El país que decide desde abajo en Venezuela

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

La reconstrucción revela un nuevo poder local: municipios y ciudadanía exigen recursos, control público y decisiones desde el territorio.

Poder local en Venezuela; descentralización de la reconstrucción; ciudadanía y municipios; reconstrucción desde las comunidades

Venezuela está descubriendo, entre ruinas, algo que décadas de centralismo consiguieron ocultar: un país no se gobierna únicamente desde ministerios, salones de negociación y despachos nacionales. También se gobierna desde la calle donde falta el agua, la escuela que necesita abrir, la vivienda que debe reconstruirse y el municipio que conoce con precisión dónde empieza cada urgencia. La tragedia ha devuelto la política al territorio. Y de ese territorio está emergiendo un poder local que ya no quiere limitarse a esperar.

El país que decide desde abajo no debe entenderse como una consigna contra el Estado nacional ni como una exaltación romántica de la improvisación comunitaria. Es una propuesta institucional más profunda: cuanto más compleja sea la reconstrucción, más necesario será acercar determinadas decisiones al lugar donde sus resultados pueden comprobarse.

La emergencia posterior a los terremotos del 24 de junio ha demostrado tanto las limitaciones del aparato central como la extraordinaria capacidad de reacción de ciudadanos, comunidades y autoridades locales. Vecinos participaron en rescates cuando todavía faltaba maquinaria; familias y voluntarios organizaron suministros; docentes improvisaron espacios educativos; trabajadores y comunidades colaboraron en tareas de recuperación. Esa energía no puede permanecer reducida a la etapa heroica de la emergencia. Debe transformarse en capacidad institucional.

La tragedia volvió visible al territorio

El último balance oficial ampliamente documentado situó en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos. Para finales de agosto se habían recogido 600.790 toneladas de escombros, equivalentes entonces a cerca del 28 % del volumen estimado, mientras la entrega de viviendas nuevas se mantenía en 335 y otras 1.001 habían sido recuperadas.

Las autoridades informaron igualmente que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal desde la catástrofe. Las cifras anteriores de 18.437 personas en 94 campamentos correspondían a julio y no deben utilizarse como una fotografía actual del país. Una reconstrucción rigurosa también exige saber cuándo una estadística dejó de describir el presente.

La dimensión de la tragedia ha sido reforzada por investigaciones posteriores. Una investigación de Associated Press sobre los colapsos en La Guaira documentó advertencias técnicas previas sobre terrenos vulnerables y cuestionamientos relacionados con estándares constructivos en torres levantadas después de desastres anteriores. El problema ya no consiste solamente en reconstruir rápido, sino en impedir que el siguiente edificio repita los errores del anterior.

Allí comienza el valor de la escala local. Un municipio conoce la historia del terreno. Una comunidad recuerda dónde se inundaba una calle. Los vecinos saben qué edificio había presentado fisuras. Los colegios profesionales y las universidades regionales pueden aportar conocimiento técnico situado. Ignorar esa información sería reconstruir nuevamente desde lejos.

Descentralizar no significa fragmentar la República

El centralismo venezolano ha producido durante décadas una contradicción recurrente: las decisiones se toman lejos del lugar donde sus consecuencias se sienten. La reconstrucción ofrece la oportunidad de corregir parte de esa deformación.

No se trata de entregar a cada alcaldía independencia financiera ilimitada ni de sustituir las normas nacionales por decisiones improvisadas. La descentralización responsable necesita reglas comunes, ingeniería certificada y sistemas homogéneos de auditoría.

Un nuevo modelo podría distribuir las responsabilidades de manera mucho más clara:

• el Estado nacional define estándares, prioridades estratégicas y mecanismos de financiamiento;
• los municipios identifican necesidades, ejecutan proyectos locales y publican resultados;
• universidades y colegios profesionales aportan evaluación técnica independiente;
• organismos multilaterales ayudan a financiar y supervisar programas específicos;
• y la ciudadanía puede consultar contratos, cronogramas y ejecución presupuestaria.

La descentralización no consiste en trasladar la opacidad de un ministerio hacia cien alcaldías. Consiste en acercar el poder sin alejar el control.

