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LA VOZ DEL NIN | Sábado, 21 de noviembre de 2026

Formación ciudadana; cultura democrática venezolana; educación para la democracia; participación ciudadana
Educación cívica para no repetir la obediencia
Venezuela puede cambiar de gobernantes, renovar magistrados, reformar sus leyes y recuperar su economía. Pero ninguna de esas transformaciones garantizará una democracia duradera si sus ciudadanos continúan creyendo que la autoridad debe ser obedecida antes que examinada.
La crisis venezolana no ha sido únicamente económica ni institucional. También ha revelado una debilidad cultural: la costumbre de esperar soluciones desde arriba, aceptar decisiones sin explicaciones y confundir el respeto a la ley con la sumisión ante quienes administran el poder.
Durante demasiado tiempo, el paternalismo político presentó al funcionario como benefactor y al ciudadano como beneficiario. Esa relación invierte el principio fundamental de una República: el Estado existe para servir a la sociedad, no para convertirse en su dueño.
La verdadera transformación venezolana comenzará cuando dejemos de educar para obedecer al gobernante y empecemos a educar para comprender, ejercer y defender la ciudadanía.
El ciudadano no nació para pedir permiso
Una sociedad democrática necesita leyes legítimas, autoridades capaces y ciudadanos dispuestos a cumplir sus responsabilidades. Pero cumplir la ley no significa renunciar al derecho de cuestionar las decisiones del poder.
La obediencia debida al ordenamiento jurídico es diferente de la obediencia personal al gobernante. La primera protege la convivencia; la segunda, cuando se exige sin límites, abre las puertas al autoritarismo.
El Nuevo Ideal Nacional debe establecer esa distinción como uno de sus principios fundamentales.
Respetar las instituciones implica exigirles que respeten la Constitución. Reconocer la autoridad de un funcionario implica recordar que sus facultades están limitadas por la ley. Participar en la vida pública significa disponer de mecanismos para conocer, discutir e impugnar decisiones.
Una ciudadanía adulta no necesita un tutor permanente que determine qué puede pensar, reclamar o investigar.
Necesita información, educación, garantías y oportunidades para ejercer sus derechos con responsabilidad.
La democracia no se fortalece cuando todos aplauden al gobernante. Se fortalece cuando incluso quienes discrepan pueden expresarse libremente y exigir respuestas sin temor.
El paro que recordó el valor de quienes enseñan
El lunes 16 de noviembre, trabajadores de educación, universidades y salud realizaron una paralización nacional de 12 horas para exigir mejores remuneraciones, aguinaldos justos y respeto a sus derechos laborales.
Los dirigentes gremiales informaron que el acatamiento alcanzó aproximadamente el 80 % en varios sectores. Esa proporción corresponde a sus estimaciones y no a una verificación independiente.
Más allá de las diferencias sobre el alcance exacto de la protesta, el mensaje fue inequívoco: quienes sostienen servicios esenciales consideran insuficientes las condiciones económicas en las que desarrollan su trabajo.
La reivindicación salarial exige negociación, sostenibilidad presupuestaria y respeto a las convenciones colectivas. No debe resolverse mediante anuncios aislados ni descalificando a quienes ejercen legítimamente sus derechos laborales.
Existe además una contradicción que Venezuela debe enfrentar: pretendemos formar ciudadanos críticos mediante un sistema educativo cuyos trabajadores frecuentemente denuncian precariedad e incertidumbre.
Un maestro necesita libertad profesional, preparación continua y remuneración digna para cumplir adecuadamente su misión.
La educación no puede convertirse en un instrumento de propaganda ni el salario docente en un mecanismo de subordinación política.
La dignidad del maestro es también una garantía de independencia para el estudiante.
Reconstruir escuelas también significa reconstruir ciudadanía
Los terremotos del 24 de junio agravaron las dificultades de la infraestructura educativa venezolana.
UNICEF documentó preliminarmente al menos 432 escuelas afectadas en el Distrito Capital. La magnitud de los daños y las necesidades de rehabilitación representan un desafío para la continuidad del aprendizaje y la protección de niños y adolescentes.
Pero reconstruir escuelas no consiste solamente en reparar paredes, instalar pupitres o restablecer la electricidad.
Es necesario recuperar el propósito cívico de la educación.
Un estudiante debe comprender cómo funciona un municipio, cuáles son las responsabilidades de un alcalde, qué facultades tiene un tribunal y cómo puede cualquier ciudadano solicitar información pública.
También debe aprender a distinguir hechos de opiniones, identificar información engañosa, debatir sin violencia y respetar los derechos de quienes piensan diferente.
