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Venezuela instala un consejo de siete juristas para evaluar aspirantes al TSJ. El 11 de diciembre está prevista la lista de candidatos.
Renovación del TSJ en Venezuela; nuevos magistrados del TSJ; Consejo de Revisión Judicial; reforma judicial venezolana 2026.
Venezuela activó una nueva etapa de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la instalación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, integrado por siete juristas encargados de evaluar a los aspirantes a magistrados y otros cargos judiciales. La instancia, acordada en la mesa de diálogo político, deberá trabajar junto al Comité de Postulaciones Judiciales, que prevé presentar el 11 de diciembre ante la Asamblea Nacional la lista de candidatos seleccionados.
La instalación se formalizó el martes 3 de noviembre y fue anunciada públicamente el miércoles 4 mediante un comunicado conjunto suscrito por Jorge Rodríguez, representante del Gobierno encargado, y Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015.
El acontecimiento representa un avance en la ejecución de los compromisos alcanzados durante las negociaciones políticas iniciadas en agosto. Sin embargo, la creación de una instancia evaluadora no garantiza por sí sola la independencia del futuro tribunal. La transparencia de las postulaciones, los criterios de selección y la decisión final del Parlamento serán determinantes para establecer si Venezuela consigue recuperar la confianza en su sistema judicial.
Un consejo de siete juristas entra en funcionamiento
El Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos fue concebido como un órgano técnico asesor destinado a fortalecer el procedimiento de selección de las nuevas autoridades judiciales.
Su creación fue acordada durante el segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y representantes de la Asamblea Nacional de 2015, concluido el 25 de septiembre.
De acuerdo con el comunicado conjunto, su función consiste en verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación correspondiente.
La revisión comprende candidaturas para tres ámbitos del sistema judicial:
- Tribunal Supremo de Justicia: evaluación de aspirantes a las magistraturas del máximo tribunal del país.
- Inspectoría General de Tribunales: verificación de los requisitos de quienes aspiren a responsabilidades vinculadas con la supervisión del funcionamiento judicial.
- Escuela Nacional de la Magistratura: examen de postulaciones para responsabilidades relacionadas con la formación y capacitación judicial.
El Consejo no sustituye al Comité de Postulaciones Judiciales ni asume la facultad constitucional de designar magistrados. Su función es contribuir a la revisión técnica de los expedientes dentro del procedimiento que deberá culminar en la Asamblea Nacional.
Según informó Efecto Cocuyo, la instancia comenzó sus funciones como parte de los acuerdos para renovar integralmente los 32 cargos de magistrados del TSJ.
¿Quiénes integran el Consejo de Revisión?
Los siete juristas fueron seleccionados por las delegaciones participantes en la mesa de diálogo. Sus nombres habían sido anunciados en septiembre, cuando se acordó crear este mecanismo adicional de evaluación.
- Belén Ramírez Landaeta.
- Rogelio Pérez Perdomo.
- Bernardo Pulido Márquez.
- Silio Sánchez.
- Deyanira Nieves.
- Federico Fuenmayor.
- María Bernardoni Govea.
Entre sus integrantes figuran antiguos magistrados, profesores universitarios y profesionales con experiencia en derecho constitucional, penal, administrativo y gestión judicial.
La diversidad de trayectorias puede contribuir al examen de las candidaturas desde distintas especialidades jurídicas. No obstante, la credibilidad del Consejo dependerá principalmente de la independencia de sus evaluaciones, la aplicación uniforme de los requisitos y la posibilidad de someter sus actuaciones al escrutinio público.
Las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera expresaron su reconocimiento a los juristas y señalaron que su participación reforzará el trabajo desarrollado por el Comité de Postulaciones Judiciales.
El Comité de Postulaciones mantiene la responsabilidad principal
La Asamblea Nacional instaló formalmente el Comité de Postulaciones Judiciales el 23 de octubre, después de incorporar a los representantes de la sociedad civil seleccionados para participar en el procedimiento.
