Entre el Pentágono y la República

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

La ayuda militar puede salvar vidas, pero Venezuela debe recuperar capacidad civil, técnica y soberana para dirigir su reconstrucción.

Soberanía y reconstrucción de Venezuela; ayuda militar estadounidense; autonomía institucional venezolana; reconstrucción con control civil

La ayuda militar internacional puede abrir aeropuertos, transportar toneladas de suministros, movilizar maquinaria y salvar vidas cuando un Estado golpeado por una catástrofe pierde capacidad de reacción. Lo que no puede hacer es convertirse en la arquitectura permanente de una República. Venezuela necesita toda la cooperación que pueda recibir para superar el desastre provocado por los terremotos del 24 de junio. Pero necesita todavía más recuperar la capacidad civil, técnica e institucional para decidir por sí misma qué reconstruye, cómo lo reconstruye y quién responde por cada decisión.

Esa es la frontera que debe preservarse entre el Pentágono y la República. La asistencia exterior puede funcionar como un torniquete extraordinario. La soberanía empieza cuando deja de ser imprescindible.

La intervención estadounidense en la emergencia ha sido material y verificable. Más de 900 efectivos militares de Estados Unidos fueron desplegados dentro de Venezuela durante las primeras etapas de la respuesta, mientras otros cientos operaron desde Puerto Rico y Curazao. Participaron en tareas de búsqueda y rescate, recuperación de la operatividad aeroportuaria, logística humanitaria y evaluación de daños.

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, explicó entonces que la misión estadounidense no estaba concebida como una presencia permanente y afirmó que no existían planes de permanencia indefinida sobre el terreno.

Esa aclaración debería convertirse en un principio político venezolano: agradecer la capacidad de emergencia sin delegar la construcción del futuro.

Una emergencia puede necesitar soldados; una República necesita instituciones

La diferencia entre ambos momentos es fundamental. En las primeras horas posteriores a un terremoto, la prioridad es rescatar vidas. Las jerarquías, los procedimientos administrativos y las discusiones sobre competencias pueden quedar subordinados temporalmente a una necesidad superior.

Pero la reconstrucción dura años.

Allí ya no basta con helicópteros, logística militar y equipos de emergencia. Se necesitan catastros, ingenieros, empresas competentes, alcaldías capaces de ejecutar, universidades, tribunales independientes, organismos reguladores, presupuestos auditables y funcionarios que respondan ante la ciudadanía.

Reuters documentó que la respuesta inicial de las fuerzas venezolanas sufrió retrasos, problemas de coordinación, falta de equipamiento y confusión en la cadena de mando. Civiles y voluntarios asumieron buena parte de las primeras labores de rescate mientras el aparato estatal intentaba organizarse.

Esa experiencia no debería utilizarse para concluir que Venezuela necesita una tutela militar extranjera más larga. Debería conducir exactamente a la conclusión contraria: el país necesita reconstruir su propia capacidad operacional.

Una República no demuestra soberanía rechazando ayuda cuando la necesita. La demuestra creando las condiciones para no necesitarla permanentemente.

El desastre sigue siendo demasiado grande para administrarlo con discursos

El último balance oficial ampliamente documentado mantiene en 6.509 el número de fallecidos. Para finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, aproximadamente el 28 % del volumen entonces calculado, mientras el número de viviendas nuevas entregadas permanecía en 335.

Los equipos técnicos habían inspeccionado 60.785 viviendas. De ellas, 11.001 estaban clasificadas como de alto riesgo y otras 14.239 tenían restricciones.

El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos: 47 % en viviendas, 27 % en infraestructura y 26 % en edificaciones no residenciales. Advirtió además que el costo final de reconstruir mejor, retirar escombros y elevar los estándares estructurales podría ser considerablemente superior al daño físico inicial.

Ese volumen explica por qué la soberanía venezolana tendrá una prueba muy concreta durante los próximos años.

No será una frase diplomática.

Será la capacidad de transformar miles de millones de dólares en viviendas seguras, electricidad, agua, escuelas, hospitales y carreteras sin convertir la reconstrucción en un sistema de dependencia o corrupción.

Los desaparecidos recuerdan el costo de un Estado que no puede contar

Existe además una herida informativa que Venezuela todavía no ha cerrado. Las autoridades dejaron durante meses sin actualizar adecuadamente un balance nacional de desaparecidos, mientras una plataforma ciudadana llegó a registrar cerca de 29.500 personas con las que familiares no habían logrado establecer contacto.

