RadioAmericaVe.com / La Voz Del Lector.
Lectores exigen que el nuevo TSJ demuestre independencia, revise las detenciones políticas y abra una nueva etapa de justicia en Venezuela.

Renovación judicial en Venezuela; liberación de presos políticos; independencia del Tribunal Supremo de Justicia; justicia y transición democrática.
¿Cuándo terminará la pesadilla de los presos políticos en Venezuela? ¿Antes o después de que los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia presten juramento? Estas preguntas, planteadas por lectores de Vierne5, adquieren especial significado mientras avanza la renovación del máximo tribunal del país. Por un lado, cientos de ciudadanos continúan privados de libertad por razones políticas. Por el otro, centenares de profesionales del derecho aspiran a integrar una institución que tendrá la enorme responsabilidad de recuperar la confianza en la justicia venezolana. Entre ambas realidades existe una deuda que ningún cambio de magistrados debería ignorar.
Los mensajes recibidos combinan esperanza, escepticismo y una exigencia fundamental: que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia no se limite a cambiar nombres, rostros y autoridades, sino que demuestre desde el comienzo su independencia y su disposición a proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Más de mil postulaciones y cientos de presos que siguen esperando
El 14 de noviembre se conoció que el Comité de Postulaciones Judiciales había registrado 1.149 aspirantes para ocupar distintos cargos del sistema de justicia venezolano.
De esa cantidad, 932 corresponden a aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 132 a la Inspectoría General de Tribunales y 85 a la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
La información fue difundida por Monitoreamos, con base en declaraciones del vicepresidente del comité, Pablo Pérez.
El plazo para consignar las postulaciones fue ampliado hasta el miércoles 18 de noviembre.
Para el lector, la elevada participación de profesionales del derecho representa una oportunidad. Considera que quienes aspiran a convertirse en magistrados deberían comprender la responsabilidad histórica que asumirán si resultan seleccionados.
Pero existe un contraste que no puede pasarse por alto.
Según el balance de Foro Penal, con fecha de corte del 9 de noviembre de 2026, Venezuela registra 321 presos políticos: 181 civiles y 140 militares.
Entre ellos, 150 han recibido condena y 171 permanecen detenidos sin sentencia. La organización también advierte que más de 11.470 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad.
Son cifras que recuerdan la dimensión humana del problema. Detrás de cada expediente existe una familia, una historia interrumpida y una esperanza que no debería depender indefinidamente de decisiones políticas.
El primer examen del nuevo TSJ será su independencia
Uno de los lectores plantea que la primera demostración de imparcialidad del tribunal renovado debería ser actuar para poner fin a las detenciones injustas y a la persecución por motivos políticos.
Su expectativa es comprensible. Después de años de denuncias sobre la instrumentalización de la justicia, muchos venezolanos esperan que la renovación judicial represente una ruptura efectiva con las prácticas anteriores.
Pero esa transformación requiere algo más que una nueva composición.
Un Tribunal Supremo verdaderamente independiente debe proteger el debido proceso, garantizar el acceso a la justicia y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento sin recibir instrucciones del Gobierno, de partidos políticos o de actores extranjeros.
También debe asegurar que las decisiones judiciales respondan al ordenamiento jurídico y no a las simpatías políticas de quienes integran las salas.
Conviene recordar que el TSJ no sustituye automáticamente a todos los tribunales penales ni puede resolver indiscriminadamente cada expediente mediante una única orden general.
Sin embargo, dentro de sus competencias puede desempeñar un papel fundamental para corregir violaciones de derechos, revisar actuaciones judiciales cuando corresponda y contribuir a restablecer garantías constitucionales.
Y, sobre todo, la necesidad de revisar las detenciones arbitrarias no debería esperar a que concluya la renovación institucional.
Los órganos judiciales que actualmente tienen competencia sobre cada causa conservan sus obligaciones legales.
No todas las manzanas se pudrieron dentro del saco
El segundo lector introduce una reflexión que merece atención por su combinación de esperanza y desconfianza.
Su mensaje comienza con una frase contundente: "No todas las manzanas se pudrieron dentro del saco".
Con ella expresa la convicción de que, incluso dentro de instituciones cuestionadas durante años, pueden existir profesionales honestos capaces de actuar conforme a su conciencia y a sus responsabilidades jurídicas.
El lector se pregunta si los futuros magistrados mantendrán lealtades políticas anteriores o si preferirán actuar de manera independiente ante las nuevas circunstancias nacionales.
También especula sobre la posibilidad de que algunos integrantes del sistema judicial decidan investigar a dirigentes que ocuparon posiciones de poder durante el gobierno de Nicolás Maduro y que continúan desempeñando funciones públicas.
Menciona expresamente a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y plantea si podrían llegar a enfrentar investigaciones por actuaciones políticas anteriores.
Estas consideraciones representan expectativas y sospechas del lector, no acusaciones judicialmente demostradas ni predicciones sobre decisiones futuras del Tribunal Supremo.