Este organismo está integrado por 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de distintos sectores ciudadanos.
Su responsabilidad comprende recibir postulaciones, examinar documentos, verificar requisitos, organizar evaluaciones y tramitar las etapas correspondientes antes de presentar una selección al Parlamento.
La incorporación del Consejo de Revisión agrega una instancia técnica al procedimiento, pero también exige establecer mecanismos de coordinación para evitar duplicaciones, contradicciones y decisiones difíciles de supervisar.
El diputado Pablo Pérez, vicepresidente del Comité de Postulaciones, explicó al medio TalCual que los expedientes deben ser revisados inicialmente por el Comité y posteriormente remitidos al Consejo, dentro de un esquema de trabajo paralelo.
Esta coordinación resulta importante porque el proceso deberá manejar numerosas candidaturas en un plazo relativamente breve.
El 11 de diciembre será la principal fecha del calendario judicial
La renovación del TSJ tiene un cronograma que establece diferentes etapas de revisión y evaluación durante noviembre y diciembre.
La recepción de postulaciones comenzó el 28 de octubre y, según las informaciones más recientes del procedimiento, permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre.
Posteriormente deberán desarrollarse las etapas de revisión documental, evaluación de credenciales, entrevistas, impugnaciones y selección de candidaturas.
Los momentos principales del proceso son:
- 28 de octubre: apertura de la recepción de postulaciones.
- 3 de noviembre: instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos.
- 11 de noviembre: fecha prevista para concluir la recepción de candidaturas.
- Noviembre: revisión de expedientes, comprobación de requisitos, evaluaciones, entrevistas e impugnaciones.
- Primeros días de diciembre: revisión de los expedientes y actuaciones correspondientes a las etapas finales del procedimiento.
- 11 de diciembre: presentación prevista de los candidatos seleccionados ante la Asamblea Nacional.
Conviene precisar que el 11 de diciembre corresponde a la presentación prevista de la lista de candidatos. No significa necesariamente que todos los nuevos magistrados deban quedar designados y juramentados ese mismo día.
La designación definitiva dependerá de las decisiones parlamentarias y del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la legislación venezolana.
El proceso y sus antecedentes fueron explicados previamente por Vierne5 en su cobertura del cronograma de postulaciones judiciales.
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La independencia judicial no depende únicamente de las credenciales
La selección de magistrados constituye uno de los asuntos más sensibles de la transición institucional venezolana.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene competencias decisivas en materia constitucional, electoral, administrativa, civil y penal. Sus decisiones pueden afectar el funcionamiento de los poderes públicos, los derechos ciudadanos y la resolución de controversias políticas.
Durante años, distintas organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la independencia del sistema judicial venezolano y han denunciado la utilización de mecanismos institucionales para restringir derechos políticos.
Por esa razón, revisar títulos universitarios, experiencia profesional y requisitos legales resulta indispensable, pero insuficiente.
La evaluación también debe permitir identificar conflictos de interés, relaciones que comprometan la independencia y antecedentes profesionales relevantes para ejercer funciones judiciales.
Un candidato puede cumplir formalmente las condiciones académicas y, aun así, generar dudas legítimas sobre su capacidad de actuar sin presiones políticas.
La credibilidad del nuevo tribunal dependerá de que sus integrantes puedan resolver controversias sin subordinación a partidos, funcionarios, grupos económicos o intereses particulares.
La sociedad civil reclama mayor transparencia
La organización Súmate solicitó el 3 de noviembre que el procedimiento de selección de magistrados se desarrolle con plena publicidad y participación ciudadana.
La asociación reconoció los avances administrativos del Comité de Postulaciones, pero consideró necesario divulgar las reglas que permitirán conocer cómo se examinarán los expedientes y qué mecanismos se utilizarán para supervisar las decisiones.
Entre sus principales solicitudes destacan:
- Publicar el reglamento interno y los procedimientos de actuación del Comité de Postulaciones.
- Divulgar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento del Consejo de Revisión.
