RadioAmericaVe.com / La Voz Del NIN.
Venezuela necesita memoria, justicia y verdad para impedir que la transición negocie impunidad a cambio de estabilidad.
Memoria histórica de Venezuela; justicia y memoria nacional; transición sin impunidad; verdad y reparación en Venezuela.
Memoria nacional contra el olvido conveniente no es una invitación a vivir prisioneros del pasado, sino una exigencia para impedir que Venezuela reconstruya sus instituciones sobre una amnesia negociada. Una República adulta puede alcanzar acuerdos políticos, recuperar relaciones internacionales y atraer inversiones, pero no puede convertir la estabilidad en una operación destinada a borrar responsabilidades. La paz que exige silencio a las víctimas no es reconciliación: es una tregua construida sobre una injusticia pendiente.
El peligro de toda transición no reside únicamente en quienes se resisten al cambio. También aparece entre quienes, invocando el pragmatismo, proponen pasar la página antes de investigar lo ocurrido. En ese lenguaje aparentemente razonable, la memoria se transforma en inconveniente, la justicia en obstáculo y la responsabilidad en amenaza para la gobernabilidad.
El Nuevo Ideal Nacional debe rechazar esa falsa alternativa. Venezuela necesita estabilidad para reconstruirse, pero también necesita verdad para que esa estabilidad tenga fundamento. La memoria nacional no puede depender de la conveniencia de los negociadores ni de los intereses económicos del momento.
La diplomacia puede cambiar; la responsabilidad permanece
Dos acontecimientos recientes permiten comprender el dilema que enfrenta Venezuela.
El 14 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) retiró a Jorge Rodríguez de su lista de personas sancionadas. La decisión representa un cambio administrativo y financiero relevante dentro de las relaciones entre Washington y Caracas.
Pero retirar una sanción no equivale a declarar que toda actuación política anterior fue correcta. Tampoco demuestra, por sí solo, la existencia de responsabilidad penal. Son cuestiones diferentes. Una medida diplomática puede responder a objetivos de negociación, mientras que las responsabilidades individuales deben determinarse mediante investigaciones y procedimientos independientes.
El 15 de octubre, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York y se declararon no culpables frente a nuevos cargos relacionados con una presunta conspiración para cometer torturas. Ambos rechazan las acusaciones y conservan su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. El juicio está previsto para el 14 de junio de 2027.
Estos acontecimientos pertenecen a ámbitos diferentes, pero plantean una pregunta común: ¿cómo impedir que las necesidades diplomáticas de una transición terminen sustituyendo las obligaciones de verdad y justicia?
La respuesta no consiste en rechazar toda negociación. Consiste en establecer que ningún acuerdo político puede reemplazar el examen independiente de las responsabilidades.
La amnesia burocrática como falsa fórmula de estabilidad
El olvido conveniente suele presentarse como una solución práctica. Sus defensores argumentan que mirar demasiado hacia atrás puede dificultar acuerdos, retrasar inversiones o alimentar conflictos. Ese razonamiento contiene una preocupación legítima: ninguna sociedad puede permanecer indefinidamente paralizada por sus fracturas.
Sin embargo, confunde dos procesos distintos. Superar el pasado no significa ocultarlo. Reconciliar no significa absolver indiscriminadamente. Recuperar la normalidad tampoco autoriza a destruir expedientes, silenciar testimonios o clausurar investigaciones.
La verdadera estabilidad necesita instituciones capaces de reconocer el daño, investigar responsabilidades y garantizar que los abusos no se repitan. De lo contrario, la aparente tranquilidad dependerá de la permanencia de los mismos acuerdos de silencio que permitieron las irregularidades originales.
La memoria nacional debe preservar la diferencia entre responsabilidad política, administrativa y penal. No toda decisión equivocada constituye un delito, ni toda persona vinculada a una administración comparte la misma responsabilidad. Precisamente por eso necesitamos expedientes completos, pruebas verificables y tribunales independientes.
La justicia sin pruebas se convierte en arbitrariedad. La negociación sin memoria puede convertirse en impunidad.
La tragedia material también necesita memoria
La reconstrucción venezolana tiene una dimensión humana que ningún acuerdo institucional debería relegar. Los terremotos de 2026 dejaron miles de víctimas, viviendas destruidas y comunidades profundamente afectadas.
Según el balance oficial difundido el 24 de agosto, el número de fallecidos había alcanzado las 6.509 personas. Para esa fecha también se habían reportado 600.790 toneladas de escombros recogidas. Esas cifras corresponden al corte informado entonces y no deben confundirse con un balance definitivo de octubre.
La magnitud del desastre exige transparencia permanente. Especialmente preocupante resulta la dificultad para establecer un registro completo, actualizado y verificable de personas no localizadas. Sin información consolidada, las familias quedan expuestas a la incertidumbre y las autoridades pierden capacidad para establecer prioridades y responsabilidades.