El presupuesto debe encontrarse con el barrio

El Banco Mundial ha estimado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos. El 47 % corresponde a edificaciones residenciales, el 27 % a infraestructura y el 26 % a inmuebles no residenciales.

Esa cifra explica por qué la reconstrucción no puede manejarse como una secuencia de anuncios. Cada programa necesita trazabilidad desde su fuente financiera hasta su resultado material.

La pregunta que debe poder hacer cualquier ciudadano es extremadamente sencilla: ¿cuánto recibió mi municipio y qué construyó con ese dinero?

Responderla debería ser una obligación administrativa básica.

Cada municipio afectado podría disponer de un tablero digital abierto donde se publiquen recursos recibidos, contratistas, propietarios reales de las empresas, responsables técnicos, plazos, pagos efectuados, porcentaje de ejecución y documentación fotográfica de cada obra.

La información no debe llegar cuando el dinero ya desapareció del presupuesto. Debe acompañar la ejecución.

El periodismo independiente también debe bajar al territorio. Auditar una reconstrucción significa comparar lo anunciado con lo construido, escuchar a las comunidades y seguir el dinero desde el presupuesto hasta la calle. Una democracia se fortalece cuando la información permite que el ciudadano vigile antes de que el daño sea irreversible.

La comunidad no sustituye al Estado

Sería un error convertir la organización vecinal en excusa para retirar responsabilidades públicas. Una maestra que abre temporalmente un espacio educativo en una casa demuestra compromiso, pero no debe ser obligada a sustituir indefinidamente una escuela. Una cuadrilla comunitaria puede ayudar a despejar una calle, pero no reemplaza una empresa de ingeniería. Una familia puede detectar irregularidades en una obra, pero necesita instituciones capaces de investigarlas.

El verdadero poder local aparece cuando la energía ciudadana encuentra canales públicos permanentes.

Un ejemplo reciente se observa en el municipio Juan José Mora, en Carabobo, donde autoridades locales informaron en septiembre avances significativos en proyectos habitacionales y destacaron la participación de circuitos comunales en las tareas de recuperación. Ese tipo de articulación debe evaluarse mediante resultados verificables, no mediante propaganda: viviendas seguras, plazos cumplidos y presupuestos abiertos.

Porque la participación comunitaria tampoco debe quedar exenta de control. Lo local no es automáticamente virtuoso. Puede reproducir favoritismos, clientelismo y opacidad si no existen reglas.

La transición institucional necesita raíces

Mientras el territorio intenta recuperarse, Caracas continúa negociando la reorganización de las instituciones nacionales. El segundo ciclo del diálogo entre representantes del Gobierno y el sector opositor encabezado por Dinorah Figuera terminó el 25 de septiembre con acuerdos vinculados con libertad de expresión y con la creación de un consejo de juristas encargado de evaluar candidatos para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

El tercer ciclo de conversaciones está previsto para mediados de octubre. La renovación del Consejo Nacional Electoral continúa formando parte de la agenda de reinstitucionalización, pero no existe todavía una fecha presidencial acordada.

Ese dato importa porque demuestra que la política nacional sigue avanzando con un ritmo distinto al de la reconstrucción material.

Un nuevo Tribunal Supremo o un nuevo Consejo Nacional Electoral pueden ser esenciales. Pero su legitimidad no procederá únicamente del equilibrio entre nombres y sectores políticos. Tendrá que demostrarse en la capacidad real del Estado para hacer cumplir la ley fuera de Caracas.

La justicia también debe llegar al contrato manipulado, la obra insegura, la extorsión vial, el abuso policial y la corrupción municipal. De lo contrario, la reinstitucionalización corre el riesgo de convertirse en una arquitectura impecable sobre un territorio donde continúan funcionando reglas informales.

Los derechos humanos también se miden desde abajo

La transición continúa marcada además por cuestionamientos graves en materia de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó en su informe más reciente 53 casos de tortura, 37 de ellos correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. María Eloísa Quintero, integrante de la Misión, afirmó posteriormente que determinadas prácticas documentadas habían adquirido formas “más atroces”.

