Maduro ya no gobierna, pero su sistema sigue vivo

RadioAmericaVe.com  / Opinión. /

 

Por Matías Ricardo Escalona Cardinale

EE.UU. retira a Venezuela de una lista restrictiva, pero persisten presos políticos, denuncias de intimidación y dudas sobre la transición.

• Continuidad del chavismo sin Maduro
• Gobierno interino de Delcy Rodríguez
• Represión política en Venezuela
• Transición democrática venezolana

Nicolás Maduro ya no gobierna Venezuela. Eso es cierto. Pero sostener que su gobierno dejó de existir resulta bastante más complicado cuando quienes administran el país son sus antiguos colaboradores, cuando persisten cientos de presos políticos y cuando ciudadanos que reclaman elecciones todavía denuncian intimidaciones. Washington puede modificar sus clasificaciones administrativas, levantar restricciones y reconocer un nuevo escenario político. Lo que no puede hacer mediante una decisión burocrática es decretar la desaparición de un sistema de poder que conserva buena parte de sus estructuras.

La noticia llegó este 22 de octubre desde Estados Unidos. El Departamento del Tesoro presentó una propuesta regulatoria que excluye a Venezuela del grupo de países sometidos a determinadas restricciones sobre inversiones estadounidenses en el exterior, previstas en la legislación conocida como COINS Act.

Según informó Reuters, la modificación responde al cambio de circunstancias producido después de la captura de Maduro en enero y al establecimiento de la administración encabezada por Delcy Rodríguez. Para las autoridades estadounidenses, el actual gobierno venezolano ya no encaja en los criterios de esa clasificación.

Conviene precisar que se trata de una propuesta normativa específica, no de la eliminación general de todas las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

Desde una perspectiva administrativa, la decisión puede tener fundamento. Desde una perspectiva política y democrática, sin embargo, deja abierta una pregunta mucho más profunda: ¿cuánto debe cambiar un gobierno para que podamos afirmar que el sistema anterior realmente ha desaparecido?

Maduro se fue, pero sus colaboradores permanecen

Maduro está detenido en Nueva York, sometido a un proceso penal federal en el que se le atribuyen graves delitos y en el que conserva, naturalmente, su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Su salida del poder constituye un acontecimiento extraordinario en la historia política venezolana. Pero tampoco puede confundirse automáticamente con la desaparición del entramado institucional que lo sostuvo.

Delcy Rodríguez, quien ejerció la vicepresidencia durante años, encabeza ahora la administración interina. Su hermano Jorge Rodríguez preside la Asamblea Nacional y desempeña un papel fundamental en las negociaciones políticas. Diosdado Cabello continúa siendo una figura relevante dentro de las estructuras del chavismo.

No estamos hablando de dirigentes recién llegados ni de un equipo político completamente ajeno al gobierno anterior.

Son protagonistas de una organización que ha ejercido el poder durante décadas y que conserva responsabilidades sobre el funcionamiento de las instituciones venezolanas.

Esto no significa que toda decisión de la administración actual sea necesariamente idéntica a las anteriores. Reconocer cambios reales también forma parte de un análisis responsable.

Pero cambiar al jefe del Ejecutivo no demuestra, por sí mismo, que hayan cambiado las reglas mediante las cuales se ejerce el poder.

En otras palabras: Maduro ya no está. Su sistema todavía debe demostrar que ha dejado de funcionar como antes.

Las calles ofrecen una respuesta diferente

Mientras Washington anunciaba su decisión, Venezuela vivía una nueva jornada de movilización ciudadana.

El 22 de octubre, miles de venezolanos participaron en concentraciones convocadas para exigir elecciones libres, garantías políticas y la liberación de los presos políticos.

Las manifestaciones coincidieron con el tercer aniversario de las primarias opositoras de 2023, ganadas por María Corina Machado, y con el desarrollo de las conversaciones políticas respaldadas por Estados Unidos.

Reuters describió la jornada como la primera movilización opositora de alcance nacional en casi dos años y señaló que, en términos generales, las concentraciones transcurrieron con una interferencia limitada de las fuerzas de seguridad.

