Rendir cuentas no es venganza

RadioAmericaVe.com  / La Voz Del NIN. 

 

Venezuela necesita justicia, debido proceso y auditoría pública para reconstruir sin impunidad ni venganza política.

Rendición de cuentas en Venezuela
Justicia penal y reconstrucción
Transición con debido proceso
Impunidad y reconstrucción nacional

Rendir cuentas no es venganza. Es la primera garantía civil de una reconstrucción que pretenda llamarse democrática. Venezuela no puede levantar viviendas, escuelas, hospitales y tribunales nuevos si al mismo tiempo instala una amnesia conveniente para quienes firmaron permisos irregulares, abarataron materiales, vendieron fiscalizaciones, administraron fondos opacos o usaron el poder público como escudo de impunidad. La justicia penal, cuando actúa con debido proceso, no es revancha: es una forma de proteger la vida humana.

Una República adulta no confunde justicia con persecución ni impunidad con reconciliación. La transición que necesita Venezuela no puede nacer de un borrón y cuenta nueva diseñado para tranquilizar cúpulas. Tampoco puede convertirse en linchamiento político ni en espectáculo de odio. El camino responsable es otro: investigar, probar, acusar, defender, juzgar y sancionar conforme a la ley. Ese es el punto exacto donde la civilización derrota tanto al abuso como a la venganza.

Como ha dicho Víctor Escalona, “A veces, el verdadero cambio no empieza en la calle, sino en lo que decides pensar cada mañana”. Hoy esa decisión consiste en comprender que la rendición de cuentas no destruye la transición: la sostiene. Un país que reconstruye sin justicia apenas cambia los escombros de lugar.

La justicia penal como garantía de infraestructura

Durante demasiado tiempo, Venezuela trató la corrupción administrativa como una deformación tolerable, casi como parte del paisaje. Un expediente perdido, una inspección complaciente, una licitación acomodada, una alcabala informal, un contrato sin auditoría o una obra inaugurada sin controles parecían males menores frente a la urgencia política. La tragedia demostró que no lo eran.

Los edificios no se derrumban solo por fuerzas naturales. También se derrumban cuando antes se derrumbó la ley. Se derrumban cuando un plano se altera, cuando un fiscalizador calla, cuando un constructor reduce calidad, cuando un municipio mira hacia otro lado, cuando un tribunal no sanciona y cuando una sociedad termina aceptando que la viveza criolla es menos grave que el cumplimiento de la norma.

Por eso, exigir cuentas a constructoras corruptas, fiscalizadores negligentes, funcionarios responsables y redes de intermediación no es odio. Es prevención. Es respeto por las víctimas. Es defensa del ciudadano que mañana deberá dormir bajo un techo nuevo y confiar en que ese techo no será otra promesa mortal.

Debido proceso o repetición del abuso

La rendición de cuentas solo será legítima si respeta el debido proceso. La justicia que Venezuela necesita no puede parecerse a los métodos que dice superar. No se trata de fabricar culpables, perseguir adversarios, castigar por consigna ni convertir los tribunales en escenario de propaganda. Se trata de construir expedientes sólidos, con pruebas, defensa, jueces independientes y sanciones proporcionales.

El debido proceso no protege al corrupto. Protege a la República de convertirse en una máquina arbitraria. Protege a las víctimas de juicios falsos. Protege a los inocentes de venganzas disfrazadas de moral pública. Protege a la transición de caer en la tentación de usar la justicia como arma de facción.

Rendir cuentas exige cinco garantías

• Investigaciones técnicas independientes, con peritajes sobre obras, materiales, permisos, contratos y fiscalizaciones.
• Expedientes públicos verificables, sin filtraciones selectivas ni secretos diseñados para proteger culpables.
• Tribunales meritocráticos, capaces de juzgar sin obedecer a partidos, empresas, grupos armados o funcionarios.
• Derecho pleno a la defensa, porque una justicia sin garantías termina debilitando su propia autoridad moral.
• Reparación a las víctimas, con vivienda segura, compensación, memoria pública y reconocimiento del daño causado.

La justicia democrática no se mide solo por a quién castiga, sino por cómo lo hace.