- Facilitar el acceso público a las listas de aspirantes y sus credenciales, respetando las normas de protección de datos aplicables.
- Establecer mecanismos transparentes para presentar impugnaciones y descargos.
- Hacer públicas las evaluaciones, calificaciones y decisiones motivadas.
- Permitir el seguimiento ciudadano de las distintas etapas de selección.
La organización recordó que, conforme al artículo 253 de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos.
Las exigencias de transparencia adquieren especial importancia porque el Consejo de Revisión surgió de una negociación política, mientras el Comité de Postulaciones responde a un procedimiento legislativo.
La articulación entre ambas instancias deberá preservar las competencias legales y ofrecer información suficiente para que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones.
La renovación del TSJ y las garantías electorales
El proceso judicial forma parte de una agenda institucional más amplia que contempla la renovación del Consejo Nacional Electoral y la creación de condiciones para eventuales elecciones presidenciales en 2027.
Washington ha respaldado una secuencia que prioriza la renovación de los órganos encargados de garantizar el funcionamiento institucional antes de celebrar nuevos comicios.
Sin embargo, todavía no existe una fecha presidencial oficialmente acordada.
La relación entre justicia y elecciones es directa. Un tribunal independiente debe poder resolver controversias electorales, proteger derechos políticos y revisar decisiones administrativas sin interferencias indebidas.
También resulta relevante para los debates relacionados con las inhabilitaciones políticas, que han afectado a distintos dirigentes opositores.
La renovación del TSJ, por sí sola, no elimina esas restricciones ni garantiza automáticamente su revisión. Para ello serán necesarias decisiones jurídicas y, cuando corresponda, reformas normativas específicas.
La experiencia venezolana obliga a distinguir entre sustituir autoridades y transformar las condiciones bajo las cuales funcionan las instituciones.
La ciudadanía espera algo más que nuevos magistrados
La importancia de la renovación judicial trasciende las negociaciones entre dirigentes políticos.
El funcionamiento de los tribunales afecta diariamente a ciudadanos que necesitan resolver conflictos laborales, familiares, patrimoniales, administrativos y penales.
También influye en la confianza de las empresas, la protección de contratos y la seguridad jurídica necesaria para desarrollar inversiones sostenibles.
Para quienes han denunciado detenciones arbitrarias, persecución política o violaciones del debido proceso, la independencia judicial representa una condición esencial para obtener protección efectiva.
En consecuencia, el resultado de la selección deberá evaluarse por la capacidad del nuevo tribunal para garantizar derechos y no solamente por su composición política o profesional.
La recuperación de la confianza exigirá actuaciones transparentes, decisiones motivadas y mecanismos que permitan exigir responsabilidades cuando existan irregularidades.
La prueba decisiva llegará con las decisiones del Parlamento
La instalación del Consejo de Revisión de Credenciales constituye un avance concreto en la ejecución de los acuerdos alcanzados por la mesa de diálogo.
Las delegaciones definieron una instancia técnica, identificaron a sus integrantes y activaron su participación dentro de un procedimiento que ya cuenta con un calendario público.
Sin embargo, todavía faltan etapas determinantes: concluir la recepción de postulaciones, evaluar a los aspirantes, tramitar las impugnaciones y presentar los candidatos ante la Asamblea Nacional.
El próximo 11 de diciembre permitirá comprobar cuánto ha avanzado el proceso y si las decisiones mantienen criterios de transparencia e independencia.
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia podría representar una oportunidad importante para fortalecer el Estado de derecho. Pero su resultado dependerá de las personas seleccionadas, la legalidad del procedimiento y la capacidad de los nuevos magistrados para ejercer sus funciones con autonomía.
Para Venezuela, el desafío consiste en convertir los acuerdos políticos en instituciones capaces de servir a todos los ciudadanos, independientemente de sus posiciones partidistas.
El periodismo independiente debe acompañar este proceso con información verificable, seguimiento de los compromisos y vigilancia sobre las decisiones que definirán el futuro del sistema judicial venezolano.
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