Ese dato también debe reconocerse. Sería incorrecto presentar toda la jornada como una represión generalizada cuando la evidencia disponible muestra una realidad más matizada.

Sin embargo, que algunas manifestaciones hayan podido desarrollarse no significa que hayan desaparecido las denuncias de intimidación, los obstáculos al ejercicio de derechos o los temores acumulados por años de persecución política.

La libertad de manifestación no puede depender de una autorización excepcional ni de la tolerancia temporal de quienes gobiernan.

Debe ser una garantía permanente.

Los disparos en Portuguesa y las preguntas pendientes

Una de las denuncias más preocupantes de la jornada procedió del estado Portuguesa.

El dirigente opositor Ricardo Pérez denunció que durante la madrugada del 22 de octubre hombres armados dispararon contra su vivienda en el municipio Ospino.

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) hizo pública la denuncia, solicitó protección para el activista y su familia y exigió una investigación que determine las responsabilidades.

El caso fue documentado por El Pitazo, que recogió el testimonio del afectado y las imágenes de los impactos de bala.

Es necesario establecer una diferencia importante: los reportes disponibles describen disparos contra la residencia del dirigente, no que este haya recibido impactos de bala en su cuerpo. Tampoco permiten identificar de manera concluyente a los autores ni atribuir oficialmente el ataque a una institución del Estado.

Precisamente por eso resulta indispensable una investigación independiente.

Porque la obligación de proteger a los ciudadanos no desaparece cuando el gobierno cambia de nombre ni cuando un país deja de figurar en una lista restrictiva extranjera.

Si un dirigente denuncia un ataque armado en circunstancias vinculadas temporalmente a una convocatoria política, corresponde a las autoridades investigar, proteger a las víctimas y presentar resultados verificables.

La ausencia de respuestas eficaces puede perpetuar el miedo incluso cuando se anuncian reformas democráticas.

Los presos políticos: una realidad que ninguna lista puede borrar

Existe otro indicador mucho más difícil de disimular: las personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos.

El balance de Foro Penal, con fecha de corte del 5 de octubre de 2026, registró 322 presos políticos en Venezuela.

De ellos, 182 eran civiles y 140 militares. La organización contabilizó 152 personas condenadas y 170 que permanecían privadas de libertad sin sentencia.

El mismo balance identificó más de 11.000 ciudadanos sujetos a medidas restrictivas de su libertad consideradas arbitrarias por la organización.

Son cifras atribuidas a una organización especializada y corresponden a su metodología de documentación. No representan una sentencia judicial sobre cada caso individual, pero constituyen un indicador suficientemente serio para exigir respuestas institucionales.

También debe reconocerse que durante 2026 se han producido excarcelaciones y medidas de revisión de expedientes.

Sin embargo, una excarcelación no siempre equivale a libertad plena. Cuando una persona permanece sometida a prohibiciones, comparecencias o restricciones injustificadas, la presión judicial puede continuar después de abandonar la prisión.

Por eso la evaluación de la transición no puede limitarse a contar cuántas personas salieron de las cárceles.

También debe preguntarse cuántas recuperaron efectivamente sus derechos.

Delcy Rodríguez y la responsabilidad de demostrar el cambio

La administración interina sostiene que Venezuela ha iniciado una nueva etapa. Washington parece considerar que esa transformación merece un tratamiento diferente en determinadas áreas económicas y diplomáticas.

La posición estadounidense puede explicarse por objetivos concretos: reducir incertidumbres, estimular inversiones, mantener canales de cooperación y evitar nuevos episodios de inestabilidad.

Es una perspectiva comprensible desde la lógica de la política exterior.

Pero los ciudadanos venezolanos no viven dentro de un expediente del Departamento del Tesoro.

Viven bajo instituciones que deben garantizarles derechos, seguridad y oportunidades reales de participación.

Delcy Rodríguez tiene, por tanto, una responsabilidad especialmente importante: demostrar que la administración que encabeza representa algo más que la continuidad del personal político anterior.

