No hay pacto social con techos a punto de caer

RadioAmericaVe.com / Editorial.

 

Venezuela no puede reconstruir su pacto político mientras miles de viviendas siguen en riesgo y la seguridad habitacional continúa pendiente.

Seguridad habitacional en Venezuela; reconstrucción sismorresistente; vivienda segura y ciudadanía; reconstrucción con justicia

Un pacto social no empieza en una mesa de negociación. Empieza debajo de un techo que no amenaza con desplomarse sobre quienes viven bajo él. Venezuela puede discutir magistrados, rectores electorales, garantías políticas y calendarios institucionales, pero ninguna arquitectura democrática será completamente creíble mientras miles de familias sigan preguntándose si la próxima grieta convertirá su vivienda en una trampa. La seguridad habitacional no es un asunto secundario de la reconstrucción: es una precondición elemental de ciudadanía.

Ese principio debería ordenar la transición. Cuando una sociedad ha sufrido una catástrofe de la magnitud de los terremotos del 24 de junio, reconstruir instituciones y reconstruir ciudades dejan de ser procesos separados. Ambos dependen de la misma idea: la confianza solo existe cuando las reglas protegen la vida.

El último balance nacional detallado y públicamente verificable mantiene en 6.509 el número oficial de fallecidos. Los equipos técnicos habían inspeccionado 60.785 viviendas: 35.545 fueron clasificadas como habitables, 14.239 quedaron bajo restricciones y 11.001 fueron catalogadas como de alto riesgo. Para entonces se habían retirado 600.790 toneladas de escombros y entregado 335 viviendas nuevas.

Esas cifras contienen una advertencia política tan importante como cualquier negociación en Caracas: hay decenas de miles de hogares cuya seguridad todavía condiciona la vida cotidiana de sus habitantes.

Una vivienda insegura también limita la ciudadanía

La vivienda suele tratarse como una política sectorial. Después de un desastre deja de serlo. Una casa insegura afecta trabajo, educación, salud mental, organización familiar, movilidad y participación pública.

Una persona que duerme pensando en la estabilidad de una columna no vive la institucionalidad del mismo modo que quien puede dar por sentado que su hogar seguirá en pie mañana.

Por eso la clasificación de 11.001 viviendas como de alto riesgo y de otras 14.239 bajo restricciones no puede convertirse en una estadística archivada. Cada inmueble necesita una ruta de decisión comprensible: reforzamiento, reparación, desocupación temporal, demolición o sustitución.

El Estado debe poder explicar a cada familia qué ocurre con su vivienda, quién realizó la inspección, qué criterio técnico se utilizó, qué reparación es necesaria y cuál es el plazo previsto.

La incertidumbre prolongada también es una forma de precariedad.

La reconstrucción debe aprender antes de volver a construir

El país no puede responder a las ruinas únicamente multiplicando metros cuadrados nuevos. La reconstrucción necesita memoria técnica.

Cada edificio colapsado debe ser una fuente de conocimiento. Allí donde existan indicios de fallas estructurales, incumplimiento de normas, modificaciones irregulares o materiales inadecuados, corresponde investigar con rigor y preservar las garantías del debido proceso.

El objetivo no es encontrar culpables antes de investigar. Es evitar que la velocidad de la recuperación borre las preguntas que podrían impedir el siguiente desastre.

Una política nacional de vivienda segura debería incorporar, como mínimo:

• expedientes técnicos digitales para cada inmueble intervenido;
• identificación del profesional responsable de cada evaluación estructural;
• publicación de normas, materiales y especificaciones utilizadas;
• auditorías independientes en obras de reconstrucción;
• registro de modificaciones de proyectos y contratos;
• certificaciones finales disponibles para propietarios y comunidades;
• y mecanismos accesibles para denunciar irregularidades.

La ingeniería sismorresistente no empieza con el concreto. Empieza con instituciones que se niegan a esconder información.

El calendario político no puede correr más rápido que el terreno

Dinorah Figuera ha planteado públicamente noviembre como objetivo para la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para un nuevo Consejo Nacional Electoral. Son metas políticas de enorme relevancia, pero no equivalen todavía a un calendario electoral definitivo ni sustituyen las obligaciones materiales de la transición.

El riesgo consiste en creer que una renovación institucional queda completa cuando se nombran nuevas autoridades.

Un nuevo Tribunal Supremo no será nuevo porque cambie la composición de una sala. Lo será si puede garantizar independencia, debido proceso, seguridad jurídica y capacidad real para intervenir cuando existan delitos relacionados con contratación pública, corrupción, abuso de autoridad o incumplimientos constructivos.

Un nuevo CNE tampoco puede existir en un país abstracto. Sus futuros electores viven en municipios con servicios inestables, viviendas afectadas, escuelas dañadas y miles de personas que todavía atraviesan las consecuencias de la emergencia.

La confianza electoral comienza mucho antes de la urna.

Contar bien también es proteger

Hay otro problema que Venezuela no debería normalizar: la ausencia de una cifra nacional oficial consolidada y actualizada de desaparecidos.

Registros ciudadanos llegaron a reunir reportes cercanos a 29.500 personas cuyo paradero había sido denunciado como desconocido. Esa base representa una señal humana de enorme gravedad, pero no puede presentarse automáticamente como un cómputo forense oficial de desaparecidos bajo los escombros.

Precisamente ahí está el problema institucional.

Cuando el Estado no actualiza adecuadamente sus propias cifras, el vacío termina ocupado por estimaciones, bases ciudadanas y versiones difíciles de comparar.

La salida no consiste en desacreditar a quienes buscan familiares ni en transformar un registro ciudadano en estadística oficial. Consiste en construir un sistema público que permita integrar denuncias, identificaciones forenses, personas localizadas y casos todavía pendientes.

