Las ruinas también votan

RadioAmericaVe.com  / Editorial.

 

Sin reconstrucción, justicia y control ciudadano, renovar el TSJ y el CNE no bastará para devolver legitimidad democrática a Venezuela.

Democracia y reconstrucción en Venezuela; voto y emergencia venezolana; ciudadanía y transición democrática; reconstrucción institucional venezolana

Las ruinas también votan. Votan cuando una familia compara la promesa de reconstrucción con la vivienda que todavía no puede habitar. Votan cuando una escuela dañada permanece cerrada, cuando la electricidad interrumpe una jornada de trabajo y cuando una comunidad descubre que conoce menos sobre el destino de los recursos públicos que quienes los administran. Venezuela puede renovar el Tribunal Supremo de Justicia, reorganizar el Consejo Nacional Electoral y preparar unas futuras elecciones presidenciales. Pero ningún calendario electoral devolverá legitimidad a la República si el ciudadano continúa viviendo dentro de una emergencia que las instituciones son incapaces de explicar, administrar y fiscalizar con transparencia.

La democracia venezolana no puede volver a construirse exclusivamente en Miraflores, Washington o alrededor de una mesa de negociación. Necesita regresar al territorio. Porque votar no comienza frente a una máquina electoral. Comienza mucho antes, cuando el ciudadano posee libertad para organizarse, información para decidir, justicia para protegerse y suficiente autonomía económica para que la necesidad no pueda convertirse en instrumento de obediencia.

Ese es el significado político del país que todavía permanece bajo los escombros: la reconstrucción material y la reconstrucción democrática ya son la misma tarea.

Renovar el CNE no será suficiente

Estados Unidos ha planteado una secuencia política que pasa por renovar primero el Tribunal Supremo y posteriormente el Consejo Nacional Electoral antes de avanzar hacia unas elecciones presidenciales. Marco Rubio afirmó que la infraestructura electoral venezolana debe ser reemplazada antes de que pueda celebrarse una votación legítima.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió a finales de octubre que Venezuela celebrará elecciones con una autoridad electoral “renovada”, aunque evitó establecer una fecha concreta. María Corina Machado, por su parte, ha respaldado públicamente una ruta hacia elecciones presidenciales en 2027.

La secuencia puede tener lógica institucional.

Pero sería un error convertirla en una fórmula automática.

Un nuevo CNE no será independiente porque cambien sus rectores. Un nuevo TSJ no será imparcial porque se renueven sus magistrados. La legitimidad dependerá de cómo sean seleccionados, qué conflictos de interés tengan, qué decisiones adopten y cuánto pueda conocer la sociedad sobre su funcionamiento.

El Comité de Postulaciones Judiciales tiene previsto presentar el 11 de diciembre los candidatos seleccionados para el nuevo Tribunal Supremo. Esa fecha será importante. Pero no debería convertirse en una ceremonia de repartición de cuotas.

La transición necesita algo más exigente:

• méritos profesionales verificables;
• antecedentes públicos;
• declaraciones de conflictos de interés;
• procedimientos de impugnación;
• decisiones accesibles a la ciudadanía;
• y mecanismos permanentes de control social.

La democracia no empieza cuando se instala un árbitro. Empieza cuando ese árbitro sabe que también será vigilado.

El país real continúa debajo del calendario

El último balance oficial nacional detallado ampliamente disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Para finales de agosto se habían evaluado 60.785 viviendas. De ellas, 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 14.239 quedaron bajo restricciones. También se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, aproximadamente el 28 % del volumen entonces calculado, y se habían entregado apenas 335 viviendas nuevas.

Son números que obligan a mirar la transición desde otra perspectiva.

Un ciudadano que todavía espera una solución habitacional no vive el calendario político de la misma manera que un negociador. Para él, el Estado no se mide por la composición del TSJ. Se mide por la seguridad de un techo.

La institucionalidad necesita conectar ambas realidades.

Los desaparecidos requieren un Estado capaz de contar

También debe mantenerse rigor frente a una de las heridas más dolorosas de la catástrofe.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela llegó a registrar alrededor de 29.500 personas con las que familiares no habían logrado establecer contacto. Esa cifra ha sido utilizada repetidamente como equivalente a 29.500 personas sepultadas bajo los escombros.

No son categorías equivalentes.

No existe un cómputo forense oficial que confirme que todas esas personas permanecen desaparecidas bajo estructuras colapsadas.

La verdadera acusación institucional es incluso más grave: durante demasiado tiempo el Estado no produjo un registro nacional consolidado capaz de distinguir denuncias iniciales, personas posteriormente localizadas, víctimas identificadas y casos todavía abiertos.

La democracia necesita urnas.

Pero también necesita registros confiables de sus muertos y desaparecidos.

