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Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Venezuela intenta vender normalidad económica mientras la justicia internacional recuerda sus cuentas pendientes.
- Justicia internacional Venezuela
- Crisis institucional venezolana
- Asamblea Anual de Fedecámaras
- Estado de derecho en Venezuela
Venezuela vive dos escenas al mismo tiempo: una en Nueva York, frente al peso frío de la justicia internacional; otra en Caracas, bajo el brillo calculado de los salones empresariales. En una, los tribunales recuerdan que las cuentas pendientes no desaparecen por conveniencia política. En la otra, el poder intenta vender normalidad económica, crecimiento, licencias, inversión y una supuesta paz productiva. La contradicción es demasiado grande para pasar inadvertida: no se puede hablar de reconstrucción estable mientras el país sigue arrastrando una crisis institucional que nadie debería maquillar con discursos de oportunidad.
La jornada de este 9 de octubre expone esa doble realidad con crudeza. Por un lado, la justicia estadounidense mantiene abierto el expediente penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Reuters informó que fiscales federales presentaron nuevos cargos vinculados a tortura y represión, y señalaron además que Flores enfrentaba oposición de la Fiscalía a su solicitud de arresto domiciliario por considerarla un “riesgo extremo” de fuga y un peligro para el proceso.
Por otro lado, en Caracas se instaló la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, prevista para los días 8 y 9 de octubre en el Eurobuilding Hotel & Suites, un encuentro empresarial encabezado por Delcy Rodríguez en su inauguración, según la propia convocatoria institucional de Fedecámaras y reportes oficiales.
El banquillo y el estrado
El contraste no puede ser más simbólico. En Nueva York, el banquillo judicial representa el recordatorio de que el poder venezolano acumuló deudas graves con la justicia internacional. En Caracas, el estrado empresarial intenta proyectar una narrativa de reactivación, pragmatismo y entendimiento económico. Una escena habla de responsabilidad penal; la otra, de negocios. Una habla de víctimas, expedientes y acusaciones; la otra, de inversión, producción y estabilidad.
No se trata de negar la importancia del sector privado ni de despreciar la urgencia económica. Venezuela necesita empresas, empleo, producción, crédito, servicios, inversión y recuperación material. Pero también necesita algo más profundo: reglas confiables. Y esas reglas no existen plenamente donde la justicia local sigue siendo vista por amplios sectores como instrumento político y donde la justicia internacional continúa ocupando el espacio que las instituciones nacionales no han sabido, no han querido o no han podido garantizar.
La economía puede moverse por necesidad. La justicia, en cambio, se mueve por memoria.
La ilusión de la paz económica
La participación del poder en Fedecámaras busca transmitir una idea: Venezuela entra en una nueva etapa económica. Licencias petroleras, flexibilización de controles, conversaciones con actores internacionales, discursos sobre producción y señales de apertura conforman el libreto de una presunta normalidad. Es una narrativa seductora para quienes necesitan estabilidad, para quienes quieren invertir y para quienes desean pasar la página.
Pero la paz económica no puede construirse sobre un desierto institucional. Ningún país se reinstitucionaliza solo porque aumenten las transacciones comerciales en algunas zonas urbanas o porque determinados sectores logren respirar dentro de un marco todavía precario. La normalidad no es un restaurante lleno, una asamblea empresarial concurrida o una carpeta de proyectos. La normalidad democrática exige tribunales independientes, derechos garantizados, libertad de expresión, reglas electorales claras, seguridad jurídica y límites reales al poder.
Cuando esas condiciones faltan, la economía se vuelve una vitrina. Puede iluminar, pero no sostiene.
La justicia internacional no negocia como los mercados
Los mercados calculan riesgos, retornos y oportunidades. La justicia, al menos en teoría, calcula responsabilidades. Esa diferencia incomoda a quienes quisieran que los acuerdos energéticos o las necesidades geopolíticas borraran de golpe los expedientes acumulados. Pero las acusaciones penales, las investigaciones internacionales y los reclamos de víctimas no desaparecen porque haya una nueva fase económica.
La Fiscalía estadounidense, según reportes de prensa internacional, no solo sostiene cargos contra Maduro y Flores; también ha incorporado acusaciones relacionadas con un sistema de represión y tortura. The Associated Press reseñó que los fiscales describieron una maquinaria de represión estatal que habría incluido golpes, asfixia y descargas eléctricas contra víctimas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.
Ese tipo de acusación no puede tratarse como ruido judicial periférico mientras en Caracas se habla de estabilidad. Es parte del centro del problema venezolano: el país necesita reconstruirse económicamente, sí, pero no puede hacerlo fingiendo que el costo humano de los años de represión es un asunto archivado.