Esa cifra ciudadana no debe presentarse como un registro forense confirmado de personas sepultadas bajo los escombros. Precisamente porque no existe equivalencia entre ambas cosas, el vacío estatal resulta todavía más preocupante.

Un país soberano necesita saber quién murió, quién fue identificado, quién continúa desaparecido y qué casos fueron resueltos.

La soberanía también consiste en producir información confiable sobre sus propios ciudadanos.

Cuando el Estado pierde esa capacidad, otras organizaciones intentan llenar el vacío. A veces lo hacen de manera necesaria y valiosa. Pero ninguna iniciativa privada puede reemplazar definitivamente un sistema forense y estadístico nacional.

El Pentágono puede mover maquinaria; no debe decidir el modelo de país

La presencia estadounidense durante la emergencia debe analizarse sin simplificaciones. El Comando Sur ha movilizado personal y recursos. Washington mantiene una influencia política y económica extraordinaria sobre la Venezuela posterior a Nicolás Maduro. Estados Unidos también busca estabilidad en el suministro petrolero y promueve nuevas inversiones en el sector energético.

Pero de esos hechos no se desprende que el Comando Sur administre los créditos del Banco Mundial destinados a la recuperación venezolana.

No existe evidencia pública suficiente para sostener esa afirmación.

El Banco Mundial ha explicado que trabaja con el Gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF para evaluar necesidades y estudiar apoyo técnico y financiero. Esa arquitectura multilateral debe diferenciarse de la operación humanitaria militar estadounidense.

Confundirlas produce exactamente el problema que Vierne5 debe evitar: sustituir una crítica legítima sobre dependencia por una afirmación que las fuentes no respaldan.

La vigilancia debe dirigirse hacia lo comprobable.

Quién financia.

Quién recibe.

Quién contrata.

Quién ejecuta.

Quién supervisa.

Y qué resultado obtiene finalmente el ciudadano.

La independencia nacional también necesita independencia informativa. Una sociedad capaz de distinguir cooperación humanitaria, influencia política, financiamiento multilateral y control militar está mejor preparada para vigilar a todos los actores involucrados. La soberanía se debilita tanto con la tutela como con la desinformación.

El petróleo aumenta la influencia exterior, pero también la responsabilidad interna

Venezuela está recuperando producción energética. Delcy Rodríguez informó recientemente que la producción petrolera se aproxima a 1,25 millones de barriles diarios, mientras PDVSA aspira a ampliar considerablemente el número de contratos durante los próximos meses.

Washington tiene razones económicas evidentes para participar en esa recuperación: garantizar suministro para refinerías estadounidenses, abrir oportunidades de inversión y estabilizar una fuente importante de crudo.

Esa convergencia puede producir beneficios para Venezuela.

Pero la pregunta soberana es qué ocurre después con los recursos.

Si nuevos ingresos petroleros financian electricidad, carreteras, viviendas o recuperación industrial, el ciudadano debería poder seguir ese recorrido. Si tienen otros destinos, también deberían ser identificables dentro de las cuentas públicas.

El petróleo no debería volver a funcionar como argumento para postergar reformas institucionales.

Mucho menos como justificación para ocultar el presupuesto detrás de una nueva relación privilegiada con Washington.

La electricidad demuestra cuánto falta para recuperar autonomía

La propia expansión petrolera enfrenta un obstáculo que ninguna influencia extranjera puede resolver mediante declaraciones: la red eléctrica.

Datos publicados recientemente sitúan en alrededor del 40 % la capacidad eléctrica instalada actualmente operativa. El déficit supera 1.500 megavatios y los cortes continúan afectando actividad económica, hogares y servicios.

Esta es una prueba perfecta de lo que significa reconstruir soberanía.

Una nación que necesita incrementar producción energética pero no dispone de electricidad suficiente para sostener su propia industria enfrenta una contradicción estructural.

Resolverla necesita ingeniería, inversión, planificación y regulación estable.

No basta con tener petróleo debajo del suelo.

Hay que tener instituciones capaces de convertirlo en desarrollo sobre el suelo.

La transición política tampoco puede diseñarse desde Washington

Estados Unidos desempeña un papel decisivo en el proceso político venezolano. Marco Rubio se reunió recientemente con Dinorah Figuera y reiteró que Washington quiere una democracia capaz de gobernar, no solamente unas elecciones aisladas. La mesa de negociación venezolana tiene previsto continuar su proceso institucional durante este mes, mientras se discuten la renovación del Tribunal Supremo y las futuras condiciones electorales.