Un Estado incapaz de contar a sus víctimas difícilmente puede pedir confianza ciega cuando llegue el momento de contar votos.

Los campamentos también tienen fecha

Otro ejemplo demuestra por qué la transparencia necesita contexto.

La cifra de 18.437 personas en 94 campamentos corresponde al balance del 11 de julio. No describe necesariamente la situación actual de noviembre. A finales de agosto, el Gobierno informó que más de 25.000 venezolanos habían necesitado alojamiento temporal desde los terremotos.

El dato antiguo no debe desaparecer de la historia.

Debe conservar su fecha.

La estadística pública no puede convertirse en un inventario de números útiles según la narrativa del momento.

La sociedad necesita series actualizadas, metodologías conocidas y bases abiertas.

Ese principio será igualmente indispensable para cualquier elección futura.

Texas demuestra que el petróleo puede moverse más rápido que la República

El primer cargamento correspondiente al nuevo acuerdo estadounidense con North American Blue Energy Partners, NABEP, llegó a Texas a finales de octubre con aproximadamente un millón de barriles de crudo venezolano.

La operación demuestra la velocidad con la que puede reorganizarse el negocio petrolero cuando existen voluntad política, capacidad logística e incentivos económicos.

Pero también plantea una paradoja.

El petróleo puede llegar a Texas mientras miles de venezolanos siguen esperando respuestas sobre vivienda, servicios e infraestructura.

Eso no convierte el acuerdo energético en ilegítimo.

Convierte la transparencia en una obligación.

La ciudadanía debería poder conocer qué recibe Venezuela, qué inversión se compromete, qué obligaciones asumen las partes, qué impuestos genera la operación y qué parte de los nuevos recursos termina fortaleciendo la capacidad productiva y los servicios del país.

El barril exportado solo adquiere legitimidad pública cuando puede seguirse también el destino de su valor.

La Licencia 60A no es una licencia petrolera

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos actualizó el 16 de octubre la Licencia General 60, ahora denominada Licencia General 60A.

Su finalidad está relacionada con transacciones para los esfuerzos de socorro por los terremotos.

No es la licencia general que regula la comercialización del petróleo venezolano.

Tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que los recursos del Banco Mundial destinados a la reconstrucción estén administrados por SOUTHCOM o por Marco Rubio.

El Banco Mundial ha explicado que trabaja con Venezuela y organismos como el BID y CAF para evaluar las necesidades de reconstrucción.

La contraloría seria no necesita mezclar fuentes distintas en una sola teoría.

Necesita separar cada flujo y seguirlo.

La transparencia debe comenzar antes del gasto. Ayuda humanitaria, inversión petrolera, créditos multilaterales y presupuesto nacional necesitan registros distintos, responsables identificables y resultados verificables. La sociedad no debe confiar ciegamente en ninguna caja; debe poder abrirlas todas.

La emergencia debe producir trabajo, no dependencia permanente

El Programa Mundial de Alimentos había alcanzado a 308.000 personas con asistencia para la segunda mitad de septiembre y proyectó apoyar hasta medio millón durante los primeros tres meses de la respuesta.

Esa ayuda cumple una función humanitaria indispensable.

Pero el éxito de una emergencia no puede medirse por cuántas personas consigue mantener indefinidamente dentro de un programa.

Debe medirse también por cuántas recuperan suficiente autonomía para dejar de necesitarlo.

La reconstrucción ofrece una oportunidad enorme para formar y emplear electricistas, albañiles, soldadores, técnicos, operadores de maquinaria, especialistas en saneamiento, ingenieros y trabajadores de mantenimiento.

El paso de la asistencia al trabajo debe hacerse con capacitación, contratos, salarios dignos y supervisión técnica.

Una democracia también se fortalece cuando el ciudadano puede sostener su vida sin depender de una estructura política para obtener lo esencial.

La electricidad sigue votando todos los días

A finales de septiembre, apenas alrededor del 40 % de los aproximadamente 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada estaba disponible y el déficit nacional superaba los 1.500 megavatios.

Eso no significa que el 60 % del territorio venezolano permanezca permanentemente apagado.

Significa que una proporción muy elevada de la capacidad nominal no estaba disponible.

La diferencia técnica importa.

La consecuencia política también.

No existe industria competitiva sin electricidad.

No existe hospital moderno sin electricidad.

No existe educación digital sin electricidad.

No existe reconstrucción eficiente sin electricidad.

Y tampoco existe percepción de normalidad democrática cuando millones de ciudadanos continúan midiendo la capacidad del Estado cada vez que accionan un interruptor.

Los presos políticos siguen formando parte de la elección futura

Foro Penal registra 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos al 26 de octubre: 307 hombres y 15 mujeres; 182 civiles y 140 militares.

La cifra de 382 corresponde a balances anteriores y no debe seguir utilizándose como dato vigente.