La verdad también necesita infraestructura.

El periodismo independiente tiene una responsabilidad concreta en esta etapa: distinguir un dato oficial de una estimación, revisar cuándo una cifra quedó desactualizada y preguntar qué ocurrió entre el anuncio y el resultado. La reconstrucción necesita memoria pública tanto como cemento.

Los refugios deben conducir a una vivienda, no convertirse en destino

Más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal después de los terremotos según el balance gubernamental de finales de agosto. La asistencia humanitaria permitió evitar una crisis todavía mayor y el Programa Mundial de Alimentos ha alcanzado posteriormente a cientos de miles de personas mediante distintas modalidades de apoyo alimentario.

Esa respuesta ha sido necesaria. Pero una emergencia humanitaria no puede convertirse en política habitacional permanente.

El objetivo de un campamento debe ser dejar de ser necesario.

Eso exige una transición desde la asistencia hacia la autonomía: vivienda segura, empleo formal, escuelas funcionando y servicios ordinarios.

Las personas desplazadas no deben ser tratadas solamente como beneficiarias. También constituyen capital humano capaz de participar en la propia reconstrucción cuando existen capacitación, condiciones laborales dignas y supervisión profesional.

Construcción, reforzamiento, electricidad, agua, saneamiento, limpieza, logística y recuperación de espacios públicos pueden generar trabajo local mientras se recupera el territorio.

La ayuda alcanza su mejor resultado cuando deja de ser necesaria.

Sin electricidad no existe vivienda plenamente segura

La vulnerabilidad habitacional tampoco termina en la estructura de un edificio. La electricidad, el agua y los servicios forman parte de la seguridad cotidiana.

Datos divulgados a finales de septiembre indican que solo alrededor del 40 % de la capacidad eléctrica instalada del país se encontraba operativa y que el déficit superaba los 1.500 megavatios. Los cortes continuaban afectando hogares, empresas y servicios.

Una vivienda nueva sin suministro eléctrico estable no representa una solución completa. Una escuela reparada sin energía suficiente tampoco.

El mismo principio debe aplicarse al agua potable, los hospitales y las comunicaciones.

Reconstruir no es entregar llaves. Es devolver normalidad funcional.

Los derechos también necesitan un techo institucional

El proceso de reforma judicial ocurre además en un país donde continúan cuestionamientos en materia de derechos humanos. Foro Penal registraba al 5 de octubre 322 personas que la organización clasifica como presos políticos, una cifra inferior a balances anteriores después de nuevas excarcelaciones.

La actualización importa. Cuando cambian los datos, el debate público también debe cambiarlos.

La existencia de detenciones controvertidas, denuncias de tortura y procesos judiciales cuestionados coloca sobre el futuro Tribunal Supremo una carga especialmente alta.

La justicia que Venezuela necesita no puede ser selectiva. Debe proteger al ciudadano frente al abuso del Estado y también permitir que quienes sean acusados de corrupción, negligencia constructiva o delitos asociados a la reconstrucción sean investigados con garantías.

El Estado de derecho no consiste en castigar más rápido. Consiste en que nadie esté fuera de la ley, tampoco quienes ejercen el poder.

La reconstrucción internacional tampoco reemplaza la responsabilidad nacional

La recuperación venezolana se desarrolla en un escenario de intensa influencia económica estadounidense, expansión petrolera y participación de organismos multilaterales. Washington ha adquirido un peso extraordinario sobre el rumbo económico del país y las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos aumentaron durante septiembre.

Pero esa realidad no debe simplificarse.

No existe base pública suficiente para afirmar que los créditos del Banco Mundial destinados a Venezuela sean administrados operativamente por el Comando Sur estadounidense. Tampoco puede suponerse que todo ingreso petrolero reciente esté destinado automáticamente a viviendas o reconstrucción.

Lo correcto es exigir trazabilidad.

Si un recurso internacional financia una escuela, debe saberse. Si financia una vivienda, también. Si pertenece a otra finalidad, debe explicarse.

La soberanía moderna no se protege ocultando información. Se protege haciendo transparentes las decisiones.

El pacto social empieza donde duerme una familia

La transición venezolana avanza al mismo tiempo que otros procesos exteriores. El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York está fijado para comenzar el 1 de junio de 2027; ambos se han declarado no culpables. Steve Hanke continúa promoviendo una propuesta de dolarización formal de la economía venezolana. Y Washington mantiene las elecciones libres y competitivas entre sus objetivos políticos declarados para el país.

Todo eso importa.

Pero ninguna de esas agendas sustituye el hecho más elemental de la reconstrucción: un ciudadano necesita poder cerrar la puerta de su casa por la noche sin preguntarse si el techo resistirá.

Allí comienza el contrato social.

En la vivienda inspeccionada con rigor.

En la escuela que puede abrir.

En el hospital que tiene energía.

En el presupuesto que puede auditarse.

En el tribunal que aplica la misma ley al poderoso y al ciudadano.

La República no puede construirse exclusivamente mediante grandes acuerdos nacionales mientras la inseguridad material continúa determinando la vida de las comunidades.

No hay pacto social con techos a punto de caer porque ninguna democracia puede pedir confianza a una sociedad a la que todavía no ha conseguido ofrecer seguridad elemental.

Primero hay que conseguir que la vivienda deje de ser una amenaza. Después podremos hablar con mayor credibilidad del país que queremos construir sobre ella.

Comparte este editorial, suscríbete a RadioAmericaVe.com y Vierne5 y participa en esta conversación sobre vivienda, reconstrucción y ciudadanía. ¿Qué opinas? Escríbenos a [email protected]. Tu voz también cuenta.

Apoya a RadioAmericaVe.com y Vierne5: Donar desde 1 €

Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

Victor Julio Escalona.

Editor.