La cooperación estadounidense puede contribuir a crear incentivos y límites.

Lo que no debería hacer es sustituir la voluntad institucional venezolana.

Un CNE legitimado únicamente porque Washington acepta su composición nacería con una debilidad fundamental.

Un TSJ cuyos integrantes resultaran de un reparto político tolerado desde el exterior seguiría siendo un reparto.

Las instituciones necesitan legitimidad venezolana.

Eso significa procedimientos públicos, méritos verificables, controles, participación ciudadana y capacidad de actuar contra cualquier abuso independientemente de quién lo cometa.

La República civil exige controlar también a sus propias armas

El problema no es únicamente la presencia militar extranjera. Venezuela arrastra desde hace décadas una militarización profunda de funciones civiles.

Una República verdaderamente civil necesita recuperar una distinción elemental: las Fuerzas Armadas existen para funciones constitucionales específicas, no para convertirse en administradoras permanentes de economía, alimentos, empresas, obras y vida política.

La transición ofrece una oportunidad para reconstruir esa frontera.

También debe hacerlo frente a grupos armados irregulares, redes de extorsión y cualquier estructura que utilice la fuerza fuera del marco legal.

Pero el desarme y la persecución de delitos deben realizarse mediante procedimientos judiciales, no mediante sustitución de una arbitrariedad por otra.

El último balance publicado por Foro Penal registra 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos, con corte al 5 de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha adoptado recientemente medidas cautelares en favor de varias personas privadas de libertad en Venezuela y ha expresado preocupación por militares detenidos por motivos políticos.

Una República civil se distingue porque incluso el poder armado está sometido a jueces y leyes.

La cooperación internacional funciona mejor cuando sabe cuándo retirarse

La frase más importante pronunciada por el general Donovan durante las primeras semanas de la operación estadounidense quizá no fue sobre drones, aeronaves o logística.

Fue sobre la salida.

El comandante señaló que no existían conversaciones sobre una presencia permanente y resumió la naturaleza de la misión humanitaria: llegar para ayudar y marcharse cuando el trabajo termine.

Ese principio conviene preservarlo.

Venezuela debe aprovechar conocimiento, tecnología, equipos y financiamiento internacional. Sería absurdo rechazar capacidades necesarias por una interpretación teatral de la soberanía.

Pero aceptar cooperación tampoco significa permitir que la incapacidad nacional se institucionalice.

El objetivo debe ser transferir capacidad.

Entrenar equipos venezolanos.

Rehabilitar organismos.

Fortalecer universidades.

Modernizar protección civil.

Recuperar ingeniería pública.

Profesionalizar municipios.

Construir sistemas de información.

Y hacer que cada nueva etapa necesite menos tutela que la anterior.

La verdadera salida del Pentágono empieza en una alcaldía que funciona

Nicolás Maduro tiene fijado para junio de 2027 el inicio de su juicio federal en Nueva York; él y Cilia Flores enfrentan nuevas acusaciones estadounidenses y han negado las imputaciones previas. Steve Hanke continúa promoviendo un proyecto de dolarización formal. Washington seguirá ejerciendo presión y ofreciendo soluciones desde afuera.

Pero el futuro venezolano no puede esperar que cada respuesta llegue de Nueva York, Washington o Miami.

Una escuela reparada por un municipio competente reduce dependencia.

Una empresa venezolana capaz de ejecutar una obra con estándares internacionales reduce dependencia.

Una universidad que forma ingenieros reduce dependencia.

Un tribunal que juzga sin instrucciones reduce dependencia.

Un sistema eléctrico recuperado reduce dependencia.

Una ciudadanía que puede auditar presupuestos reduce dependencia.

Eso es soberanía en términos modernos.

No aislamiento.

No antiamericanismo.

No sumisión.

Capacidad.

Entre el Pentágono y la República existe una frontera que Venezuela debe reconstruir con claridad: la ayuda exterior puede sostener al país mientras se levanta, pero nunca debe reemplazar la obligación venezolana de aprender nuevamente a mantenerse en pie.

La mejor cooperación internacional será aquella que consiga hacerse progresivamente menos necesaria.

Y la mejor señal de que la transición funciona llegará el día en que los equipos extranjeros puedan marcharse porque detrás de ellos queda un Estado civil capaz de hacer su propio trabajo.

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Victor Julio Escalona.

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