Las cifras no pueden sepultar a las víctimas dos veces

La rendición de cuentas comienza por la verdad. Las cifras de fallecidos, personas no localizadas, viviendas destruidas, edificios colapsados, damnificados, campamentos, escombros removidos, casas entregadas y fondos ejecutados no pueden ser tratadas como material sensible de una oficina política. Cada número representa una vida, una familia, una pérdida y una obligación pública.

Cuando el Estado oculta o dosifica datos, sepulta a las víctimas por segunda vez. Primero bajo concreto; luego bajo silencio administrativo. Esa segunda sepultura es intolerable. Una sociedad que no sabe cuántos desaparecidos busca, cuántas viviendas necesita, cuánto dinero recibió o cuánto ejecutó no puede vigilar, exigir ni reconstruir con seriedad.

La verdad estadística debe ser el primer acto de justicia. No basta con remover escombros. Hay que remover la opacidad. No basta con anunciar entregas. Hay que publicar criterios, ubicaciones, costos, contratos, responsables y cronogramas. No basta con prometer viviendas. Hay que mostrar quién construye, con qué materiales, bajo qué norma y quién responde si falla.

El nuevo TSJ no puede nacer para repartir impunidad

El Tribunal Supremo de Justicia que surja en esta etapa será una prueba moral. Si nace de un reparto de cuotas, será apenas una decoración institucional para administrar la misma enfermedad. Si nace de concursos transparentes, mérito profesional, escrutinio ciudadano e independencia real, podrá convertirse en columna de la reconstrucción.

Un TSJ serio debe tener capacidad para enfrentar tres frentes simultáneos: la corrupción administrativa, la impunidad económica y los abusos del poder armado. No puede mirar hacia el futuro mientras negocia silencio sobre el pasado. No puede hablar de seguridad jurídica mientras protege a quienes convirtieron la ley en mercancía. No puede exigir confianza ciudadana si antes no demuestra que nadie está por encima del expediente.

Rendir cuentas no es desestabilizar. Lo que desestabiliza es permitir que las mismas redes que produjeron ruina se sienten a administrar la reconstrucción.

Petro-dólares y ayuda bajo auditoría pública

La reconstrucción venezolana se cruza con flujos energéticos, recursos de emergencia, cooperación internacional, inversión privada y financiamiento externo. Precisamente por eso, la auditoría debe ser inmediata. Cada dólar que ingrese debe tener origen, destino, responsable, contrato, obra, plazo, costo y resultado social verificable.

Exigir auditorías en formatos de datos abiertos no es obstrucción. Es la única forma de impedir que la ayuda se transforme en negocio, que la reconstrucción se convierta en vitrina y que los fondos destinados a viviendas, escuelas, hospitales y empleo formal terminen alimentando otra capa de intermediarios.

El dinero público y el dinero de emergencia no pertenecen a una administración, a una cúpula ni a una mesa de negociación. Pertenecen al propósito para el cual fueron movilizados: proteger vidas, levantar servicios, crear trabajo, reconstruir hábitat y devolver autonomía a las comunidades afectadas.

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Estado de derecho contra el abuso uniformado

La rendición de cuentas no puede limitarse al cemento. También debe alcanzar las estructuras que han convertido la autoridad en miedo, peaje o extorsión. No hay reconstrucción productiva si el transportista es chantajeado en la carretera, si el productor agrícola calcula pérdidas por alcabalas ilegales, si el comerciante depende de permisos negociados o si el ciudadano siente que denunciar es ponerse en peligro.

El Estado de derecho exige desmontar feudos de impunidad uniformada y paramilitar. La fuerza pública debe cooperar con el orden civil, no competir con él. Las armas deben proteger al ciudadano, no administrar territorios de intimidación. Las carreteras deben servir al trabajo, no al abuso. La seguridad debe estar subordinada a la ley, no a facciones.

Rendir cuentas también significa revisar quién usó uniforme para cobrar, amenazar, callar, encubrir o perseguir. Sin esa revisión, la reconstrucción quedará expuesta al mismo esquema que asfixió al productor honesto y debilitó la confianza pública.

Presos políticos y madurez civil

Una transición que habla de justicia debe mirar también hacia las cárceles. Según el balance más reciente del Foro Penal, Venezuela registra 322 presos políticos al 5 de octubre de 2026. Esa cifra no puede ser tratada como un dato lateral. La existencia de personas detenidas por razones políticas recuerda que la justicia no puede operar con doble moral: severa para unos, silenciosa frente a otros.

