RadioAmericaVe.com / Editorial.
Caracas negocia la transición mientras el desastre sigue abierto. Sin verdad, vivienda, servicios y justicia no habrá estabilidad duradera.
Caracas después del terremoto; trauma urbano en Venezuela; reconstrucción y transición; Caracas y la reconstrucción nacional
Caracas puede convertirse en la capital política de una transición y seguir siendo, al mismo tiempo, la capital emocional de un trauma que no ha terminado. Esa contradicción define buena parte del momento venezolano. En salones y despachos se negocian tribunales, garantías, sanciones y futuras reglas electorales. En el territorio todavía quedan viviendas inseguras, escuelas dañadas, una red eléctrica frágil y familias que continúan esperando respuestas sobre lo ocurrido después de los terremotos del 24 de junio.
La capital del trauma no es solamente una metáfora sobre una ciudad golpeada. Es la descripción de una disociación política: la velocidad de los acuerdos nacionales comienza a superar la velocidad con la que el país material recupera normalidad.
La transición será legítima únicamente si consigue unir esos dos tiempos.
Washington levantó esta semana las sanciones financieras que pesaban sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del Gobierno de Delcy Rodríguez. Dos días después, Estados Unidos amplió la autorización para operaciones vinculadas con el socorro por los terremotos mediante la Licencia General 60A. Son decisiones relevantes porque muestran una flexibilización pragmática de la relación bilateral y una voluntad de facilitar tanto la negociación política como determinados flujos económicos asociados con la emergencia.
Pero retirar una sanción no reconstruye una escuela. Autorizar una transferencia no certifica una vivienda. Y un acuerdo entre élites no puede sustituir el trabajo pendiente en el terreno.
La política avanza más rápido que las ruinas
El último balance oficial nacional detallado disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos. Para finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, alrededor del 28 % del volumen entonces estimado, y se habían entregado apenas 335 viviendas nuevas, además de otras 1.001 recuperadas.
También habían sido inspeccionadas 60.785 viviendas: 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y 14.239 quedaron bajo restricciones.
Estos números deberían acompañar cada reunión sobre normalización política porque recuerdan qué significa realmente estabilizar un país.
Hay otra cifra que exige todavía mayor cautela. Plataformas ciudadanas llegaron a reunir reportes cercanos a 29.500 personas cuyo paradero no había podido ser establecido después de los terremotos. Esa cifra no constituye un registro forense nacional confirmado y no debe utilizarse como si lo fuera. Lo grave es precisamente que, durante un período prolongado, las autoridades no ofrecieron un cómputo nacional consolidado capaz de cerrar la brecha entre reportes familiares, personas localizadas, víctimas identificadas y casos pendientes.
Una transición que aspire a recuperar confianza también tiene que reconstruir la verdad estadística.
Los campamentos no pueden convertirse en una fotografía eterna
También deben corregirse cifras que pertenecen a etapas anteriores de la emergencia. Los 18.437 residentes en 94 campamentos corresponden a un balance de julio. Posteriormente, el número de personas alojadas temporalmente volvió a crecer y el Gobierno informó a finales de agosto que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento provisional desde la catástrofe.
La diferencia importa porque un campamento no es solamente un dato humanitario. Representa familias fuera de su vivienda, niños cuya escolarización puede haberse alterado, trabajadores alejados de sus actividades y comunidades enteras pendientes de una solución definitiva.
El sistema escolar ofrece una medida más actual de esa perturbación. El Ministerio de Educación informó en septiembre que 900 planteles habían sufrido daños leves, 87 registraban daños severos que impedían su reapertura inmediata y 11 habían colapsado completamente. Otros 50 seguían funcionando provisionalmente como campamentos mientras avanzaba su desocupación.
No existe normalidad política plena cuando una parte del país todavía debe reorganizar la educación alrededor de edificios inutilizables.
La Licencia 60A abre una puerta; no entrega un cheque en blanco
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos actualizó el 16 de octubre la Licencia General 60, ahora 60A, para autorizar transacciones vinculadas con esfuerzos de socorro por los terremotos que, de otro modo, podrían quedar restringidas por el régimen de sanciones.
La medida es importante porque facilita pagos, transferencias y operaciones legítimamente relacionadas con la respuesta humanitaria.
Pero conviene precisar lo que esa autorización no significa.
No convierte automáticamente los fondos petroleros en presupuesto de reconstrucción. No coloca los créditos del Banco Mundial bajo administración del Comando Sur. Y tampoco establece una única caja internacional dirigida desde Washington para financiar la emergencia venezolana.