La memoria de una catástrofe no consiste únicamente en levantar monumentos. Consiste en conservar los informes técnicos, documentar los daños, identificar las decisiones administrativas y permitir que cada familia conozca el destino de sus reclamaciones.
Cuando una vivienda se derrumba, corresponde investigar las circunstancias técnicas del colapso. Si existen indicios de negligencia, fraude, incumplimiento de normas o corrupción, deben determinarse responsabilidades mediante peritajes y procedimientos legales. La gravedad del desastre no permite presumir automáticamente culpabilidades, pero tampoco justifica renunciar a investigarlas.
Una reconstrucción que borre esos expedientes puede levantar edificios nuevos sin haber corregido las condiciones institucionales que hicieron vulnerables a los anteriores.
Archivos públicos para una República con memoria
La memoria nacional debe dejar de depender exclusivamente del recuerdo individual. Venezuela necesita una política institucional que preserve documentos, testimonios, decisiones administrativas, informes forenses y registros presupuestarios.
Para lograrlo, proponemos crear un Sistema Nacional de Memoria, Verdad y Reconstrucción, con autonomía técnica, supervisión plural y garantías de acceso público.
Cinco mecanismos para impedir el olvido conveniente
- Archivo nacional independiente: conservar documentos oficiales, expedientes de obras, decisiones administrativas, registros judiciales y testimonios relacionados con graves daños públicos y violaciones de derechos humanos.
- Registro protegido de víctimas: documentar fallecimientos, desapariciones, desplazamientos y daños personales, garantizando confidencialidad y protección de información sensible.
- Comisión plural de esclarecimiento: integrar especialistas, víctimas, universidades y organizaciones civiles para establecer patrones y formular recomendaciones, sin sustituir las competencias de los tribunales.
- Auditoría de la reconstrucción: publicar contratos, presupuestos, empresas responsables, informes técnicos, cronogramas y resultados verificables.
- Programa educativo de memoria: incorporar a escuelas y universidades el estudio documentado de la crisis institucional, las violaciones de derechos y las experiencias de resistencia civil.
Este sistema no debe convertirse en un instrumento para imponer una versión partidista de la historia. Su legitimidad dependerá precisamente de la independencia, la pluralidad, la comprobación documental y la posibilidad de examinar críticamente sus conclusiones.
La memoria democrática no exige que todos interpreten el pasado de la misma manera. Exige que nadie tenga el poder de destruir sus pruebas.
El petróleo no compra absoluciones
La transformación energética y financiera de Venezuela puede abrir oportunidades extraordinarias. Los acuerdos petroleros, las licencias operativas, la cooperación internacional y el retorno de inversiones pueden contribuir a reconstruir una economía profundamente debilitada.
Pero la apertura económica plantea una obligación igualmente extraordinaria: impedir que la llegada de recursos se convierta en una compensación informal por responsabilidades no esclarecidas.
La eliminación de sanciones individuales, los acuerdos energéticos y las nuevas relaciones financieras deben ser examinados conforme a sus respectivos marcos legales. Ninguno de estos instrumentos debería interpretarse como una absolución general de actuaciones pasadas.
La riqueza petrolera pertenece al patrimonio económico nacional. Su administración debe someterse a reglas presupuestarias, controles públicos y mecanismos independientes de supervisión.
Venezuela necesita saber cuánto recibe, cuánto compromete, quién contrata, qué empresas ejecutan los proyectos y qué resultados obtiene la población.
El dinero destinado a viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura no debe quedar atrapado en intermediaciones opacas. La inversión debe traducirse en trabajo formal, servicios eficientes y reconstrucción verificable.
La prosperidad no puede construirse mediante una transacción silenciosa donde unos recuperan oportunidades económicas mientras otros pierden el derecho a conocer la verdad.
Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €
El periodismo independiente es indispensable para preservar documentos, contrastar versiones y exigir responsabilidades. Apoyar a Vierne5 contribuye a mantener abierto un espacio de reflexión democrática donde la memoria nacional no dependa de la conveniencia del poder.
Los presos políticos y las víctimas no pueden desaparecer del diálogo
La memoria nacional también debe examinar las consecuencias humanas de la persecución política.
El Foro Penal registró 322 presos políticos al 5 de octubre de 2026. De ellos, 170 figuraban sin condena. Se trata de un balance correspondiente a esa fecha, susceptible de modificaciones posteriores.
Además, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió en septiembre de 2026 que, pese a determinados cambios políticos, persistían importantes estructuras represivas y continuaban las preocupaciones por detenciones arbitrarias, torturas y ausencia de rendición de cuentas.
Estos informes recuerdan que la reconstrucción institucional no se agota en nombrar autoridades o celebrar reuniones de negociación.
Es necesario revisar los expedientes de las personas detenidas arbitrariamente, garantizar sus derechos, investigar las denuncias de tortura y avanzar en la reparación de las víctimas.