También deben actualizarse las cifras políticas utilizadas en el debate público. El balance de Foro Penal del 28 de septiembre registró 324 personas que la organización clasifica como presos políticos, después de 27 excarcelaciones durante esa semana. La cifra de 382 correspondía a un balance anterior y ya no debe presentarse como el dato más reciente.

La precisión es particularmente importante cuando se habla de derechos fundamentales. Una institución creíble no utiliza números antiguos cuando existen datos nuevos, aunque esos nuevos datos modifiquen la fuerza aparente de un argumento.

La ciudadanía vigilante empieza también por la honestidad de las cifras.

El petróleo no puede sustituir una política territorial

Venezuela atraviesa al mismo tiempo una profunda reconfiguración de sus relaciones energéticas e internacionales. Washington ha aumentado su influencia sobre determinados acuerdos petroleros y continúa presionando para que la transición incluya elecciones libres y competitivas.

Pero debe evitarse una simplificación peligrosa: no todo ingreso petrolero constituye automáticamente presupuesto de reconstrucción y no existen bases públicas suficientes para afirmar que los créditos del Banco Mundial sean administrados operativamente por el Comando Sur estadounidense.

La complejidad de los nuevos acuerdos hace todavía más necesaria la transparencia.

Si parte del ingreso extraordinario generado por la recuperación energética termina financiando infraestructura o reconstrucción, su recorrido debe ser identificable. Y si no lo hace, también debe explicarse.

El municipio no necesita discursos sobre petro-dólares. Necesita saber qué recursos tiene disponibles para agua, electricidad, vivienda y escuelas.

Sin electricidad tampoco hay poder local

La situación eléctrica confirma hasta qué punto la reconstrucción depende de servicios básicos. Reuters informó esta semana que apenas alrededor del 40 % de la capacidad eléctrica instalada del país se encuentra operativa y que el déficit supera los 1.500 megavatios, provocando cortes diarios en distintas regiones.

La crisis eléctrica no afecta solamente hogares. Limita hospitales, escuelas, empresas, bombeo de agua, comunicaciones y cualquier posibilidad de crecimiento económico local.

Las explicaciones oficiales sobre sabotajes pueden investigarse cuando exista evidencia. Pero ninguna acusación sustituye la obligación de reparar la infraestructura.

Para un alcalde, un vecino o un empresario, la electricidad no es una discusión ideológica. Está encendida o está apagada.

Esa materialidad debería disciplinar toda la transición.

La República también se construye desde la acera

Estados Unidos mantiene la celebración de elecciones libres y justas como uno de sus objetivos declarados para Venezuela, aunque hasta ahora no existe un calendario definitivo. La propia dirigencia estadounidense ha reconocido que el proceso necesita estabilidad económica, social e institucional.

Pero la legitimidad venezolana no puede terminar dependiendo exclusivamente de una validación extranjera.

También se construye cuando una comunidad puede saber cuánto dinero recibió su alcaldía. Cuando una escuela abre. Cuando una familia deja un refugio. Cuando una empresa entrega una obra segura. Cuando un juez procesa un caso sin recibir instrucciones políticas. Cuando un ciudadano puede denunciar una irregularidad y recibir respuesta.

Eso es decidir desde abajo.

No gobernar mediante asambleísmo permanente. No sustituir profesionales por voluntarios. No convertir cada barrio en una república autónoma.

Significa reconstruir la cadena de responsabilidad desde el ciudadano hasta el Estado.

La tragedia ha mostrado que Venezuela posee comunidades capaces de organizarse cuando las instituciones tardan. El desafío ahora es más difícil: conseguir que esas instituciones aprendan a trabajar con ellas cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.

Si esa capacidad local se integra con ingeniería, presupuesto, justicia y transparencia, el desastre habrá producido al menos una transformación política duradera.

Si se desperdicia, el centralismo regresará cuando las cámaras se marchen.

El país que decide desde abajo no nace cuando el Estado desaparece. Nace cuando el ciudadano deja de ser el último en enterarse y empieza a convertirse en el primero al que las instituciones deben rendir cuentas.

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Victor Julio Escalona

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