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jueves, 19 de noviembre de 2026

EE. UU. y Venezuela firman acuerdo de cooperación militar

RadioAmericaVe.com  / Nacionales.

 

EE. UU. y Venezuela reanudan la cooperación militar. Hegseth plantea reformar la FANB y Caracas exige respeto a la soberanía nacional.

  • Cooperación militar Estados Unidos Venezuela
  • Pete Hegseth y reforma de la FANB
  • Venezuela restablece relaciones militares con EEUU
  • Soberanía venezolana y cooperación en defensa

Estados Unidos y Venezuela firmaron el miércoles 18 de noviembre de 2026 un acuerdo para restablecer la cooperación militar bilateral, interrumpida desde 2005. El convenio fue anunciado durante una visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La alianza contempla entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y modernización de capacidades militares, aunque su alcance definitivo todavía plantea interrogantes sobre soberanía, mando institucional y participación estadounidense en las operaciones de seguridad venezolanas.

La firma se realizó en el Palacio de Miraflores, con la participación del ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López. El acontecimiento representa uno de los cambios más importantes en las relaciones de seguridad entre ambos países después de la operación militar estadounidense del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El anuncio también refleja una diferencia significativa entre los discursos oficiales. Mientras Hegseth ofreció impulsar una transformación profunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ministerio de Defensa venezolano insistió en que toda cooperación deberá respetar la Constitución, la independencia nacional y la autoridad de los mandos militares venezolanos.

Hegseth anuncia una nueva alianza militar desde Caracas

Durante su visita a Miraflores, Pete Hegseth aseguró que ambos gobiernos habían alcanzado un acuerdo para recuperar una relación militar que durante décadas estuvo marcada por la confrontación política.

El funcionario estadounidense explicó que las fuerzas armadas de los dos países podrán desarrollar actividades de capacitación, cooperación operativa e intercambio de información para enfrentar amenazas consideradas comunes.

De acuerdo con Associated Press, Hegseth mencionó expresamente la posibilidad de realizar entrenamientos conjuntos, compartir inteligencia y mejorar el equipamiento y las capacidades militares.

El secretario también defendió la colaboración con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez como parte de la estrategia estadounidense para fortalecer la seguridad del hemisferio occidental.

En una intervención posterior en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, presentó el acercamiento como una transformación de la relación bilateral.

Hegseth afirmó que Venezuela había pasado de ser considerada por Washington su amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad que coopera con Estados Unidos.

La declaración refleja la valoración de la administración de Donald Trump sobre el nuevo escenario venezolano, aunque no constituye una evaluación independiente sobre las condiciones políticas y militares del país.

Estados Unidos ofrece reformar la FANB de arriba abajo

Uno de los anuncios más relevantes de Hegseth fue la disposición estadounidense de participar en una modernización profunda de las instituciones de seguridad y defensa venezolanas.

El secretario sostuvo que su país está preparado para colaborar en reformas destinadas a profesionalizar la Fuerza Armada, mejorar sus capacidades y recuperar el control de territorios donde operan organizaciones criminales.

La propuesta contempla, según sus declaraciones, una transformación de la institución militar de arriba abajo.

Sin embargo, esa expresión no significa que Estados Unidos haya asumido formalmente el mando de la FANB ni que se haya anunciado una sustitución general de sus autoridades.

La diferencia es importante: una oferta de asistencia para modernizar las fuerzas armadas no equivale jurídicamente a transferir su dirección a otro Estado.

Entre las áreas de cooperación identificadas públicamente se encuentran:

  • Entrenamiento conjunto: actividades de capacitación y ejercicios entre personal militar de ambos países.
  • Intercambio de inteligencia: cooperación informativa para identificar amenazas y apoyar operaciones de seguridad.
  • Modernización tecnológica: actualización de equipos y capacidades operativas.
  • Profesionalización militar: formación especializada y fortalecimiento institucional de la FANB.
  • Seguridad territorial: cooperación para enfrentar organizaciones criminales que operan en determinadas regiones venezolanas.
  • Seguridad regional: coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan a ambos países.

Estas áreas fueron mencionadas por las autoridades, pero todavía no se ha divulgado públicamente un calendario detallado de ejecución ni una distribución completa de responsabilidades.

Tampoco se conocen los recursos presupuestarios necesarios para implementar las reformas anunciadas.

El Ministerio de Defensa insiste en independencia y soberanía

La reacción del Gobierno venezolano llegó mediante un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, encabezado por el general en jefe Gustavo González López.