Esa demostración exige resultados concretos:

• Libertad de expresión: que periodistas, ciudadanos y organizaciones puedan informar y criticar sin intimidaciones.
• Derecho a manifestar: que las concentraciones pacíficas se desarrollen sin restricciones arbitrarias ni temor a represalias.
• Libertad personal: que se revisen los expedientes políticos y se restituyan plenamente los derechos de quienes hayan sido detenidos arbitrariamente.
• Justicia independiente: que las investigaciones penales no dependan de intereses partidistas.
• Garantías electorales: que exista un calendario verificable para renovar las instituciones y celebrar elecciones competitivas.
• Rendición de cuentas: que las denuncias de abusos sean investigadas con transparencia y sin privilegios.

Estos objetivos no son exigencias extraordinarias. Constituyen obligaciones elementales de cualquier gobierno que pretenda presentarse como democrático.

La diferencia entre normalizar y democratizar

El levantamiento de determinadas restricciones económicas puede facilitar inversiones y abrir oportunidades para Venezuela.

Eso es importante. El país necesita empleo, financiamiento, producción y recuperación de sus servicios públicos.

Pero normalizar relaciones comerciales no equivale necesariamente a democratizar las instituciones.

Una compañía puede obtener autorización para invertir antes de que los ciudadanos dispongan de un sistema judicial independiente. Un gobierno extranjero puede reconocer avances económicos mientras todavía existen denuncias de persecución política.

Son procesos que pueden desarrollarse a velocidades diferentes.

El problema surge cuando la normalización económica comienza a presentarse como prueba suficiente de una transformación democrática que todavía necesita consolidarse.

La legitimidad institucional no puede medirse exclusivamente por la cantidad de inversiones autorizadas, el volumen de petróleo exportado o la eliminación de nombres de las listas internacionales.

También debe medirse por el trato que recibe un ciudadano cuando protesta, por la seguridad de un periodista que investiga y por las posibilidades de un opositor de participar en unas elecciones sin restricciones arbitrarias.

Es allí donde la transición debe aprobar su examen más importante.

No, pero sí: la paradoja venezolana

La respuesta a la pregunta inicial parece contradictoria, pero refleja con bastante precisión la situación actual.

No, el gobierno de Maduro ya no existe en el sentido personal y formal de que Nicolás Maduro dejó de ejercer la Presidencia.

Sí, permanecen figuras, instituciones, mecanismos legales y prácticas políticas que formaron parte de su administración y cuyo funcionamiento todavía debe transformarse profundamente.

Reconocer ambas realidades no significa negar los cambios ocurridos desde enero ni desconocer los esfuerzos de quienes participan en las negociaciones.

Significa entender que una transición auténtica es un proceso y no una certificación diplomática.

Puede comenzar con la salida de un gobernante. Pero no termina hasta que las instituciones dejan de depender de la voluntad de quienes ejercen el poder.

La desaparición de un liderazgo personal no garantiza automáticamente la desaparición de su modelo político.

Y ninguna reforma será suficientemente convincente mientras existan ciudadanos que teman manifestar, familias que reclamen justicia y personas privadas de libertad por razones políticas.

Washington puede considerar que Venezuela ya no reúne determinados criterios de riesgo para las inversiones estadounidenses. Esa es una decisión que corresponde a sus autoridades.

Pero la evaluación de la libertad venezolana exige una medida diferente: el ejercicio cotidiano de los derechos ciudadanos.

El periodismo independiente debe seguir examinando esa diferencia sin negar los avances ni cerrar los ojos ante las denuncias. Su responsabilidad consiste en preguntar, documentar y exigir respuestas, especialmente cuando el lenguaje oficial pretende dar por concluido un proceso que todavía presenta asuntos fundamentales sin resolver.

La verdadera noticia llegará cuando ningún venezolano tenga que pedir permiso para expresar su desacuerdo, cuando las familias de los presos políticos obtengan justicia y cuando el poder pueda cambiar de manos mediante elecciones libres.

Hasta entonces, la respuesta seguirá siendo incómoda: Maduro ya no gobierna, pero su sistema todavía conserva estructuras que deben ser transformadas.

Y ese problema, por mucho que se modifiquen las listas internacionales, no se resuelve con una visita médica domiciliaria ni con una declaración administrativa. Se resuelve con instituciones, derechos y responsabilidades verificables.

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