No existe respaldo público suficiente para afirmar esas cosas.
La arquitectura financiera es más compleja y por eso mismo necesita más transparencia.
El país debería poder distinguir con claridad:
- qué recursos provienen del presupuesto venezolano;
- qué fondos corresponden a asistencia humanitaria;
- qué operaciones son facilitadas por licencias estadounidenses;
- qué financiamiento procede de organismos multilaterales;
- qué recursos provienen de inversión privada;
- y qué proyectos concretos recibe cada municipio.
La transparencia comienza precisamente cuando el ciudadano puede separar esas corrientes y seguir cada una hasta su destino.
La flexibilización de sanciones también exige memoria
La salida de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de OFAC tiene una lectura política evidente. Rodríguez dirige la delegación gubernamental en el diálogo nacional y participa en un proceso que discute reformas del sistema judicial, las condiciones electorales y la renovación de instituciones.
La tercera ronda de conversaciones comenzó en Caracas el 14 de octubre con la presencia de Rodríguez y Dinorah Figuera.
Que Washington facilite la capacidad del negociador oficialista para operar financieramente puede interpretarse como un incentivo a ese proceso. Pero la diplomacia pragmática tiene un riesgo que Venezuela conoce demasiado bien: confundir estabilidad con olvido.
La eliminación de una sanción administrativa estadounidense no constituye una absolución histórica, judicial ni política.
De la misma manera, los acuerdos que surjan de la negociación no deberían utilizarse para clausurar preguntas legítimas sobre responsabilidades pasadas.
Un país puede reconciliarse sin borrar sus archivos.
Puede negociar sin destruir la memoria.
Puede construir convivencia sin garantizar impunidad.
La estabilidad que depende de no hacer preguntas es una estabilidad demasiado frágil. Venezuela necesita acuerdos, pero también necesita expedientes, auditorías, archivos públicos y ciudadanos capaces de revisar aquello que las instituciones hicieron en su nombre.
El espejo judicial de Nueva York vuelve más exigente el debate venezolano
Mientras Caracas negocia su futura arquitectura judicial, Nueva York ha ampliado el proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación sustitutiva que añade el cargo de conspiración para cometer tortura a las acusaciones previamente existentes. Maduro y Flores comparecieron el 15 de octubre ante un tribunal federal de Manhattan y se declararon no culpables.
Las imputaciones son acusaciones y deben tratarse como tales hasta que un tribunal determine responsabilidades.
El juez Alvin Hellerstein aplazó además el comienzo del juicio hasta el 14 de junio de 2027.
Ese proceso extranjero no sustituye la justicia venezolana. Pero aumenta inevitablemente la presión sobre cualquier reforma judicial nacional.
Si Venezuela pretende renovar el Tribunal Supremo de Justicia, el nuevo sistema tendrá que demostrar que posee capacidad para investigar abusos, proteger víctimas, garantizar defensa y procesar delitos independientemente de la filiación del acusado.
Un tribunal no será independiente porque cambien sus magistrados.
Será independiente cuando las reglas dejen de cambiar según quién se siente frente al juez.
La Ley contra el Odio sigue siendo una prueba institucional
Esta semana la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró conforme con la Constitución el proyecto de reforma parcial de la denominada Ley contra el Odio y permitió que continúe su discusión en la Asamblea Nacional.
Las organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han cuestionado durante años esa legislación por considerar que ha sido empleada contra la expresión crítica. Foro Penal sostiene que al menos 927 personas han sido acusadas de incitación al odio desde que la norma entró en vigor en 2017.
Reformar esa ley puede abrir una oportunidad.
Pero la pregunta decisiva no será si cambió su redacción, sino si el nuevo marco jurídico protege efectivamente la libertad de expresión y elimina herramientas capaces de convertir una crítica en delito por razones políticas.
Una transición no debe ser evaluada únicamente por las instituciones que crea.
También por las herramientas represivas que decide dejar atrás.
Los presos políticos también requieren cifras actualizadas
El último balance publicado localizado de Foro Penal mantiene en 322 el número de personas que esa organización clasifica como presos políticos, con corte al 5 de octubre: 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares.
Por eso no corresponde seguir utilizando como dato actual la cifra de 382 que pertenecía a balances anteriores.
Actualizar una cifra no disminuye la gravedad del problema. Demuestra respeto por los hechos.