También debe investigarse la actuación de estructuras armadas irregulares y los abusos atribuidos a agentes de seguridad, incluidos los casos denunciados de extorsión en carreteras. Las investigaciones requieren independencia, protección de testigos y respeto pleno a las garantías judiciales.
La amnistía puede ser una herramienta de reconciliación cuando se diseña con criterios constitucionales y respeto a los derechos humanos. No debe convertirse, sin embargo, en un mecanismo de impunidad para crímenes internacionales graves.
El Estado de derecho empieza cuando la ley protege a la víctima y al acusado con el mismo compromiso institucional con las garantías.
El peligro de convertir la transición en una fotografía
Venezuela atraviesa una etapa en la que cada anuncio de negociación, apertura económica o reforma administrativa puede interpretarse como una señal de normalización.
Algunos cambios pueden representar avances auténticos. Otros necesitarán tiempo, evaluación y resultados antes de merecer esa calificación.
La reciente decisión del Tribunal Supremo de retirar competencias especiales en materia de terrorismo a determinados tribunales de Caracas, por ejemplo, abre un debate relevante sobre el funcionamiento de la justicia. Pero modificar la distribución de causas no garantiza automáticamente independencia judicial ni reparación para quienes hayan sufrido actuaciones arbitrarias.
El verdadero examen consiste en comprobar si las reformas transforman procedimientos, protegen derechos y permiten investigar abusos sin interferencias.
Una transición no puede medirse únicamente por fotografías de dirigentes reunidos, declaraciones internacionales o anuncios de nuevas inversiones. Debe evaluarse por la calidad de sus instituciones y por las garantías concretas que ofrece a los ciudadanos.
La memoria nacional cumple aquí una función decisiva: impedir que los resultados propagandísticos sustituyan los resultados verificables.
La ciudadanía como guardiana de la memoria
Ninguna institución podrá conservar la memoria nacional si la sociedad renuncia a defenderla.
Las asociaciones de víctimas, los gremios profesionales, los investigadores, los periodistas, las universidades y las organizaciones vecinales deben tener acceso a mecanismos seguros para documentar hechos y solicitar información pública.
Los municipios necesitan comités ciudadanos capaces de revisar obras, formular observaciones técnicas y exigir respuestas. La diáspora puede contribuir mediante investigación documental, cooperación académica y preservación digital de testimonios.
Esta vigilancia no sustituye a fiscales ni jueces. Los complementa mediante participación democrática y control social.
La memoria también debe proteger a quienes piensan diferente. No puede existir una historia oficial obligatoria ni una selección de víctimas según afinidades políticas. Toda persona perjudicada por actuaciones ilegales tiene derecho a ser escuchada, independientemente de sus convicciones.
La República madura no convierte la memoria en un tribunal de propaganda. La convierte en una garantía de verdad, responsabilidad y no repetición.
El país que recuerda puede construir un futuro distinto
El último trimestre de 2026 plantea decisiones importantes para el porvenir institucional venezolano. Los debates sobre justicia, garantías políticas, reorganización de poderes públicos y recuperación económica deberán demostrar si existe voluntad de transformar las reglas o simplemente de administrar una nueva correlación de fuerzas.
La memoria nacional no debe utilizarse para inmovilizar esas decisiones. Debe ofrecerles una orientación ética.
Las sociedades que investigan sus errores pueden corregirlos. Las que los ocultan quedan expuestas a reproducirlos. Las que preservan testimonios facilitan la reparación. Las que destruyen archivos condenan a las generaciones futuras a discutir nuevamente aquello que pudieron haber esclarecido.
Venezuela necesita avanzar sin borrar. Negociar sin absolver anticipadamente. Reconciliar sin imponer silencio. Reconstruir sin renunciar a la justicia.
Ese es el verdadero desafío del Nuevo Ideal Nacional: fundar una República donde la memoria sea patrimonio ciudadano, la verdad tenga protección institucional y ninguna autoridad pueda administrar el olvido como una concesión política.
El reloj corre. Los acuerdos pueden cambiar, las sanciones pueden levantarse y los gobiernos pueden sucederse. Pero las víctimas no desaparecen porque cambie el contexto diplomático. Los expedientes no pierden importancia porque lleguen nuevas inversiones. La justicia no deja de ser necesaria porque se anuncie estabilidad.
Una nación que olvida por conveniencia termina pagando nuevamente el precio de aquello que decidió no recordar.
La Venezuela del futuro no necesita vivir encadenada a sus heridas. Necesita conocerlas, repararlas y construir instituciones capaces de impedir que vuelvan a abrirse.
Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €
Comparte este artículo, participa en el debate y suscríbete a RadioAmericaVe.com y Vierne5. La memoria nacional necesita ciudadanos que defiendan la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.
Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.
También te puede interesar
- Rendir cuentas no es venganza
- La verdad como política de Estado
- La Contraloría ciudadana que Venezuela necesita
RadioAmericaVe.com / La Voz Del NIN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario