La transición que se audita

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Venezuela necesita auditar justicia, elecciones, energía y fondos públicos para impedir que la transición vuelva a convertirse en un cheque en blanco.

Auditoría ciudadana de la transición; vigilancia civil en Venezuela; control democrático del poder; transición con transparencia

Una transición democrática no merece confianza porque prometa llegar a buen puerto. Debe permitir que el ciudadano revise el mapa, conozca quién conduce, pregunte cuánto cuesta el viaje y pueda detener cualquier desvío. Venezuela entra ahora en una etapa particularmente delicada: se anuncian nuevos magistrados, un futuro Consejo Nacional Electoral, reformas económicas, capital privado, financiamiento internacional y una posible ruta hacia elecciones presidenciales. Precisamente por eso la ciudadanía no puede entregar un cheque en blanco ni a quienes negocian en Caracas ni a quienes trazan secuencias desde Washington.

La democracia que Venezuela necesita no puede fundarse en una nueva confianza ciega. Tiene que fundarse en algo más difícil y más moderno: la capacidad de auditar.

Auditar la transición significa saber quién decide, bajo qué norma, con qué recursos, según qué criterios y con qué resultado. Significa convertir cada promesa institucional en información comprobable. Y significa entender que el control ciudadano no es un obstáculo para gobernar. Es la garantía de que el país no volverá a confundirse con quienes temporalmente lo administran.

Washington dibuja una secuencia; Venezuela debe examinarla

Marco Rubio volvió a detallar esta semana, durante su visita a París, la secuencia que Estados Unidos espera para la transición venezolana: nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hacia mediados de diciembre, posteriormente la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y, una vez establecidas las condiciones institucionales, un proceso que conduciría a futuras elecciones presidenciales.

Rubio ha mencionado entre las condiciones esenciales un nuevo TSJ, un organismo electoral de carácter administrativo y no partidista y una prensa libre y abierta.

El planteamiento estadounidense tiene un peso político indiscutible.

Pero no constituye una orden constitucional venezolana.

El nuevo canciller, Oliver Blanco, ha dicho que todas las fuerzas políticas deben poder participar en los futuros comicios y que sus resultados deben ser respetados, pero ha evitado fijar una fecha electoral. La diferencia es relevante: existe una dirección política cada vez más definida, pero todavía no existe una convocatoria presidencial formal.

La ciudadanía debe observar ambas cosas sin ingenuidad.

Ni el optimismo de Washington garantiza instituciones independientes ni la promesa de apertura de Caracas demuestra por sí sola que estas funcionarán.

El 11 de diciembre necesita luz pública

El proceso para renovar el Tribunal Supremo será una de las primeras pruebas concretas.

El cronograma del Comité de Postulaciones Judiciales apunta a entregar en diciembre la lista definitiva de candidatos para la selección de los nuevos magistrados. La fecha del 11 de diciembre se ha convertido en referencia central de ese proceso.

Pero la legitimidad del nuevo tribunal no puede descansar en el cumplimiento mecánico del calendario.

Debe descansar en el procedimiento.

La ciudadanía necesita conocer:

• quiénes son los aspirantes;
• qué experiencia poseen;
• qué puntuaciones reciben;
• qué conflictos de interés tienen;
• qué impugnaciones fueron presentadas;
• cómo fueron resueltas;
• y por qué unos candidatos avanzan y otros quedan fuera.

Si el resultado termina siendo una distribución de cuotas acordada a puerta cerrada, la transición habrá cambiado nombres sin cambiar la lógica del poder.

El nuevo TSJ no debe pertenecer al Gobierno, a la oposición, a Washington ni a una mesa de negociación.

Debe pertenecer a la ley.

La apertura eléctrica convierte la auditoría en una urgencia

La Asamblea Nacional aprobó este 10 de noviembre una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que abre la generación a empresas privadas y mixtas, permite concesiones de hasta 25 años e introduce un nuevo marco regulatorio para un sector cuya crisis continúa afectando a hogares, empresas, agricultura, comunicaciones y servicios públicos.

La apertura puede ser necesaria.

El monopolio estatal no consiguió garantizar un sistema eléctrico suficientemente confiable.

Pero sustituir monopolio por capital privado no resuelve automáticamente el problema institucional.

También se anunció que las tarifas estarán indexadas a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, actualmente el euro, mientras el reglamento deberá establecer subsidios para quienes no puedan pagar el precio pleno.

Allí comienza una nueva obligación democrática.

¿Quién fijará las tarifas?

¿Quién recibirá subsidios?

¿Con qué criterios?

¿Cuánto costarán al Estado?

¿Qué empresas obtendrán concesiones?; ¿Qué inversiones estarán obligadas a realizar?; ¿Qué ocurre si no cumplen?

Una reforma económica no puede pedir primero sacrificios al ciudadano y explicar después las reglas.

El ajuste no puede socializar las pérdidas y privatizar las garantías

La participación privada en electricidad puede aportar capital, tecnología y capacidad operativa. También puede producir contratos complejos de larga duración y compromisos financieros que sobrevivirán a varios gobiernos.

Por eso la reforma necesita contrapesos desde el primer día.

Los contratos de generación, las concesiones, los mecanismos tarifarios y los subsidios deberían publicarse en formatos accesibles.

El ciudadano no puede limitarse a recibir una factura indexada mientras desconoce los términos económicos de quienes producen la energía.

Si la nueva arquitectura eléctrica exige pagar más, también debe exigir recibir mejor.

La tarifa debe tener una contraparte medible:

• horas de servicio;
• reducción de apagones;
• megavatios recuperados;
• calidad del voltaje;
• tiempos de reparación;
• y sanciones efectivas por incumplimiento.

El consumidor no debe convertirse en el financiador silencioso de otra reforma imposible de auditar.

El dinero internacional necesita apellido

Durante los últimos días también se ha informado sobre misiones vinculadas con la Corporación Financiera Internacional, brazo del Grupo Banco Mundial orientado al sector privado, y con Bank of America acompañado por inversionistas y tenedores de bonos venezolanos.

Los objetivos descritos no son idénticos.

La CFI busca explorar oportunidades de financiamiento para empresas privadas. Los grupos vinculados con Bank of America han mostrado interés en evaluar las condiciones venezolanas y posibles escenarios relacionados con la reestructuración de la deuda soberana y de PDVSA.

Hasta ahora, esas aproximaciones no equivalen a anunciar desembolsos masivos ni una reestructuración acordada.

La distinción importa.

Venezuela necesita inversión y financiamiento. Pero necesita también acostumbrarse a identificar cada flujo por separado.

La transparencia empieza cuando el dinero conserva su apellido. Inversión privada, crédito multilateral, deuda reestructurada, ingresos petroleros, presupuesto público y asistencia humanitaria son categorías distintas. Mezclarlas impide saber quién puso el dinero, quién lo administra y quién responde por el resultado.

El país de los acuerdos continúa sobre un terreno fracturado

La sofisticación financiera de la nueva etapa no debe hacer desaparecer la post-emergencia.

Los terremotos del 24 de junio dejaron miles de muertos, viviendas inhabitables, escuelas dañadas y una reconstrucción que se prolongará durante años. Los balances oficiales han evolucionado desde las cifras iniciales de agosto y septiembre, lo que demuestra precisamente la necesidad de abandonar estadísticas congeladas y construir una plataforma nacional permanentemente actualizada.

El ciudadano debería poder conocer hoy, no dentro de seis meses:

• cuántas familias siguen desplazadas;
• cuántas viviendas fueron entregadas y cuántas rehabilitadas;
• qué campamentos continúan abiertos;
• qué escuelas siguen bajo intervención;
• cuánto escombro falta por retirar;
• qué municipio recibió recursos;
• y cuánto ejecutó realmente.

La reconstrucción no puede administrarse mediante comunicados esporádicos.

Necesita un tablero público permanente.

Los municipios deben convertirse en unidades de rendición de cuentas

La emergencia venezolana es nacional, pero la reconstrucción ocurre calle por calle.

Por eso la democracia barrial debe abandonar el terreno de la consigna y adquirir estructura.

Cada municipio debería publicar presupuestos de reconstrucción, contrataciones, cronogramas, fotografías de avance y certificaciones técnicas.

Cada proyecto debería poseer una identidad digital.

Un vecino tendría que poder abrir desde su teléfono el expediente de una escuela, una vivienda o una carretera y comprobar cuánto costó, quién la construye y en qué fecha debe terminar.

La tecnología para hacerlo existe.

Lo que falta es convertir la transparencia en obligación.

La libertad sigue siendo una condición previa a las urnas

Foro Penal mantiene en 322 el número de personas que clasifica como presos políticos en su actualización disponible del 26 de octubre.

El Gobierno encargado ha promovido una ley de amnistía y se han producido centenares de liberaciones y sobreseimientos. Son cambios que deben reconocerse.

Pero la existencia de detenidos que organizaciones de derechos humanos consideran arbitrarios sigue planteando una contradicción evidente con cualquier narrativa de normalización democrática.

Una elección competitiva necesita ciudadanos y dirigentes capaces de actuar sin temor a que la discrepancia se transforme en expediente penal.