El documento reconoce la decisión de reanudar la cooperación técnico-militar bilateral, pero establece que las actividades deberán desarrollarse respetando la soberanía nacional y el ordenamiento jurídico venezolano.

Según el comunicado difundido el 18 de noviembre y recogido por Unión Radio, la cooperación estará orientada a la formación, capacitación, intercambio técnico, actualización tecnológica y fortalecimiento del equipamiento militar.

El Ministerio afirmó que toda iniciativa deberá ejecutarse con respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial del país.

También defendió la preservación del liderazgo, el mando y las competencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La aclaratoria introduce un elemento fundamental en el debate: el Gobierno venezolano acepta recuperar la cooperación militar con Washington, pero sostiene que esa relación no debe alterar las competencias constitucionales de sus instituciones.

Por ahora, la ausencia de una publicación íntegra del acuerdo impide conocer cómo se traducirán estos principios en procedimientos específicos.

La Constitución establece límites a la presencia militar extranjera

El contenido del convenio deberá examinarse a la luz de la Constitución venezolana, especialmente en lo relacionado con soberanía, control territorial y organización de la Fuerza Armada.

El artículo 13 establece que no podrán instalarse bases militares extranjeras ni instalaciones con propósitos militares pertenecientes a potencias o coaliciones extranjeras en territorio nacional.

Por su parte, el artículo 328 define a la Fuerza Armada como una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial.

Estas disposiciones no prohíben de manera general toda cooperación militar internacional, pero establecen límites constitucionales que deberán respetarse.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado que el acuerdo contemple la instalación de bases militares estadounidenses en Venezuela.

Por tanto, no sería correcto afirmar que la firma del convenio autoriza automáticamente una presencia permanente de tropas extranjeras o transfiere el control del territorio nacional.

La publicación de los instrumentos jurídicos y de los mecanismos de supervisión permitirá evaluar con mayor precisión su compatibilidad con la legislación venezolana.

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Una relación militar que permaneció suspendida desde 2005

La cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos no comienza con este acuerdo.

Durante buena parte del siglo XX, ambos países mantuvieron relaciones de defensa que incluyeron capacitación, asistencia técnica, suministro de equipamiento e intercambio de experiencias militares.

La relación se deterioró durante el Gobierno de Hugo Chávez, particularmente después de la ruptura de los mecanismos de cooperación en abril de 2005.

En aquel momento, el Ejecutivo venezolano ordenó la salida de instructores militares estadounidenses y suspendió programas de formación e intercambio.

Posteriormente, Venezuela fortaleció sus vínculos de defensa con Rusia, China, Irán y otros países que proporcionaron equipamiento, tecnología y asistencia militar.

La firma del 18 de noviembre representa, por tanto, un cambio significativo en una orientación estratégica mantenida durante más de dos décadas.

Según Infodefensa, el documento fue suscrito por Hegseth y González López en presencia de Delcy Rodríguez, formalizando el restablecimiento de la cooperación técnico-militar bilateral.

El desafío será determinar cómo se desarrollará esta nueva etapa sin generar conflictos con compromisos internacionales anteriores ni comprometer la autonomía de las decisiones venezolanas.

El narcotráfico aparece como prioridad de la alianza

Hegseth identificó la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales como uno de los objetivos principales de la nueva cooperación.

Durante su comparecencia en Caracas, el secretario estadounidense sostuvo que el acuerdo contribuirá a enfrentar a grupos que, según Washington, utilizan partes del territorio venezolano para desarrollar actividades ilícitas.

La declaración coincide con la estrategia regional impulsada por Donald Trump, que ha otorgado mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas estadounidenses en operaciones contra organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con Reuters, Hegseth anticipó una intensificación de la cooperación contra estas estructuras y presentó el nuevo acuerdo como parte de una estrategia regional de seguridad.

Sin embargo, la identificación de amenazas debe acompañarse de información verificable y procedimientos ajustados al derecho nacional e internacional.

Las operaciones contra organizaciones criminales pueden contribuir a mejorar la seguridad de las comunidades, pero también presentan riesgos cuando se desarrollan sin mecanismos adecuados de supervisión.

La protección de la población civil, el respeto al debido proceso y la investigación independiente de posibles abusos deberán formar parte de cualquier operación conjunta.

La nueva cooperación coincide con el acercamiento petrolero

El acuerdo militar no constituye un acontecimiento aislado dentro de las relaciones entre Caracas y Washington.

Durante 2026, ambos gobiernos han ampliado sus contactos en materia energética, financiera, diplomática y de seguridad.

La administración Trump también ha participado en acuerdos relacionados con el aprovechamiento de recursos petroleros venezolanos y la recuperación de operaciones de producción.