Pero la corrección estadística no disminuye el problema.

Lo vuelve concreto.

María Corina Machado ha planteado después de su regreso la liberación de los presos políticos, mecanismos de justicia transicional y reformas de las fuerzas de seguridad como elementos centrales del proceso democrático.

Delcy Rodríguez, por su parte, instruyó recientemente a los organismos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial salvo flagrancia y reconoció que la denominada Ley contra el Odio ha tenido aplicaciones abusivas.

Esas declaraciones deberán medirse mediante hechos.

Una elección libre requiere mucho más que candidatos.

Necesita una sociedad donde la discrepancia no pueda convertirse arbitrariamente en expediente penal.

El voto se protege antes de llegar a la urna

Las ruinas también votan porque la condición material del ciudadano influye sobre la calidad de su libertad.

Quien depende de una autoridad para recibir alimentos, vivienda, empleo o acceso a servicios públicos se encuentra en una relación distinta con el poder que quien puede exigirlos como derechos.

Eso no significa que la pobreza determine automáticamente el voto.

Significa que una democracia madura debe reducir cualquier capacidad institucional de convertir la necesidad en presión política.

Por eso las garantías electorales tienen que comenzar en los municipios y comunidades.

• datos públicos sobre obras y contratos;
• padrones y registros auditables;
• observación ciudadana;
• libertad para reunirse y organizarse;
• medios capaces de fiscalizar;
• justicia disponible frente al abuso;
• y recursos públicos separados de la actividad partidista.

El verdadero poder electoral no está únicamente dentro del CNE.

Está en una sociedad suficientemente libre para vigilarlo.

Washington puede proponer 2027; Venezuela debe construir las condiciones

Estados Unidos ha planteado una ruta que conduciría a elecciones presidenciales en 2027 después de renovar instituciones fundamentales. Machado ha respaldado públicamente esa perspectiva. Delcy Rodríguez ha prometido elecciones bajo una autoridad electoral renovada, aunque sin fijar todavía una fecha.

El proceso tiene, por tanto, una dirección política cada vez más visible.

Pero el año escrito en una hoja de ruta no debe convertirse en un sustituto de las garantías.

Donald Trump afirmó meses atrás que Venezuela todavía no estaba preparada para elecciones.

Washington tiene capacidad extraordinaria para influir sobre el proceso.

No tiene capacidad para fabricar por sí solo legitimidad venezolana.

Eso corresponde a instituciones nacionales y, sobre todo, a la ciudadanía.

La soberanía que importa se construye desde abajo

Venezuela seguirá necesitando cooperación internacional, inversión extranjera, créditos, experiencia técnica y acuerdos políticos.

El error sería confundir necesidad de cooperación con renuncia a la soberanía ciudadana.

La soberanía contemporánea no consiste en cerrar fronteras económicas ni en rechazar influencias exteriores mediante discursos.

Consiste en disponer de instituciones suficientemente transparentes para que ningún actor, interno o extranjero, pueda utilizar la opacidad como herramienta de poder.

El municipio debe poder fiscalizar.

La comunidad debe poder preguntar.

El periodista debe poder investigar.

La universidad debe poder cuestionar.

El juez debe poder decidir.

El ciudadano debe poder votar.

Y todos deben poder hacerlo sin pedir permiso al mismo poder que están llamados a controlar.

Las ruinas también votan

El cierre político de 2026 llegará con nombres de candidatos al Tribunal Supremo, negociaciones sobre el nuevo CNE, expansión petrolera y una ruta electoral cada vez más discutida.

Todo eso importa.

Pero el país llegará también a ese cierre con viviendas restringidas, una red eléctrica debilitada, familias que siguen esperando claridad sobre sus desaparecidos y comunidades que saben que la reconstrucción todavía será larga.

Esas realidades no son obstáculos secundarios para la democracia.

Son parte de ella.

Las ruinas también votan porque cada fracaso material del Estado termina entrando en la conciencia política del ciudadano.

Vota la escuela que no abrió.

Vota la vivienda que todavía espera reparación.

Vota la familia que exige una respuesta.

Vota el trabajador que quiere salario en lugar de dependencia.

Vota el ciudadano que reclama un tribunal independiente.

Y vota la comunidad que ya entendió que entregar una papeleta cada cierto número de años no es suficiente para llamarse soberana.

La reconstrucción democrática venezolana empezará de verdad cuando las instituciones comprendan que el ciudadano no aparece el día de la elección y desaparece después.

Debe permanecer allí.

Mirando.

Preguntando.

Auditando.

Organizándose.

Y recordándole al poder que una República no pertenece a quienes temporalmente la administran, sino a quienes viven sobre su suelo, incluso cuando ese suelo todavía permanece fracturado.

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Victor julio Escalona

Editor.