El mando moral de la República

RadioAmericaVe.com / Editorial.

 

La transición venezolana necesita control ciudadano, justicia, datos abiertos y recursos públicos sometidos a vigilancia real.

Vigilancia ciudadana en Venezuela; control civil de la transición; transparencia en la reconstrucción; democracia barrial

Una transición puede producir estabilidad y seguir siendo moralmente frágil. Puede aumentar el petróleo que sale hacia Texas, suavizar sanciones, abrir nuevas negociaciones y ordenar un calendario institucional sin haber resuelto todavía la pregunta decisiva: ¿quién vigila al nuevo poder? Venezuela necesita reconstruir mucho más que edificios y organismos. Necesita levantar un sistema donde ningún acuerdo de cúpulas, ninguna emergencia y ningún flujo extraordinario de dinero vuelva a colocar al ciudadano en la posición de pedir permiso para conocer aquello que se hace en su nombre.

Ese debe ser el mando moral de la nueva República: no otro liderazgo providencial, sino una sociedad civil suficientemente organizada para controlar a quienes gobiernan, contratan, juzgan, reconstruyen y negocian.

El petróleo puede producir caja. Washington puede impulsar una secuencia política. El Gobierno encargado puede prometer elecciones. La oposición puede movilizar a miles. Pero la legitimidad no se compra con crecimiento, silencios judiciales ni pactos de convivencia administrados a puerta cerrada. Se construye mediante instituciones sometidas permanentemente a escrutinio público.

La transición necesita un poder que vigile al poder

Venezuela conoce demasiado bien el fracaso de las instituciones concebidas únicamente desde arriba. Durante décadas, la ciudadanía fue convocada para votar, obedecer, recibir beneficios o protestar cuando los mecanismos ordinarios ya habían dejado de funcionar.

La reconstrucción ofrece la oportunidad de alterar esa relación.

Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral no deberían nacer solamente de una negociación entre partidos. Necesitan reglas públicas de selección, antecedentes verificables, conflictos de interés conocidos y capacidad ciudadana para impugnar, observar y evaluar.

Lo mismo debe aplicarse a las instituciones encargadas de vivienda, electricidad, infraestructura y recuperación económica.

Democracia barrial no significa reemplazar el Estado por asambleas improvisadas. Significa conseguir que el Estado sea observable desde el barrio.

Que una comunidad pueda conocer cuánto costó una obra, quién ganó el contrato, cuánto se desembolsó, quién certificó el avance y cuándo debía terminar.

Eso es poder civil.

El país enterrado sigue siendo la prueba más exigente

El último balance oficial nacional detallado ampliamente disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Para finales de agosto se habían inspeccionado 60.785 viviendas. De ellas, 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y 14.239 quedaron bajo restricciones. También se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, aproximadamente el 28 % del volumen estimado en aquel momento, y se habían entregado apenas 335 viviendas nuevas.

En julio, las autoridades habían calculado unas 25.000 soluciones habitacionales necesarias y registraban 17.907 personas sin vivienda.

Esas cifras pertenecen a momentos concretos y deben presentarse con su fecha.

También el dato de 18.437 personas en 94 campamentos corresponde al balance del 11 de julio. No debe convertirse en una cifra congelada para describir noviembre. Apenas un día después el número de personas en campamentos ya había vuelto a aumentar.

La primera obligación moral de la reconstrucción consiste precisamente en no utilizar estadísticas viejas para fabricar normalidad presente.

Los desaparecidos exigen verdad, no números inflados

Durante los meses posteriores al terremoto, una iniciativa ciudadana llegó a recopilar cerca de 29.500 reportes de personas cuyo paradero no había podido establecerse.

La cifra es humanamente estremecedora.

Pero no equivale a un registro forense oficial de 29.500 personas sepultadas bajo el concreto.

La diferencia no minimiza la tragedia. Señala la gravedad institucional.

El Estado debió producir un registro nacional consolidado capaz de separar denuncias iniciales, personas posteriormente localizadas, fallecidos identificados y casos que permanecieran realmente abiertos.

Cuando la autoridad no produce información confiable, la ciudadanía intenta llenar el vacío. El resultado puede ser indispensable para buscar personas, pero no debe confundirse con la estadística forense que corresponde elaborar al Estado.

El mando moral empieza también diciendo la verdad cuando esa verdad es menos espectacular que una consigna.

Texas muestra la velocidad del petróleo y la lentitud de las instituciones

Esta semana llegó a Texas el primer cargamento de crudo venezolano asociado con el acuerdo estadounidense con North American Blue Energy Partners, NABEP.

El envío transportó alrededor de un millón de barriles que serán comercializados hacia refinerías de Exxon Mobil y Citgo. El acuerdo otorga además a Washington una participación en la empresa matriz de NABEP y acceso preferencial a producción venezolana.