La responsabilidad penal de cualquier funcionario debe determinarse mediante investigaciones independientes, pruebas suficientes y procedimientos ajustados a la ley.
La independencia judicial tampoco puede confundirse con la obligación de satisfacer los deseos de Washington, de una mayoría política o de quienes consideran que determinados dirigentes deben ser castigados.
Un tribunal realmente independiente tiene que ser capaz de decidir contra cualquier interés de poder cuando así lo exijan la Constitución y las pruebas.
Una justicia que no cambie de dueño
La preocupación de ambos lectores conduce a una cuestión esencial: Venezuela no necesita sustituir una justicia sometida a un grupo político por otra subordinada a intereses diferentes.
Necesita una justicia que no tenga dueño.
La Constitución venezolana establece, en su artículo 264, un procedimiento de selección de magistrados que incluye la evaluación de aspirantes y la posibilidad de presentar objeciones fundamentadas contra las candidaturas.
Estas garantías buscan que la selección responda a condiciones de competencia, honorabilidad y trayectoria profesional.
Sin embargo, organizaciones especializadas han advertido que el proceso actual todavía presenta aspectos que merecen revisión.
El 12 de noviembre, Acceso a la Justicia cuestionó determinadas deficiencias del baremo de evaluación de candidatos, aunque reconoció como positivo que sus criterios fueran publicados.
La organización considera necesario asegurar que los requisitos constitucionales se cumplan efectivamente antes de ponderar los méritos adicionales de los aspirantes.
Para los lectores, este debate técnico tiene una consecuencia profundamente humana: de la calidad de quienes resulten seleccionados dependerá parte de la confianza que los venezolanos puedan recuperar en los tribunales.
No basta con que los magistrados posean títulos académicos o acumulen años de experiencia.
También deben demostrar integridad, independencia de criterio y disposición a proteger los derechos fundamentales, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para los gobernantes.
Los presos políticos no pueden esperar indefinidamente
El lector que abre esta reflexión considera que el nuevo TSJ tendrá una oportunidad histórica para demostrar que la justicia puede comenzar a recuperar su verdadero significado.
Pero también advierte que los ciudadanos privados de libertad no deberían convertirse en espectadores de un proceso institucional interminable.
La renovación judicial es importante. También lo son las garantías electorales, la independencia de los poderes públicos y la reconstrucción democrática.
Sin embargo, ninguna de esas tareas debería convertirse en excusa para aplazar la revisión de detenciones arbitrarias o la protección de quienes enfrentan procesos sin las debidas garantías.
La situación de los presos políticos civiles y militares exige respuestas concretas, evaluación individual de los expedientes y respeto al debido proceso.
Lo mismo ocurre con las personas excarceladas que continúan sujetas a restricciones cuya legalidad debe poder examinarse.
Las familias necesitan saber que la justicia no será una promesa reservada para después de las elecciones ni un beneficio que dependa de la voluntad de determinados negociadores.
La libertad y la protección judicial son derechos que deben garantizarse en todo momento.
Una oportunidad para comenzar otra historia
En Vierne5 creemos que estas voces reflejan una expectativa legítima: que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia represente algo más que un acuerdo político entre sectores enfrentados.
El país necesita jueces capaces de investigar sin temor, decidir sin presiones y proteger a cualquier ciudadano frente a actuaciones arbitrarias del Estado.
También necesita garantías de que las víctimas de violaciones de derechos humanos podrán encontrar respuestas y de que las responsabilidades serán determinadas mediante procedimientos justos.
Uno de los lectores confía en que los nuevos magistrados tendrán la oportunidad de abrir una página distinta. El otro recuerda que todavía pueden existir personas honestas dentro de instituciones profundamente cuestionadas.
Ambas reflexiones encuentran un punto de unión: la esperanza de que la conciencia profesional y el respeto a la Constitución terminen imponiéndose sobre las lealtades políticas.
No sabemos quiénes serán finalmente seleccionados ni cómo actuarán cuando deban adoptar decisiones difíciles.
Lo que sí puede exigirse desde ahora es transparencia en su designación, rigor en la evaluación de sus credenciales y compromiso efectivo con los derechos fundamentales.
La transición democrática venezolana será juzgada por sus resultados, no solamente por las promesas de quienes participan en ella.
Y pocas demostraciones serían tan significativas como observar que los tribunales comienzan a corregir injusticias, revisar detenciones arbitrarias y actuar sin discriminación política.
Quizá la justicia no consiga reparar de inmediato todo el sufrimiento acumulado durante años. Pero puede comenzar a devolver algo que millones de venezolanos consideran indispensable: la confianza en que la ley vuelva a protegerlos.
El lector pregunta cuándo terminará esta película de horror. La respuesta no debería depender únicamente del día en que los nuevos magistrados presten juramento.
Debería comenzar desde ahora, con las decisiones que correspondan a cada autoridad competente, y continuar con un Tribunal Supremo que demuestre que nadie está por encima de la Constitución.
Porque el verdadero cambio no llegará cuando los jueces cambien de nombre, sino cuando los venezolanos puedan confiar nuevamente en sus decisiones.
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