La rendición de cuentas exige liberar el debate público del miedo y revisar con garantías cada caso de persecución ideológica. La amnistía, cuando corresponda dentro de un marco institucional serio, no debe confundirse con impunidad para delitos comunes ni con borrado de crímenes graves. Debe entenderse como parte de una política de pacificación civil que devuelva espacio a la disidencia, cierre ciclos de persecución y permita que la justicia se concentre en responsabilidades reales.

No hay pacto social sostenible sobre celdas de castigo ideológico. Tampoco hay reconstrucción moral si el país levanta edificios nuevos mientras mantiene zonas oscuras donde la dignidad humana sigue sometida.

El pueblo constructor también debe auditar

La rendición de cuentas no puede quedar en manos exclusivas de tribunales, organismos internacionales o comisiones técnicas. La ciudadanía debe participar. Las comunidades afectadas, los gremios profesionales, las universidades, las iglesias, las organizaciones vecinales, los medios y los trabajadores de la reconstrucción deben actuar como red de vigilancia.

El pueblo constructor no es una consigna. Es una forma de ciudadanía activa. Es el vecino que revisa el censo. Es el ingeniero que exige norma. Es el maestro que pregunta cuándo abrirá la escuela. Es el damnificado que pide cronograma. Es el periodista que solicita contratos. Es el productor que denuncia extorsión. Es la comunidad que no acepta que la ayuda se convierta en dependencia eterna.

La ciudadanía debe vigilar especialmente

• Contratos de reconstrucción, para conocer empresas, montos, plazos, materiales y responsables.
• Entrega de viviendas, para evitar favoritismo, clientelismo y manipulación política de la emergencia.
• Remoción de escombros, para verificar avances reales y prioridades territoriales.
• Salarios y empleo formal, para impedir que la emergencia sea excusa de explotación laboral.
• Nombramientos judiciales, para impedir que el nuevo TSJ nazca secuestrado por cuotas.

La democracia se defiende también revisando facturas, expedientes, nóminas y planos.

No hay reconciliación sin responsabilidad

Venezuela necesita reconciliación, pero la reconciliación no puede construirse sobre una mentira cómoda. Perdonar no es ocultar. Pasar página no es arrancarla. Mirar hacia adelante no significa dejar intactos los mecanismos que produjeron el desastre.

La verdadera reconciliación exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin esos cuatro elementos, la paz pública será apenas cansancio social vestido de acuerdo político. El país no necesita una tregua entre élites para repartir supervivencia. Necesita una arquitectura institucional que le diga al ciudadano: lo que te destruyó no volverá a operar sin consecuencias.

Rendir cuentas no es venganza porque no busca humillar. Busca impedir que el daño se repita. No busca perseguir por rabia. Busca establecer límites. No busca convertir la transición en tribunal de odio. Busca convertirla en República.

El ultimátum de la madurez civil

El cierre de este año estratégico obligará a Venezuela a escoger entre dos caminos. Uno es el de la gobernabilidad provisional basada en olvido, opacidad y reparto silencioso. Ese camino puede parecer cómodo, pero dejará intacta la estructura que convirtió la emergencia en negocio. El otro es más difícil: justicia con debido proceso, auditoría pública, datos abiertos, tribunales independientes, supremacía civil y ciudadanía vigilante.

La madurez civil se demuestra cuando una sociedad exige cuentas sin caer en sed de venganza. Cuando pide castigo con pruebas, no con consignas. Cuando defiende a las víctimas sin destruir las garantías. Cuando entiende que el Estado de derecho no es debilidad, sino la única fuerza legítima capaz de reconstruir confianza.

El porvenir pertenecerá a quienes tomen la lupa en una mano y la pala en la otra: la lupa para auditar la mesa de diálogo, los contratos, los tribunales y los recursos; la pala para levantar barrios, escuelas, hospitales y viviendas antes que discursos. Si la clase política pretende pactar instituciones sobre la base del olvido, la inercia del caos volverá a imponerse. Si acepta que rendir cuentas no es venganza, Venezuela podrá empezar a construir una República adulta sobre cimientos de verdad.

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