Es un cambio económico significativo.

Pero no existe base seria para afirmar que Estados Unidos recibe ya “la mitad de todo el petróleo venezolano” ni que esa relación represente por sí sola el 62 % de un supuesto mercado petrolero mundial compartido.

La realidad comprobable basta para formular una pregunta mucho más importante: ¿cuánto de esta nueva expansión petrolera llegará al país visible?

Al tendido eléctrico.

A las viviendas.

A las escuelas.

A los municipios.

A los salarios.

A la reconstrucción.

La riqueza del subsuelo no constituye legitimidad política hasta que puede seguirse desde el barril exportado hasta el resultado público.

La Licencia 60A no es una caja petrolera

La OFAC actualizó el 16 de octubre la Licencia General 60 y la convirtió en Licencia General 60A.

Su finalidad es autorizar determinadas transacciones relacionadas con los esfuerzos de socorro por los terremotos que de otro modo podrían quedar restringidas por el régimen de sanciones.

No es una autorización general para comercializar petróleo.

Tampoco convierte los recursos del Banco Mundial, los ingresos energéticos, la ayuda estadounidense y el presupuesto nacional en un único fondo administrado desde Washington.

El Banco Mundial ha explicado que trabaja con el Gobierno venezolano y socios como el BID y CAF para evaluar las necesidades de reconstrucción. No existe evidencia pública de que esos recursos sean administrados por el general Francis L. Donovan, SOUTHCOM o Marco Rubio.

La crítica responsable debe ser más exigente que una teoría conveniente.

El mandato correcto es trazabilidad total. Cada recurso extraordinario debe conservar identidad propia: origen, monto, administrador, municipio beneficiado, contrato, ejecutor, avance físico y resultado. La transparencia no necesita inventar una sola caja para vigilar el dinero. Necesita abrir todas las cajas que realmente existen.

De la ayuda al salario digno

El Programa Mundial de Alimentos informa que ha alcanzado a cientos de miles de personas desde los terremotos y proyectó asistir hasta medio millón durante los primeros meses de la respuesta.

Ese trabajo salva vidas y no puede caricaturizarse como mecanismo de dominación simplemente porque implique asistencia.

Pero toda emergencia necesita una salida.

El objetivo debe ser transformar progresivamente protección humanitaria en capacidad económica.

La reconstrucción necesita trabajadores. Electricistas, albañiles, soldadores, técnicos, operadores de maquinaria, especialistas en saneamiento, ingenieros, transportistas y personal de mantenimiento pueden encontrar en la recuperación una enorme fuente de empleo formal.

Las cooperativas comunitarias también pueden participar, siempre que estén sometidas a los mismos estándares de transparencia, competencia y auditoría que cualquier empresa privada.

Lo comunitario no es automáticamente virtuoso.

El mando moral exige controles también sobre quienes hablan en nombre del pueblo.

Una República nueva necesita una justicia que no mire hacia otro lado

La reconstrucción política entra ahora en una fase especialmente delicada. Un nuevo TSJ y un futuro CNE serán juzgados no solamente por sus nombres, sino por aquello que estén dispuestos a enfrentar.

Corrupción en contratos.

Abusos policiales.

Extorsión.

Violaciones de derechos humanos.

Grupos armados.

Persecución política.

La justicia democrática debe ser firme sin convertirse en venganza.

Eso significa investigar con evidencia, garantizar defensa, preservar archivos y sancionar responsabilidades individualizadas.

Una amnistía puede formar parte de una transición, pero no debe convertirse en una fórmula automática capaz de borrar delitos graves ni sustituir el análisis individual de los expedientes.

La reconciliación necesita garantías.

También necesita memoria.

Los presos políticos siguen siendo una frontera moral

El dato actualizado obliga nuevamente a corregir cifras que siguen circulando.

Foro Penal reporta 322 personas que la organización clasifica como presos políticos al 26 de octubre: 307 hombres y 15 mujeres; 182 civiles y 140 militares.

La cifra de 382 pertenece a balances anteriores.

Actualizarla no disminuye la gravedad del problema.

La vuelve precisa.

María Corina Machado, después de regresar al país, ha colocado entre sus prioridades públicas el desmontaje del sistema represivo y la liberación de los presos políticos.

Ese reclamo debe examinarse institucionalmente.

Un Estado que aspire a elecciones competitivas necesita revisar detenciones cuestionadas, garantizar debido proceso y resolver expedientes pendientes.

La libertad electoral empieza antes de la elección.

El juicio de Maduro y Flores cambia de juez, no de naturaleza

El proceso penal estadounidense contra Nicolás Maduro y Cilia Flores también ha entrado en una nueva etapa.