La liberación de quienes estén privados de libertad por razones políticas debe continuar mediante procedimientos jurídicos claros.

Al mismo tiempo, una amnistía democrática no puede convertirse en borrado automático de delitos graves ni de responsabilidades por violaciones de derechos humanos.

La reconciliación no significa impunidad.

Reformar la Ley contra el Odio no basta si permanece la herramienta

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la denominada Ley contra el Odio, con la intención declarada de sustituir sanciones penales por medidas administrativas o multas en distintos supuestos.

La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había reconocido previamente que la norma fue utilizada de manera abusiva.

Ese reconocimiento es relevante.

Pero el problema no termina reduciendo una pena.

Una democracia debe preguntarse si conceptos jurídicos vagos pueden seguir utilizándose para castigar expresiones críticas.

La libertad de expresión no debe depender de que el gobernante del momento prometa interpretar prudentemente una mala norma.

Debe estar protegida por la norma misma.

El poder armado también debe someterse al nuevo pacto civil

La transición será incompleta mientras existan estructuras armadas, oficiales o irregulares, capaces de operar fuera de controles civiles efectivos.

Las investigaciones de Naciones Unidas han documentado durante años abusos atribuidos a organismos de seguridad y actuaciones de colectivos armados vinculados al poder.

La respuesta democrática no debe consistir en crear grupos rivales.

Debe consistir en restaurar el monopolio constitucional de la fuerza dentro de instituciones profesionales, identificables, sometidas a jueces y sujetas a controles.

Una sociedad que quiere elecciones libres necesita también calles donde nadie posea capacidad de intimidar políticamente mediante las armas.

2027 no puede convertirse en una palabra mágica

Rubio ha descrito una secuencia que podría desembocar en elecciones una vez renovados el TSJ y el CNE y cumplidas otras condiciones. Algunas figuras venezolanas han situado políticamente el horizonte en 2027.

Pero todavía no existe una convocatoria electoral formal con fecha definitiva.

Eso debe decirse sin dramatismo y sin ficción.

Venezuela necesita elecciones.

También necesita que sean creíbles.

El calendario no puede adelantarse a las garantías.

Pero las garantías tampoco pueden convertirse en una excusa indefinida para aplazar el calendario.

El equilibrio consiste en definir condiciones objetivas y poder comprobar cuándo se cumplen.

La paciencia internacional tiene un límite; la paciencia social también

Washington puede acompañar, condicionar determinadas relaciones económicas e influir sobre el ritmo internacional de la transición.

Los organismos multilaterales pueden aportar recursos.

Los inversionistas pueden regresar.

Pero ninguna de esas fuerzas debe sustituir la soberanía ciudadana.

La transición venezolana no será verdaderamente democrática porque la certifique una capital extranjera.

Lo será cuando un ciudadano pueda auditarla desde Barquisimeto, Maracaibo, Caracas, Valencia, Maturín o San Cristóbal.

Cuando pueda consultar una sentencia.

Revisar un contrato.

Examinar el presupuesto de su municipio.

Conocer la tarifa que paga.

Cuestionar al alcalde.

Criticar al presidente.

Impugnar a un magistrado.

Y votar sin coerción.

La transición que se audita

El desafío de Venezuela ya no consiste solamente en abrir el sistema.

Consiste en impedir que la apertura produzca nuevos espacios de discrecionalidad.

Capital privado sin transparencia puede convertirse en privilegio.

Reforma judicial sin escrutinio puede convertirse en reparto.

Amnistía sin criterios puede convertirse en impunidad.

Elecciones sin garantías pueden convertirse en ceremonia.

Y reconstrucción sin control puede convertirse en negocio.

Por eso la vigilancia civil no debe aparecer después del problema.

Debe incorporarse al diseño de la solución.

Una transición que no soporta ser auditada todavía no merece ser llamada democrática.

La ciudadanía venezolana no debe esperar hasta 2027 para ejercer poder.

Debe ejercerlo ahora.

Preguntando quién selecciona a los jueces.

Revisando quién recibe las concesiones eléctricas.

Exigiendo saber cómo se calculan las tarifas.

Siguiendo el dinero internacional.

Fiscalizando la reconstrucción.

Defendiendo la libertad de expresión.

Y recordando a Caracas y a Washington que el futuro de Venezuela no puede negociarse como si los venezolanos fueran espectadores.

La República que viene debe acostumbrarse a una ciudadanía incómoda.

Una ciudadanía que no entregue cheques en blanco.

Que no confunda promesas con resultados.

Que no espere una elección para comenzar a participar.

Y que entienda que la democracia no se defiende solamente votando por quien gobierna.

Se defiende vigilándolo después.

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Victor Julio Escalona

Editor.