La escuela republicana no fabrica seguidores. Forma personas capaces de razonar por sí mismas.
Por eso la reconstrucción educativa debe incluir bibliotecas, recursos digitales, formación docente y programas de participación estudiantil que promuevan el pensamiento crítico.
La educación cívica debe comenzar en el aula y continuar en la familia, la comunidad y las instituciones locales.
Una escuela reconstruida debe formar ciudadanos más libres, no nuevos obedientes dentro de un edificio recién pintado.
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El nuevo TSJ enfrenta un examen de ciudadanía
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia ofrece una oportunidad para comprobar si Venezuela está dispuesta a sustituir los mecanismos de subordinación política por instituciones verdaderamente independientes.
El 20 de noviembre, el Comité de Postulaciones Judiciales publicó una lista de 1.343 aspirantes admitidos para distintos cargos del sistema judicial, entre ellos 1.066 postulados directamente a magistraturas del TSJ.
Según investigaciones periodísticas, al menos 19 personas que actualmente integran o han integrado el máximo tribunal buscan ocupar nuevamente magistraturas.
También se ha informado sobre aspirantes incluidos en registros de sanciones de Estados Unidos o de la Unión Europea.
Es indispensable mantener una distinción jurídica: una sanción internacional no equivale por sí misma a una condena penal, y una postulación tampoco significa que el candidato haya sido elegido.
Sin embargo, los antecedentes profesionales, las decisiones judiciales, las sanciones y los posibles conflictos de intereses constituyen elementos legítimos de escrutinio ciudadano.
El período de impugnaciones anunciado entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre debe permitir observaciones documentadas, con pruebas y procedimientos transparentes.
La ciudadanía necesita conocer quiénes aspiran a administrar justicia, qué decisiones han adoptado y qué garantías ofrecen de independencia.
El examen no debe reducirse a identificar afinidades partidistas. Debe determinar si los candidatos cumplen los requisitos legales y poseen la capacidad profesional y la integridad exigibles.
Un tribunal no será independiente porque cambien sus nombres, sino porque sus magistrados puedan decidir contra los intereses de quienes los nombraron.
Reconciliar exige distinguir justicia de venganza
La educación cívica también enseña que ninguna persona debe ser condenada por sus opiniones, sus relaciones políticas o la pertenencia a un grupo determinado.
La responsabilidad penal es individual y requiere pruebas, defensa y decisiones judiciales imparciales.
Ese principio protege simultáneamente a las víctimas y a los acusados.
Según el registro de Foro Penal actualizado al 16 de noviembre, Venezuela mantenía 319 personas consideradas presas políticas, de las cuales 170 permanecían sin condena.
La organización también documentó miles de ciudadanos sometidos a medidas restrictivas de libertad que considera arbitrarias.
Esas situaciones requieren revisión judicial efectiva, protección de derechos y reparación cuando corresponda.
La reconciliación democrática no consiste en olvidar las denuncias de tortura, persecución o abuso de autoridad. Consiste en esclarecerlas mediante procedimientos legales y establecer garantías para impedir su repetición.
Una educación cívica auténtica debe enseñar a rechazar tanto la impunidad como la justicia utilizada para perseguir adversarios.
Ninguna democracia merece ese nombre si permite que la libertad de una persona dependa de su utilidad en una negociación política.
La familia y la diáspora pueden enseñar una nueva convivencia
Millones de venezolanos han construido sus vidas fuera del país. Otros permanecieron sosteniendo hogares, empresas, universidades y comunidades en circunstancias difíciles.
La reconstrucción necesita reconocer el valor de ambas experiencias.
Quienes vivieron en sistemas institucionales diferentes pueden aportar conocimientos sobre administración pública, derechos ciudadanos, participación local y prácticas profesionales.
Quienes permanecieron en Venezuela conocen las necesidades reales de sus municipios y las capacidades de sus comunidades.
Ninguna experiencia concede superioridad moral ni derechos políticos adicionales.
El pacto generacional debe establecer igualdad de oportunidades, reconocimiento del mérito y mecanismos para que la diáspora mantenga su participación nacional sin necesidad de regresar obligatoriamente.
La educación cívica también debe fortalecer los vínculos familiares, enseñar tolerancia y superar la división entre quienes emigraron y quienes se quedaron.
Venezuela necesita una cultura democrática que permita disentir sin convertir al adversario en enemigo.
La transparencia debe convertirse en una práctica cotidiana
Una ciudadanía vigilante necesita acceso a información pública comprensible.
Los fondos procedentes de actividades petroleras, las inversiones internacionales, los proyectos de infraestructura y los acuerdos que comprometan recursos nacionales deben someterse a mecanismos institucionales de supervisión.