El acercamiento ha generado expectativas sobre inversiones, modernización tecnológica y acceso a nuevos mercados.

Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre cooperación económica, intereses estratégicos estadounidenses y autonomía de las instituciones nacionales.

Las relaciones de defensa y energía pueden complementarse, pero responden a instrumentos y responsabilidades diferentes.

No se ha demostrado que el acuerdo militar recién firmado establezca nuevas cesiones de recursos naturales o modifique directamente los convenios petroleros anteriores.

¿Qué significa este acuerdo para los militares venezolanos?

La reanudación de la cooperación puede abrir oportunidades de capacitación y actualización tecnológica para integrantes de la FANB.

También podría facilitar el intercambio de experiencias en áreas como logística, comunicaciones, mantenimiento de equipos y seguridad fronteriza.

Sin embargo, la modernización militar requiere algo más que asistencia extranjera.

La profesionalización institucional depende de reglas claras de ascenso, formación, disciplina, respeto a los derechos humanos y mecanismos de responsabilidad ante las autoridades civiles competentes.

El nuevo escenario plantea preguntas sobre los programas que serán desarrollados y las condiciones bajo las cuales participará el personal venezolano.

Entre los asuntos pendientes destacan:

  • La publicación del texto completo del convenio.
  • La identificación de las unidades e instituciones participantes.
  • La definición de las responsabilidades de mando durante eventuales ejercicios conjuntos.
  • Los criterios para el intercambio y protección de información de inteligencia.
  • La duración de los programas de formación y asistencia técnica.
  • Los costos, fuentes de financiamiento y condiciones de adquisición de equipamiento.
  • Los mecanismos de supervisión institucional y rendición de cuentas.

Estos elementos serán fundamentales para evaluar el alcance real de la cooperación y sus efectos sobre la estructura militar venezolana.

Seguridad, derechos humanos y transición política

El restablecimiento de las relaciones militares ocurre mientras Venezuela continúa discutiendo reformas judiciales, garantías políticas y una eventual convocatoria electoral durante 2027.

La modernización de la Fuerza Armada puede desempeñar un papel importante en la estabilidad institucional, pero no sustituye la necesidad de fortalecer los poderes civiles y garantizar derechos democráticos.

Una institución militar profesional debe actuar conforme a la Constitución y mantener una relación claramente definida con las autoridades civiles.

El proceso también deberá responder a las preocupaciones acumuladas sobre actuaciones de organismos de seguridad, uso de la fuerza y denuncias de violaciones de derechos humanos.

La cooperación internacional no elimina las obligaciones de investigar posibles abusos ni sustituye los mecanismos nacionales de justicia.

Para las comunidades afectadas por organizaciones criminales, especialmente en territorios fronterizos y zonas de explotación minera, el eventual fortalecimiento de capacidades de seguridad podría representar una oportunidad de protección.

Pero sus resultados deberán medirse por la reducción efectiva de la violencia, el respeto a los derechos ciudadanos y la recuperación del control institucional del territorio.

La soberanía será la principal prueba del nuevo acuerdo

La visita de Pete Hegseth y la firma del convenio abren una etapa inédita en las relaciones militares entre Venezuela y Estados Unidos.

Washington presenta el acuerdo como una oportunidad para transformar la seguridad regional, combatir organizaciones criminales y modernizar las capacidades de defensa venezolanas.

Caracas, por su parte, reconoce los beneficios potenciales de la cooperación, pero insiste en preservar la independencia nacional y el mando de sus instituciones militares.

Ambas posiciones pueden coexistir dentro de una relación de cooperación, siempre que los compromisos sean públicos, jurídicamente claros y respetuosos de las competencias de cada Estado.

El verdadero alcance de la alianza dependerá de cómo se ejecuten los programas anunciados, de las decisiones que adopten las autoridades venezolanas y de los mecanismos que permitan supervisar sus resultados.

La seguridad nacional tiene consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos. Una cooperación eficaz podría contribuir a reducir la actividad de organizaciones criminales y mejorar la protección territorial. Una relación carente de transparencia, en cambio, podría generar nuevas controversias sobre soberanía, responsabilidades y control institucional.

El restablecimiento de los vínculos militares constituye un hecho confirmado. La profundidad de las reformas y sus resultados todavía están por determinarse.

El periodismo independiente debe continuar examinando esos compromisos con rigor, especialmente cuando involucran decisiones de defensa, recursos públicos y relaciones entre gobiernos. La transparencia permite que los ciudadanos conozcan no solamente lo que sus autoridades anuncian, sino también las obligaciones que asumen en nombre del país.

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