitos administrativos.

Necesita convertirlos en confianza pública.

Un nuevo magistrado debe significar mejor justicia.

Un nuevo rector debe significar mejores elecciones.

Un nuevo contrato petrolero debe significar más capacidad productiva.

Una nueva licencia financiera debe significar recursos trazables.

Una vivienda entregada debe significar seguridad.

Una inversión eléctrica debe significar luz.

Y una transición debe significar que el ciudadano posee más poder para controlar al Estado que antes de comenzar el proceso.

El calendario no reconstruye la República porque las instituciones no existen cuando son nombradas. Existen cuando funcionan.

La política puede fijar diciembre.

Washington puede proponer una secuencia.

Las delegaciones pueden pactar una hoja de ruta.

Pero el reloj decisivo sigue funcionando en otro lugar: en la vivienda que espera reparación, en la escuela que necesita abrir, en la fábrica que necesita electricidad, en el detenido que espera justicia y en el ciudadano que exige saber qué están haciendo con el país que también le pertenece.

Cuando esos relojes vuelvan a marcar la misma hora, Venezuela podrá hablar de transición con algo más sólido que una fecha escrita en un documento.

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Victor Julio Escalona.

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