El ciudadano debe poder conocer los presupuestos aprobados, las empresas contratadas, los montos desembolsados y los resultados de las obras.
La vigilancia debe extenderse desde los grandes acuerdos económicos hasta las decisiones municipales.
También los asuntos de soberanía, incluido el diferendo sobre el Esequibo, requieren información pública responsable, debate constitucional y respeto al derecho internacional, sin comprometer la seguridad de información legítimamente protegida.
La transparencia no significa publicar indiscriminadamente documentos sensibles. Significa establecer reglas claras sobre qué información debe divulgarse, quién puede fiscalizarla y cómo se investigan las posibles irregularidades.
La ciudadanía necesita instrumentos legales para pedir explicaciones y obtener respuestas.
Un presupuesto que no puede examinarse es una invitación a la discrecionalidad. Un contrato público que nadie puede revisar debilita la confianza. Una institución que castiga las preguntas termina perdiendo legitimidad.
Siete aprendizajes para dejar de ser súbditos
El Nuevo Ideal Nacional debe proponer una transformación educativa que permita convertir los derechos democráticos en prácticas cotidianas.
- Conocer la Constitución. Comprender derechos, responsabilidades y límites de las autoridades.
- Practicar el pensamiento crítico. Contrastar fuentes, identificar manipulaciones y distinguir información de propaganda.
- Ejercer el derecho a preguntar. Solicitar información pública y exigir explicaciones respetando los procedimientos legales.
- Participar desde el municipio. Intervenir en consultas, iniciativas comunitarias y mecanismos de supervisión ciudadana.
- Defender la independencia judicial. Exigir jueces imparciales y procedimientos transparentes de selección y evaluación.
- Respetar el pluralismo. Reconocer derechos iguales a quienes sostienen opiniones políticas distintas.
- Vigilar los recursos públicos. Examinar contratos, presupuestos y resultados mediante mecanismos pacíficos y documentados.
Estos aprendizajes necesitan formación escolar, educación comunitaria y oportunidades reales de participación.
Los medios de comunicación, las universidades, los colegios profesionales y las organizaciones civiles también tienen responsabilidades fundamentales.
La cultura democrática no se adquiere mediante una campaña publicitaria. Se desarrolla practicándola.
El horizonte electoral no sustituye la ciudadanía
De cara a las discusiones institucionales y electorales previstas para 2027, Venezuela necesita comprender que una elección libre es indispensable, pero no suficiente para garantizar una República.
La democracia requiere instituciones independientes, pluralismo, información verificable y mecanismos permanentes de control del poder.
El ciudadano no puede ejercer sus derechos únicamente durante una jornada electoral y permanecer en silencio durante los años siguientes.
Debe poder fiscalizar las decisiones públicas, participar en debates y reclamar garantías sin depender de la cercanía con un dirigente.
La autoridad que acepta ser examinada fortalece la legitimidad institucional. La que pretende sustituir la deliberación por obediencia debilita la confianza.
Venezuela necesita superar la idea de que la política consiste en encontrar un dirigente suficientemente poderoso para resolverlo todo.
La República posible exige distribuir responsabilidades, limitar facultades y reconocer la capacidad ciudadana de controlar a quienes gobiernan.
La libertad comienza cuando dejamos de temerle a las preguntas
El desafío venezolano no consiste solamente en reconstruir edificios, recuperar inversiones o renovar instituciones. Consiste en formar una sociedad que no vuelva a confundir la lealtad al país con la obediencia al gobernante.
Un maestro que enseña a preguntar fortalece la República. Una familia que educa en el respeto y la responsabilidad fortalece la convivencia. Una comunidad que supervisa sus obras públicas protege el patrimonio colectivo.
Una justicia independiente garantiza que las discrepancias se resuelvan mediante leyes y no por relaciones de poder.
El Nuevo Ideal Nacional debe colocar esa cultura democrática en el centro de la reconstrucción.
Las generaciones futuras no necesitan heredar una nueva versión del paternalismo. Necesitan instituciones que respeten su autonomía y un país donde el talento, el trabajo y la integridad tengan más valor que los contactos políticos.
La reconciliación verdadera no llegará cuando todos aprendamos a obedecer a una nueva autoridad. Llegará cuando cualquier autoridad comprenda que debe responder ante ciudadanos libres.
Porque una República no se construye con súbditos agradecidos, sino con personas que conocen sus derechos, cumplen sus deberes y se atreven a defenderlos.
Venezuela será verdaderamente libre cuando preguntar deje de ser un acto de valentía y exigir cuentas se convierta en una costumbre nacional.
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