La discusión sobre amnistías, excarcelaciones, revisión de causas y garantías procesales debe partir de expedientes concretos, categorías claras y datos actualizados.
El Estado de derecho no se fortalece exagerando. Se fortalece comprobando.
La electricidad sigue recordando dónde termina la retórica
La transición también ocurre dentro de una infraestructura profundamente deteriorada. A finales de septiembre, Reuters informó que alrededor del 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada estaba operativa y que el déficit superaba los 1.500 megavatios.
Ese problema afecta la industria, el agua, los hospitales, las telecomunicaciones y la reconstrucción de las viviendas.
Las autoridades han atribuido determinadas interrupciones a sabotajes. Cada denuncia concreta deberá investigarse con evidencia.
Pero una red eléctrica deteriorada no puede repararse exclusivamente mediante una explicación sobre quién provocó una falla.
La recuperación necesita turbinas, repuestos, transmisión, mantenimiento, inversión y profesionales.
El ciudadano puede escuchar cien discursos sobre soberanía energética. Cuando pulsa un interruptor, la evaluación institucional se vuelve binaria.
Hay luz o no hay luz.
El petróleo vuelve a crecer; la responsabilidad también
La economía petrolera vuelve a ocupar el centro de la relación con Estados Unidos. Delcy Rodríguez ha anunciado nuevas inversiones y esta semana afirmó que Venezuela espera cerca de 76.000 millones de dólares en inversión petrolera durante los próximos cinco años.
El incremento de producción y la entrada de capital pueden representar una oportunidad extraordinaria para financiar infraestructura y recuperar actividad económica.
Pero el petróleo venezolano tiene una historia conocida: abundancia de recursos no equivale automáticamente a capacidad institucional.
La verdadera pregunta es si el nuevo ciclo energético construirá electricidad, carreteras, hospitales, escuelas, viviendas y empleo productivo o si volverá a alimentar un sistema en el que el ciudadano conoce la cantidad exportada pero no el destino final del ingreso.
La respuesta requiere presupuesto abierto, auditoría y descentralización de responsabilidades.
La capital del trauma necesita algo más que reconciliación de oficinas
La negociación política es necesaria. Sería irresponsable despreciarla. Venezuela necesita reglas que permitan competir políticamente, instituciones judiciales confiables y un sistema electoral aceptado por la sociedad.
Pero un acuerdo nacional no se vuelve legítimo solo porque consiga reunir a las personas adecuadas alrededor de una mesa.
Debe bajar al territorio.
Una transición creíble tiene que demostrar resultados en aquello que el ciudadano toca.
La vivienda que dejó de ser peligrosa.
La escuela que volvió a abrir.
El tribunal que escucha.
El preso cuya causa fue revisada.
El medio que puede publicar.
La electricidad que vuelve.
El presupuesto que puede consultarse.
El municipio que responde.
Ahí empieza una República normal.
La estabilidad no puede comprarse con amnesia
Washington continuará influyendo decisivamente sobre el proceso venezolano. Ha relajado sanciones, facilitado operaciones humanitarias, impulsado negociaciones políticas y aumentado su participación económica en el sector energético.
Esa influencia es un hecho.
Pero Venezuela cometería un error si convierte el pragmatismo internacional en la medida de su propia legitimidad.
Donald Trump ha dicho que considera que el país todavía necesita condiciones adicionales antes de poder celebrar elecciones plenamente viables. Esa es la valoración política de su Administración, no una autorización jurídica indispensable para que Venezuela vote.
La legitimidad definitiva no la concederá Washington.
La concederá una sociedad capaz de comprobar que las instituciones nuevas funcionan mejor que las anteriores.
Por eso Caracas es hoy la capital del trauma.
Porque allí se encuentran dos Venezuelas.
La que quiere negociar rápidamente una salida.
Y la que todavía necesita saber qué ocurrió, quién responde y cuánto falta para que la vida cotidiana deje de parecer una emergencia.
La transición habrá comenzado de verdad cuando esas dos Venezuelas vuelvan a encontrarse.
No cuando una sanción sea retirada.
No cuando un nuevo magistrado sea nombrado.
No cuando una conferencia anuncie reconciliación.
Sino cuando el ciudadano pueda caminar por una calle reconstruida, entrar en una escuela segura, encender la luz y saber que la justicia no exige olvidar para poder avanzar.
Entonces Caracas podrá dejar de ser la capital del trauma para volver a ser simplemente la capital de una República.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
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