Tras la muerte del juez Alvin Hellerstein, la jueza federal Analisa Torres asumió el caso. El juicio está previsto para comenzar el 14 de junio de 2027.

La acusación sustitutiva presentada por fiscales estadounidenses incluye, entre otros delitos, conspiración para cometer tortura.

Maduro y Flores se han declarado no culpables.

Es esencial mantener esa distinción: son acusaciones que deberán probarse ante un tribunal.

El proceso de Nueva York tampoco puede sustituir la responsabilidad venezolana de construir una justicia nacional independiente.

Una República soberana no delega toda su memoria judicial en otro país.

El sistema eléctrico sigue revelando dónde empieza la verdad

Otra cifra necesita precisión técnica.

A finales de septiembre, alrededor del 40 % de los aproximadamente 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada estaba disponible.

Eso significa que más del 60 % de la capacidad nominal no se encontraba operativa o disponible en ese momento.

No significa que el 60 % del territorio venezolano estuviera permanentemente apagado.

La diferencia importa.

Pero el diagnóstico sigue siendo severo.

Una economía que pretende atraer petróleo, industria y capital necesita electricidad estable.

Una reconstrucción que pretende recuperar viviendas y escuelas también.

El barril que llega a Texas será políticamente irrelevante para una familia venezolana si el interruptor de su casa sigue sin funcionar.

Washington puede marcar tiempos, pero no fabricar legitimidad

Donald Trump dijo en julio que Venezuela todavía no estaba preparada para unas elecciones, aunque reconoció avances bajo la administración interina.

Marco Rubio ha señalado posteriormente que la infraestructura electoral debe reformarse antes de unos comicios confiables.

Ese poder de influencia es indiscutible.

Pero la legitimidad venezolana no puede terminar reducida a la aprobación de Washington.

Las elecciones serán creíbles si existen árbitros confiables, competencia real, libertad de prensa, garantías jurídicas, un registro electoral adecuado y posibilidad de auditar resultados.

No porque otro Gobierno las certifique políticamente.

Machado y el reloj de 2027

María Corina Machado sostuvo esta semana que la transición democrática venezolana es “irreversible” y expresó su expectativa de que el proceso conduzca a elecciones presidenciales en 2027.

También estableció como prioridades el desmontaje del aparato represivo y la liberación de los presos políticos.

No encontramos respaldo suficiente para atribuirle literalmente la frase según la cual “el cronograma debe colocar a los presos políticos primero y elecciones con fecha”.

Su posición pública, sin embargo, sí contiene esos dos elementos: garantías políticas y una elección presidencial futura.

Y allí aparece nuevamente la responsabilidad del mando moral.

Ningún dirigente, por popular que sea, debe sustituir al ciudadano como supervisor permanente del proceso.

La estabilidad económica no puede comprar silencio

Steve Hanke ha propuesto una dolarización oficial de Venezuela y ha redactado un proyecto que busca restringir la discrecionalidad monetaria del Banco Central.

Es una propuesta económica, no una política aprobada.

Puede debatirse.

Pero incluso la disciplina monetaria más severa sería insuficiente si la disciplina institucional no la acompaña.

Un país puede dolarizar y seguir siendo corrupto.

Puede aumentar la producción de petróleo y seguir siendo opaco.

Puede reducir inflación y mantener un Poder Judicial dependiente.

La estabilidad no sustituye la República.

El mando moral debe estar fuera del palacio

La transición venezolana necesita liderazgo. Necesita pactos. Necesita cooperación internacional. Necesita capital. Necesita empresarios, ingenieros, jueces y políticos.

Pero necesita sobre todo un límite.

Ese límite debe ser una ciudadanía que ya no acepte como normal que las decisiones públicas pertenezcan únicamente a quienes ocupan temporalmente el poder.

Un ciudadano que consulte el contrato.

Una comunidad que revise la obra.

Una universidad que contradiga al ministro.

Un periodista que siga el dinero.

Un trabajador que denuncie la extorsión.

Una víctima que conserve su expediente.

Un elector que pueda auditar su voto.

Ese es el verdadero mando moral de la República: no un nuevo caudillo que prometa vigilar a todos, sino millones de ciudadanos con herramientas suficientes para vigilar a cualquiera que gobierne.

El petróleo puede seguir llegando a Texas.

Las mesas pueden continuar negociando.

El TSJ puede renovarse.

El CNE puede cambiar.

Y las elecciones llegarán cuando existan condiciones.

Pero la transición solo habrá cambiado realmente a Venezuela cuando ninguna de esas cosas pueda volver a hacerse en la oscuridad.

La lupa de la auditoría y la pala de la reconstrucción pertenecen a la misma República.

Una sirve para levantar el país.

La otra, para impedir que vuelvan a enterrarlo.

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Victor Julio Escalona.

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