El crecimiento con techo corto
El gran error del pragmatismo corporativo es asumir que la economía puede florecer sostenidamente sin Estado de derecho. Puede haber repuntes, negocios, oportunidades, burbujas sectoriales y alivios puntuales. Pero sin instituciones confiables, el crecimiento siempre tendrá techo corto. Todo dependerá de permisos, licencias, contactos, discrecionalidad, excepciones y tolerancias temporales.
Un inversionista serio no solo mira si hay consumo. Mira si hay tribunales confiables. Mira si los contratos se respetan. Mira si las reglas cambian según la conveniencia del poder. Mira si las sanciones, los expedientes y las acusaciones internacionales pueden alterar el entorno. Mira si existe separación de poderes o si todo depende de una llamada.
Por eso la ilusión de una “paz económica” puede ser útil para un evento, pero insuficiente para una nación. Venezuela no necesita únicamente reactivar comercios; necesita reconstruir confianza. Y la confianza no se decreta desde una tarima. Se demuestra con instituciones.
La brecha entre la Venezuela real y la Venezuela de los despachos
Mientras las élites discuten normalización, la Venezuela real sigue midiendo la vida con otros indicadores: servicios públicos, salarios, seguridad, justicia, presos políticos, libertad de prensa, retorno de liderazgos, elecciones y posibilidad de reclamar sin miedo. La distancia entre esos dos países es peligrosa. En uno se habla de licencias, inversiones y macroeconomía. En el otro se habla de sobrevivir.
La dirigencia política y empresarial debe entender que no hay transición sólida si la ciudadanía percibe que su sufrimiento se administra como un costo lateral. La economía es indispensable, pero no puede convertirse en anestesia. Un país puede comprar, vender y producir más, y aun así seguir profundamente enfermo si no recupera derechos, justicia y confianza institucional.
La reconstrucción democrática exige mirar simultáneamente tres planos:
- la recuperación económica, necesaria para aliviar la vida cotidiana;
- la reinstitucionalización política, imprescindible para devolver reglas y límites al poder;
- la rendición de cuentas, sin la cual no habrá reconciliación verdadera ni confianza duradera.
Si uno de esos planos se ignora, el edificio vuelve a quedar inclinado.
Fedecámaras no puede ser coartada
Fedecámaras representa a un sector clave para cualquier recuperación nacional. Su existencia, su voz y su capacidad de articular propuestas económicas son importantes. Pero ningún foro empresarial debería convertirse en coartada para presentar como normal lo que todavía no lo es. El sector privado puede dialogar con el poder; de hecho, en determinadas circunstancias debe hacerlo. Pero también debe recordar que la estabilidad económica sin Estado de derecho termina siendo dependencia, no libertad.
El empresariado venezolano tiene derecho a defender espacios de producción. Pero también tiene la responsabilidad de no confundir supervivencia con normalización. No basta con que haya mesas económicas si no hay garantías jurídicas. No basta con que haya licencias si no hay instituciones. No basta con que haya discursos de apertura si persiste la discrecionalidad política.
La empresa necesita mercado. La democracia necesita ciudadanía. Venezuela necesita ambas cosas, pero no una a costa de la otra.
La factura de la realidad
La paradoja de esta jornada es insostenible en el tiempo. No se puede pedir confianza económica mientras los procesos judiciales internacionales siguen recordando la profundidad de las cuentas pendientes. No se puede hablar de paz institucional sin atender la justicia. No se puede maquillar la crisis política con indicadores de consumo. Y no se puede esperar que la sociedad venezolana acepte una normalización construida desde arriba si abajo siguen faltando garantías esenciales.
Como suele decir Víctor Escalona, “una economía sin justicia puede comprar tiempo, pero no compra legitimidad”. Esa frase resume el dilema. Venezuela puede necesitar acuerdos, inversiones y pragmatismo, pero nada de eso sustituye la reconstrucción democrática.
En RadioAmericaVe.com y Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe mirar con la misma seriedad el banquillo de Nueva York y el estrado de Fedecámaras. Uno recuerda las cuentas pendientes; el otro muestra las ambiciones de normalización. Entre ambos está el país real, ese que necesita producir, sí, pero también votar, hablar, reclamar y confiar en que la ley no será usada como arma.
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La doble realidad del poder venezolano no puede sostenerse indefinidamente. O la recuperación económica se acompaña de Estado de derecho, garantías democráticas y rendición de cuentas, o terminará siendo otra burbuja sobre terreno inestable. Nueva York recuerda que la justicia sigue su curso. Caracas intenta vender que la normalidad ya llegó. Venezuela, mientras tanto, espera algo más serio: una reconstrucción que no le pida olvidar para poder comer, ni callar para poder producir.
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